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Una pancarta vista en las manifestaciones contra los recortes educativos: “Recuerda Londres: un profesor menos hoy son cuatro policías más en el futuro”. Por eso es tan importante defender la educación pública y gratuita; no sólo depende de ella el progreso económico, también la igualdad de oportunidades y la cohesión social. No se construye una educación mejor con barracones de campo de concentración a modo de colegios, con clases masificadas y con insultos a esos mismos profesores a los que se quería dar una tarima para “reforzar su autoridad”, como decía esa misma Esperanza Aguirre que ahora los retrata como unos holgazanes que no quieren trabajar dos horas más a la semana. Un par de dudas: ¿todos esos tertulianos que conscientemente confunden jornada laboral con horario lectivo trabajan sólo el ratito que salen en la tele o se preparan antes sus intervenciones? ¿Todos esos políticos que manipulan ese dato consideran que su trabajo es sólo el tiempo que están sentados en el escaño?

Al PP la estrategia le ha salido rana. Quisieron convertir a los profesores en los nuevos controladores aéreos, pero se han encontrado en la calle con una protesta que no se esperaban; hasta los maestros de derechas están indignados. Aguirre quiere ahorrarse 80 millones de euros despidiendo a profesores interinos, pero ha aprobado subvenciones fiscales de 90 millones de euros para la escuela privada. También sobra dinero para la propaganda (620 millones de euros en publicidad institucional del Gobierno de Aguirre desde 2008) o para rechazar Patrimonio (500 millones anuales en Madrid), pero hay que empezar a cuestionarse la enseñanza gratuita. Como siempre, es una cuestión de prioridades.

“O subimos los impuestos a quienes más tienen o recortamos el gasto sanitario a los ancianos. Esto no es lucha de clases, son matemáticas”, dice Obama en otro gran discurso (me encantaría votar al tipo que los redacta). La frase es hábil porque saca el debate de lo ideológico hasta reducirlo a una simple cuestión técnica, tan indiscutible como que dos más dos son cuatro. Obama utiliza la fuerza de su rival –ese Tea Party que le retrata como un comunista peligroso– para hacerle caer al suelo. Punto para el karateca. Pero, ¿de verdad ya no hay lucha de clases?

Otra cita, ésta del multimillonario Warren Buffett: “Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esta lucha. Y vamos ganando”. Buffett también usa las matemáticas para demostrar que las grandes fortunas en EEUU pagan hoy menos porcentaje en impuestos que sus secretarias. Es un drama universal: en la mayoría de los países prósperos, según la OCDE, ha aumentado la desigualdad económica durante las últimas décadas casi a la misma velocidad con la que han menguado los impuestos para los multimillonarios.

La nueva gran depresión está aumentando aún más la desigualdad. Más matemáticas en dos ejemplos simbólicos: en EEUU ya hay más de 46 millones de pobres, la mayor cifra en medio siglo; mientras tanto, en el otro extremo de la pirámide social, Porsche logró este agosto (en el que la economía volvió al borde de la recesión) un nuevo récord histórico en ventas de sus coches de lujo.

Puede que la terminología marxista suene hoy vieja. Que toda la sociedad se considere clase media es otro éxito ideológico de la derecha. Pero ese mundo que algunos dibujan, donde no hay ni pobres ni ricos, ni tampoco diferentes intereses entre las clases sociales, es aún más irreal que la utopía comunista.

“O subimos los impuestos a quienes más tiene o recortamos el gasto sanitario a los ancianos. No podemos permitirnos las dos cosas. Esto no es lucha de clases. Son matemáticas”

Barack Obama, ayer en su discurso sobre el déficit en la Casa Blanca.

O, más bien, lo poco que se conoce de él. El candidato popular y probable presidente del Gobierno ha prometido bajar impuestos a las PYMES y a las empresas que reinviertan sus beneficios para crear empleo. También se ha comprometido a “de momento” no tocar ni el IVA ni el IRPF. Resumido: algunas rebajas fiscales, ninguna subida. ¿Recortes? Sólo “el gasto superfluo”, asegura, sin concretar mucho más. ¿De dónde saldrá entonces el dinero para cuadrar las cuentas públicas, como ordena nuestra nueva Constitución? Está por ver. Lo sabremos poco después de votar.

