Ciertamente, terminado el linchamiento del joven acusado, ahora ha comenzado el de los médicos que reconocieron a la niña el día que se cayó del columpio o el día que fue llevada nuevamente a Urgencias, tres días después.
No conocemos en qué términos estaba redactado el parte que se emitió al juzgado, pero recuerdo que existe la obligatoriedad de dar parte de lesiones en el mismo momento en que se sospecha que la lesión no es accidental y, en realidad, en puridad, aunque lo fuese. Teóricamente los médicos deberían dar parte al juzgado ante cualquier herida que se presente, aunque quien la haya sufrido jure y perjure que se la habrá hecho al abrir, por ejemplo, una lata de berberechos. No es papel del médico discriminar la causa de las heridas, sino describirlas y dar parte de las mismas; será la policía y la Justicia quien averigüe la causa.
Así pues, en este punto interesa saber si los médicos acusaron al joven compañero de la madre, o no. En principio, su parte de lesiones debería haberse limitado a describir las lesiones sin dar pistas sobre la causa. Si hicieron tal cosa, si su parte fue redactado más o menos así “lesiones producidas, probablemente, por malos tratos…” es cuando podríamos decir que obraron mal. Pero mientras tanto, aconsejo prudencia.
El Gobierno “está haciendo lo que debe hacer” con Aminatou Haidar. “Los intereses generales de España no se pueden subordinar a nada, ni a querencias ni a exigencias individuales o colectivas, por muy legítimas que sean”.
Como Diego P. V. no milita ni en el PSOE ni en el PP, su fotografía esposado a la salida del juzgado no provocará airados debates en el Parlamento sobre la presunción de inocencia. Les recuerdo el caso para los que se quedaron con la noticia de portada y se han perdido los breves posteriores; para los que no saben siquiera quién es este anónimo Diego del que la pudorosa Policía no dio los apellidos, pero sí permitió que posase con cara de culpable frente a las cámaras. “Detenido por maltratar hasta la muerte a la hija de su novia”, titulaba Público. “La mirada del asesino”, lo mejoraba ABC en su portada. “Muere la niña quemada y violada”, decía la prensa de Tenerife. Y seguro que ya les suena más el caso, como para olvidar ese cuento de terror: el de un padrastro, Diego P. V., que violaba, quemaba y golpeaba hasta la muerte a la hija de su novia, Aitana, una niña de sólo tres años.
La verdad que el sábado reveló la autopsia de Aitana no se parecía en nada al cuento. La verdad es mucho más aterradora. Es la historia de un joven de 25 años, Diego, que cuidaba de una niña a la que probablemente quería como si fuese suya; una niña que se cayó del columpio y a la que Diego llevó a urgencias para escuchar que “los niños son de goma” y volverse a casa con un analgésico; una niña que a los pocos días empeoró y que Diego volvió a llevar a urgencias, donde otro médico se volvió a equivocar al diagnosticar malos tratos, violación y quemaduras; una niña que murió horas después mientras la opinión pública apedreaba al padrastro, que supo de la noticia cuando estaba entre rejas.
Aunque Diego sale de la cárcel porque la autopsia demuestra que es inocente, el cuento termina mal. Aitana sigue muerta. Al igual que la condena que ha pagado Diego, eso es algo que ya no tiene remedio.
“La Iglesia me condena por ser socialista y no a Pinochet por ser un asesino” (…) “Pinochet era un asesino desalmado al que se le dio la comunión de manera vergonzosa”. (…) “Llevo 40 años afiliado al PSOE y no he ocultado que soy cristiano, que quiero acomodar mi vida al Evangelio de Jesús, y lógicamente me duele la declaración que ha hecho la Conferencia Episcopal Española”
1. Nunca utilice una metáfora, símil u otra figura retórica que esté acostumbrado a leerla impresa.
2. Nunca utilice una palabra larga cuando sirve una corta.
3. Si es posible suprimir una palabra, suprimala.
4. Nunca use el pasivo donde pueda usar la voz activa.
5. Nunca emplee una palabra extranjera, científica o de jerga si puede encontrar una equivalente en su idioma (licencia del traductor; Orwell dice “en inglés”).
6. Rompa cualquiera de estas normas antes de blasfemar contra ellas (otra licencia del traductor).
Maestros del humor involuntario: dice la emisora ultra que los negritos no pueden usar condones porque no saben leer, no se hacen la manicura y en África hace mucho calor.
