Escolar.net

El grupo Gürtel de la Asamblea de Madrid abandona sus escaños. A 22 días de las elecciones, los tres diputados autonómicos imputados en la trama corrupta han descubierto que el Mediterráneo es un lindo mar de agua salada y que su presencia en el Parlamento podía ser usada como “argumento electoral” contra el PP. Por “responsabilidad”, dicen ahora, renuncian a sus actas de diputado. ¿Por responsabilidad? La semana que viene se cumplen dos años desde que fueron imputados. Desde entonces, se han aferrado al escaño porque les interesaba seguir siendo aforados: porque si salían de la Asamblea de Madrid, el caso volvía a la Audiencia Nacional, a manos del temido Garzón. Por “responsabilidad”, siguieron cobrando sus sueldos sin hacer nada; su “responsabilidad” nos ha costado 300.000 euros. Y por “responsabilidad”, imagino, han seguido votando según las directrices del PP, que les suspendió de militancia de cara a la galería, pero que les ha seguido apoyando bajo cuerda.

A falta de 22 días para que abandonen el escaño, ¿por qué lo dejan ahora? Hay dos razones. La primera: que “por responsabilidad” le hacen un favor a Esperanza Aguirre, por los servicios prestados. La segunda: que así retrasan aún más el juicio de la Gürtel. El juez Pedreira estaba a días de terminar su instrucción, cuyo cierre había anunciado para antes del 22-M. Con la dimisión de los Gürtel, el caso probablemente volverá a la Audiencia Nacional, donde Garzón ya no molesta. El nuevo juez, Pablo Ruz (el del Faisán), tendrá que leerse los 265.000 folios de la Gürtel. Con suerte (para los imputados), el juicio se retrasará lo suficiente como para que llegue después de marzo de 2012: después de esas elecciones generales que el PP cree ganadas.

Si hay algo de lo que puede presumir José Luis Rodríguez Zapatero es de haber demostrado que otra televisión pública era posible. Pocas cosas son tan evidentes para cualquier ciudadano: basta con una tele y un mando a distancia. Ni siquiera es necesario tener buena memoria y recordar aquellos tiempos en los que U.R.D.A.C.I deletreaba “ce, ce, o, o” ante las cámaras y recitaba a toda prisa una sentencia que condenaba a sus telediarios por manipulación informativa. Si vives en Madrid, como es mi caso, basta con zapear entre las noticias de La 1 y las de Telemadrid para notar la más que evidente diferencia.

Como la propaganda consiste en repetir mil veces las mentiras, el PP está en plena campaña para dinamitar una televisión que creen que pronto volverá a ser suya y sólo suya. Sólo así, desde su convicción de que este probado método funciona, se puede entender que el PP en general, y María Dolores de Cospedal en concreto, intente convencer a los españoles de que a las doce del mediodía es noche cerrada: de que la actual RTVE “no es imparcial” y manipula.

Su propósito es evidente: sólo si destruyen la imagen de la mejor RTVE de la historia podrán después, cuando gobiernen de nuevo, volver a convertir a este medio de comunicación público en su altavoz para la propaganda, como ya hacen en todas las autonomías y ayuntamientos donde mandan. Sólo así podrán justificar, cuando gobiernen si es que ganan las próximas elecciones, que a Fran Llorente, Ana Pastor o Pepa Bueno les sustituyan Carlos Dávila, Fernando Sánchez Dragó o Alfredo Urdaci, por citar a tres de los periodistas “independientes” con los que el PP llenó la antena cuando la televisión pública, la de todos, era su cortijo privado.

Así de burda puede llegar a ser la manipulación. La imagen sale de una captura de pantalla de la web del Partido Popular que acabo de tomar, los subrayados en rojo son míos. Arriba: un tweet del PP negando que en su web esté colgado el comunicado del sindicato de RTVE USO, del que habla Ana Pastor en su blog. Y dos centímetros más abajo: el enlace a ese mismo comunicado, bajo el epígrafe “hoy es noticia” en la misma portada de la web del PP.

Presume Esperanza Aguirre de que su lista está blanca y no como la de otros, y no quiere señalar, que llevan imputados de la Gürtel. “Cuando un juez sospecha que un político ha utilizado su cargo para su proyecto personal, existen responsabilidades políticas que hay que sustanciar…”, dice Aguirre, y hasta aquí estamos de acuerdo. Pero la frase sigue: “… y así lo hemos hecho en el PP de Madrid y esta lista es una prueba de ello”.