Aunque lo peor del programa fiscal de Mariano Rajoy no es su indefinición –lo habitual en un candidato electoral–, sino lo malas y poco originales que son sus pocas propuestas conocidas. Bajar impuestos a los empresarios que creen o mantengan empleo no es una idea nueva aún por probar: ya está en vigor desde hace tres años. En 2008, Zapatero aprobó una serie de beneficios fiscales para las empresas que mantuviesen su plantilla. Y el año pasado, en diciembre, amplió esas bonificaciones con nuevas rebajas, extensivas a todas las PYMES. ¿Los efectos de estas rebajas fiscales de Zapatero? Ha habido dos: la recaudación del impuesto de Sociedades se ha desplomado, mientras que el paro no ha parado de subir. Bajar impuestos a las empresas no genera más empleo en un país como España, donde el problema para crear nuevos puestos de trabajo es el parón del consumo; sólo sirve para mermar los ingresos. El año pasado, las empresas españolas pagaron de media menos del diez por ciento de sus beneficios: el 9,9%; por debajo del nominal de este impuesto en la mismísima Irlanda (12,5%), a la que la UE acusa de dumping fiscal.

Y con el nuevo Patrimonio, ¿qué hará Rajoy? De momento dice que no le gusta nada, pero no se compromete a eliminarlo si llega al poder. Es incoherente, pero al menos si mantiene el impuesto acertará.

Supongamos que hubo un chivatazo en el Faisán que alertó al dueño del bar de una inminente redada. Supongamos que los chivatos fueron los mandos policiales que están imputados. Supongamos, ya puestos, que lo hicieron para proteger a un confidente, o incluso –como acusa el PP, pese a que la operación se llevó a cabo un mes después– que fue una maniobra del Gobierno dentro del proceso de paz. Mi pregunta: unos policías que miran cada día bajo su coche por si hay una bomba de ETA, que llevan toda la vida deteniendo a etarras y que, incluso si estos supuestos se cumplen, lo que buscaban –vía confidentes o vía negociación– era el fin de ETA, ¿pueden ser condenados por colaborar con ETA?

El debate es jurídicamente muy complejo y tendrá consecuencias, más allá de la política. Si se fija el delito de colaboración con banda armada de forma muy estricta, se puede poner en peligro a los infiltrados policiales en la banda. Si se establece de forma muy laxa, quedan en entredicho algunas de las condenas por colaboración con ETA. La Audiencia Nacional estudiará los recursos de los acusados esta semana y pueden pasar tres cosas: que el Faisán siga en la Audiencia, que se archive o que pase a un tribunal en Irún (si se trata de un delito de revelación de secretos, en vez de colaboración con banda armada, la Audiencia no es el juzgado competente).

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, decidió con buen criterio llevar esta decisión al pleno: que pudiesen votar todos los jueces de la sala (son 18, aunque tres se han inhibido) en vez de sólo tres de los cinco magistrados de la Sección Segunda, elegidos por sorteo. Si Bermúdez no hubiese elevado a pleno la cuestión, la suerte del Faisán se hubiese decidido casi al azar: los cinco jueces de esta sección están muy divididos sobre el Faisán y el resultado de los recursos habría dependido de a qué tres les tocase formar el tribunal.

Es muy habitual que las decisiones jurídicamente más controvertidas vayan a pleno: ya pasó, entre otros muchos casos, con Garzón y la memoria histórica, con las torturas de Guantánamo, con el bombardeo de Israel a Gaza o con la portada de El Jueves sobre los príncipes. Pero es la primera vez que hay quien se indigna –como están hoy los más conspicuos faisaneros– porque sean 15 jueces, en vez de tres al azar, quienes repartan justicia.

Jesús María Santos

Hace 33 años una mujer y su hija se presentaron en mi casa para que las ayudara a redactar unas cartas con las que alentar, tras una tragedia sobrehumana, su única esperanza: recuperar a Miguel Ángel, el hijo y hermano menor. La madre rondaba los 55 años; su primogénita, poco más de la treintena. Parecían serenas, cautelosas y, sin embargo, firmes. No dudaron en contarme sus vivencias, sus miedos, sus expectativas.

Se habían sentado al otro lado de mi mesa de trabajo y, al cabo del preámbulo inevitable, descriptivo y aséptico, hablaron entre sollozos y rabia de todo lo ocurrido en los últimos meses. En un instante, la mujer se levantó, rodeó el tablero sobre el que tomaba notas y me agarró por el cuello de la camisa. Explicaba su encuentro con el general Galtieri. Sobrecogido por el gesto, sentí que cualquiera puede ser cómplice del horror, si calla. Desde entonces he seguido su peripecia de dignidad y solidaridad.

Esperanza había perdido a su marido, a un hijo y a su nuera en Rosario (Argentina). Una banda controlada por el ejército los había asesinado. También había perdido a su otro hijo varón, el más pequeño, aunque a éste le decían desaparecido. Los canallas, como ellas todavía los denomina, habían asaltado sus casas, todas, también la suya y la de su hija; las habían robado, vejado, golpeado y forzado al exilio del país en el que quisieron ser felices.

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Me queda la duda de saber cómo llama Arturo Fernández a ese 99,7% de la sociedad española que tiene un patrimonio inferior a 700.000 euros. ¿Lumpen?

Visto en Rinzewind