¡Dios mío, condenar a un delincuente de izquierdas, qué HAVERRACION HOYGA! XDDD Take it easy, tolai.

Pero, si los 78 mártires fueron afiliados en secreto ¿cómo es posible saber que eran de derechas? Podrían haberme afiliado a mí, y le aseguro que no me tengo por tal. Entonces, la publicación de la lista NO REVELA NINGUNA IDEOLOGIA. Sólo son 78 nombres. Ergo, “Garzon-prebarica”!!!!

Debe ser que el dr. Montes y tantos otros no son gente y no me había enterado. Pero bueno, yo lo dejo aquí, porque no vale la pena seguir haciendo quiste con este tema. Y conste que estoy de acuerdo con el multazo, me parece más que razonable el multazo por la revelación de datos personales, pero la prisión y la inhabilitación se sale de madre. Sobre todo despues de años de injurias leídas y oídas en otros medios sin que la cosa pase de una multa despues de una querella personal de los calumniados. A ver que pasa con esa portada del ABC, con esa foto y ese titular tan malintencionado. Seguro que nada.

Lo que yo entiendo es que se puede decir que el dr. Montes es un asesino, llamarle dr. Muerte aunque sea calumnia sin que se condene al difama a prisión, pero por publicar un listado de nombres reales relacionados con un caso real de afiliación irregular condenen a dos periodistas a penas de cárcel. Y eso a usté le parece bien porque se ajusta a derecho ¿no?

Pos fale hombre, pues yo no diré nombres, pero opino que los jueces en su mayoría son uns mamporreros de la derechona que todavía cree que España es su cortijo y que bajo su mafiosa protección permiten a los de su casta robar, prostituir la democracia y lo que haga falta. Total, como el problema es que yo no acabo de entender lo de la revelación de secretos. Que lo entiendo hombre, pero aún entendiéndolo la sentencia sencillamente apesta a “nosabusté con quién se está metiendo”.

Y en este hilo te he puesto una sentencia CALCADA a la que nos ocupa, en tiempos donde Internet no existía, y mira como acabó la cosa.

Y los jueces razonan sobre lo que hay en el CP.

El problema es que no acabas de entender que no se pueden publicar datos privados de la gente por nadie que no sea un juez, aunque sean ciertos, igual que una lista de morosos o los socios del Real Madrid. Ese es el problema.

El problema es que si tu teléfono aparece en una guía es porque en el contrato que firmas dices si quieres o no que aparezca. Y si dices que no, es que no, aunque sea cierto que vives en tal y tu teléfono es cual.

El problema es que si debes dinero a hacienda, tu nombre no lo publica hacienda hasta que un juez te condena por moroso.

Que tu no entiendes que no todo lo que sea cierto puede ser hecho público, y cuando se tocan esferas privadas como la privacidad, es un juez el que decide que cosa ha de ser publica o no.

Ese es el problema, que tu no entiendes eso.

A mí me sigue pareciendo una sentencia desproporcionada, aberrante y cuyo único fin es defender el derecho a mangonear de unos empresarios afines a políticos corruptos. No sé a tí, pero a mí se me revuelven las tripas, y sigo sin comprender como puedes justificar que se condene por vía penal a dos periodistas por informar, no por calumniar o por difamar, por informar. Creo Mr. Moreno lo explica a las mil maravillas.

No me voy a enquistar en una discusión contigo sobre si la sentencia tiene base jurídica con el articulo ¿¿¿179??? en la mano. No tengo ni puta idea de derecho, pero sé que lo legal no necesariamente es lo justo, y en este caso concreto -vistas las consecuencias de esas irregularidades- resulta del todo aberrante que los que amañaron unas elecciones se vayan de rositas con el beneplácito de un juez y quiénes lo hacen público sean condenados a penas de cárcel.

Lo siento, pero por más que la sentencia te parezca ajustada a derecho por motivos meramente formales, es un auténtico atropello a la democracia,y sentencias como ésta dejan a la judicatura como los mamPPorreros que son.

Pues denuncialo al fiscal, ganarás el caso seguramente, pero metete en la cabeza que so lo tiene que decir el juez, no un periodista. Que hasta ese momento, sus afiliaciones no habían sido revocadas.

Y respecto a investigar, nadie, ni el juez ha dicho que la investigación fuese incorrecta o punible. No sanciona eso, y sigues diciendo que los han empurado por la investigación. No les han condenado por investigar ni por contar una historia. Les han condenado por publicar NOMBRES, sin tener por qué hacerlo.

