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“España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio”. La provocadora definición no es mía, es de Roberto Mangabeira Unger, exministro de Asuntos Estratégicos de Brasil con Lula, que pasó por Madrid hace unas semanas. Unger no es ningún revolucionario antisistema. Es catedrático en la facultad de leyes de Harvard –llegó a ese cargo con 29 años, el más joven de la historia de esta universidad– y entre sus exalumnos se cuenta el propio Barack Obama. En su opinión, cuesta encontrar otro país en el mundo –“tal vez Corea”– donde esta comunión entre el poder político y el económico sea mayor; donde se confundan de forma tan evidente los intereses de la élite empresarial con los intereses de todos los ciudadanos.

Unger me contó un ejemplo para apuntalar su teoría: una llamada del rey Juan Carlos a Lula, de viaje en el avión presidencial, para interceder en favor de una de las multinacionales españolas en Brasil. Yo le di otros dos: la ley hipotecaria española y el discreto interés de la mayoría de los medios de comunicación ante la condena judicial al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz; una noticia que apareció en la portada del Financial Times de Londres, pero que pasó de puntillas por la prensa de Madrid.

No he vuelto a hablar con Unger, pero me imagino su opinión sobre la reciente reunión entre el presidente Zapatero y los grandísimos empresarios. Yo creo que es todo un paso: el verdadero poder español se exhibe en ceremonia pública y opina abiertamente sobre política, no sólo sobre su economía. La tercera cámara del país junto al Congreso y el Senado –la Cámara de los Lores– al fin se muestra a las claras.

“¿Debería ser juzgado Zapatero por colaboración con ETA?”. La duda nada inocente la plantea en su twitter el exportavoz del expresidente José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, que sólo grita un poquito más dentro del estruendoso coro de la derecha española. La republicación de las actas que levantó ETA de la última negociación (ya se conocía gran parte desde hace un año) ha enfangado aún más el debate político. Hay dudas sobre la veracidad de lo que en ellas aparece: es la versión de ETA. Pero incluso si fuese cierto lo que cuentan esos documentos, no hay razón para un escándalo que sólo renace para intentar descabalgar al vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de la carrera por la sucesión de Zapatero.

Las actas prueban dos cosas. La primera: que el Gobierno tuvo contactos con ETA antes de que se declarase la tregua y también que hubo reuniones después del atentado de la T4. De ser así, cumplió con su obligación: intentar acabar con la última banda terrorista separatista que queda viva en Europa (y para eso siempre ha hecho falta la política). La segunda: que si de algo pecó el Gobierno socialista durante esa negociación, no fue de blando sino de duro. Zapatero apenas se movió: ni derogó la ley de partidos para legalizar a Batasuna ni dejó de detener a etarras ni acercó a ningún preso a Euskadi ni mucho menos entregó Navarra. Y eso que había precedentes: durante la penúltima negociación, la de Aznar con esa ETA a la que calificó como “Movimiento de Liberación Nacional Vasco” en 1999, el Gobierno excarceló a 180 etarras, 135 presos más fueron acercados a Euskadi, disminuyeron las detenciones y se invitó a volver a 304 prófugos. Uno de esos etarras liberados por el Gobierno de Aznar durante aquella negociación, Iñaki Bilbao, volvió a matar: asesinó poco después al concejal socialista Juan Priede. Y a nadie se le ocurrió acusar a Aznar de colaborar con ETA.

Dice el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que “es necesario plantear que los ciudadanos tengan que asumir parte de los costes” de la Sanidad y la Educación porque el gasto “es insostenible”. Su enfoque tiene una trampa evidente: el cien por cien de los costes de estos servicios –el total, no “parte”– ya lo pagamos los ciudadanos con los impuestos; no sale del bolsillo de Valcárcel. De lo que realmente hablan quienes plantean el copago para estos servicios públicos es de cómo se reparte la factura entre los ciudadanos, no de quién la paga.

