La jerarquía eclesiástica española no quiere señalar, que es de mala educación. Por eso en las orientaciones sobre cómo deben votar los buenos católicos no aparece ni una sola sigla. Al igual que hacía Franco, ellos no entran en política. En su pastoral electoral, sólo se limitan a pedir que no se vote a ningún partido que defienda el matrimonio gay, que apoye la Educación para la Ciudadanía o que haya respaldado las conversaciones con ETA. Si descartamos a Falange y otros grupos ultras, sólo hay un candidato para quedar bien con el dios de Rouco Empieza por eme y acaba por Rajoy.
No hablarás con terroristas
Este nuevo mandamiento del catecismo de Rouco demuestra hasta qué punto la jerarquía eclesiástica española está controlada por los sectores más conservadores. Para el Opus, los legionarios o los kikos, no importa romper con la doctrina católica, que siempre ha apostado por la palabra. La Iglesia ha intermediado en decenas de negociaciones dentro y fuera de España. Cuando era Aznar el que hablaba con ETA, el propio obispo Uriarte estaba en la mesa. El cambio en la postura eclesiástica es tan grande que sólo me queda una duda. ¿Lo saben en Roma?
A dios rogando y con la COPE dando
¿Quién, si yo gritara, me escucharía desde las jerarquías de los ángeles? En los últimos años, la cúpula eclesiástica española ha jugado a la política con dos barajas: el poli bueno, sus pastorales, y el poli malo, el púlpito de la COPE. Unos llaman a la convivencia y al respeto, y se presentan como víctimas de un Gobierno que no sólo no ha recortado sus privilegios sino que, en materia económica, los ha consolidado. Los otros, desde la radio, fomentan el discurso del odio. Mienten, insultan, manipulan. Siembran la crispación. Nos enfrentan, nos dividen.
La telebasura ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Si alguien piensa que, tras cerrar el Tomate, Telecinco va a emitir documentales de animales, que caiga del guindo. Con todo, el concepto de telebasura es una etiqueta algo injusta y en constante redefinición. Hace 20 años, Falcon Crest era considerado telebasura y hoy no escandalizaría ni a la asociación de telespectadores más pacata. Además, ninguno de los excesos del Tomate, que han sido muchos, le llega a la altura del zapato a la auténtica inmundicia de algunos medios: la prensabasura, la radiobasura.
Periodismo ficción
Hasta en el amarillismo hay grados. No es lo mismo bromear con chismes sobre folclóricas que presentar como prensa seria una conspiración sobre el 11-M en la que sólo faltó Elvis. Lo segundo es más grave, pues la mentira es doble, en la forma y en el fondo. Y mucho más dañina. Cuando la radio de los obispos llama asesinos a los médicos de Leganés y no rectifica ni siquiera después de que la Justicia los absuelve, hablar de simple manipulación es generoso. No se interpreta la realidad: directamente se reinventa.
Al servicio de Esperanza Aguirre
La conspiración no es casual, tiene su motor en la Comunidad de Madrid. Y se aprovecha de dos debilidades de la sociedad: la falta de memoria y la impunidad. El doctor Montes ha denunciado a la COPE, donde le acusaron de 400 asesinatos. Si gana, será indemnizado como mucho con 300.000 euros. Me parece poco. Pero, al menos, podrá ser compensado. ¿Y el daño a la convivencia? ¿Y los miles de enfermos terminales que han sufrido en sus carnes la campaña contra la medicina del dolor? A esos, ¿quién los indemniza?
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La presunción de inocencia según Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (y yerno de Carlos Fabra): “Que no haya podido probarse no excluye que hubiera mala praxis“. Con las mismas: que no haya podido probarse no excluye que Güemes sea un corrupto.
Aznar no tiene nostalgia del poder porque “siempre ha querido llevar la vida de intelectual: leer, estudiar, escribir, pronunciar conferencias. Mire, nada más abandonar el palacio presidencial se puso a aprender inglés con un interés increíble”
Ana Botella, señora del intelectual
Zapatero en La 1, Rajoy en Antena 3. La doble entrevista tiene su doble mensaje esta semana, cuando por fin se espera que PSOE y PP pongan el huevo del debate de televisión entre los candidatos. Hace más de un mes que José Blanco y Pío García Escudero acordaron casi todos los detalles: el temario, los turnos de réplica, quién habla primero en cada bloque… Está tan milimetrado que, si ninguno de los dos se sale del guión, acabará siendo una aburridísima e inofensiva sucesión de monólogos. Sólo les falta un detalle por pactar: ¿en qué canales se emitirán?
¿En tu casa o en la mía?
