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En otra prueba más de que el consenso no es tan difícil cuando hay algún asunto de verdadero interés general, PSOE, PP, CiU y PNV han aprobado esta semana en el Congreso la esperada reforma de la ley electoral. Han tardado dos años y trae dos noticias. La primera: que la ley cambia para que todo siga igual; que el sistema de asignación de escaños por provincias seguirá penalizando a las minorías dispersas geográficamente –como IU o UPyD–, que continuarán pagando por cada diputado muchos más votos que los demás. La segunda: que los grandes partidos y sus bisagras periféricas también han pactado imponer a los informativos de televisión de las cadenas privadas la misma aberración antiperiodística que ya rige en las emisoras públicas: los bloques de información electoral por cuota.

Cuando llegue una campaña, si la ley no cambia en el Senado, los periodistas de televisión tendrán que coger el cronómetro y otorgar un tiempo tasado a cada partido proporcional a los votos que consiguieron la vez anterior. Dará igual lo que hagan los políticos, dará igual lo que digan. Dará igual si se molestan en responder a los periodistas o si se limitan a soltar su mitin: cada candidato tendrá cada día de campaña su parcelita garantizada en televisión. Es una imposición inaudita, desconocida en el mundo civilizado, que nos dejará un periodismo aún peor; una nefasta ley a la que hay que sumar esa extendida costumbre de nuestros políticos de convocar pseudoruedas de prensa sin preguntas, donde los periodistas sólo vamos a ver, oir y callar.

Esta misma noche, para rematar, se despide de la antena el maestro Iñaki Gabilondo. Que el periodista con más prestigio de España no tenga hueco en una tele donde reina Belén Esteban es algo que va más allá de la obscenidad.

El argumento se repite sin cesar en tertulias y diarios, pero a juzgar por las propias estadísticas que elaboran los interesados, es un dato falso. Según la BSA (Business Software Alliance, el lobby antipiratería de las empresas de software) España dista muchísimo de los puestos de cabeza mundiales en lo que se refiere a piratería informática. Concretamente, estamos en la posición 79, por debajo de varios países europeos.

En cuando a la piratería musical o cinematográfica, no hay un ranking tan claro, pero seguimos estando muy lejos de ser uno de los países más piratas del planeta. Según los estudios de la International Intellectual Property Alliance (IIPA, otro lobby antipiratería), las tasas de piratería audiovisual en España están en el 20%, no en ese 95% que dice el enloquecido informe que paga Promusicae.

¿Significa esto que en España no hay piratería? Es evidente que no para cualquiera que sepa usar un ratón. ¿Significa que no hay un problema con la propiedad intelectual? Tampoco; sin duda, lo hay. Pero no es cierto que el caso español sea una gran anormalidad tercermundista. Es un problema global.

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Por cierto, que no es la primera vez que nos cuelan estas estadísticas estropeadas.

Juan Carlos Escudier

Cada vez que Rajoy habla alimenta la esperanza de que inadvertidamente, al descuido si se quiere, revele por fin el camino que conduce al final del túnel o, cuando menos, tenga a bien encendernos una bombilla de bajo consumo para que no nos rompamos la crisma entre tanta oscuridad. El gallego, sin embargo, no es de los que se conmueven fácilmente y no hay manera de arrancarle su secreto contra la crisis. Para saber cómo tiene pensado reducir el paro a la mitad de un día para otro y demostrar al mundo que España sigue siendo un gran país, capaz incluso de sobreponerse a Zapatero, exige que se le vote, que es como pagar la cuenta del restaurante antes de hincarle el diente al escalope.

La estrategia del gallego consiste en no hacer ruido y en solemnizar lo obvio. ¿Que cómo sería la Justicia si él estuviera en la Moncloa? Ágil, claro. ¿Y la negociación colectiva? Flexible. ¿A quién beneficiaría su reforma fiscal? A los emprendedores, lógicamente. ¿Establecería techos de gasto y deuda para las administraciones aunque ahora ya existan? Obviamente, porque los techos de Rajoy son más bonitos y si uno apaga la luz ve estrellas fosforescentes. ¿Quién estaría en su Gobierno? Los mejores, naturalmente. Parafraseando a Groucho Marx, el suyo es el programa más bello que hayamos visto en la vida, aunque eso no diga nada a su favor.

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De todos los argumentos contra cualquier protesta, contra cualquier movilización, hay uno especialmente repetido desde que existen las huelgas: “No va a valer de nada”. En ese determinismo fatalista vive hoy gran parte de la sociedad, esos ciudadanos que en la tertulia del bar se oponen a recortes como la jubilación a los 67 años o la reforma laboral, pero después afrontan su destino resignados porque, total, nada va a cambiar. Es un profecía autocumplida: nada cambia cuando nadie hace nada, y vuelta a empezar. Por eso es una buena noticia que protestas ciudadanas consigan su eco, como las movilizaciones contra la llamada Ley Sinde. Por eso es una lástima que hayan tenido que ser las descargas, y no la reforma de las pensiones o el abaratamiento del despido, el debate que encienda a una buena parte de la sociedad.

Ya lo escribí ayer: creo que la Ley Sinde es un error que crea un innecesario agujero en la Justicia y que, además, no va a acabar con la piratería digital, un problema que sólo se arreglará con oferta legal buena, bonita y sobre todo barata. Aunque también tengo la triste sensación de que es el circo, y no el pan, la verdadera razón que mueve a muchos a la movilización (tampoco es nuevo: fue un impuesto sobre el té lo que inició la independencia de EEUU). Pero volvamos a los recortes sociales, que es el problema mayor. ¿En qué estrellas está escrito que nada de nada va a cambiar? ¿Cómo es posible que incluso durante la dictadura las huelgas –entonces ilegales– pudiesen mejorar las condiciones de los trabajadores y hoy, en una democracia, gran parte de la sociedad crea que no hay nada que hacer? ¿Por qué la ciudadanía no presiona y deja todo el campo a los mercados, a Merkel o al FMI? ¿A qué esperamos para empezar a protestar?

