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La vuelta a la facturación eléctrica bimestral ha sido vendida como “una buena noticia” para los consumidores, hartos del caos de las estimaciones en los meses en los que no había lectura directa de los contadores. Pero en realidad los consumidores salen perdiendo con la factura bimestral. Cuanta más información tenga el consumidor sobre cuánto cuesta y cuánto consume de luz, mejor para poder afrontar planes de ahorro.

Son las compañías eléctricas las que ganan eliminando la factura mensual. Ganan por dos motivos: el primero, porque se ahorran los costes de la gestión de la factura mensual. El segundo, porque los ciudadanos tienen menos información sobre su consumo y menos capacidad de reacción. Por ese motivo, las eléctricas han estado torpedeando la factura mensual desde los inicios: con estimaciones erróneas, a veces disparatadas, y generando miles de reclamaciones.

Resulta increíble que en pleno siglo XXI se monte ese caos en la estimación mensual del consumo eléctrico de 20 millones de usuarios (hogares) cuando, por ejemplo, las operadoras de telecomunicaciones facturan mensualmente a mas de 50 millones de usuarios sin problemas. La diferencia es sin duda la aplicación de las tecnologías al servicio de los clientes, los consumidores. Las eléctricas siguen con contadores analógicos, la mayoría de mas de 30 años de antigüedad. ¡Y lo mas inaudito es que nos siguen cobrando por ellos! Podrá ser discutible si una central nuclear esta amortizada. Pero, ¿un contador de la época de la casete y del disco de vinilo? Pues nos siguen cobrando un euro y 25 céntimos al mes por el “alquiler” de ese trasto antediluviano. Y todos sin rechistar.

El Gobierno anterior tendría que haber sido mas enérgico en este tema, obligando a las eléctricas a la sustitución de contadores, no cobrar los antiguos y, en su caso, obligar a la lectura mensual real sin estimaciones. Y el nuevo gobierno no solo no es mas enérgico, sino que empieza con un regalo a las eléctricas. Mal comienzo.

“Carlos Fabra es un ciudadano y un político ejemplar para el PP y también para los ciudadanos de Castellón (…) “cuando los tribunales toman decisiones, todos las respetamos y acatamos, y mientras no las toman, todos somos iguales”. “Creo que los votos sirven para demostrar el aprecio de la gente a una persona, y luego los tribunales toman decisiones sobre los asuntos que les llegan”.

Mariano Rajoy, 11 de julio de 2008. El juez acaba de imponer a Carlos Fabra una fianza de 4,2 millones de euros. Tenemos una nueva plusmarca de fianza política, por encima de los tres millones de Jaume Matas.

El capitán del Costa Concordia no abandonó al barco y a sus pasajeros: es que se cayó “accidentalmente” en uno de los botes salvavidas. La excusa sólo la supera Alberto Fabra, presidente de la quebrada Generalitat Valenciana: “El PSOE es el culpable de nuestro desfase presupuestario”. Ambos naufragios tienen algo más que el Mediterráneo en común: el fasto, los trajes de gala y, sobre todo, la irresponsabilidad de quienes llevaban el timón. El PP gobierna en Valencia desde hace más de 16 años pero al parecer fue Zapatero, en su inmensa maldad, quien apuntó con una pistola en la cabeza de los Fabra, los Zaplana y los Camps para obligarles a construir un ruinoso parque temático, un circuito de Fórmula 1, un faraónico estudio de cine o un aeropuerto peatonal.

Aunque lo que más sorprende de este cinismo es su atrevimiento; la confianza en uno mismo que otorga la impunidad. Es el mismo descaro que transmite Cristóbal Montoro cuando anuncia que el endeudamiento excesivo será un delito. Supongo que de esta reforma del Código Penal se ocupará el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el exalcalde de la arruinada Madrid. Si además hacen caso al presidente extremeño, José Antonio Monago, y el nuevo delito se persigue “con efectos retroactivos”, habría que mandar a una pareja de la Guardia Civil al Ministerio de Justicia para que detengan a Gallardón un segundo después de que firme la nueva ley. La hipótesis es tan absurda como la propia propuesta de Montoro, el nuevo profesor Barea de las ocurrencias del PP. Antes de reformar el Código Penal, ¿qué tal si cumplen con ese código ético que nos prometió Rajoy, tres años atrás? ¿Dice algo de no tomar el pelo al elector?

El Gobierno ha prestado de emergencia 420 millones de euros a la arruinada Comunidad Valenciana, nuestra Grecia: esa modélica autonomía que Mariano Rajoy ponía de ejemplo y que ahora está a punto de quebrar. Con algo de suerte –si no hay otro aeropuerto peatonal que promocionar–, parte de esta paga extraordinaria servirá para que los estudiantes del instituto Vila-Roja, en Almassora (Castellón), puedan encender la calefacción antes de que acabe el invierno. El instituto, como tantos otros, sufre desde mayo los impagos de la Generalitat Valenciana. El combustible para la caldera se ha convertido en un lujo imposible de afrontar.

Tal vez hayan visto la foto con la que Compromís denunció esta situación. La difundió la prensa valenciana; por el bien de nuestra prima de riesgo, espero que no llegue hasta las páginas del Financial Times. La imagen la tomó uno de los chavales del instituto para su web en Facebook y en ella aparecen sus compañeros de clase arropados con mantas y abrigos dentro del aula para protegerse del frío de la mañana. Con la foto virada a sepia y otro vestuario menos actual, la estampa bien podría aparentar la de un colegio de la posguerra española, de cuando cada alumno llevaba a clase su propio brasero.