Ya hay fecha para los cara a cara –uno el 25 de febrero, otro el 3 de marzo–, pero no lugar. El PSOE quiere que el primero sea para las televisiones públicas, para TVE y las autonómicas, y el segundo, por sorteo, para una de las privadas. Pero el PP está empeñado en que uno de los dos sea en Antena 3, y es probable que lo consiga. Para la televisión del Grupo Planeta –que quiere dar brillo a unos informativos con buena audiencia pero poca influencia– el debate es una bandera. En el PSOE dicen incluso que es la presión de Antena 3, y no la de Rajoy, la que retrasa el acuerdo.
Es su economía, estúpido
Para complicar la timba, Solbes y Pizarro por un lado y De la Vega y Acebes por otro se han retado a sendos duelos. Pizarro, tras lanzar el guante, ha puesto una condición: dice que sólo debatirá si la señal es para todos. Es una buena idea que también se debería aplicar al cara a cara de sus mayores. Sólo hay un problema: si todos pueden emitir el debate, como el mensaje del rey, las cadenas privadas que pujan por el primer cara a cara desde el Felipe vs Aznar de 1993 perderán un éxito de audiencia. No es un problema político, es una guerra de cuota de pantalla.
Luis Sepúlveda
Cuando en política se habla de delfines se ofende gratuitamente a estos cetáceos por lo demás inteligentes y sin pretensiones de suceder a ningún escualo. En la derecha española hubo un delfín llamado Jorge Verstrynge, hombre cuyo apellido nos recuerda la épica y final de Vercingetórix –consúltese Astérix y Obélix–, el héroe galo que, tras no rendir sus armas sino arrojarlas a los pies de César, fue condenado al olvido de los siglos. Verstrynge, el Vercingetórix de una hipotética derecha democrática en España fue elegido como delfín por Manuel Fraga, el dedazo de las sucesiones, tan caro al PRI mexicano y a la derecha española, lo aupó a la secretaría general de Alianza Popular en 1979, y desde ese puesto, el joven delfín cuyos atributos intelectuales pendulaban entre ser articulista de Fuerza Nueva, la admiración profesada a José Antonio Girón, uno de los falangistas más extremistas del franquismo, y los últimos vahos del espíritu mayo-68, intentó que un cierto aire de renovación democrática se llevara la pestilencia del antiguo régimen –Chanel 5 para sujetos como Jaime Mayor Oreja– que continuaba impregnando el discurso de la derecha.
Verstrynge, el Vercingetórix español, duró en el cargo hasta 1986, intentó limpiar el partido precursor del actual PP por una vía bastante peculiar como fue quemar las fichas de los militantes de reconocida actitud fascista, y tirar las cenizas al retrete. También trató de contagiar optimismo a una derecha cabizbaja frente a la perspectiva de sucesivos gobiernos socialistas, mediante la fabricación de encuestas espontáneas gracias a una calculadora Cassio de bolsillo, que auguraban victorias al estilo búlgaro, con el 99 % de los votos, hasta que un día chocó con Fraga, y el dedo índice patriarcal de las sucesiones se encogió, se convirtió en un capullo arrugado y fofo, y cuando volvió a recuperar la tesitura propia de Don Manuel ¡ole tu madre!, el gallego octogenario que nunca usó condones ni piensa hacerlo, apuntaba al nuevo delfín, un joven tímido y ceremonioso llamado Alberto Ruiz-Gallardón.
Más en Dominio Público
Son las malas compañías:
Los españoles ya no son distintos como delincuentes de los del resto del mundo. Todo lo malo que podían aprender lo han aprendido de los peruanos, de los eslovacos, de los serbios, de los ucranianos, de los rumanos en general, de los bulgaros… de todas partes. Los españoles como delincuentes son ya tan crueles como los del este de Europa o los de los Andes.
Federico Jiménez Losantos, ayer por la mañana en La Cope
Gracias, Miguel
A su lado, los terroristas del 11-M eran simples aficionados. ¿192 muertos? Eso no es nada. El Gobierno de Esperanza Aguirre dio pábulo a una denuncia anónima contra los médicos del Severo Ochoa de Leganés donde se les acusaba de asesinar a 400 personas. “Doctor Muerte, en la cárcel quiero verte”, le gritaban cada día los ultras al jefe de urgencias del hospital, Luis Montes, cuando entraba en el juzgado. Tres años después, la última sentencia les declara inocentes: no hubo sedaciones irregulares. El tribunal también ordena que se limpie el nombre de los médicos imputados. Tras tres años de infierno, ¿eso cómo se hace?
Morir con dolor
Gana la verdad, pero llega tarde. El escándalo del Severo Ochoa ya cumplió su cometido, pues sirvió de cortina de humo para privatizar la Sanidad mientras la prensa miraba hacia otro lado. La derecha pierde en los tribunales, pero ya venció en los hospitales. Tras la campaña contra la eutanasia imaginaria, muchos médicos tienen hoy miedo real a una denuncia si se pasan con la sedación. Y se curan en salud. El acoso de la derecha produce así un terrible efecto secundario: hoy son más los que mueren con dolor. Enhorabuena, señor Lamela. Enhorabuena, señora Esperanza.