La lista. Con el número uno, Esperanza Aguirre: expresidenta de Fundescam, una opaca fundación del PP de Madrid que recogía “donativos” de empresarios amigos y contra la que facturaba la trama Gürtel los gastos de su campaña electoral. Presidenta de un Gobierno que tiene a su exdirector de seguridad y a unos cuantos cargos más imputados por espiar a sus rivales políticos; un escándalo que en ese país tan serio que Esperanza tanto admira, Estados Unidos, le costó la dimisión a un presidente (aquello se llamó Watergate y este otro caso, en palabras de uno de los espiados, se llama “la gestapillo”). Presidenta de un partido, el PP de Madrid, que puede presumir del mayor número de imputados en la trama Gürtel entre alcaldes, concejales, diputados autonómicos y hasta un consejero del Gobierno de Madrid al que Esperanza nombró personalmente. Presidenta de una administración que contrató a dedo, fraccionando los contratos públicos, varios millones de euros con la trama Gürtel.

Y sí: tiene mucho mérito que la número uno del partido y el Gobierno más salpicado por la corrupción de Gürtel, Fundescam y “la gestapillo” dé lecciones de pureza política. También se confunde en otra cosa: no es la mismo la responsabilidad penal que la responsabilidad política. La penal es para el que robó. La política, para quien los nombró y no vigiló mientras nos robaban.

———

Chanante: Aguirre reconoce que hay imputados en sus listas pero que es “por tonterías”.

El que fuera portavoz de Aznar en Castilla y León y también en su primera legislatura en La Moncloa (la moderada) ha sido condenado a pagar 30.000 euros al doctor Luis Montes del Severo Ochoa de Leganés por llamarle “nazi” por la tele. Miguel Ángel Rodríguez (MAR) argumentó en su defensa ante el juez que lo hizo por “calentar el ambiente”, por darle “un coscorrón” al doctor y porque llamar nazi a Montes “no es un insulto, es una descripción”. “El espectador ya sabe lo que va ver. No estaba en el auditorio Miguel de Unamuno de Salamanca”, explicó en su declaración el ahora condenado, al que la sentencia no le ha quitado las ganas de seguir con sus injurias; debe de parecerle barato.

A falta de un auditorio mejor –no, Salamanca no se lo ha prestado–, Miguel Ángel Rodríguez ha usado un diario digital de audiencia casi inexistente del que es editor y que patrocina el Canal de Isabel II, una empresa pública de Esperanza Aguirre. Desde su blog, MAR califica al doctor Montes, que fue exonerado de todas sus acusaciones, como “presunto culpable”. También habla de “un juicio político de atrezzo”.

MAR debe de saber lo que dice cuando se queja de persecuciones políticas. En sus tiempos como portavoz de Aznar en Castilla y León, se elaboraban listas negras de periodistas, según sus afinidades políticas. Y como portavoz de Aznar en Madrid, saltó a la fama por sus amenazas al difunto Antonio Asensio, presidente de Zeta, al que se le ocurrió desobedecer a Aznar en sus guerras mediáticas. “Dile a tu jefe que terminará en la carcel como Mario Conde, que vamos a ir a por él’, le dijo por teléfono a José Oneto, entonces director de Informativos de Antena 3. “Como eres amigo, te llamaré para avisarte cinco minutos antes de que metamos en la cárcel al hijo de puta para el que trabajas”. Era la voz de Aznar, y mucho antes de esta sentencia ya se notaba.

Dice Jaime Mayor Oreja que “la fuga del etarra Troitiño no es casual cuando hay una negociación con ETA”. Es una calumnia más, otra de tantas, de un exministro que cada tanto acusa sin pruebas al PSOE de ser un “aliado potencial de ETA” y al presidente del Gobierno de ser “cómplice de ETA”. No se acaba de entender por qué Oreja, el último hombre honesto del planeta, no presenta su dimisión como portavoz en Europa del PP: un partido que es aliado del “aliado potencial de ETA” en el Gobierno del País Vasco. Pero tampoco vamos a pedirle coherencia a una conspiranoia como la que plantea Oreja, donde hasta los tres jueces conservadores de la Audiencia Nacional que firmaron la libertad de Troitiño deben de ser también cómplices de ETA. Ya que los hechos no dan mucho más de sí, y ciertas injurias se califican solas, quedémonos mejor con las casualidades.

No es casual que Mariano Rajoy no desautorice a un señor que acusa al partido de Fernando Buesa, de Ernest Lluch, de Fernando Múgica o de Isaías Carrasco de complicidad con quienes los asesinaron. No es casual que Rajoy practique silbo gomero y disimule cada vez que Oreja dice una de estas barbaridades (“ahora no, por favor”, respondió la ultima vez desde Canarias). No es tampoco casualidad que el PP en este tema, como en tantos otros, intente dar al mismo tiempo dos mensajes: uno de centro derecha y otro de ultraderecha. No es nada casual que todas estas injurias se viertan contra el ministro del Interior que ha descabezado la cúpula terrorista más veces que ningún otro de la historia, y que podría ser el cabeza de cartel del PSOE en 2012. No es nada casual, en fin, que todo esto suceda cuando está tan cerca el fin de ETA.

