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No ha sido el parón absoluto que los sindicatos hubiesen soñado, pero ni mucho menos el fracaso estrepitoso que a la derecha tanto le hacía salivar. El sindicalismo, afortunadamente, sigue vivo, aunque España es un lugar peculiar. Dentro de la Unión Europea, este país mantiene dos plusmarcas muy esclarecedoras: es uno de los estados con menor porcentaje de afiliación sindical entre los trabajadores (sólo el 15%); y también el que más porcentaje de empresas tiene asociadas en la patronal (el 72%).

Sin hacer sociología de barra de bar, y culpar a la pereza hidalga o a la siesta de nuestros males históricos, hay tres motivos que explican bien esta doble anormalidad, que tanto se nota después cuando se compara la protección social en España con la de los demás países europeos. El primero: que, a diferencia del resto de la UE, los sindicatos eran aquí ilegales hasta hace no tanto. El segundo: que la gran mayoría del tejido empresarial español está compuesto por pymes, por pequeñas empresas, donde cuesta mucho más plantar cara al patrón. El tercero: que también somos el país de Europa con mayor paro y mayor temporalidad en los contratos; es decir, el país con mayor precariedad laboral.

Que con mimbres como estos, con el miedo al abismo económico que nos derrota a todos, con la martilleante campaña antisindical y con casi todos los medios y las encuestas en contra, los sindicatos hayan sido capaces de movilizar a millones de trabajadores en una huelga como la de ayer, supone un toque de atención que el Gobierno no debería ignorar. Los que han protestado no son, precisamente, los votantes de Mariano Rajoy. Es el presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien se juega el futuro del PSOE si no sabe escuchar, negociar y rectificar.

Hoy estoy de huelga, así que os dejo con algunos extractos de una ley que en un día así conviene leer: la Constitución Española.

Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Artículo 28. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. (…) Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Artículo 37. La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral (…) así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Menos mal que la huelga es mañana. Si no, pronto descubriríamos que hay un sindicalista que tiene un iPhone, otro que pasó una semana con su novia en Nueva York y un tercero al que le gusta la gamba roja de Garrucha y el vino bueno. Vicios, por supuesto, incompatibles con la defensa de los trabajadores porque los sindicalistas son como los cartujos: ascetas mendicantes que sólo pueden comer en un restaurante con mantel una vez al año, cuando el patrón invita por Navidad.

La semana pasada, el diario La Gaceta (y que me perdone Vizcaíno por meterme en su Carpetovetonia) publicó que Ignacio Fernández Toxo se había ido de “crucero de lujo” por el Báltico. Según la noticia de portada, un pasaje en el barco costaba “hasta los 2.400 euros por persona”. La Gaceta no explicaba que eso era si uno reserva la suite, y que el precio medio por una semana es de 1.200 euros todo incluido; más o menos lo que se gasta al mes el moroso Díaz Ferrán en la gasolina de su Ferrari; o una fracción de lo que cobran muchos de los tertulianos que criticaron a Toxo por no pasar el agosto en el pueblo, con la familia.

Ayer, La Gaceta reincidió, y esta vez fue Cándido Méndez el objetivo de su peculiar periodismo de investigación: denuncia el diario que el líder de UGT celebró un cumpleaños con su familia en un restaurante caro de Madrid (¡oh tiempo, tus pirámides!). Ante tal exclusiva, no sé a qué espera el pobre Cándido para dimitir. ¡Qué digo a dimitir! A dimitir y después rezar el ‘yo pecador’ cincuenta veces, porque por su culpa, por su culpa, por su grandísima culpa, está el país en esta crisis tan terrible, que permite a las empresas cotizadas batir récords de reparto de dividendos, mientras los sindicalistas, esos egoístas, les da por celebrar su cumpleaños o veranear.

Una pequeña enumeración de citas presidenciales para aquellos que repiten que la huelga general, convocada contra esa reforma laboral que se publicó en el BOE hace nueve días, llega demasiado tarde.

José Luis Rodríguez Zapatero, 25 de septiembre de 2008: “Abaratar el despido no ayudaría a recuperar esa confianza que necesita el sistema financiero”.

El mismo Zapatero, 18 de febrero de 2009: “No vamos a apoyar ninguna reforma del mercado de trabajo que represente abaratar el despido o debilitar los derechos de los trabajadores. Es más, lo que queremos es fortalecer la protección social”.

Otra vez Zapatero, 23 de junio de 2009: “Mi programa de Gobierno no contempla abaratar el despido ni hacer reformas que restrinjan derechos laborales”.