Una vacuna contra la mentira
El desenlace de esta campaña de acoso sólo tiene un lado positivo: que sirva de vacuna para el futuro. Y no hay que irse muy lejos para encontrar otro caso donde la presunción de inocencia brilla por su ausencia, donde las mentiras se mezclan con los intereses electorales de la derecha. El año 2005 es al Severo Ochoa de Leganés como 2008 a las clínicas abortistas. Entonces, se mentía con el “doctor muerte”, hoy se miente con esas sangrientas trituradoras de fetos que aún nadie ha visto, salvo Ana Botella. Para sedación irregular, la de la opinión pública.
Ignasi Guardans
Vamos a imaginar a un guardia municipal que tuviera la costumbre de ir repartiendo pequeñas collejas a quienes se cruza en el metro o por la calle. Imaginemos a un guardia civil que, tras parar a un coche en carretera para hacer un control de alcoholemia, ordenara al conductor dar unos saltitos sobre la pierna derecha para así comprobar si está o no está sobrio. O pensemos en un policía uniformado que al pasar ante un banco ordene a la pareja que lo ocupa que se levante y durante un rato impida su uso porque es martes y así le apetece. No hace falta ser un experto en Derecho para entender que cada una de esas situaciones constituye una actuación arbitraria, abusiva, que nadie está obligado a soportar por mucho uniforme que lleve su autor. Ciertamente, no se trata de torturas, de humillaciones terribles de las que dejan secuelas. Pero un ciudadano de un estado de derecho no tiene por qué aguantar ni una sola de esas actitudes, y es probable que acabe denunciándolas, incluso ante una sola vez.
Cambiemos ahora el escenario, y pensemos en la lucha antiterrorista a través de medios tecnológicos tales como la videovigilancia en espacios públicos o las escuchas telefónicas. En uno y otro caso todos aceptamos su conveniencia por razones de seguridad, y su utilidad ha quedado bien acreditada en la historia reciente de nuestro país. Pero sabemos bien que estos medios, ciertamente invasivos de nuestra intimidad, o las grabaciones que de ellos resultan sólo pueden ponerse en práctica en el marco de reglas muy estrictas, cuya violación sería duramente sancionada para el funcionario que las incumpliera. Y ningún juez aceptaría la excusa de que así se nos protege mejor. Es más, para que funcione ese equilibrio entre seguridad necesaria y la garantía de un espacio de libertad, es indispensable que los ciudadanos sepan quién, cuándo y cómo puede verle en un circuito cerrado de televisión o pincharle el teléfono.
Por razones absolutamente incomprensibles, en los aeropuertos europeos, y en los españoles de forma muy particular, ni existe límite alguno a la arbitrariedad ni al pequeño pero insoportable abuso, ni se conoce el marco legal que debería encuadrar y limitar las medidas de seguridad que se nos aplican. Y los ciudadanos, con una especie de cristiana resignación, lo aceptan prácticamente todo con tal de no perder el avión. Como si en cuanto nos acercamos a la zona de control ya no rigiera el estado de derecho, sólo el imperio de las órdenes de unos agentes uniformados sin otro fundamento ni otra base que su propia autoridad.
Más en Dominio Público
La Justicia ya ha dictado sentencia firme: no hubo sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. La Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado el caso y además ordena que se limpie el nombre de los médicos implicados. Gana la verdad, pero llega tarde.
Han pasado tres años desde esta operación política del gobierno de Esperanza Aguirre: la derecha ha perdido en los tribunales pero ha ganado en los hospitales. Muchos profesionales tienen miedo a sufrir una denuncia si se pasan con los analgésicos. Como reconocen muchos médicos, tras el caso Leganés nada ha vuelto a ser igual. En público admiten que las técnicas de cuidados paliativos se aplican con más prudencia. En privado reconocen que la campaña de la derecha tiene un efecto secundario terrible: hoy son más los que mueren con dolor. Enhorabuena, señor Lamela. Enhorabuena, señora Aguirre.
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Algo de hemeroteca, para que las mentiras no se pierdan como lágrimas en la lluvia.
Manuel Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la COPE: “No hubo consentimiento para la sedación en más de cincuenta expedientes”. Si tenéis un rato, escuchad la entrevista completa en audio (WMA). Merece la pena.
Manuel Lamela, (25-5-2005): “Las dosis administradas eran notoriamente excesivas, no para evitar el dolor, sino para acortar la vida” y esta circunstancia “no está contemplada en la legislación española”. Los hechos son “tozudos” y quedan “probados”.
El Mundo: “Hubo hasta 48 sedaciones irregulares”
El Mundo: “Montes no quería derivar enfermos a planta”
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A la derecha le ha funcionado tan bien la mentira que ahora repiten con el aborto. Cuando llegue la Justicia, que les quiten lo bailao.