¿Estamos ya? o seguimos diciendo aún que les han condenado por lo que NO les han condenado.

#171 amarillo Todos los ciudadanos tienen eso que se llaman “derechos civiles”, tu también, y hasta un condenado a 30 años de carcel los tiene.

Y los derechos, como el de la intimidad, los quita un juez, no un periodista.

Y las webs, las cierra un juez, no la SGAE.

Visto lo visto, a quien jodieron bien jodidos es a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, anulando el resultado electoral con un caso nauseabundo de transfuguismo. Que no hay más que ver lo privatizado que está todo desde entonces ¿alguno de esos 78 mártires se ha visto beneficiado por alguna concesión pública? Estaría bien conocer la evolución de sus negocios desde entonces, pero cualquiera se mete a investigarlo ¿verdad? Supone correr riesgo de cárcel.

Yo no sé de leyes. Pero he leido por ahí que para que haya robo primero tiene que haber propiedad. Tambien dicen que para que haya adulterio primero hay que demostrar que existe matrimonio. Y también he oido algo de la presunción de inocencia.

En fin, que ojito con el código penal, porque para llegar a él hay que pasar por unas cuantas “pruebas” antes.

La cuestíon para los acusados (los periodistas) es otra totalmente distinta. Es pretender que pueden publicar lo que quieran amparándose en la libertad de expresión y en todas las libertades que invocan, saltándose a la torera derechos civilesbásicos de la gente. Pudiéndolo evitar. Porque afiliados irregularmente o no, tienen derecho a su anonimato. Y ese derecho, se lo tiene que quitar un juez, no un periodista, igual que una web de enlaces la tiene que cerrar un juez, no un comité ministerial.

La cuestión ahora es saber si actuaban de buena fe como periodistas o bien trataron de hacer de mamporreros de alguien que no hizo bien su trabajo en su día, como López Aguilar.

En resumidas cuentas. Tal vez pensaron que joderían bien jodidas a 78 personas y ahora tal vez sea que no con la jurisprudencia que hay por ahí.

Como el otro “ex-cope”, que le van cayendo ya una tras otra, eso si, siempre invocando la libertad de expresión.

Esa es la unica cuestion.

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Exacto Moreno y si los afiliados tienen algun problema la responsabilidad habra que buscarla en el propio PP y no en los periodistas. Es de locos y el anhadido Internes se puede traducir como yo soy Dios y ma vais a chupar la polla. No hay en el mundo un juez que despues de leer lo del internes no entienda claramente cual es PProposito de la sentencia.

El que los engañaran o no…es solo una hipótesis. Desgraciadamente desconozco el alcance del concepto de “irregular” en lo que se refiere a una afiliación política.

Respecto de los nombres que mencionas, uno de ellos se distingue últimamente por las sentencias en contra, pero solo pecuniarias.

El tema es que muchas veces se pierde la perspectiva y la cagas.

Le paso al periodista canario ese y es posible que les pase a estos.

Ya me dirás si el caso no te parece calcado.

Pero ya te digo, Moreno, ese no es el meollo de la cuestión. Acabo de poner un caso calcado a este con su resolución final. El tema es el mismo: caso de interés publico, nombres cedidos y publicados sin necesidad.

Y condena.

Me reafirmo en que los periodistas no deben ser invulnerables a la Justicia, como no lo somos las demás personas.

Si un abogado abusa de sus funciones como letrado (por ejemplo, amañando un juicio con la parte contraria) pierde la licencia; si un médico comete una negligencia, lo mismo; un juez prevaricador, incluso un profesor que maltrate a sus alumnos, son inhabilitados para el ejercicio de su trabajo.

¿Por qué no va a ser lo mismo en el caso de un periodista?

Lo contrario, que se parece bastante a lo que está ocurriendo estos últimos años con determinado grupo de prensa, nos somete a una verdadera dictadura, en la cual usted puede ser víctima de una venganza personal, sin posibilidades de respuesta.

¡Anda que no tendría yo ganas de que se aplicara el mismo rasero a Pedro Jota Ramírez, Casimiro García Abadillo, Antonio Rubio, Fernando Múgica, Jiménez Losantos, López Schichting, etc…!

El Solitario pasaria en su celda de ser El Solitario a El Décuplo.

Dicho esto, aplicado al caso que nos ocupa, si realmente los periodistas no contrastaron su información y la gente que fue afiliada al PP irregularmente lo fue sin conocimiento de causa, merecen una sanción, si bien la cárcel me parece excesiva. Luego volveré a esto.

