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“El Partido Popular se opondrá a cualquier subida de impuestos que proponga Zapatero porque significan más paro y más recesión”.

Mariano Rajoy, 29 de agosto de 2009.

Supongo que el matiz está en el “que proponga Zapatero”. Será que todo es distinto cuando lo manda Rajoy. El nuevo Gobierno del PP se estrena con una de las mayores subidas de impuestos de la democracia, una medida extraordinaria que el nuevo presidente ocultó a los ciudadanos durante toda la campaña electoral y que negó incluso en su debate de investidura, hace menos de dos semanas.

“Yo no voy a subir los impuestos, no.”

Mariano Rajoy, 16 de noviembre de 2011, cuatro días antes de votar.

La subida de impuestos supondrá una recaudación de unos 6.200 millones más. Dos tercios de esta cifra saldrán de las rentas del trabajo; las rentas del capital apenas aportarán 1.250 millones. El pato lo pagarán las clases medias asalariadas, que son los únicos que de verdad aparecen retratados en el IRPF. Al menos la subida es progresiva, pero la reforma escogida profundiza aún más en los problemas de nuestro injusto modelo fiscal.

“No es el momento para demagogias fiscales (…) Hay que seguir bajando impuestos para ganar recaudación y no al revés”.

Cristóbal Montoro, 29 de agosto de 2011.

España recauda pocos impuestos, nuestra presión fiscal es muy inferior a la media europea, pero el porcentaje de ingresos procedentes de la imposición al trabajo (IRPF+cotizaciones) es el sexto más alto de toda la UE (ver pag 59 de este informe de la Comisión Europea). Es más sangrante aún que el PP se oponga a la recuperación del impuesto de Patrimonio para grandes fortunas, que varias comunidades autónomas gobernadas por la derecha han renunciado a cobrar, y al tiempo penalice a esa clase media trabajadora que decían representar.

Pero no sólo hay subidas de impuestos, también hay rebajas. Vuelve una de las estrellas de la burbuja inmobiliaria: el regreso de la deducción por compra de vivienda, una de las medidas más estúpidas y contraproducentes del modelo fiscal español. Es una desgravación que sale muy cara: en 2008 llegó a costar más de 6.000 millones de euros. Es regresiva, porque beneficia más a las rentas más altas y se llega al absurdo de que el Estado subvencione, por ejemplo, mansiones de varios millones de euros si se trata de la “vivienda habitual”. Y además es injusta, porque realmente no ayuda a las familias, sino a las empresas del ladrillo: los vendedores acaban repercutiendo esa deducción en el precio final.

“El Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales: la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012″

Mariano Rajoy, 19 de diciembre de 2011, durante el discurso inicial del debate de investidura.

Ni siquiera esta medida, tan cacareada, se ha llegado a cumplir. El Gobierno ha subido las pensiones un 1% cuando la inflación es del 2,4% (último dato interanual: diciembre de 2011). Si se refiere al año 2012, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones tampoco es tal porque la previsión de inflación para España del BCE es del 2%, no del 1% (lo habitual era subirlas el 2% y después ajustar con una paga compensatoria según el cierre del IPC). Sólo las pensiones mínimas -las únicas que el Gobierno anterior tampoco congeló– reciben ahora esa paga compensatoria y se revalorizan un 2,9% adicional, en línea con el dato del IPC de noviembre de 2011.

Además, con la subida de impuestos, algunos pensionistas se pueden encontrar con que el neto de su pensión, después de la retención del IRPF, sea incluso menor que el que venían cobrando hasta hoy.

“No me parece justo hacer un recorte [a los funcionarios] sobre un anterior recorte y por tanto no lo contemplamos”

Mariano Rajoy, 16 de noviembre de 2011.

No será justo, pero los funcionarios volverán a sufrir un nuevo recorte. Su sueldo sigue congelado; el neto incluso bajará en la mayoría de los casos por el aumento de la retención del IRPF. Pierden otra vez poder adquisitivo por la inflación, y por el mismo precio tendrán que trabajar dos horas y media más a la semana. No será el único aumento en su jornada laboral: como prácticamente se paraliza la reposición de funcionarios –sólo una plaza de cada diez–, tendrán que hacer también el trabajo de los compañeros que se jubilen.

