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Con esa capacidad tan especial que tiene el Gobierno para contar mal las cosas, en los últimos tres días hemos escuchado todo tipo de porcentajes contradictorios para explicar cuánto petróleo nos ahorraremos con la bajada de velocidad máxima en las carreteras españolas. Por aclarar mis dudas, y seguro que las vuestras, he hablado directamente con el jefe de los técnicos que han hecho los números, con Juan Antonio Alonso, el director de Ahorro y Eficiencia energética del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Ésta es su explicación.

Según las estadísticas del IDAE, el consumo medio de un coche de gasolina en España cuando circula a 120 km/h es de 8,58 litros cada cien kilómetros. A 110 km/h, el consumo baja a los 7,64 litros. El ahorro entre una velocidad y otra es de 0,94 litros por cada cien kilómetros, un 11%,

En cuanto al diesel, el consumo medio de un coche de gasóleo en España es de 6,09 litros a 120 km/h. A 110 km/h, el consumo baja a 5,42 litros. El ahorro es de 0,67 litros, otro 11%.

Como es obvio, no se puede extrapolar sin más este 11% de ahorro a la factura de combustibles porque los coches no circulan sólo por carretera (aunque es ahí dónde se realiza el mayor número de kilómetros). Pero el método que ha usado el IDAE para calcular cuánto se ahorraría no se basa en extrapolaciones, sino en mediciones. No se han chupado el dedo y lo han levantado al aire para ver de dónde venía el viento.

El número de coches que circula por las autovías y autopistas españolas no es un dato a imaginar: está medido a través de contadores (esos cables negros que muchas veces cruzamos por carretera). Sobre esa cifra, el IDAE ha hecho un calculo conservador, estimando que sólo el 20% del total de kilómetros que suman todos los coches se ruedan a 120 km/h (la mayor parte del tiempo se circula más despacio, o más deprisa). Es el único parámetro en su estudio que es una estimación, y no una medición –es un porcentaje muy difícil de medir–. Ponderando estos datos, según las cuentas del IDAE, el ahorro total en combustible es de 2.434 kteps (miles de toneladas) de petróleo, o casi 18 millones de barriles.

Los 2.434 kteps suponen alrededor del 8% del total de combustible para vehículos de carretera que consumimos al año en España, que alcanza los 30.000 kteps. Sin embargo, las importaciones de crudo son mucho mayores que esa cifra -el petróleo no sólo se usa para gasolina o gasoleo A–. En total, España gastó en 2009 (es la última cifra oficial) 67.183 kteps. Si esa cifra se mantiene y los cálculos del IDAE se cumplen, los 110 km/h, supondrían un 3,6% del consumo de petróleo español. ¿Es poco o mucho? En porcentaje, no parece gran cosa. Pero al precio al que está el crudo, 2.434 kteps son unos 1.400 millones de euros al año. Y si el petróleo sigue subiendo, será muchísimo más.

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Otro dato más. Muchos repiten -el último ha sido Cayo Lara– que esta medida es sólo para recaudar más por las multas. Está muy bien como tesis conspirativa, pero las cuentas no salen. Alrededor de la mitad de lo que pagamos por cada litro de combustible son impuestos. Si la rebaja en la velocidad ahorra a España 1.400 millones de euros en petróleo, el Estado dejará de cobrar una cifra similar en impuestos (un dinero que, por otra parte, irá en gran medida a consumo privado). Las multas de la DGT, mientras tanto, suman poco más de 400 millones de euros al año. Es decir, que ni siquiera si las multas se triplican, el nuevo límite de velocidad saldría rentable para la Administración desde un punto de vista recaudatorio.

Sé que es un tema impopular. Para mucha gente, la velocidad es una droga más sagrada que cualquier religión, el coche es un apéndice sexual que nadie puede atreverse a recortar y adelantar a todo gas es una metáfora del éxito social. Pero creo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, a pesar de las críticas y del coste electoral. Reducir la velocidad máxima es de las pocas medidas eficaces para rebajar de forma inmediata la factura del petróleo, cada vez más desbocada. Es muy poco tiempo lo que se pierde en cada viaje, pero supone muchísimo dinero: según los cálculos del Gobierno, alrededor de 1.400 millones de euros al año; es un pastón, aunque se quede en la mitad. No es un problema de ahorro familiar sino de economía nacional y se resume en dos palabras: déficit comercial. Es la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos. El año pasado, alcanzó los 52.283 millones, el 4,9% del PIB. De esa factura, dos tercios son energía. Además de menos muertos y menos polución, bajar la velocidad implica cambiar petróleo por tiempo de desplazamiento; sale rentable porque en España tenemos tiempo, pero petróleo no.

