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(… este cue)

Juan Carlos Escudier

En un para de días, el INE nos ha descrito dos apocalipsis sucesivos. El primero es la profecía de que el país se convertirá en un geriátrico de aquí al 2050, motivo por el cual el Gobierno ha tardado un par de minutos en anunciar la prolongación de la edad de jubilación hasta los 67 años, para que luego digan que no actúa con rapidez; el segundo armagedón han sido las cifras la Encuesta de Población Activa, que estima en 1.118.600 personas las víctimas del seísmo del desempleo en 2009, año que se cierra con un total de 4.326.500 parados. Por buscar algo positivo en el desastre al que nos enfrentamos podría afirmarse que el envejecimiento será tan intenso y los nacimientos tan menguantes que el problema del paro terminará por resolverse solo.

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“Hemos tenido la inmensa suerte de darle un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta. ¡Eh!”.

Esperanza Aguirre comenta con su vicepresidente, Ignacio González, los nuevos nombramientos en Caja Madrid ante un micrófono inesperadamene abierto. Se refiere a un puesto en el consejo que ha perdido el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. La conversación íntegra es un ejemplo de lo bien avenidos que están en el PP, de lo apropiada que es la sanción a Cobo “por insultar” y también sobre qué entiende la liberal Esperanza por gestionar una caja con criterios estrictamente profesionales.

Ya es casualidad. Ayer el Instituto Nacional de Estadística difundió un informe donde alerta de que, en el 2049, habrá el doble de españoles con más de 64 años. Y hoy, un día después, el Gobierno presenta un duro plan de recorte que también pasa por retrasar la edad de jubilación. Miro los gráficos del informe del INE, esas amenazadoras pirámides de población a punto de colapsar, y me siento como si estuviese ante un psicólogo, respondiendo al test de Rorschach. ¿Qué ve usted aquí?, me pregunta el doctor. Y yo veo de lo más sorprendente que el INE no haya reparado hasta ayer en esos datos, que son públicos y salen del padrón. También veo incoherencia, cambio de discurso, un giro a la derecha, porque no se puede prometer que las pensiones van a subir, que la crisis no la van a pagar los más débiles, para después retrasar la edad de jubilación y cambiar el sistema de cómputo para que las pensiones sean más baratas. Y todo eso, a pesar de que España es de los países de la UE con menos gasto social.

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Milagros de las trifulcas internas del PP: desde hoy, Madrid tiene un vicealcalde independiente, expulsado de su propio partido durante un año por decir la verdad. A Manuel Cobo, vicegallardón, le han desterrado por atreverse a contar en público sobre Esperanza Aguirre lo mismo que el mismísimo Rajoy admite en privado. La sanción es dura, más de lo que se esperaba. Es larga, aunque Cobo podrá recurrir a los seis meses. Y es difícil para Rajoy, que por aquello de no molestar castiga al espiado, mientras que los de la “gestapillo” se van de rositas. En breve, cuando la jueza que lleva el caso del espionaje cruce la localización de las llamadas de móviles de los anacletos de Madrid con la agenda de Cobo, quedará aún más claro lo que ya es evidente: que altos funcionarios de la Comunidad, dudo mucho que por propia iniciativa, espiaron a los rivales políticos de la lideresa; un comando especial que dirigía el ex guardaespaldas de la propia Aguirre, un alto cargo imputado que sigue cobrando del Gobierno de Madrid. ¿Habrá sanción entonces? No apuesten por ello.

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Las palabras son inocentes, su uso no siempre lo es. Por eso las guerras de hoy son misiones de paz, y sus víctimas civiles mueren casi vivas, como asépticos daños colaterales. Por eso las hipotecas subprime que quebraron al mundo fueron bautizadas como “fondos estructurados garantizados”, y a los despidos se les llama ajustes de empleo. Por eso los partidarios del cementerio de basura radioactiva que se rifa estos días prefieren denominarlo “almacén de residuos nucleares”, que suena mucho mejor.

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Dice el artículo 25 de la Constitución que las penas de cárcel en España “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” de los presos, no hacia la venganza. Pero como la Carta sólo es Magna cuando interesa, el PP ha decidido enarbolar el endurecimiento de las penas como nueva bandera electoral, a juego con su discurso xenófobo sobre la inmigración. El partido de las grandes soluciones para los problemas inventados ha aprovechado una anécdota, la nueva hazaña de El Rafita, para pedir condenas más duras, incluso la cadena perpetua. “Me parece que algo falla”, dice Esperanza Aguirre, y en eso tiene razón. Falla una sociedad que admite que se legisle a golpe de suceso macabro, del ritmo que marcan ciertos medios carroñeros que hacen de cada crimen un éxito de audiencia, un sangriento botín del que después los políticos populistas también sacan su tajada. Pero vayamos a los datos.

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Dentro del PP aún sigue el debate, o eso dicen. Pero todo apunta a que el partido que preside Mariano Rajoy ha decidido dar por buena la Ley Sinde de la patada en la web. Su portavoz en la Comisión de Cultura del Congreso, José María Lasalle, junto con la diputada Fátima Báñez, creen que la actual redacción del texto es suficiente, a pesar de que se mantiene el cierre administrativo de páginas web dentro de un procedimiento donde el juez no entrará en el fondo de cada caso. La nueva versión de la ley sigue sin gustar a los internautas que se movilizaron contra ella, pero ha conseguido que el primer partido de la oposición suavice el tono, en una tocata que suena a fuga. ¿Todo el PP? No.

El pasado jueves, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, anunció que la CAM se opondría “firmemente” a la “censura de Internet”. (…) Por si había alguna duda sobre quién inspiraba y apoyaba la jugada, Esperanza Aguirre, desde su Facebook y su cuenta de Twitter, recomendaba la entrevista de Güemes. Este fin de semana el consejero, en su blog, volvía a criticar la Ley Sinde; Aguirre lo volvía a enlazar desde su Facebook.

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