“No me voy a quejar de la herencia que reciba”

Mariano Rajoy, 9 de noviembre de 2011.

Rajoy no se ha quejado aún de la herencia recibida porque no siquiera ha comparecido para explicar este flagrante incumplimiento de sus promesas, empezando por aquella de “hablar claro” y “decir siempre la verdad”. Sí han hablado sus ministros y tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Cristóbal Montoro han responsabilizado al Gobierno anterior de que no se hayan cumplido los objetivos del déficit; un “imprevisto” que, según ellos, les ha obligado a este giro radical. Es una mentira más.

Los principales dirigentes del PP hace meses que en privado hablan de un déficit del 8% –lo conté, por ejemplo, en este artículo anterior al 20N–. Además, la principal desviación del déficit previsto no es por culpa del Gobierno central sino de las comunidades autónomas. Según los datos del propio Cristóbal Montoro, el Gobierno central incumple el objetivo del déficit sólo por tres décimas: 5,1% frente al 4,8% que había presupuestado Elena Salgado. El gran agujero sobre las previsiones está en las autonomías, gobernadas en su inmensa mayoría por el Partido Popular.

“Es un compromiso que (…) pretendo hacer bandera en mi Gobierno, si la Cámara me otorga su confianza: decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad sin adornos ni excusas, llamar al pan, pan y al vino, vino.

Mariano Rajoy, 19 de diciembre de 2011.

No diga congelar el salario mínimo, diga “mejorar la competitividad”. No diga violencia machista, diga “violencia en el entorno familiar”. No diga recesión, diga “tasa negativa de crecimiento económico”. No diga copago ni mucho menos repago: es un necesario “ticket moderador”. No diga recortes, diga “reformas”. No diga empleo precario, diga mejor “minijob”. No diga abaratar el despido, diga “flexibilizar el mercado laboral”. No los llame patronal o empresarios, llámelos “emprendedores”. No critique las rebajas fiscales a los más ricos, son “ayudas a los ahorradores”.

No hable de regalar dinero público a la banca con un banco malo, se trata de “facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras”. No cuestione un gabinete de puerta giratoria, con los lobbies en el Consejo de Ministros: alabe su preparación empresarial. No critique a un ministro de Defensa que ha pasado los últimos 16 años a los dos lados del misil –comprándolos desde la Administración o vendiéndolos desde las fábricas de armas–: elogie su “experiencia en el sector”. No recuerde a Lehman Brothers, sus directivos nunca han sido responsables de lo que pasó.

No prometa ante la Constitución, mejor jure ante la Biblia. No hable de Estado aconfesional, elogie a dios como “legislador del universo”. No lo llame matrimonio, que las peras son peras, las manzanas son manzanas y la mujer-mujer es alcaldesa de Madrid. No diga Educación para la ciudadanía, diga mejor religión. Y deje de culpar al Gobierno del paro, de la situación económica o de la lluvia, que eso es cosa del pasado: ahora es culpa de la “herencia recibida” de la “hemorragia de la deuda”, de la “coyuntura económica general” y de la “crisis internacional”.

Y de la pertinaz sequía.

Actualización, unas horas después

No lo llame subida de impuestos: es un “recargo temporal de solidaridad”

Se ha dicho del nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, que antes de jurar el cargo presidía una empresa de armamento. Es inexacto o, al menos, poco generoso con su completísimo perfil. Morenés –secretario de Estado de Defensa con Aznar– ha sido presidente en España de MBDA, uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo. Y presidente de Segur Ibérica, una empresa de seguridad privada que Defensa subcontrató para proteger a los atuneros españoles. Y presidente de Kuitber, una consultora del sector de la defensa y la seguridad. Y consejero de Aritex, una empresa que diseña componentes para el nuevo avión de transporte militar europeo, el A400M. Y consejero de Instalaza, una fabrica zaragozana de bombas de racimo que, después de que España prohibiese este tipo de armamento especialmente criminal, presentó una demanda contra el Estado; Instalaza pide 40 millones de euros de indemnización “por daño emergente y lucro cesante”.

