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El Partido Popular tiene un nuevo referente en temas de inmigración y convivencia, un nuevo paladín. Se llama Xavier García-Albiol, es su alcaldable por Badalona y dice así: “Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor porque no están localizados; están repartidos por varios barrios de la ciudad haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racistas”. Cabe preguntarse por qué es un problema que los gitanos de Badalona vivan en distintos barrios, como los demás vecinos, en lugar de en campamentos. ¿Son más difíciles de expulsar cuando no están en guetos?

García-Albiol, que no-es-racista-pero, es el mismo candidato del PP que hace unos meses repartió folletos con un explícito lema: “No queremos rumanos”. Después intentó arreglarlo, y fue peor, con el argumento de que “el colectivo rumano-gitano se había instalado para delinquir y robar”. En aquella ocasión, los avergonzados dirigentes del PP se disculparon. “Han sido unas declaraciones extremadamente desafortunadas”, dijo su portavoz González Pons. “Queremos muchísimo a la comunidad rumana”, se declaró Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán. A pesar de tanto amor, no hubo sanción alguna para García-Albiol.

Esta vez ni siquiera habrá disculpas. Al contrario: los líderes del PP han respaldado a ese pequeño Le Pen que alimentan en Badalona con una coartada imbatible. “En lo que respecta a Francia, estamos de acuerdo con las declaraciones del Gobierno de España”, dijo ayer De Cospedal. La derecha ha encontrado en la tibieza cómplice de Zapatero frente a la política racista de Sarkozy la vía libre a su nuevo discurso xenófobo. Irá a más.

Otro septiembre menos melancólico, hace ya diez años, la Asamblea General de la ONU se comprometió a acabar con el hambre y la pobreza para 2015. Hoy la ONU se vuelve a reunir para repasar esas bonitas promesas: los Objetivos del Milenio. Por el décimo aniversario hay poco que celebrar. “En el mundo hay cien millones de hambrientos más que hace diez años”, asegura Olivier de Schutter, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Para Schutter, los Objetivos del Milenio han sido “un fiasco” porque sólo han afrontado los “síntomas de la pobreza” y han ignorado “las causas profundas del subdesarrollo y del hambre”, como la deuda, la desigualdad comercial o los paraísos fiscales.

Hay otro motivo más para este fiasco: que los brindis al sol de los políticos son baratos, pero la lucha contra la miseria es cara. Según el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, hacen falta 100.000 millones de dólares anuales para cumplir con los Objetivos del Milenio, y los países ricos no están por la labor. Hay una solución, propuesta por varias ONGs, que también respaldan la mayoría de los países de la UE y el propio Ban Ki-Moon: la Tasa Robin Hood. Consiste en gravar con un impuesto mínimo todas las transacciones financieras, esos enormes ríos de dinero que recorren el globo. Esta nueva versión de la Tasa Tobin, que planteó el economista James Tobin hace ya cuarenta años, no sólo recaudaría entre 150.000 y 520.000 millones de euros anuales, sino que también penalizaría ciertas operaciones especulativas que están en la raíz de la crisis actual. A pesar del nombre, este impuesto para ricos no sería ningún robo: sólo un 0,05% de cada operación; cuarenta veces menos de la subida del IVA. Es tan justo y razonable que probablemente no prosperará.

Visto en Guerra Eterna

Juan Carlos Escudier

En el PP se han dado cuenta que el código ético que rige sus usos y costumbres después de Gürtel estaba incompleto, y ha tenido que ser María Dolores de Cospedal, siempre en guardia, la que redactara in voce la adenda correspondiente. Ocurre eso mucho con los manuales, que te explican a actualizar el software del ordenador pero no te dicen cómo se enciende. El código ponía en guardia a los incautos dirigentes populares contra esos pervertidos capaces de pagarte al descuido la boda de la niña, pero no precisaba qué debía hacer Rajoy si un juez entrometido creía que aquello era un soborno e imputaba a la pobre víctima, privada injustamente de abonar a la feliz pareja la factura del salón de bodas.

Cospedal ha precisado que los imputados sí pueden ser candidatos, salvo que lo sean por violación y los indicios parezcan ser ciertos. Esta última matización tiene su importancia, porque en el PP siempre se ha defendido la presunción de inocencia y no se la ha dado con queso ni el Tribunal Supremo. Permite explicar además por qué el acosador de Nevenka Fernández, el ex alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, no dimitió hasta que fue condenado, y ni aún así le parecieron a Ana Botella que los indicios contra el acosador tuvieran fundamento.

Sirve además para justificar que el entonces presidente de la Xunta Manuel Fraga saliera en tromba en defensa del ex alcalde de Toques, Jesús Ares, condenado por abusar sexualmente de una joven de 16 años. Decía Fraga que aquello eran menudencias y que quienes pedían su cabeza mientras defendían el amor libre, el aborto o las parejas de hecho no pasaban de ser unos hipócritas.

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Ahora que José Luis Rodríguez Zapatero se pone de perfil ante la expulsión de gitanos de Sarkozy con argumentos campanudos, como que “Francia es un Estado de derecho”, es buen momento para volver a ver el vídeo con el que el PSOE pidió el voto para las europeas. “Los inmigrantes nos quitan el trabajo”, decía uno de los ultras. “Creo en la pena de muerte”, repetía otro. “El problema no es lo que piensan. Es lo que van a votar”, terminaba el anuncio electoral. Y ahora, ¿qué es exactamente lo que piensa Zapatero? ¿Qué votó en la reunión del Consejo Europeo? Pues ya ven: “Respeto la decisión de un Gobierno apoyado por una clara mayoría”, dejo dicho el presidente, en apoyo a Sarkozy. Se podría argumentar que el gobierno de Hitler también estaba apoyado por una clara mayoría de lo más respetable, pero sería exagerar; después de los palos que se ha llevado la comisaria Viviane Reding por recordar la historia, mejor dejarlo estar. Así que llevaremos el argumento al ámbito contemporáneo: como Francisco Camps, o Esperanza Aguirre, o el propio Zapatero, también han sido apoyados por una clara mayoría de los votantes, cualquier cosa que hagan está bien hecha y ni siquiera se puede criticar. ¿A que parece ridículo? Es que lo es.