En el modelo actual, hoy asediado, el Estado garantiza los derechos constitucionales a la Educación y la Sanidad y financia su coste con el dinero de todos. A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad: no paga más quien más enferma sino quien más dinero gana porque así se garantiza que todos puedan disfrutar de estos derechos, sin importar su renta. Los defensores del copago argumentan que, cobrando una cantidad simbólica por estos servicios, se reduciría su demanda porque la gente no abusaría de ellos. Tal vez sea así en la Sanidad, aunque no creo que compense: pocos van al médico por gusto, ese pago simbólico –por pequeño que sea– no supondrá lo mismo para todos y nos arriesgamos a que algunos enfermos mueran por ahorrar tres pesetas. Sin embargo, ¿quién “abusa” de la Educación? ¿Qué clase de copago reduciría la demanda en los colegios sin provocar graves problemas de exclusión social? Si el gasto en Sanidad y Educación es verdaderamente “insostenible”, convendría mejorar su gestión y tal vez replantearse los ingresos: los impuestos. Pero la solución no debe pasar por cargar más la factura a los que menos tienen.

No tengo claro cuál de los dos pecados es más bochornoso. La avaricia: ese vídeo donde se ve cómo el eurodiputado del PP Pablo Zalba se deja querer por unos periodistas ingleses que se hacen pasar por un lobby y que le ofrecen un soborno a cambio de enmendar una ley al dictado –enmienda que el eurodiputado firma–. O la soberbia: esas excusas con las que Zalba intenta disculpar un comportamiento que en cualquier otro país con algo más de cultura política obligaría a una dimisión irrechazable. Dice el eurodiputado que “pecó de ingenuidad”, que “la periodista era muy guapa”, que se reunió tres veces con ellos porque es “muy educado”, que no ha “hecho nada malo”, que los periodistas no han tenido “ética” y también que no cobró. Lo último es cierto, aunque no basta como disculpa. En el vídeo, se ve cómo Zalba condiciona el puesto de “consultor” que le ofrecen –100.000 euros al año por sus favores– hasta ver si va en las listas del PP para las municipales: no contesta con un no rotundo, sino con un no condicionado; también presenta la enmienda y se vuelve a reunir con ellos. Desde luego, no es la respuesta que cabe esperar de un político ante una oferta de soborno tan evidente.

Al eurodiputado popular le ha cazado The Sunday Times, una publicación de Rupert Murdoch, que está en plena campaña euroescéptica. En el Parlamento Europeo hay 736 eurodiputados. De entre ellos, los periodistas camuflados intentaron reunirse con sesenta. De los sesenta, catorce aceptaron esas reuniones. Y de los catorce, cuatro cambiaron la ley al dictado (cuatro de sesenta: el 6%). Dos de estos eurodiputados han dimitido y el tercero ha sido expulsado de su grupo por no querer irse a su casa. El cuarto es Pablo Zalba. Al cierre de esta edición, el PP aún lo respaldaba.

Un eurodiputado del PP enmendó una ley a petición de un falso lobby // Es la segunda parte de una investigación del Sunday Times que ha involucrado a otros tres eurodiputados: hasta 100.000 euros a cambio de venderse a intereses comerciales.

Tenemos en España un sistema tricameral: el Congreso, el Senado y ahora también la Cámara de los Lores. ¿Quién les ha votado? ¿Dónde reside su soberanía? ¿Son de verdad los intereses de los grandes empresarios los intereses de todos los españoles? ¿Soy el único al que estas reuniones le parecen algo obscenas?

Juan Carlos Escudier

Quienes por convencimiento propio -los menos- o por salvar la cara de nuestro más famoso estadista con bigote -los más- apoyaron la invasión de Irak se han empeñado ahora en equiparar esa tropelía con la intervención militar en Libia, como si con ello pudieran redimirse o, alternativamente, revelar la supuesta hipocresía de Zapatero y de aquellos que entonces se opusieron a esa guerra ilegal e inmoral y hoy defienden el empleo de la fuerza contra Gadafi. Nada hay de parecido entre ambas acciones y la comparación es tan absurda como las que acostumbraba a hacer la concejala Ana Botella con peras y manzanas.

Sirva como primera constatación que en Irak fueron Estados Unidos y sus aliados, entre ellos la España de Aznar, los que iniciaron una guerra en la que han muerto decenas de miles de víctimas inocentes, mientras que en Libia la guerra ya existía, y lo que hace justificable la intervención es precisamente tratar de impedir que el dictador libio pase a degüello a la población civil que simpatiza con los rebeldes. No se actúa con la coartada de una mentira burda, como era la ficticia existencia de armas de destrucción masiva, sino bajo el paraguas de la legalidad internacional y al amparo de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En definitiva, una actuación fue ilegal y la otra no lo es.

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