Morenés también ha sido presidente de Construcciones Navales del Norte SL, los antiguos astilleros públicos de Sestao, que el hoy ministro conocía muy bien de antes de su privatización, de cuando fue consejero de la SEPI y director comercial de la división de Construcción Naval del INI. Y propietario único de Boguillas SL, una empresa que se dedica a la “gestión y representación de intereses” y que el año pasado facturó 361.567 euros con sólo 19.646 euros en gastos de personal, según el registro mercantil –entre los últimos tres años, las ventas superan ampliamente el millón de euros–. Y también dueño de I-Sec Ibérica, una “consultoría” “en el sector de la Seguridad”. Y consejero de Gamo Outdoor, un fabricante de rifles de aire comprimido; y de Ingenio 3000; y de Repasa… Y me dejo varios cargos y unas cuantas empresas más.

Por alguna razón, toda esta información no aparece en su biografía oficial, colgada en la web de La Moncloa. Será modestia militar.

1997 fue el año en que el Señor dijo: “Hasta aquí hemos llegado. O caixa o faixa”. Pero mi camino de retorno empezó en 1991.

Seis años antes.
-Ya he dicho que mi conversión fue más agustiniana que paulina, que me hice mucho de rogar.

¿Qué pasó en 1991?
-Me encontraba de viaje oficial en Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado. Un fin de semana nos llevaron a Las Vegas. Allí, por medio de un gran amigo, que sin duda fue un instrumento de la providencia de Dios, Él salió manifiestamente a mi encuentro. Lo recuerdo y pienso en san Pablo: “Donde abundó el pecado, sobreabundó la Gracia”.

¿Lo dice por usted o lo dice por Las Vegas?
-Lo digo por mí y lo digo por Las Vegas.

¿Es fácil tener presente a Dios en el Congreso de los Diputados?
-Aunque parezca que le hayamos cerrado la puerta, aunque a veces no lo queramos ver o escuchar, tengo la íntima convicción de que Dios está muy presente en el Congreso. Las Cortes son el órgano legislativo del Estado y Dios, el gran legislador del universo.

¿Cómo vive la política?
-Como un magnífico campo para el apostolado, la santificación y el servicio a los demás, como mi vocación personal y específica, el lugar donde Dios quiere que esté. Para un católico, dedicarse a la política, aquí y ahora, es un reto apasionante.

Jorge Fernández, nuevo ministro del Interior, en una reveladora entrevista con el director del semanario Alba, del Grupo Intereconomía.

// Fernández, en otra entrevista con Salomé García en El Periódico, en 2002: “Reencontrar a Dios ha dado un nuevo sentido a mi vida“

Qué decepción. Estaban PSOE y PP compitiendo en alabanzas sobre el discurso del rey y al final ha resultado que no, que ese supuesto mensaje dedicado a su yerno no era tal; que “no hay que personalizar”, como explicó ayer Juan Carlos de Borbón. “La justicia es igual para todos”, dijo en Nochebuena el rey, en una sobada frase que en España no es verdad, ni siquiera en la teoría (de la práctica de los indultos mejor no hablar). La propia Constitución recoge una excepción: el rey, una persona “inviolable” y “que no está sujeta a responsabilidad” (artículo 56.3).

Tampoco es igual el rey en transparencia, si comparamos a nuestra casa real con otras coronas europeas o con otras instituciones. Hoy sabremos algo más sobre el dinero público que gasta la Casa Real, cuyas cuentas han sido durante tres décadas más opacas que los fondos reservados de Interior. ¿Harán falta otros treinta años más, u otro escándalo real, para que esa deseable transparencia llegue hasta el final? ¿Pediremos algún día a la Jefatura del Estado lo mismo que ya exigimos a ministros, senadores o diputados: una declaración anual de ingresos y patrimonio?

La transparencia, por aclarar, no es una graciosa concesión que los representantes de lo público regalan a los ciudadanos en generoso gesto. No es una limosna. No es un favor que nos hacen a los periodistas. No es un afán envidioso por cotillear en la cuenta corriente de cada cual. La transparencia es una de las vacunas más eficaces contra la corrupción; por eso hay quien barre la basura bajo la alfombra, para esconderla de la vista y de la luz. ¿Habría tenido un comportamiento más “ejemplar” Iñaki Urdangarin si se hubiese sentido fiscalizado por la sociedad?