Porque, realmente, me parece muy dudoso que los afiliados lo hayan sido de manera completamente inocente, porque pasaban por allí ¿usted se lo cree? Para solicitar la inscripción a un partido hay que rellenar formularios, firmar papeles, recibes correos de confirmación, etc. ¿me quiere decir que alguien ha hecho esto con 78 personas, que no sabían que les estaban inscribiendo a un partido político? ¿78 personas de afinidad por dicho partido –por supuesto- algunos empresarios, constructores, etc? ¿Dónde están las firmas falsificadas? ¿Las cartas o e-mails de confirmación que debieron recibir?

Me parece muy poco probable esto. Mucho más creíble es “Oye, Fulanito, que te inscribo en Valdetapujos de arriba, que me interesa controlarlo; si eso, ya sabes; te debo una, para cuando recalifiquemos en Arrimacebolletas” “Vale, vale; me lo apunto y ya te lo cobraré por algún lado”

De hecho, me parece revelador que, si el juez ha considerado culpables a los dos periodistas, no lo haga por el perjuicio que haya cometido con los “inocentes” desvelados, sino con un argumento tan peregrino como que Internet no es un medio social.

Pero, oiga, eso sí; si realmente los inscritos eran inocentes, si los periodistas merecen cárcel por haber desvelado la trama ¿qué castigo merecerá quien ha montado toda una red de falsificación de firmas, documentos, etc, con el fin de controlar una elección?

Teniendo en cuanta la proporcionalidad de las penas, si los periodistas van a la cárcel ¿qué merece el instigador de todo esto? ¿Fusilamiento?

Jurisprudencia y precedente:

Jueves, 4 de marzo de 1999

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al periodista Cristóbal Domingo Peñate Déniz a la pena de un año de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante otros 12 meses.

Peñate, de 37 años y padre de dos hijos, deberá indemnizar también con dos millones de pesetas a dos reclusos enfermos de sida de la prisión de Salto del Negro (Las Palmas), pero no ingresará en la cárcel por ser la pena inferior a dos años y no tener antecedentes penales.

Este es, en resumen, el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que ha actuado como ponente el presidente de la misma, José Jiménez Villarejo.

Este magistrado, al igual que los otros dos que componen la Sala, Luis-Román Puerta Luis y Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, han condenado al periodista «como autor responsable de un delito de revelación de secretos», a raíz de un breve artículo publicado en el Diario de Las Palmas, del que Cristóbal Domingo Peñate es colaborador.

Un artículo que no iba firmado por él, sino que fue incluido en la sección La Zaranda, el Semáforo del citado rotativo bajo el seudónimo colectivo de El Ronco, tal y como reconocen en su sentencia los miembros de la Sala de lo Penal. Sin embargo, Cristóbal Domingo Peñate sí publicó la identidad de los dos reclusos, que no eran precisamente personajes de interés general y, como pone de manifiesto la sentencia, se produjo una «lesión del derecho a la intimidad de dos personas, mediante la ruptura de datos incluidos en un registro informático».

El artículo, titulado Sida, cocina y cárcel, decía así: «En la prisión provincial de Salto del Negro corre el rumor insistente de que hay al menos dos presos con sida que están destinados en el servicio de cocina, con lo que la alarma entre los internos y los funcionarios está creciendo. Este periódico ha tenido acceso a un listado de reclusos con destino específico en la cocina del centro pemitenciario y a otro con el nombre de los internos que padecen Sida. En ambas listas se repiten dos nombres: J. M. G. S., nacido en Gáldar el 21 de agosto de 1965, soltero y camarero de profesión, con varios ingresos y dado de alta en la cocina el 10 de octubre de 1993, y J. O. G. M., nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de enero de 1972, soltero y condenado por violación, dado de alta en la cocina el 21 de diciembre de 1995».

La noticia concluía así: «Si estos datos se confirman (y ya se sabe lo difícil que es hacerlo por la vía oficial ya que hay datos, como los del sida, que son confidenciales, así como los de cocina, que se consideran de régimen interno), la dirección debería tomar medidas urgentes para evitar posibles contagios de tal enfermedad».

La Sala Segunda del Supremo ha considerado como eximente tipificado en el artículo 20 del Código Penal el hecho de que «está fuera de toda duda que la situación sanitaria de los establecimientos penitenciarios es un tema que interesa a la opinión pública y sobre el que esta opinión tiene derecho a estar informada». Pero advierte al mismo tiempo de que «la justificación no es plena, por lo que la antijuricidad típica de la conducta no puede reputarse desaparecida aunque sí considerablemente atenuada».