Zapatero en una entrevista, 17 de enero de 2010: “Abaratar el despido no es el camino para crear empleo, sólo provocaría más desigualdades sociales y menos protección a los trabajadores, sobre todo en un país donde todavía nos queda por avanzar en materia de protección social. El camino es crecer económicamente, ser más competitivos, innovar, formación, educación: ése es el camino”.

Zapatero en el Congreso, 17 de febrero de 2010: “Debemos decir desde esta tribuna que abaratar el despido no va a servir para que no despidan a gente. Tenemos que facilitar las cosas a las empresas para contratar sin que los trabajadores pierdan derechos”.

La nueva reforma laboral permite a las empresas despedir con sólo 20 días por año de indemnización (en lugar de 45) en caso de que tengan previsión de pérdidas o incluso si disminuyen sus ingresos. De esos 20 días, 12 los paga la empresa y otros 8 el FOGASA, así que se puede decir que Zapatero no sólo ha abaratado el despido. También lo está subvencionando.

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P.D. Lo dejo claro ya, que sé que será polémico. Según el Gobierno, que el FOGASA pague parte de la indemnización por despido no es una subvención porque este Fondo de Garantías Salariales, que hasta ahora se ocupaba exclusivamente de pagar sueldos en caso de quiebras, se nutre de cotizaciones pagadas por las empresas por cada trabajador. “Esta medida no supone una asunción por el Estado de una parte de los mismos ya que se instrumenta a través de un organismo público que se nutre exclusivamente de cotizaciones empresariales”, dice el preámbulo de la nueva reforma laboral. Es una media verdad. El FOGASA también cuenta con una importante parte de dinero público, porque las empresas públicas también pagan estas cotizaciones, aunque nunca necesiten tirar de ese fondo (está por llegar el día en que una empresa pública cierre y el Estado no afronte los salarios pendientes). Además, es un dinero que pagan las empresas, como los impuestos o las cotizaciones de la Seguridad Social, pero forma parte del coste de cada trabajador, es decir, de lo que las empresas están dispuestas a pagar por su trabajo. Por último, el FOGASA lo gestiona el Ministerio de Trabajo, que aún es publico, y hasta ahora era con un único fin. Y si mañana el Estado tira del fondo de reserva de las pensiones –que también pagan mayoritariamente las empresas, según esta lógica– y lo gasta en ayudar al despido, también sería una subvención, por mucho que se vista de otra manera.

Los pueblos tienen derecho a sus mitos fundacionales, a sus leyendas, a esas mentiras y medias verdades que sirven de argamasa para construir una identidad real que forja una conciencia colectiva y anima su camino sobre la historia. No es una exclusiva de Castilla, es un elemento común en el nacimiento de la mayoría de las naciones, que desde Roma a Estados Unidos han levantado su identidad, tan real como su poder en la Tierra, sobre bases mitológicas. Es tan común como legítimo. Pero quizá los pueblos tienen también el deber de conocer la verdad, de saber qué se ocultó, qué se exageró, qué se manipuló y qué se inventó. Cómo de sólidos son esos pilares; qué hay ahí abajo, en los cimientos castellanos sobre los que después se levantaría el casón de España. Quiénes son los verdaderos padres de esa identidad inventada, los vencedores que reescriben la historia: en qué forja, en qué momento y por qué motivo se fundió el acero de Castilla, esa poderosa aleación de realidad y ficción, de historia y de leyenda.

El párrafo está en el prologo de La nación inventada, una historia diferente de Castilla: mi primer libro. Saldrá a la venta esta semana, el jueves 30 de septiembre. Lo he escrito junto con mi padre, Arsenio Escolar, porque los dos somos de Burgos, porque nos apasiona nuestra historia y porque pensamos que esa época es tan trascendente como desconocida.

Ninguno de los dos somos historiadores, ni pretendemos serlo. El libro es un trabajo periodístico, en el que hemos utilizado las técnicas de nuestra profesión para intentar contar de forma amena pero rigurosa unos siglos en los que se sientan las bases de la España actual. Es una obra divulgativa donde no damos ninguna noticia: lo que explicamos sobre los mitos castellanos hace ya algunos años que está en los libros académicos de los historiadores. Pero sí sorprenderá a los que, como yo, nos han educado en esa historia popular, tan presente hasta hace tan poquito, que presentaba esos siglos como la caricatura de un tebeo del Capitán Trueno, de moros contra cristianos.

Mi padre, en su blog, cuenta algo más sobre cómo se gestó nuestro libro y publica también un pequeño adelanto. Por mi parte, os dejo con otro de los capítulos: El Camino de Santiago. Espero que os guste.

