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Cabe preguntarse si no queda otra opción, si de verdad la única solución pasa por privatizar la mayoría de las cajas para transformarlas en bancos, que ya no tendrán como objetivo prioritario la obra social. Es discutible que la única salida sea la que ayer el Gobierno anunció: que el Estado asuma las pérdidas de las cajas de ahorro más tocadas, las nacionalice y después –una vez saneadas, ya como bancos– las privatice, vendiéndolas al mejor postor (China ya quiere pujar). Tal vez sea así, tal vez no nos quede otra. Tal vez el error sea precisamente haber tardado tanto en tomar esta decisión. No sabemos, sólo intuimos, cómo de maquillados están los balances reales de las cajas: las entidades financieras, al igual que los Papas, siempre mueren en perfectas condiciones de salud. ¿De qué vale que nuestras cajas pasasen los test de estrés si hasta la banca irlandesa aprobó?

Pero lo que sí es evidente es que no hemos llegado hasta aquí sólo por mala suerte o casualidad. No todas las penurias de las cajas son achacables a la mala situación financiera internacional; para variar, alguien debería asumir alguna responsabilidad, porque la muerte de las cajas es un enorme robo a toda la sociedad. ¿Dónde estaba el Banco de España cuando las cajas se empezaron a entrampar en la evidente burbuja inmobiliaria? ¿Por qué ha tenido que ser Bruselas quien señale, hace unos meses, la mala gestión del supervisor? ¿A qué ha dedicado el último lustro el locuaz gobernador Fernández Ordóñez, al que sólo le ha faltado opinar sobre la titularidad de Benzema? ¿Piensan asumir alguna culpa los consejeros que han hundido las cajas por su mala gestión? ¿Y los partidos políticos que los nombraron? ¿Y los sindicatos y empresarios que también se sentaron en sus consejos de administración?

Supongamos que el ex vicepresidente Alfonso Guerra abandonase el PSOE. Supongamos que escribiese una durísima carta en la que culpase directamente a Zapatero de su salida. Supongamos que, a los pocos días, montase un nuevo partido –llamémosle “Foro Andalucía”– para presentarse a las autonómicas de su tierra. Supongamos que registrase también otras siglas de ámbito nacional y enseñase la patita sobre la posibilidad de dar batalla después en las elecciones generales con algún otro díscolo de su antigua casa.

Supongamos que decenas de cargos públicos y militantes socialistas abandonasen el PSOE andaluz para apuntarse al nuevo partido. Supongamos que, a pesar de la dura escisión, el vicepresidente de otra autonomía gobernada por el PSOE elogiase a Guerra diciendo que su salida “nunca debería haberse producido” porque es “mala para el PSOE, para Andalucía y para toda España”. Supongamos que un presidente autonómico del PSOE culpase a la actual dirección socialista del desaire de Guerra diciendo que “algo se ha hecho mal” porque era “un referente para el partido”. Supongamos que varios diarios progresistas animasen desde sus páginas de opinión a Guerra para que se presente a las generales. Supongamos también que Felipe González callase, y no criticase el portazo de quien fue su todopoderoso número dos. Supongamos que el andaluz no fuese el primer cisma y que en otra comunidad autónoma –Navarra, por ejemplo– el PSOE ya se hubiese dividido en dos.

Supongamos que, poco después de esta nueva escisión, los socialistas montasen una convención por todo lo alto para presumir de su “unidad interna”. Mis dudas: ¿Qué leeríamos en algunos periódicos? ¿Qué dirían algunas tertulias de radio y televisión?

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P.D. Supongamos también que un presidente autonómico del PSOE decidiese hacer campaña a favor de Guerra porque “es mejor” que el candidato oficial de su partido.

Le dedico este artículo al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, fundamental impulsor de la supina estupidez de derrochar millones de euros al año para contratar traductores cuando todos los senadores hablan y entienden, como españoles, el español. Estas majaderías buenistas e innecesarias son las que van a llevar a su Gobierno al desastre electoral que se le avecina. Que hable con la calle y se entere.