Toda causa entraña una consecuencia. Si los turistas dejan de venir, cierran hoteles; si cae en picado la venta de coches, hay miles de despidos; si la gente compra menos, el Corte Inglés te cobra la entrega a domicilio, y así. Es pura lógica. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los bancos y cajas españolas se enfrentan a la mayor crisis financiera e inmobiliaria de la historia? Pues que siguen dando beneficios como si tal cosa. ¿Conclusión? Que tenemos los banqueros más chiripitifláuticos del planeta o, en su defecto, están ocultando pérdidas y nos toman el pelo, lo cual no es novedoso. A esta última tesis se ha apuntado el director del FMI en una reflexión sobre la banca en general, y la europea en particular.
Para saber que la banca miente más que habla sólo hay que escuchar la publicidad de sus fondos garantizados, pero una cosa es el hurto consentido y otra el butrón al Estado. Aquí, además de los 30.000 millones que hemos destinado a pasar el plumero por sus balances, hemos dotado con 100.000 millones a un fondo de reestructuración para que el enjabonado sea completo. Es decir, que podríamos llegar a dedicar un 20% del PIB a salvar la cara de esa plutocracia nuestra tan solvente, en un proceso en el que los contribuyentes aflojan la guita sin que nadie se tome la molestia de explicar qué agujero se tapa y por qué, y quién lo ocasionó.
La presión catalana sobre el Tribunal Constitucional es “insoportable”, dicen los mismos que promovieron la recusación de uno de sus magistrados. Puño de acero, mandíbula de cristal. Es así desde mucho antes de Machado: el más truhán siempre se lleva la mano al corazón. Por eso estomaga tanto escuchar las quejas del vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de la Rosa, por la “presión” de ese papel, de ese editorial conjunto con el que la prensa catalana, en inusual consenso, ha dado reflejo del sentir general de una sociedad que, más que presionada, se siente pisoteada.
¿Qué es la presión? ¿Y tú me lo preguntas? Fernando de la Rosa, hoy transmutado en imparcial magistrado de los que loan la separación de poderes, era hasta hace nada el consejero de Justicia y Administraciones Públicas del gobierno de Francisco Camps. Es el mismo ciudadano que, ya como vicepresidente del CGPJ, se reunió con milano bonito en cuanto fue imputado para ayudarle a preparar su defensa (como se vio después, con mucho éxito); el mismo que públicamente insinuó que Baltasar Garzón estaba prevaricando por intentar procesar a una persona “absolutamente honorable”: su antiguo jefe, y responsable también de su ascenso.
También se queja de la presión María Dolores de Cospedal. Presión por un editorial de dos folios, cuando algunos diarios de Madrid llevan escritas las Páginas Amarillas exigiendo al TC que mande e Estatut a la papelera y los tanques a Barcelona si hace falta. Presión, dice De Cospedal: secretaria general de un partido cuya primera reacción ante cualquier escándalo de corrupción que les afecte consiste en culpar al juez, a la Fiscalía, a la Policía, a Sitel o al empedrado. La presión, en sus bocas, siempre es intransitiva e intransigente. Anteayer, en la tertulia nocturna de Intereconomía, había quien incluso pedía secuestrar las ediciones de los 12 diarios catalanes. En defensa del Estado de derecho, por supuesto.
Resulta que en España la educación es un derecho y es “obligatoria y gratuita”, según la Constitución (sin pecado concebida). Resulta que el Tribunal Constitucional, que lleva tres años deletreando la palabra nación para ver a qué sabe, no tiene tiempo para siquiera plantearse si es inconstitucional que de la educación pública gratuita hayamos pasado a una educación concertada: privada y algo menos gratuita. Resulta que gran parte del dinero de la escuela pública –la única que garantiza la igualdad de oportunidades– se está gastando en colegios concertados. Resulta que eso pasa en todas las autonomías, las del PSOE y las del PP. Resulta que algunos de esos colegios actúan como los porteros de las discotecas y reservan el derecho de admisión; que ponen pegas a esos niños que no son tan blanquitos y les dicen a sus padres que la cuota de la APA es cara, que hay muchas actividades extraescolares, que se lo piensen mejor, que el público es más barato.
Resulta que varios colegios católicos concertados de Sevilla dieron con la puerta en las narices a diez niños porque no había plazas. Resulta que los padres pidieron amparo a la Justicia y el juez ha sentenciado que no tienen derecho a ese colegio, entre otras cosas, porque no han demostrado de forma “esencial e ineludible” su fe católica. Resulta que los niños mártires han acabado en un colegio público y sus padres están escandalizados: “No van a celebrar la Navidad”, dice ofendido uno de ellos.
Resulta patético, por no decir algo peor. Pero como en cualquier resultado erróneo, el fallo está en el inicio de la suma. En España, la educación es un derecho, y es gratuita. O eso dice la Constitución.