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El acuerdo del PSOE con el PNV a cuenta de los Presupuestos está sacando lo mejor de esta derecha nuestra, tan dada a la hipocresía y el olvido. “El Gobierno no puede hacer chapuzas cambiando el voto en un presupuesto por unas transferencias”, dice Mariano Rajoy. El líder del PP no parece recordar que fue él, entonces ministro de Administraciones Públicas, quien personalmente negoció y firmó el 29 de julio de 1996 con Ibarretxe una de esas “chapuzas”: la transferencia de varias competencias a cambio del apoyo del PNV a la investidura de Aznar. Entre ellas, curiosamente, se contaba el traspaso del Instituto Social de la Marina; un compromiso de Rajoy que después Aznar no cumplió y que está entre las que ahora ha vuelto a negociar el Gobierno… para escándalo del propio Rajoy.

Aunque tan mala como la amnesia selectiva es esa caricatura, tan común en Madrid, que presenta a los nacionalistas vascos como unos mercaderes al mejor postor. “El PSOE compra al PNV el apoyo a los Presupuestos por 472 millones”, titulaba ayer en su portada el diario ABC, como si ese dinero saliese desde los fondos reservados directamente hasta el bolsillo de Iñigo Urkullu. No es así. Esos 472 millones que cuestan las políticas de empleo transferidas ya se estaban gastando en Euskadi, pero hasta ahora los gestionaba la Administración central. Lo único que cambia con el acuerdo es que estas partidas dependerán, a partir de enero, del Gobierno vasco. Es decir, del lehendakari López, no del PNV. Hace ya demasiado que debería ser así, sin necesidad de ningún pacto, porque esas competencias autonómicas, como tantas otras pendientes, están reguladas en el Estatuto de Guernica, que se aprobó en 1979. Ya han pasado 31 años de chapuza en chapuza y esa ley aún está por cumplir.

Cuenta el diario argentino La Nación que el ayuntamiento de Buenos Aires ha tardado cuatro años en dar de baja un sofá extraviado. Han sido necesarios dos organismos municipales, un sumario administrativo, un par de dictámenes técnicos y una resolución publicada en el boletín oficial, con la firma del ministro de Hacienda, para sacar del inventario al protagonista de esta bonita metáfora sobre la burocracia: un “sofa de cuero, tapizado en gamuza color marrón, cuyo valor asciende a la suma de 127 pesos” (unos 24 euros). Nadie sabe qué pasó con él, si lo robaron o se traspapeló. Pero como la Administración es de natural optimista, el sofá perdido ha pasado a la sección de “bienes en desuso”, según explica esta noticia, digna de una canción de Les Luthiers.

Antes de hacer chistes sobre el tópico argentino, conviene repasar el presente español. Aquí la burocracia es aún más lenta. ¿Cuatro años? No. Mejor 53, y sumando. El mueble viejo en cuestión se llama Valle de los Caídos. Después de tres décadas de democracia, una Constitución, cinco presidentes del Gobierno y hasta una Ley de la Memoria Histórica, el monumento todavía sigue regulado por un decreto de 1957. Esa ley franquista, aún vigente, otorga a los monjes que cuidan de la tumba del tirano una casi total independencia administrativa. El Estado paga la fiesta –unos 340.000 euros al año–, pero no fiscaliza después ese dinero público, a pesar de que el mausoleo nos pertenece a todos.

Ayer el Senado pidió al Gobierno que dé un “uso democrático” al monumento. Sólo se opuso el PP, probablemente porque los jueces del Tribunal Supremo no pudieron votar. Con suerte, nos salvará Argentina. Tal vez su burocracia sea lenta, pero al menos su Justicia sí se atreve a barrer bajo las alfombras apolilladas del fascismo.

Dos años después del fin de Lehman Brothers, aún no sabemos cuánto nos va a costar el rescate a los bancos y cajas españoles. Ya llevamos gastados unos 12.000 millones de euros y, desde el Gobierno, calculan que la factura final rondará los 30.000. Es lo que cuesta salvar al sistema financiero patrio de las secuelas de la crisis internacional y, en mayor medida, de sus excesos durante la burbuja inmobiliaria. Por si acaso, el fondo de rescate español, el FROB, está presupuestado con un máximo de 99.000 millones, no vaya a ser que esa banca pase hambre.

Es fácil perderse con tanto cero. Pero 30.000 millones de euros, para los de letras, es cerca del 3% del PIB español. Es el doble del tijeretazo del déficit. Es casi ocho veces el recorte del sueldo a los funcionarios. Es 20 veces el ajuste de las pensiones. O es 50 veces lo que cuesta el plan de rescate para los parados de larga duración.