Es verdad que el barril de crudo estuvo más caro hace dos años, pero entonces el euro estaba también más fuerte frente al dólar. Hoy ya no es así, y las subidas en los carburantes no parece que vayan a parar. Se puede criticar al Gobierno por no tomar más medidas o por no haber empezado antes, pero no porque al fin se decida a actuar. Reducir la velocidad en las carreteras para gastar menos no es una ocurrencia: ya se probó con éxito en varios países (como España) durante la primera crisis del petróleo, en los 70. Lo inventó Richard Nixon, que rebajó la velocidad máxima a 90 km/h en EEUU: ese país “soviético”, según las críticas populistas del PP.

Un vídeo de hace unos años, por si el PP necesita más argumentario con lo de los 110 kilómetros hora.

Estoy haciendo varias pruebas para configurar los botones de “me gusta” de Facebook. Por una extraña razón, que aún desconozco, el botón suma todos los “me gusta” del blog, en lugar de repartirse por cada post, como pretendo. Si alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo en Word Press 3.1, que avise. Siento las molestias si veis cosas raras en el blog durante el proceso.

Actualización 16:52. . Creo que ya está arreglado. Mi problema estaba en una mala configuración de los Meta de Open Graph en las cabeceras del blog. En las entradas viejas ya no tiene arreglo, pero a partir de ahora parece que funcionará correctamente. Por si alguien le pasa igual, a mí me valió bastante bien esta explicación.

Era evidente y ahora también es oficial: Francisco Camps será el candidato, digan lo que digan los jueces, diga lo que diga Rajoy. El líder del PP intentó apretar las tuercas al imputado mejor vestido de toda Valencia para forzar su dimisión, pero Camps aguantó el pulso y ganó. Ahora que se demuestra otra vez que los problemas no se arreglan solos, por muchos puros que se fume Rajoy, el candidato del PP a las generales de 2012 queda cosido a un político que probablemente arrasará en las elecciones, pero al que las urnas no absolverán.

Dentro de unos meses, cuando Rajoy esté ya en su precampaña, la Gürtel valenciana volverá. Será probablemente en otoño cuando Camps se siente en el banquillo, y en ese momento su responsabilidad política caerá sobre quien permitió que siguiese en política: sobre el candidato Rajoy. El juicio dejará aún más claro que Camps mintió a Génova, mintió a los ciudadanos y mintió al juez que le interrogó. El president valenciano primero dijo que no conocía de nada a el Bigotes y después supimos que era “su amiguito del alma” al que quería “un huevo”. También aseguró que se pagaba sus trajes y ahora mismo su defensa admite que no fue así. En el PP muchos defienden que su salida pasa por pagar la multa que pide la Fiscalía, lo que sería tanto como admitir completamente su culpabilidad.

Pero que Camps mienta y que Rajoy se haga corresponsable de sus mentiras al permitir que sea el candidato del PP por Valencia no es siquiera lo más grave. Por mucho que Federico Trillo intente alargar el proceso con constantes recursos, sobre el PP valenciano pende un casi inevitable proceso por financiación ilegal. La Gürtel se llevó 8,69 millones de euros de los valencianos. Al precio que viste Camps, son sólo 7.500 trajes; un asuntillo menor.

Habla Juan Carlos de Borbón: “Se conoce toda la verdad y si no se la inventan por ahí”. Sin ánimo de entrar en conspiranoias, a mí me siguen quedando al menos siete preguntas sobre lo que pasó después con los golpistas.

1. ¿Por qué únicamente se juzgó a 33 personas por el 23-F, cuando sólo en el asalto del Congreso participaron más de cien militares, entre soldados y guardias civiles? ¿Por qué se aceptó el acuerdo de rendición de los golpistas –el llamado “pacto del capó”– a pesar de que no tenía validez legal alguna?

2. ¿Por qué ni siquiera fueron procesados varios oficiales del Ejercito que también asaltaron el Congreso?

3. ¿Por qué el Gobierno de Felipe aplicó después todo tipo de beneficios penitenciarios?

4. ¿Por qué en 1987, a los seis años, sólo quedaban entre rejas cuatro golpistas?