El mismo Mariano Rajoy, que en mayo de 2010 votó en contra de un recorte de 15.000 millones de euros en año y medio, va a aprobar este viernes un primer tijeretazo de 16.500 millones para 2012, para empezar a hablar. Hace año y medio el PP se opuso para ver si así forzaba la intervención de España y la caída de Zapatero (como hizo la derecha en Portugal); ahora pide a la oposición acuerdos y responsabilidad con el país. Es el mayor recorte de gasto público de nuestra historia, pero Rajoy ejecutará esta delicada intervención con un Gobierno incompleto, probablemente sin toda la información necesaria para operar con precisión.

A diferencia de otros presidentes, Rajoy apenas ha aprobado nombramientos en el primer Consejo de Ministros: sólo ha designado a 8 de los 24 secretarios de Estado por cubrir, la tercera parte. La inmensa mayoría de los subsecretarios, directores de gabinete y directores generales siguen aún por cubrir. Después de las prisas para acelerar el relevo, parte del equipo de Zapatero continúa hoy en funciones por falta de sucesor. ¿La razón? El secretismo de Rajoy, que repartió las carteras sólo 48 horas antes del primer Consejo de Ministros. Como no sabían qué les iba a tocar, la mayoría de los ministros no ha tenido tiempo para buscar un equipo con el que trabajar.

El ministro Luis de Guindos anunció ayer que España llegará en breve a los cinco millones de parados y que entramos de nuevo en recesión (él lo llama “crecimiento negativo”, que suena mejor). Los tijeretazos van a agravar esta situación; más aún si el Gobierno recorta músculo, en lugar de grasa. En vez de tanto misterio para que Rajoy pudiera presumir de liderazgo y autoridad, ¿no habría sido mejor que los ministros hubiesen conocido su destino con algo más de antelación? ¿Ha tenido alguna ventaja esta absurda demostración de poder?

Una recomendación: la serie de televisión Breaking bad. Va de un profesor de instituto cincuentón en Albuquerque (EE.UU.), al que diagnostican un cáncer terminal y que decide dedicarse al narcotráfico para dejar algo más que deudas a su familia: su mujer embarazada y su hijo discapacitado. Llevo apenas unos capítulos, pero lo que más me ha llamado la atención no es la trama –que es excelente–, sino el drama inicial.

El protagonista, el profesor, da clases de química en un instituto, pero no es su único trabajo. Por la tarde, para completar el salario, limpia coches en un autolavado; digamos que tiene un ‘minijob’. El pluriempleo no le alcanza para pagar el tratamiento para el cáncer –tiene un seguro privado, pero no cubre los 90.000 dólares que cuesta la quimioterapia, para empezar– ni tampoco para cuidar de su hijo discapacitado con dignidad; recuerden que en Estados Unidos no hay ni ley de Dependencia ni un buen sistema público de salud.

Supongo que a los espectadores estadounidenses de Breaking bad todo esto les parece de lo más normal. No hay escándalo social porque un profesor de secundaria malviva al borde de la marginalidad, en el arrabal del sueño americano, porque la tirada de dados de la vida le salió mal. Pero si alguien se plantease adaptar la serie a España, como hicieron con Cheers, costaría mantener el mismo planteamiento sin rozar lo increíble. ¿Alguien se imagina a un profesor de instituto español limpiando coches por las tardes mientras le consume un cáncer de pulmón? Sería ciencia ficción. Aunque puestos en el peor de los futuros posibles –ese mundo injusto, desigual e individualista al que Europa pretende imitar–, más bien puede parecer una serie de anticipación.

Mariano Rajoy ha nombrado a Soraya Sáenz de Santamaría “vicepresidenta primera del Gobierno”. Sorprende lo de “primera”, pues está sola en el rango y en las otras ocasiones en las que esto sucedía, el cargo no incluía ordinales: era el vicepresidente del Gobierno, sin más. ¿Es un lapsus o es que Rajoy tenía en su organigrama un vicepresidente segundo que decidió degradar a última hora porque no acaba de fiarse de él? No lo sabemos, pero choca que la crisis económica más dura de la historia de España coincida con la primera ocasión, en casi dos décadas, en la que el responsable de la Economía no es también vicepresidente. La última palabra la tendrá sólo Rajoy, que presidirá personalmente la Comisión Delegada de economía.