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El lado bueno de la noticia: por primera vez en quince años, baja el número de personas que pasan hambre crónica en el mundo. En 2010 serán 98 millones menos, según el informe anual de la FAO. El lado malo: que siguen siendo 925 millones, como dos veces el número de ciudadanos de la Unión Europea. El lado aún peor: que esta mejoría, según explica un informe de Intermón Oxfam, no responde a una tendencia ni es tampoco consecuencia de las pacatas políticas de los países ricos. Sólo ha sido simple suerte, la consecuencia de dos años de mejores cosechas; un repunte puntual que apenas cambia nada en este planeta idiota y cruel donde una de cada siete personas pasa hambre mientras que otra de cada cuatro padece de obesidad.

El hambre. Y la paz en el mundo, que diría una miss. Cada seis segundos, un niño muere de hambre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco… seis. En el tiempo en el que tardas en leer este artículo, serán quince muertes más. Nos hemos acostumbrado a estos datos y a las fotos de niños rodeados de moscas con enormes barrigas llenas de nada con la compasión y la pasividad con la que se aceptan los terremotos, como un drama inevitable, irresoluble y natural; como parte del paisaje. No es así, la Tierra ya no es maltusiana y produce alimentos suficientes para todos; esta estúpida tragedia es sólo un problema económico más de distribución de renta. Hay incluso cálculos serios sobre cuánto costaría reducir el hambre en el mundo a la mitad y cumplir así con los Objetivos del Milenio que se fijó la ONU para 2015: unos 150.000 millones de dólares al año durante el próximo lustro. Es mucho dinero, sí. Algo más de la mitad de lo que ha gastado EEUU en la guerra de Irak, o poco más de un tercio de lo que costó el rescate mundial de la banca.

Han pasado sólo dos años, qué deprisa se olvida. Tal día como ayer, 15 de septiembre de 2008, la mayor bancarrota que vieron los tiempos dio la señal de salida a la peor recesión en décadas. Todo en esta historia es así, titánico, y aquel gigante naufragado se llamaba Lehman Brothers. Conviene recordar su nombre y la fecha que marcará pasa siempre nuestras vidas: 15-S. Aunque no lo parezca, no fue culpa ni de los liberados sindicales ni de los gitanos ni tampoco del precio del despido libre. Es la parte más obscena de la crisis: la desconexión entre sus causas y sus consecuencias.

Yo ya me he decidido. El 29 de septiembre iré a la huelga general por el 15-S y cuatro motivos más. El primero, por la reforma laboral; porque no creo en las recetas de esos economistas pirómanos que proponen apagar incendios con gasolina o combatir el paro abaratando el despido. El segundo, porque tengo un hijo de un año y, aunque sólo sea por él, me niego a rendirme ante la mayor estafa de la historia: que el fracaso estrepitoso de la ideología neoliberal se solucione con otras dos tazas de la misma sopa. El tercero, porque yo también conozco a sindicalistas egoístas y liberados perezosos, y creo que los sindicatos tienen mucho que mejorar. Pero me preocupa aún más que su derrota deje desarbolada la principal defensa de los trabajadores ante esos empresarios sin escrúpulos, que tampoco son todos como la caricatura de su representante, Díaz Ferrán, pero que también existen. El cuarto, porque me temo que la huelga no va a funcionar, y tengo debilidad por las causas perdidas.

Pase lo que pase, el 29 de septiembre la derecha podrá celebrar un éxito. Si la huelga triunfa, será una derrota del Gobierno. Si la huelga fracasa, será una derrota aún peor, la del sindicalismo. No será con mi ayuda.

Novia en la boda, niña en el bautizo, muerto en el entierro, martillo de sindicatos en la huelga general… O lo que es lo mismo: Esperanza Aguirre, al natural. “Ajustaré el número de liberados sindicales a lo que marca la ley”, dijo ayer en la Asamblea de Madrid entre aplausos de su grupo parlamentario. Hay que celebrarlo, que para eso está la Administración, para dar ejemplo. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid anuncie que va a cumplir con la ley, como si fuese una más, es digno de elogio. Aunque si es cierto, como cuenta su equipo, que en Madrid hay dos mil liberados más de lo que marca la ley, cabría preguntarse por qué la ley se ha incumplido durante tanto tiempo; que Esperanza Aguirre lleva gobernando desde hace siete años de nada.

A pesar de tanto populismo oportunista, la ley se cumple. El número de horas para la representación sindical depende de cada convenio colectivo. Hay un mínimo que fija el Estatuto de los Trabajadores, y sobre ese derecho cada patrón negocia con sus empleados, igual que se pactan las vacaciones, el sueldo o las horas extras a partir de los mínimos legales.

En el caso de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre fue quien acordó con los sindicatos el número de horas para los liberados que ahora quiere incumplir. El pacto actual duplica el mínimo legal, aunque entonces nadie protestó. Los convenios colectivos se pueden renegociar, por supuesto. Pero lo que no es admisible es que en el Gobierno de Madrid se escandalicen ante los mismos acuerdos que ellos cerraron y pretendan ahora romper ilegalmente sus compromisos. Porque los convenios colectivos tienen rango de ley. Y la ley está para cumplirla. Incluso cuando eres la condesa de Murillo y te llamas Esperanza Aguirre Gil de Biedma.