La Audiencia Provincial de Las Palmas había absuelto al periodista del delito de revelación de secretos el 15 de noviembre de 1997. Pero el Ministerio Fiscal interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo el 16 de julio de 1998. Recurso que, tras ser admitido a trámite, ha sido resuelto ahora por el Supremo condenando al periodista Cristóbal Domingo Peñate al delito ya mencionado y a la inhabilitación para ejercer la profesión durante un año.

La defensa del periodista interpondrá ahora un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según anunció el abogado de Cristóbal Domingo Peñate.

El recurso no fue admitido a trámite en el Auto nº 298/2000 de Tribunal Constitucional – Sección Cuarta, de 13 de Diciembre 2000

No eran políticos. No eran 78 políticos, eran 78 personas. El chorizo es quien les afilió sabiendo sus simpatías y engañándoles probablemente.

Lo que se publica es parte de la lista de afiliación a un partido, con el agravante de que se publica (la lista) por unas personas (Ser.com) a las que les llega por mediación de otros (los periodistas) que tenían obligación de resguardar el secreto.

Y eso es lo que el 197 del CP no permite. En ningún caso.

¿Cual es la falsedad?…¿que las afiliaciones son irregulares?…Ya sabemos, porque lo han probado que lo eran. Esa NO es la cuestión.

Te repito que la historia es cierta. Que no hay discusion sobre ello. Que no se discute la veracidad de la historia. No se revela NINGUNA falsedad, la historia es cierta de PE a PA, al 100%….¿vale?

Que lo que te digo es que NO TENIAN derecho a publicar la lista, y que es SOLO por eso por lo que les han trincado.

Y no defiendo al juez, Carlos. No te inventes eso. Lo que defiendoes que su sentencia se ajusta a derecho segun el artículo 197 del código penal, O sea:

1)Los periodistas cedieron a terceros (Ser.com) una lista de datos privados. Y no podían hacerlo.

2)La veracidad de la historia es la misma sin la publicación de los nombres.

De todas maneras, te lo diré claramente: no me gustan tus modales, asi que no te seguiré contestando.

Las Justicia debe aquilatar y debe impartir Justicia decidiendo, según los casos, según las circunstancias individuales, cuál de esos derechos debe permanecer sobre los demás.

Por ejemplo, yo soy de los que creo que los periodistas NO TIENEN patente de corso para publicar lo que les venga en gana, con una simple protección de que lo que presentan tenga una ligera relación con la realidad, o que digan haber investigado tanto y cuanto (que es lo que entienden por veracidad y diligencia muchos juzgados).

Yo creo que el límite, sobre todo, esta en la veracidad (auténtica; no que parezca verdad, sino que SEA verdad), en la relevancia, en el interés para la opinión pública, y por supuesto en la regularidad de la conducta de la que se informa…

Si en este, u otro caso, la conducta es irregular o delictiva (cualquiera de los dos casos) y los hechos son ciertos, debería primar el derecho a la información sobre la intimidad y el honor (¿qué honor? Si son unos chorizos ¿se le hace daño a su honor?)

Si es mentira, si se ha informado falsamente sobre unos hechos, entonces los periodistas deberían pringar. Quizás no cárcel, pero sí deberían tener un castigo.

Con las noticias que suele publicar Pedro jota Ramírez calumniando a la gente debería ocurrir lo mismo. Sin embargo, se han visto recientemente sentencias que le exculpan, a él y a sus redactores, por ser noticias veraces (aunque no sean reales) y se han demostrado diligencia (entendida con que han entrevistado a alguien o han pagado a un perito para que diga que lo que ha hecho “El Mundo” es cierto)

El colmo ha sido en el caso de Antonio Rubio, que “El Mundo” quiere comparar a este caso, cuando Antonio Rubio desveló la identidad de un testigo protegido (lo cual no es ningún comportamiento irregular o delictivo, por lo que no tiene relevancia para la opinión pública) poniéndole en peligro mortal.

Pues no. Los límites deberían estar más claros.

Si en este caso de la SER los hechos eran ciertos y delictivos o irregulares, no hay nada que sancionar.

Tenemos derecho a saber si los políticos que quieren gobernarnos son unos chorizos. Y ello debe prevalecer sobre la intimidad y el honor.