¿Quién tendrá más influencia en el presidente de los cuatro economistas de su gabinete? ¿El ministro de Economía, Luis de Guindos; el de Hacienda, Cristóbal Montoro; la de Empleo, Fátima Báñez; o el de Exteriores, José Manuel García Margallo? Es una pregunta importante porque todos ellos preparan papeles para Rajoy, pero no todos piensan igual sobre las principales decisiones que tendrán que tomar. De Guindos y García Margallo son defensores del “banco malo”. Montoro prefiere “soluciones intermedias”: fusiones, en vez de que el Estado ayude a los bancos comprando sus activos tóxicos con dinero público. Tampoco están de acuerdo en qué hacer con el IVA: Montoro y Báñez están en contra de subir cualquier impuesto, mientras que los otros dos no descartan esta opción.

Donde todos coinciden es en que el 6% del déficit público no se cumplirá. En privado, los cuatro han hablado de un déficit muy superior, incluso por encima del 8%. Este número es vital: de él dependerá la magnitud de un tijeretazo que, como mínimo, será de 16.500 millones, pero que puede llegar hasta los 40.000.

1. El expresidente de Lehman Brothers España, Luis de Guindos, es el nuevo ministro de Economía y Competitividad. De Guindos también era hasta hoy consejero de Endesa, del Banco Mare Nostrum y de Unedisa, la editora de El Mundo y Expansión.

2. El nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, tiene en común con Luis De Guindos dos cosas. Ambos fueron secretarios de Estado con Aznar en la misma cartera que ahora gestionarán y ambos se fueron a la empresa privada durante los años de Zapatero en la misma área sobre la que gobernaron (y ahora vuelven a gobernar). Morenés fue consejero de Instalaza SA, una compañía de armamento que fabricaba, entre otras cosas, bombas de racimo. Instalaza quebró precisamente cuando se prohibieron este tipo de armas. Antes de echar el cierre, esta empresa tuvo tiempo de vender bombas de racimo a Libia. Hace unos meses, Gadafi las usó.

3. La misma puerta giratoria tomó Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con Aznar y con Rajoy. Entre cartera y cartera, tuvo una empresa de asesoría fiscal con otros hombres del equipo económico de Rodrigo Rato. De cobrar los impuestos, pasaron a asesorar a empresas y grandes fortunas para que pagasen lo menos posible. En aquella asesoría también estaba Luis de Guindos.

4. El nuevo ministro de Agricultura tendrá poco de Medio Ambiente (aunque las competencias sí permanecen en su cartera). Miguel Arias Cañete tiene 325.000 euros en acciones de petroleras y siete coches en su garaje. Su lista de automóviles es tan larga que no cabía en el formulario de la declaración de bienes del Congreso y tuvo que completarla en el anexo.

5. A pesar de lo que el PP anunció, brilla por su ausencia el Ministerio de la Familia, pero se mantiene el de Igualdad. Continúa la cartera –junto con Sanidad y Servicios Sociales– pero no la práctica. En el nuevo Consejo de Ministros se sentarán diez hombres y sólo cuatro mujeres. Si fuese el consejo de Administración de una empresa, no cumpliría con la ley de Igualdad; no se alcanza, ni de lejos, el 40% de mujeres que será obligatorio a partir de 2015 (si es que Rajoy no cambia la ley).

6. La que más manda después de Rajoy, eso sí, será una mujer: Soraya Sáenz de Santamaría, la mano derecha del presidente (la izquierda es Moragas, que tendrá más poder que muchos ministros como casi seguro jefe del gabinete de La Moncloa). No hay en la lista ni una sola concesión al aznarismo, al aguirrismo, al mayor orejismo y a todos los que durante estos años le han querido destronar. Está por ver que sean los mejores, lo tendrán que demostrar. Pero sin duda sí están los más leales.

