1- Que la factura de la crisis económica no la paguen los más débiles.
Alan Greenspan no es ningún catastrofista apocalíptico. Pero el ex presidente de la Reserva Federal lo ve crudo: “Es la peor crisis financiera desde la Segunda Guerra Mundial”. Greenspan, en su análisis –que publicó en Financial Times este lunes– se refiere a la economía estadounidense. Pero en el mundo globalizado da igual el matiz. España llega a las vacas flacas mundiales con dos factores propios, uno bueno y uno malo. El bueno: que los graneros del Estado están llenos, que las cuentas públicas guardan un superávit importante que permitirá que el trago sea más fácil. El malo: que el ladrillazo nacional fue mayor y más dura será su caída. El nuevo gabinete de Zapatero se juega gran parte de su éxito o su fracaso en la gestión económica. Pedro Solbes ya ha avisado: en el primer Consejo de Ministros se aprobarán varias medidas económicas. ¿Brutales? No: ahora no hace falta más liberalización ni despidos más baratos, sino más obra pública. Tiene su aquel que Keynes y la intervención estatal sean de nuevo la receta mágica para salvar al capitalismo de su propia locura.
2- Que España sea de verdad un estado aconfesional.
Palabra de Zapatero (entrevista en La Vanguardia, 2 de marzo de 2008): “Ha habido obispos que se han extralimitado. Pondré los puntos sobre las íes y las cosas muy claras si obtengo la confianza de los ciudadanos”. Y los ciudadanos le han dado su confianza, así que, en confianza, habrá que esperar que Zapatero después del verbo se haga acto y ponga a los obispos en su sitio. Dejar las cosas muy claras con la Iglesia pasa por mentar a la bicha, al concordato. Si Zapatero se deja de parábolas y decide actuar, no le faltarán apoyos ni en la sociedad ni en el Congreso. Salvo el PSOE, todos los partidos políticos de la izquierda en España con representación parlamentaria, hasta la UPyD de Rosa Díez, llevan en su programa derogar ese acuerdo preconstitucional que da a la Iglesia Católica unos privilegios económicos y una influencia en la educación pública más propios de un régimen integrista que de un país democrático de la Unión Europea.
La solución, curiosamente, está en el texto del propio concordato, que se firmó en enero de 1979: “La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera”. Casi 30 años después, del propósito de autofinanciación del Vaticano ni se sabe ni se espera. Ha hecho falta subir el importe de la casilla del IRPF, ésa que cada vez menos gente marca (en los últimos años sólo uno de cada tres contribuyentes se declaró católico) para que la Iglesia aceptase pagar el IVA. ¡Aleluya!
3 Que todos los impuestos sean públicos, incluido el canon.
Una comparación reveladora. La Iglesia Católica cobra anualmente del dinero público unos 140 millones de euros. El canon digital, ese impuesto privado que pagamos cada vez que compramos, por ejemplo, un teléfono móvil, supondrá al año 115 millones de euros. Si yo fuese esa religión milenaria que dio apellido a los reyes que fundaron este país me sentiría dolido en el orgullo. Y después contrataría a los abogados de la SGAE.
Dice Zapatero que el canon es una “solución temporal” y que habrá que buscar, en el marco europeo, una solución definitiva. No hay que irse muy lejos, en la propia Europa hay ejemplos de cómo permitir el derecho a la copia privada al tiempo que se ayuda al sector cultural a superar la reconversión digital. En Noruega, el canon se paga no gravando directamente a los consumidores sino a cuenta de los presupuestos del estado. Y, lo mas importante, la gestión y el reparto del dinero la hace el Ministerio de Cultura, y no entidades privadas.
Se puede debatir mucho sobre la necesidad o no de que el Estado subvencione la cultura. Es discutible si estamos ante la crisis de la música o sólo ante la crisis de las discográficas. Pero lo que es indudable es que los impuestos, en una sociedad moderna, son monopolio del estado. Si es el Gobierno el que permite que se cobre el canon, que sea el Ministerio de Cultura el que lo gestione.
4 Que las mujeres no tengan que mentir a un psicólogo para poder abortar.
Vivimos en un país hipócrita. En 1984 lo era mucho más. En aquellos años, el aborto era libre, siempre y cuando te pudieses pagar un viaje a Londres. En 1985 se aprobó la ley del aborto. Desde entonces, la interrupción del embarazo en España ha sido libre, siempre y cuando la mujer que quería abortar acudiese a la sanidad privada, no viviese en Navarra y mintiese al psicólogo, cómplice necesario.
Vivimos en un país hipócrita. En el año 2004, el PSOE se comprometió en su programa electoral a sustituir la vetusta ley por una ley de plazos, que establezca de forma clara en qué semanas se puede abortar sin más supuestos que la voluntad de la mujer. En el año 2008, acosado por la derecha, el PSOE se comprometió sólo a estudiar si hace falta una reforma. Ojalá dentro de cuatro años el compromiso del PSOE no sea crear un grupo de expertos que evalúe el informe sobre la posibilidad de una reforma del aborto. Ya basta de hipocresías.