Con esa reconocida capacidad que tiene el PP para el reciclaje, su coordinador de Justicia, Federico Trillo, ha aprovechado el escándalo Troitiño para atizar a dos queridos amigos de la casa: al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y al juez Javier Gómez Bermúdez. Todo vale para esta oposición irresponsable, hasta la lucha contra ETA. Todo se aprovecha para hacer política populista, a pesar de ese pacto antiterrorista que el PP incumple por sistema (no vaya a ser que el PSOE se lleve el mérito del final definitivo de ETA).

Trillo culpa a Rubalcaba de no poner al etarra Troitiño bajo seguimiento policial cuando fue puesto en libertad por la Audiencia. Pero el coordinador de Justicia del PP olvida que tal cosa habría sido un delito: la Policía no puede vigilar a un ciudadano libre, como dijo hace unos años, con razón, el propio Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno, cuando se fugó Josu Ternera.

En cuanto al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, el PP le quiere responsabilizar de la fuga de Troitiño. Trillo pide al CGPJ una investigación contra Gómez Bermúdez y contra los fiscales de la Audiencia, y olvida que fue el juez conservador Alfonso Guevara quien firmó la excarcelación del etarra Troitiño sin encomendarse a nadie –sin comunicárselo previamente a la Fiscalía–. También fue Guevara quien rectificó esa misma orden en menos de una semana, precisamente por las gestiones del presidente de la Sala de lo Penal para acelerar los plazos.

El olvidadizo Federico Trillo, sin embargo, tiene memoria para otras cosas. Trillo parece recordar muy bien dos sentencias de Gómez Bermúdez que en el PP gustaron poco: la del 11-M y la del Yak-42.

Señor presidente de un país que se define como aconfesional (ja, ja). Ya que la calle es de todo dios, salvo de los ateos, recurro a esta carta para reivindicar públicamente mis derechos. Su delegada del Gobierno en Madrid ha decidido prohibir la manifestación atea convocada para hoy (“jueves santo”, según el calendario laboral “aconfesional”). Entre las melindrosas razones esgrimidas por su Gobierno para cercenar este derecho constitucional destacan “la necesaria protección de la imagen turística de Madrid” o que “la manifestación discurre por una zona donde se encuentran múltiples parroquias”. Con estos dos argumentos en la mano, parece que la única manera de poder manifestarse contra los privilegios católicos pasa por escoger un lugar de nulo interés turístico y sin iglesias cerca: tal vez la urbanización del Pocero en Seseña, que si se hace por el campo alguien diría que es una romería y volverían a acusar a los convocantes de “genocidio” o de “blasfemia”.

Señor Rodríguez Zapatero, ¿por qué nuestra democracia no hace valer la letra firmada con la teocracia vaticana? Le recuerdo el punto 5 del artículo 2 del acuerdo económico del preconstitucional Concordato: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Han pasado 32 años desde que la Iglesia prometió autofinanciarse, y el Estado aún entrega a los obispos cada año más de 6.000 millones de euros del dinero de todos. Apenas un 5% de este enorme presupuesto sale de la “encuesta” del IRPF, una casilla que sólo marca un tercio de los contribuyentes españoles. Señor presidente, ¿a qué espera para anular un Concordato que sólo cumple España y no Roma?

Antes de felicitarse por la lógica sentencia del Tribunal Constitucional, que acaba de fallar a favor de una profesora de religión que fue despedida por no vivir bajo los criterios morales de la Iglesia Católica, conviene preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí. Los hechos probados: Resurrección Galera se quedó sin trabajo hace diez años porque el Obispado de Almería decidió no renovar su contrato. ¿El motivo? El Obispado nunca lo ocultó: “Nos han llegado afirmaciones de que estás viviendo con un señor casado. Es una situación insostenible”, le dijeron. El “señor casado” era, en realidad, un “señor divorciado”. Poco cambia la cosa –como si fuese una señora, o dos–, y sólo resalto el dato para subrayar la hipocresía de unos obispos que no tienen problema alguno en casar a una señora divorciada en la Catedral de la Almudena si el novio va a ser rey de España, pero que se permiten el privilegio de meterse en la vida privada de una trabajadora cuyo salario, además, no pagan ellos.

Porque el verdadero problema es éste: ¿cómo es posible que en este país la Iglesia tenga el derecho a contratar y despedir arbitrariamente a unos profesores cuyo sueldo paga el Estado? Sí: el Estado. Ese dinero ni siquiera se camufla en esta ocasión bajo el paripé de la casilla del IRPF (que no supone, como en Alemania, que el contribuyente creyente pague un pequeño impuesto extra, como sería lógico). Los profesores de religión nos cuestan al año unos 600 millones de euros. Son puestos de trabajo públicos que se cubren a dedo, según ordene el señor obispo, que no sólo es el dueño de su jornada laboral, sino también de su tiempo libre. ¿Es compatible este sistema medieval con una España “aconfesional” en pleno siglo XXI?