30.000 millones de euros en un país destrozado por la crisis es un inmenso montón de razones para que los responsables de esos bancos y cajas a los que ha salvado de sus errores el dinero de todos se escondan en una cueva y no salgan de allí hasta que se olvide su vergüenza. Pues no. Aún nos dan lecciones. Ayer, con el desparpajo habitual del sector, el director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Victorio Valle, calificó de “imbecilidad” la propuesta de esa mínima tasa a las transacciones financieras que respaldan algunos países de la Unión Europea y que pidió el lunes en la ONU Zapatero. Una imbecilidad, es decir, algo propio de imbéciles. Y tiene razón. Somos imbéciles, completa, absoluta y rematadamente imbéciles, si toleramos que el mismo sector financiero que hundió el planeta se vaya de rositas y encima nos insulte.

Un excelente comentario de Darth:

Es espectacular el modo en que, en tiempos de crisis, “los de arriba” (políticos, banqueros, empresaurios, poderes mediáticos, lo que sea) se las apañan para librarse de las iras de “los de abajo” haciendo que éstos se enfrenten entre ellos. El caso es que los que de verdad tienen poder y responsabilidad y capacidad para arreglar las cosas siempre consiguen escurrir el bulto: “la culpa de este sistema tan injusto y no es nuestra, es de los putos [insertar aquí un colectivo de pringaos a los que culpar de todo], a por ellos”.

¿Que no? Sólo en este año de 2010 ya lo hemos visto en varias fases, no hay más que revisar las hemerotecas: hace unos meses la bicha eran los funcionarios (léase con voz lúgubre). Los funcionarios, en su amplia mayoría mileuristas puteados, eran culpados de ser demasiados, de ser unos privilegiados, de ganar mucho, de no currar nada, de ser los culpables de lo mal que va todo… esa opinión, azuzada por ciertos políticos y la derecha mediática, sirvió para instalar en el público la idea de que la solución a todos los males pasa por cepillarse a los funcionarios.

Pasada la fase de los funcionarios y el verano, el objetivo del siguiente “progromo” fueron los sindicalistas: que si vagos, que si aprovechados, que si lastre para el país… de nuevo la derecha mediática y política consiguió crear el estado de opinión según el cual todo se arreglará dándoles pa’l pelo a los sindicalistas… o mejor aún (para los que promueven estas campañas): cargándose los sindicatos. El pim-pam-pum antisindical de las últimas semanas ha sido de órdago, y la masa borreguil de tertulianos de barra de bar se ha apuntado con entusiasmo: “hostia, que tenemos nuevo chivo expiatorio, a saco a por él”.

Pero como lo de los sindicalistas perderá actualidad después del día 29, pase lo que pase, ya se está preparando la nueva cabeza de turco de los males sociales: los inmigrantes. Lo cierto es que han tardado en sacarlos al disparadero (bueno, son un colectivo al que se puede convertir en chivo expiatorio varias veces si hace falta, así que aún les queda recorrido), pero ya tenemos otro “gran culpable” para que las masas despedacen mientras los que tienen la sartén por el mango respiran aliviados y se guiñan el ojo: “menos mal que tirándoles un huesico se calman”.

Al final, de una manera u otra, con la campaña de politicastro de turno y el altavoz de las vuvucelas mediáticas, el resultado es que nosotros los pringaos acabamos enfrentándonos entre nosotros mientras “los de arriba” se mantienen incólumes. Funcionarios, sindicalistas, inmigrantes y demás currantes y parados desperdiciamos nuestras iras culpándonos unos a otros, cayendo en la trampa que nos tienden: “ése es un privilegiado de la hostia”, “ése viene de fuera a quitarte el trabajo”, “tú no tienes que ver con ellos, que tú eres de clase media, que tienes DVD y móvil táctil”… ésos son los mensajes que llegan para enfrentar y dividir a los trabajadores.

Con ello los estamentos poderosos político-económico-mediáticos no sólo mantienen el descontento social a raya, sino que así pueden colar de rondón sus “soluciones” (los chivos expiatorios suelen ser cuidadosamente escogidos): “abajo los funcionarios, vamos a privatizar”, “abajo los sindicalistas, carguémonos la negociación colectiva y los derechos laborales”, “abajo los inmigrantes, vamos a policializar”. Lo de Niemöller falsamente atribuido a Brecht está muy manido, pero aquí se podría aplicar: “primero vinieron a por los funcionarios… después vinieron a por los sindicalistas… después vinieron a por los inmigrantes…”

Y mientras sigamos lanzándonos contra los huesecillos que nos tiran, en vez de ir a por el solomillo que guardan bien escondido, esto no va a ir a ninguna parte, y estaremos condenados a dar vueltas sin salir de la mierda, y generando más odio, más resentimiento y más injusticia.