Es especialmente indeseable la posibilidad legal de hacer negocio de espectáculos basados en el maltrato, sufrimiento y muerte de animales. Firmo la frase, aunque no sea mía. Sale de la primera ley autonómica española que abolió las corridas de toros. No fue aprobada ayer, en Catalunya, sino en Canarias, hace ya casi 20 años. Aquel texto pionero pasó desapercibido. No provocó encendidos debates sobre la maldad independentista de los canarios, ni tampoco alarmó a la derecha españolista. Hubo algunas protestas de taurinos en las islas, pero fueron ignoradas –no había muchos, hacía siete años que nadie toreaba–. No me lo van a creer, pero la abolición canaria fue respaldada por los votos del Partido Popular. De hecho fue su actual portavoz en el parlamento canario, Miguel Cabrera, quien inició la recogida de firmas en defensa de los animales. La ley fue aprobada casi por unanimidad en abril de 1991, y en Madrid no pasó nada.
Ahora que es Catalunya quien legisla, el PP ha anunciado que recurrirá al Congreso para parar esa ley. No descartan tampoco invocar a la tercera cámara, al Tribunal Constitucional una vez más: no sería la primera vez que el PP denuncia leyes casi idénticas a las que ellos mismos han votado en otra comunidad –ya pasó con algunos artículos de los estatutos–. La estrategia no es sólo incoherente, hipócrita y peligrosa para la convivencia común; también es interesada. A esta derecha le sale rentable azuzar el odio anticatalán en el resto de España, aunque les condene a la irrelevancia política en Catalunya. Pero los dirigentes del PP tienen razón en una cosa: no son ellos los únicos incoherentes. Señores diputados de CiU y de ERC: enhorabuena por su voto de ayer (y visca Catalunya). ¿Para cuándo otra ley que prohíba los correbous y los toros embolados?
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Actualización 8:44. El diario El Mundo, que hoy llama “animales” a los antitaurinos en su portada, publica un artículo del que fuera presidente de Canarias cuando se abolieron las corridas de toros, Lorenzo Olarte Cullen. El ex presidente autonómico asegura que en esa ley no se hace mención expresa a los toros, lo cual es cierto. Y también que “tenía y tiene como objetivo la protección de los animales domésticos y de compañía entre los que, como es obvio, no se encuentra el toro bravo”, lo cual es rotundamente falso. La ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales prohíbe cualquier espectáculo o fiesta donde se maltrate animales, con la única excepción de las peleas de gallos. Y el toro, que se sepa, plumas no tiene. La ley dice textualmente:
Artículo 5.
1. Se prohibe la utilización de animales en peleas, fiestas, espectaculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento.
2. Podrán realizarse peleas de gallos en aquellas localidades en que tradicionalmente se hayan venido celebrando, siempre que cumplan con los requisitos que reglamentariamente se establezcan y, en todo caso, con los siguientes:
Prohibición de la entrada a menores de 16 años.
Que las casas de gallos e instalaciones donde se celebren peleas tengan, por lo menos, un año de antigüedad, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, salvo las que se construyan en sustitución de aquellas.
Que las instalaciones o lugares donde se celebren las peleas sean recintos cerrados.
3. Las administraciones públicas se abstendrán de realizar actos que impliquen fomento de las actividades referidas en los párrafos anteriores.
Lo explica muy bien Miguel Cabrera, el ponente de esa ley, que hoy es diputado y portavoz del grupo parlamentario popular en Canarias: “La ley es terminante. Prohíbe los espectáculos en los que los animales sufran algún tipo de maltrato; no hay lugar a ninguna duda”. Pues eso.