Alfonso Ussia, hoy en La Razón. Los famosos pinganillos costarán entre 250.000 y 350.000 euros al año. ¡Y qué barato es mentir!

La definición no es mía. Es la que usa en privado el presidente Zapatero para referirse a ese posible pacto de Estado del Gobierno con los sindicatos, la patronal y el PP: un superacuerdo anticrisis que englobe las pensiones, la energía, los flecos de la reforma laboral…, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. El optimismo va por barrios; también era optimista Zapatero hace menos de un año, cuando fracasó el anterior intento de negociar la paz social. Pero desde entonces muchas cosas han cambiado y parece que esta vez sí hay margen para que el “Pacto de La Moncloa, dos” se haga realidad.

Para empezar, ha cambiado muchísimo la patronal. Joan Rosell no tiene ni los pufos ni tampoco la actitud perdonavidas del moroso Díaz Ferrán. Rosell lleva diciendo desde que se presentó que hace falta un acuerdo, que está dispuesto a “quemarse a lo bonzo si hace falta” con tal de pactar.

También han cambiado los sindicatos mayoritarios, aunque sus líderes sigan siendo los mismos. Tanto CCOO como UGT creen que el margen que deja la UE es estrecho: temen que, si ahora no pactan, lo que venga después será peor. ¿Resistir el embate? Ojalá. Hay bastante cabreo entre los trabajadores y parados. Pero hay muchísima más resignación.

Tampoco es el mismo Gobierno. Zapatero, el de “la crisis no la pagarán los más débiles”, se transformó en el “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste” tras la semana negra contra el euro de mayo de 2010. Estamos, además, a unos meses de unas elecciones autonómicas y municipales en las que las perspectivas para el PSOE no pueden ser peores.

¿Y el PP? Bien, gracias. Esperando a heredar, con muy poquitas ganas de negociar. Pero si los demás pactan, les costará encontrar excusas para seguir en el no.

Como no me gusta lo que haces, criticaré tu presupuesto. Como no les gustaba el Ministerio de Igualdad, lo enterraron con toneladas de demagogia sobre la austeridad. Como tampoco les gusta que en el Senado quede claro que España es un país plural, critican el gasto, que tachan de despilfarro. Ya tenemos un nuevo culpable de la crisis: los traductores del Senado. Que pasen al fondo junto a los funcionarios o los liberados sindicales, que seguro que habrá que hacer sitio para más gente. La misma derecha que ve como algo de lo más normal que este Estado que se define como aconfesional financie con 6.000 millones de euros anuales a la Iglesia Católica se escandaliza después porque el Senado invierta 300.000 euros al año (menos del 1% de su presupuesto) en permitir el uso de esas otras lenguas cooficiales que la Constitución también reconoce como propias. Porque el catalán es una lengua española, como el euskera, el gallego o el castellano. Por eso se debe poder usar en esa cámara que cobija la representación territorial.

España no termina en la M-30, en la circunvalación que rodea a Madrid. Y aunque a algunos les sorprenda, hay muchos españoles cuya lengua materna no es el castellano. Es cierto, todos los senadores saben hablar castellano. Es cierto, es algo simbólico. Pero la política también pasa por los símbolos, por el respeto, por la convivencia democrática, por la representación. Si se trata de ahorrar, desde luego las dictaduras salen mucho más baratas que los parlamentos. Pero 300.000 euros al año para que esos millones de españoles que hablan otras lenguas se puedan ver representados en el Senado me parece un precio muy barato que ayuda en algo fundamental: construir una España que no sea excluyente en la que haya sitio para todos.

Oceanía nunca estuvo en guerra contra Eurasia y el PP jamás apoyó la Ley Antitabaco. “Nosotros no hemos votado esa ley”, aseguró el lunes Mariano Rajoy en Radio Nacional (MP3). “Creo que nuestra posición final fue de abstención”, dijo el líder de la oposición, que cree mal. La ley se aprobó el reciente 21 de diciembre en el Congreso con el apoyo del PP. Basta con repasar la intervención en el Parlamento del diputado popular Santiago Cervera, que fue quien negoció por el PP el pacto antitabaco con el Ministerio de Sanidad, para ver que ese día el consenso fue casi total. ¿Abstención? Nanay. Algunas de las frases de Cervera: “Estamos ante el principal problema de salud pública de España”. “Estamos ante una intervención legislativa plenamente justificada”. “Estamos defendiendo la libertad del no fumador”. La ley de 2005 “se quedaba corta”. “Somos también nosotros quienes auspiciamos para la población española un futuro libre de enfermedades generadas por el tabaco”. Amén.