7. En el gabinete de Rajoy tendrá mucho peso José Manuel García Margallo. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores se define a sí mismo como “de extremo centro” y realmente tiene poco que ver con el ala más dura del PP. Viene de la UCD, donde en 1977 fue nombrado director general de Desarrollo Comunitario, en el Ministerio de Cultura. Su oficina estaba en la antigua sede de la sección femenina de Falange Española y su despacho era entonces el que había ocupado Pilar Primo de Rivera. Una de sus primeras decisiones fue eliminar los símbolos falangistas del edificio, lo que le costó una gran crítica por parte del diario fascista El Alcazar.

8. Madrileños, madrileñas: Ana Botella es nuestra nueva alcaldesa.

9. El nuevo reparto de competencias entre los ministerios está ya publicado en el BOE. ¿Los principales cambios? Desaparecen, entre otras, la Secretaría de Estado de Igualdad, la de Cambio Climático, la de Inmigración o Emigración o la de Vivienda. El CNI ya no dependerá del Ministerio de Defensa, sino de Presidencia: la jefa de los espías será Soraya Saénz de Santamaría. Y el nuevo ministro de Ciencia (o de lo que queda de ella) será… ¡Luis de Guindos! Su ministerio hereda la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

10. Todos los ministros de Rajoy han jurado (en vez de prometer), pero no todos lo han hecho con la mano sobre la Biblia. Soraya ha jurado sobre la Constitución, como De Guindos. Wert y Gallardón, a dos manos: la izquierda sobre la Biblia, la derecha sobre la Constitución. Y Rajoy ha hecho un mix: un ratito sobre la Biblia, otro sobre la Constitución. Atentos al juego de manos del nuevo presidente.

Ministra de presidencia, y vicepresidencia primera del Gobierno: Soraya Saénz de Santamaría.

Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: José Manuel García Margallo.

Ministro de Justicia: Alberto Ruíz Gallardón.

Ministro de Interior: Jorge Fernández Díaz.

Ministro de Economía y Competitividad: Luis de Guindos.

Ministro de Agricultura: Miguel Arias Cañete.

Ministro de Industria, Energía y Turismo: José Manuel Soria.

Ministra de Sanidad: Ana Mato

Ministra de Fomento: Ana Pastor.

Ministro de Hacienda: Cristóbal Montoro.

Ministro de Defensa: Pedro Morenés.

Ministro de Educación, Cultura y Deportes: José Ignacio Wert.

Ministra de Empleo y Seguridad Social: Fátima Báñez.

Eufemismo: manifestación suave y decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura y malsonante (Diccionario de la RAE). El eufemismo se basa en la confusión y, como cualquier engaño, tiene fecha de caducidad. Cuando la idea malsonante impregna tanto al eufemismo que deja de servir como disfraz, el lenguaje educado busca un nueva palabra, un nuevo escondite, una nueva manipulación. Ningún eufemismo es para siempre, todos tienden a mutar. Así, por ejemplo, empezamos por las “loquerías” para pasar a los “manicomios” a los que después reemplazamos por “pabellones psiquiátricos” y, más tarde, por “clínicas de reposo”. Es una evolución similar a la que está siguiendo otra idea malsonante: la del repago sanitario al que eufemísticamente llamaron “copago” y ahora la Generalitat quiere bautizar como “ticket moderador”. Su verdadero nombre debería ser otro: es un impuesto a la enfermedad.

Los defensores del copago argumentan que es una manera de evitar abusos, de prevenir que algunos viciosos de la enfermedad colapsen los servicios sanitarios. Es dudoso que tal cosa suceda –no conozco a nadie que se quiera pasar la mañana en urgencias por propia voluntad–, pero sin duda no pasará con el tipo de repago que ayer aprobó la Generalitat. Los catalanes, a partir del 1 de enero, tendrán que pagar un euro con cada receta. También los pensionistas, los enfermos crónicos o terminales y los parados. ¿Se evitarán abusos así? Seguro que no, porque las recetas ya estaban controladas por los médicos, que son quienes deciden si estás lo bastante enfermo como para necesitar medicación; si hay fraude ahí, lo comete el doctor, no el paciente. Con este copago, sin duda se recaudará. Pero será un impuesto injusto que gravará a los más enfermos: a quienes más lo necesitan, en vez de a quienes más tienen.