Lo peor de la ley antidescargas no es que sea una norma impuesta bajo amenaza por EEUU ni tampoco que se utilice un procedimiento exprés para aprobarla en el Congreso. ¡Como si no tuviésemos ya suficientes evidencias sobre el nuevo significado de la palabra “soberanía”! Ni siquiera es lo más grave esa puerta de atrás que se abre en la Justicia y que permitiría a un Berlusconi español cerrar webs por la vía rápida. Lo más estúpido de esta desacertada ley es que, además, no servirá de nada.

Tumbar esas doscientas páginas de enlaces a las que la industria cultural culpa de la piratería en España sólo valdrá para que nazcan otras alternativas, y esto no es una opinión: es un dato refrendado por diez años de victorias legales y judiciales hasta la derrota final. En una palabra: Napster. O Audiogalaxy. O Kazaa. O Emule. O ahora Megavideo. En una eterna pelea del ratón y el gato, cada vez que la industria cultural bloquea en los juzgados o en los parlamentos una tecnología de descargas, nace otra, aún más difícil de frenar.

¿Cómo acabar con la piratería? Muy fácil: ofreciendo alternativas en Internet legales y fáciles de usar a precios razonables, como lo está logrando Spotify con la música. ¿Es razonable que sea más lento y complicado comprar legalmente un ebook que piratearlo? Tampoco lo es querer cobrar en Internet el mismo precio que se pagaba antes, cuando –además de la canción, la película o el libro– había que costear la producción del soporte físico y la carísima distribución de ese objeto por tienda y por camión. La ley antidescargas es un esfuerzo inútil que provocará algo peor que la melancolía. Sólo sirve para otra cosa más: para dar falsas esperanzas a una industria moribunda que se niega a tomar su medicina, que resiste a cambiar.

Atención, pregunta: “¿En qué programa electoral dijo Zapatero que iba a incrementar a la fuerza la edad de jubilación?”. Se lo cuestiona Ana Mato, vicesecretaria del PP, y tiene razón. Es cierto que el PSOE no llevaba en su programa elevar la edad de jubilación hasta los 67 años. La idea no era suya, sino del PP, que sí la incluyó en sus últimos programas electorales (los de las generales de 2008 y las europeas de 2009), donde abogaba por elevar la edad efectiva de jubilación y también por retrasar la edad de jubilación de forma voluntaria. Su principal reproche, ese “a la fuerza” que Mato subraya, es una discusión sobre las diferencias entre el azul y el turquesa, una cuestión de matices. Tras la reforma que nos aplicará el Gobierno, trabajar hasta los 67 también será voluntario: nos podremos jubilar antes, aunque cobrando menos pensión. En la práctica, lo mismo sucedería con otros mecanismos para retrasar la edad efectiva de jubilación, como pedía el PP.

La discusión acaba siendo una perfecta metáfora del momento que vivimos peligrosamente: el PP critica al PSOE que le haya copiado el programa electoral. Por supuesto, el original Mariano Rajoy y sus chicos se oponen a las que son sus propias ideas, a esas reformas que tanto han defendido. Lo hacen por dos motivos. El primero es obvio: por populismo, porque es más cómodo oponerse a estos recortes impopulares y que sea Zapatero quien se trague ese sapo. El segundo: porque les parece poco. Lo volvió a dejar claro Mariano Rajoy este sábado al asegurar que, cuando él sea presidente –ese hecho que cada día parece más inexorable–, aplicará un plan económico que “a lo mejor no le gusta a algunos, o no le gusta a mucha gente o no le gusta a nadie”. En ese nadie y hacia esa nada estamos todos invitados.

Los hechos probados son:

1. Que la acusada es una mujer inmigrante sin papeles que era prostituida bajo los neones de algún club de alterne, en alguna carretera de Andalucía.

2. Que en 2007 se quedó embarazada.

3. Que ni siquiera sabía quién era el padre, que podía ser cualquiera de esos que se llaman a sí mismos “clientes”.

4. Que la mujer recurrió a una de las pocas cosas que casi nunca fallan, la familia, y huyó a la casa de una prima en Pamplona.

5. Que una amiga de su país, de República Dominicana, le mandó un medicamento que también sirve para provocar el aborto.

6. Que probablemente estaba desesperada, que lo hizo, que se tomó cuatro pastillas y abortó; que el feto tendría entre 16 y 20 semanas.

7. Que se desmayó en el cuarto de baño, que no paraba de sangrar, que su prima la llevó de urgencia al hospital, donde los médicos la salvaron.

8. Que lo que hizo es un delito que en España se podía castigar hasta con la cárcel, que ella confesó lo que había pasado, que luego lo negó.

9. Que los médicos llamaron a la Policía.

10. Que la detuvieron, que la tomaron declaración, que la llevaron a juicio.

11. Que la fiscal pedía 8 meses de cárcel, y después –cuando llegó la nueva ley– lo rebajó a una multa de 2.160 euros.

12. Que ayer fue condenada a pagar 540 euros; al cambio, según las tarifas que diariamente publican algunos periódicos, unos diez “completos”.

13. Que aunque hubiese querido abortar en un hospital, no habría podido hacerlo porque no tenía papeles, porque no tenía dinero, porque además estaba en Navarra.

14. Que cuando algunos plantean prohibir el aborto en España, de lo que hablan realmente es de que sólo las mujeres con dinero para viajar a Londres puedan abortar; de que haya más víctimas, como esta mujer, que no sólo se jueguen la cárcel sino también su vida.