Aclarado este detalle, queda algo por resolver. ¿Por qué Rajoy olvida ahora la posición de su propio partido sobre la Ley Antitabaco? Tres posibles respuestas. La primera, que tal vez estemos ante un problema de desmemoria que el presidente del PP debería hacerse revisar: la votación fue hace menos de un mes y el propio Rajoy estaba presente, en su escaño. La segunda, que aunque el cuerpo de Rajoy estuvo allí, dándole al botoncito del “sí”, es posible que su mente mientras tanto viajase a mundos mejores, como el próximo partido del Madrid. Y la tercera, que tal vez Rajoy es perfectamente consciente de cuál fue la postura del PP sobre esta ley, pero ahora que algunos fumadores y hosteleros se han enfadado, siempre es más cómodo mentir, que estamos en un año electoral.

La cita es de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que firma hoy dos artículos de prensa. Uno en El País, donde defiende la ley que lleva su nombre, y otro en El Mundo, donde sugiere que al murciano Pedro Alberto Cruz tal vez lo atacaron precisamente por ser consejero de Cultura. ¿Las pruebas que demuestren tal hipótesis? Ninguna, para variar. Como dice la ministra, imaginar es el paso previo a construir la realidad.

¿Escolta para la Cultura?

Ángeles González Sinde

El pasado sábado, el consejero de Cultura de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, fue brutalmente agredido. Durante los dos días transcurridos desde entonces me he preguntado por el significado de este salvaje ataque. El consejero Cruz, con quien he tenido la fortuna de colaborar en numerosas ocasiones, es una persona proveniente del sector de la Cultura, una persona con un concepto de la Cultura abierto e integrador, buen conocedor de la riqueza intangible de los bienes y profesionales que le toca administrar. Le preocupan, por ejemplo, cuestiones como la creciente mercantilización de la Cultura y sus consecuencias en nuestras políticas. Le gusta reflexionar sobre una sociedad en la que la única legitimación es cuantificar los beneficios, optar por una actividad, por una medida, por un sector únicamente en función de sus ingresos contantes y sonantes. Del aquí y ahora. Del corto plazo, en Cultura tan engañoso.

Con el consejero Cruz he podido charlar de asuntos como la dignidad de la Cultura, de la dificultad de la gestión de lo intangible en un contexto de austeridad y crisis económica en el que para muchos hay gastos necesarios y gastos prescindibles y, por lo tanto, más complejos de defender en una Junta de Gobierno. El consejero sabe muy bien y conoce de primera mano las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores cada día, no en vano su contacto con los trabajadores de la Cultura es muy directo en el territorio que administra. Él mismo es autor. Me pregunto si tiene alguna relación este hecho, el hecho de que él sea precisamente consejero de Cultura y no de otro departamento, en las motivaciones de sus atacantes.

No me gustaría vivir en un país en el que la gente que trabaja por la Cultura tiene que llevar escolta. Ya me parece suficientemente grave que numerosos cargos públicos (y ex cargos públicos, el cese del riesgo no es automático con el cese en el cargo, a veces es de por vida), además de periodistas, escritores y otros ciudadanos particulares, tengamos que llevar protección policial. Imagino un día no muy lejano en que todas estas medidas sean innecesarias y los ministros podamos usar, como mis colegas suecos, el transporte público para llegar al Ministerio.
Imaginar es el paso previo a construir una realidad. Esa realidad creo que para todos los que hemos colaborado, y vamos a seguir compartiendo quehaceres con Pedro Alberto Cruz, es la realidad deseable y por la que trabajamos: la de un país sin agresiones en razón de las ideas por muy distintas que sean de las nuestras.