5. ¿Por qué el Gobierno indultó al general Alfonso Armada en 1988, cuando sólo había cumplido una cuarta parte de su condena? Su abogado argumentó que padecía “una enfermedad grave e incurable” y ahí lo tienen, con su mala salud de hierro. Ayer dijo que está “satisfecho” de lo que hizo.

6. ¿Por qué la Fiscalía no se opuso a la excarcelación de Jaime Milans del Bosch y Ussia en 1990, cuando sólo había cumplido un tercio de su condena, a pesar de su nulo arrepentimiento? “Volvería a hacer lo mismo. La situación de España era y sigue siendo más grave que la de 1936”, aseguró en una entrevista a Interviú, en 1985.

7. ¿Por qué los golpistas que fueron expulsados del Ejército y la Guardia Civil (menos de la mitad de los condenados, la mayoría se reincorporó) siguieron cobrando el 80% de su sueldo base en concepto de “derechos pasivos”? ¿Por qué Tejero todavía hoy cobra ese salario?

Tres noticias sobre un mismo debate, las tres de ayer. La primera, en la Federación Española de Municipios y Provincias: su Ejecutiva aprobó por unanimidad pedir al Gobierno que cambie la ley para que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda de la hipoteca. La segunda, en el Congreso: PSOE y PP rechazaron una propuesta de IU-ICV en este mismo sentido. La tercera, tal vez la más importante: un juez de Sabadell elevó al Tribunal Constitucional sus dudas sobre el modelo hipotecario español por considerar que las leyes que hoy regulan los desahucios vulneran tanto la tutela judicial efectiva de los ciudadanos embargados como el “derecho a una vivienda digna”, que reconoce la Constitución en su artículo 47.

El Constitucional tendrá que pronunciarse y será bonito de ver. Parece que habrá debate. Hace unos días, la asociación Jueces para la Democracia se sumó a las voces que piden que la entrega de la casa acabe con la hipoteca, como sucede en otros países. Sin embargo, este aspecto no es el único sangrante de una normativa pensada para que la banca siempre gane. El abuso más clamoroso, como siempre, está en la letra pequeña. En caso de que un ciudadano no pueda pagar la hipoteca, el banco subasta la vivienda y el precio de salida es el 50% del valor que se fijó en la escritura. Si nadie puja –algo que hoy es lo más habitual– el banco se queda la casa por el precio de salida: por la mitad del valor escriturado (una cantidad que, en el país donde circulan más billetes de 500 de toda Europa, muchas veces está por debajo del precio pagado). El banco descuenta esa cantidad de la deuda y el resto queda pendiente de pago: el ciudadano no sólo pierde su casa, sino que queda arruinado de por vida. ¿Es esto Justicia? No, no lo es. Y ojalá el Constitucional piense lo mismo.

Saif Gadafi, aspirante a príncipe de Gales de la república hereditaria de Libia, estudió en la London School of Economics. El título de su tesis doctoral es un terrible sarcasmo: “El papel de la sociedad civil en la democratización de las instituciones de gobernanza global, del poder blando a la toma colectiva de decisiones”. ¿Y cuál es el papel, según Saif, de esa sociedad civil libia que clama por la democracia? Sin saber su teoría, está clara la práctica: el papel de víctima. Los Gadafi han sacado su propia lección de las revoluciones de Egipto y Túnez: Mubarak y Ben Ali se pasaron de blandos. El tirano y su chaval han elevado la represión a su potencia: no sólo sacan los tanques a la calle; también la artillería, los helicópteros e incluso los cazabombarderos.

Mientras cierro esta columna, no está claro si los Gadafi huirán de Libia o si, por desgracia, lograrán permanecer en el poder tras el baño de sangre. No sé qué futuro espera al dictador, pero sí conozco su pasado: el de un despótico tirano que en la última década pasó del ostracismo y la repulsa a convertirse en otro amigo más de Occidente, con alfombra roja en Francia, Italia o España. Su rehabilitación fue uno de los milagros de la “guerra contra el terror”, tras el 11-S. Fue precisamente Aznar el primer mandatario occidental que visitó Trípoli tras la retirada de las sanciones por parte de la ONU, en septiembre de 2003. En la delegación española, cómo no, viajaba también Repsol. Libia es una dictadura, sí; pero tiene petróleo. Gracias a ese gran hecho diferencial, Zapatero mantuvo después esa misma relación privilegiada.

Mi gran duda es la de siempre: ¿son los intereses de las grandes empresas españolas los intereses de los españoles? ¿Sí? ¿Siempre y bajo cualquier circunstancia? Y la sociedad civil española, ¿qué dice de todo esto?