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David Gardner
Financial Times 24-8-2007

Hay imágenes que valen mucho más que las mil palabras de las que siempre se habla. Esa clase de imagen fue largamente reproducida este verano en España: la de José Luis Rodríguez Zapatero, el primer ministro socialista, tratando de estrechar su mano con Mariano Rajoy, líder del partido popular, a la entrada del palacio de la Moncloa. Rajoy parece incapaz de saludar al primer ministro; mira la mano extendida de Zapatero y se abrocha el reloj en su mano izquierda -quizás se está contando los dedos-. Por supuesto que al final, como revela la noticia, se estrecharon las manos.

Pero la duda ante la ejecución de un acto de cortesía tan corriente -recordemos a Isaac Rabin y Yassir Arafat en el césped de la Casa Blanca– es la imagen lamentable y exácta del deterioro de la vida pública española, marcada por la autoindulgencia sectaria que hace imposible compartir cualquier aspecto de interés nacional.

La cumbre Zapatero-Rajoy era otra tentativa fallida de alcanzar una postura común contra ETA, la morralla última del separatismo vasco que acababa de anunciar el fin de su alto el fuego. Ésta es una cuestión de Estado que el PP del señor Rajoy, al igual que su predecesor José María Aznar, ha manipulado frecuentemente para ganar votos.

Pero, tanto la retórica como el argumento aparentes de esta polarización va más allá de la baja política partidista, que recupera el lenguaje visceral de “las dos Españas” de la guerra civil del 1936.

Con esto no pretendo sugerir que haya un conflicto armado en perspectiva. Simplemente que los traumas de aquella conflagración fratricida están aún amargamente al descubierto, aún sin resolver pese a la sobrevalorada transición desde la dictadura franquista y las primeras elecciones democráticas hace 30 años.

Para empezar, este alejamiento político parece más una cuestión de mala fe, mal perder y mala sangre.

En marzo de 2004, tras el horror de los atentados en los trenes de Madrid que mataron a 191 personas, los españoles expulsaron sumariamente a un gobierno del PP que esperaba una reelección y una cómoda transición del señor Aznar al señor Rajoy. El PP ha protestado furiosamente desde entonces, en un intento histérico y confuso de impugnar la legitimidad del Gobierno (y, presumiblemente, del electorado también).

La única conspiración que tuvo lugar entonces fue la atrocidad perpetrada por los islamistas radicales, la mayoría de ellos del norte de África, inspirados por Al-Qaeda.

Los españoles no se desinflaron frente a este terrorismo a gran escala. Por el contrario: respondieron con una muestra ejemplarde convicción democrática. Primero, alrededor de diez millones de personas tomaron las calles para condenar el atentado. Después, un número igual de impresionante se volcó en las urnas para votar.

Lo normal es que, en momentos de gran tensión social, los ciudadanos cierren filas con su Gobierno. La mayoría de españoles no lo hicieron porque estaban indignados contra lo que entendieron como una manipulación de la tragedia por parte de Aznar y su equipo, que insistieron en culpar a ETA del atentado pese a las crecientes e irrefutables pruebas de la autoría islamista. Probablemente Aznar necesitaba justificar sus tácticas de línea dura: en las elecciones anteriores, la retórica incendiaria del gobierno le enemistó con muchos vascos pero consiguió muchos votos en el resto de España.

El asunto podía haberse acabado entonces. Sin duda alguna, los españoles habrían juzgado esta petulancia política igual que lo hicieron con la mala uva de los socialistas cuando fueron ellos los que perdieron en 1996. En aquel momento, el PSOE se engañó a sí mismo creyéndose víctima de una conspiración de la prensa de derechas en lugar de asumir su bancarrota política después de 14 años en el poder.

Pero, como ha demostrado el reciente juicio a los terroristas del 11-M, el asunto no ha terminado aún. No sólo los líderes del PP continúan insistiendo en que ETA tuvo algo que ver; hasta han tratado de colar pruebas falsas en el juicio para demostrarlo. Son cosas que sólo pasan aquí.

Con Zapatero, los socialistas han querido negociar una mayor cesión de poderes a los gobiernos regionales, como los catalanes, que quieren el poder de gestionar sus impuestos del mismo modo que lo hacen los vascos. El federalismo profundo pero asimétrico de España sí despierta preocupaciónes, pero casi todas tienen que ver con la igualdad, como por ejemplo la solidaridad fiscal entre las regiones ricas y pobres que mantiene al país en el mismo barco. EL PP plantea estas preguntas, pero también juega con fuego, levantando los espectros del franquismo y la Guerra Civil sobre la ruptura de España.

Cuando, el pasado año, el general José Mena Aguado lanzó una velada amenaza de intervención militar si Cataluña conseguía más poderes, fue justamente cesado. Pero el PP parecía pensar que tenía parte de razón, especialmente si volvemos a los debates sobre la autonomía catalana de 1932. Es una postura reaccionaria, en el sentido estricto de la palabra, y también es muy peligrosa.

Y hace que la agresividad del PP respecto a dos leyes polémicas -sobre la “memoria histórica” y la educación para la ciudadanía- resulte profundamente reveladora.

La primera propone superar la negociada amnesia de la transición post-Franco, por la que los crímenes de la guerra y su vengativa secuela serían olvidados (y las pruebas, destruídas). Esto le negaba un entierro decente a los millares de republicanos derrotados cuyos restos todavía se siguen buscando por toda la geografía española. Sólo en Andalucía se han encontrado unas 500 fosas comunes. El PP está indignado, y tiene el apoyo de la Iglesia. Ellos son más partidarios de la memoria selectiva.

De hecho, los obispos españoles están preparando para este octubre la beatificación en el Vaticano de los 498 “mártires” asesinados por los republicanos anticlericales entre el 1931 y el 1939, que se añaden provocadoramente a los 233 mártires franquistas que fueron beatificados en el 2001.

En cuanto a la segunda bronca, la jerarquía ultramontana española se opone a que la asignatura de Educación para la Ciudadanía “colonice las mentes de los más jovenes”, especialmente cuando predica la tolerancia con la homosexualidad. Muchos obispos sienten nostalgia del franquismo, cuando un acuerdo con el Vaticano que haría llorar de envidia a un ayatollah le dió a la iglesia fondos estatales y el control de los colegios. También hizo del Catolicismo la única religión y puso al clero por encima de la ley.

La sociedad moderna en la que España se ha convertido merece algo mejor que esta nostalgia del nacional-catolicismo. Aunque Zapatero ha intentado poner la ley en línea con la tolerancia de esta sociedad, a España no le vendría mal controlar un poco a la militancia de izquierda y a los jacobinos dentro del partido socialista. Los españoles, que han regado su necesidad democracia con coraje y entusiasmo, imaginación y orgullo cívico, se merecen algo mejor de sus líderes.

Necesitan una derecha moderna, que vea a España como una empresa común, y no esta retrógada acción contra la Ilustración.

Gracias, Laura – Gracias, Marta. Si detectas algún error en la traducción -cosa probable- avisa en los comentarios.