Pero lo más simbólico de este penoso asunto no es la foto, sino la respuesta del instituto ante el escándalo que ha provocado la noticia. La directora del centro ha decidido expulsar por unos días al estudiante que tomó la instantánea por “desprestigiar la imagen del centro”. Define bastante bien lo que entiende por prestigio una administración, la valenciana, donde la imagen ha sido durante años muchísimo más importante que la realidad.

El artífice de la querella y principal acusación contra Garzón en el juicio es el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez. La relación de este abogado con la trama Gürtel es muy estrecha. Peláez es el abogado defensor de José Luis Ulibarri, uno de los principales imputados en la trama corrupta. Pero también lo era del exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo del Gobierno valenciano, Rafael Betoret, que finalmente cambió de línea de defensa, aceptó los cargos y devolvió los trajes. Peláez estuvo envuelto en 2006 en un extraño asunto con los famosos ‘Albertos’, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, aunque finalmente fue absuelto “porque cumplía órdenes de sus clientes”. En aquella ocasión le defendió el exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, que ahora, qué casualidad, defiende a Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel.

Hay más. Ignacio Peláez es el abogado defensor, además, de Jorge Dorribo, el empresario gallego que ha acusado al ex ministro de Fomento, José Blanco de recibir dinero. ¿Verdad que les ha gustado el paseo por este curioso –y oscuro- laberinto?

Lo cuenta José María Izquierdo, hoy en su blog.

Ayer fue un día grande para Francisco Correa. El don Vito de la Gürtel ha conseguido lo increíble en cualquier país civilizado: que el juez instructor que desveló su trama corrupta se siente antes que él en el banquillo de los acusados. Pero la causa del honesto Correa y sus cuates contra Baltasar Garzón –la primera de tres procesos judiciales lamentables– no sólo es vergonzosa por su valor simbólico. También es impresentable cuando se entra en los detalles.

La pregunta clave: ¿se pueden grabar las conversaciones telefónicas de un imputado con su abogado? La respuesta de la Fiscalía es tajante: se puede. “El letrado que utiliza su teléfono para comunicarse con sus clientes que lo tienen intervenido no puede pretender un trato privilegiado que extienda el secreto a estos extremos”, argumentó la Fiscalía en su recurso sobre el caso, hace ya dos años.

Pero Garzón no sólo grabó las llamadas telefónicas de los capos de la Gürtel, sino también sus conversaciones en el locutorio de la cárcel con sus abogados. La ley que regula este tipo de escuchas es confusa: dice que se pueden hacer “por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”. Según la Fiscalía, esa “y” es ambigua porque se puede entender “en términos alternativos o acumulativos”. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo –que cita la Fiscalía– es más clara: se pueden intervenir estas conversaciones para investigar cualquier delito, siempre que sea con una orden judicial que argumente la medida. Así lo hizo Garzón, que grabó a Correa a propuesta de la Policia y de la Fiscalía Anticorrupción para evitar que blanqueara su botín con sus abogados. Así lo entendió también el juez Antonio Pedreira, que ratificó esas grabaciones cuando heredó la Gürtel. Y así se ha hecho también en otros casos ajenos al terrorismo, como las conversaciones del asesino de Marta del Castillo con su abogado. El juez que ordenó esas escuchas no se llama Garzón y tampoco está imputado.

Pedro María Martínez, 27 años. Francisco Aznar, 17 años. Romual Barroso, 19 años. José Castillo, 32 años. Bienvenido Pereda, 30 años. Murieron el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando la policía disolvió a tiros una asamblea de trabajadores en huelga que se celebraba en una iglesia. Fraga era ministro de Gobernación, el máximo responsable político de la policía que abrió fuego. La calle era suya, de palabra y de facto. Ninguno de estos crímenes fue jamás juzgado.

Enrique Ruano, 21 años. Fue un estudiante de derecho asesinado en 1969 por la Brigada Político Social, la policía política de la dictadura. ¿Su delito? Repartir pasquines antifranquistas. Según la versión del régimen, Ruano se suicidó lanzándose por una ventana. Según quedó claro hace unos años, Ruano fue torturado durante cuatro días y después ejecutado de un disparo; de su cadáver se serró el hueso de la clavícula para esconder el agujero de una bala. Fue Fraga, ministro de Información, quien se ocupó de filtrar al ABC una carta de la víctima que lo presentaba como un suicida. Fue también el mismo Fraga quien llamó al padre de Ruano para recordarle que tenía otra hija, para amenazarle, para decirle que se callara.

Julián Grimau, 52 años. Fue un líder comunista fusilado en 1963, después de varios días de torturas –según la versión oficial, también se había lanzado por la ventana–. Fraga participó en el Consejo de Ministros que condenó a “ese caballerete”, como lo despreció en rueda de prensa el entonces ministro de la propaganda de Franco, que hizo todo lo posible para impedir el indulto que pedían otros políticos de la dictadura.

Manuel Fraga Iribarne, 89 años. Murió este domingo en la cama. Además de estas sombras, Fraga también tuvo sus luces, como habrán oído o leído ya en un sinfín de obituarios que suelen olvidar estos otros nombres, estos otros muertos que también conviene recordar.

Descanse (descansen) en paz.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, julio de 2009: “Jamás en mi vida he recibido ningún regalo de El Bigotes. (…) No voy a dejar pasar así como así que se utilice mi nombre”. La misma alcaldesa, dos años y medio más tarde: “Un bolso de Louis Vuitton es un regalo habitual, pero hay regalos más caros (…) Todos los políticos y todos los funcionarios de este país reciben regalos en Navidad. Basta ya de hipocresías”. Ya. Claro.

El bolso de lujo al que se refiere Barberá es un obsequio tan habitual que cuesta unos 1.200 euros. Por comparar, España es un país donde seis de cada diez trabajadores cobran menos de mil euros mensuales; un país donde la extra de Navidad de la mayoría de los funcionarios está por debajo de este regalo que “no es de los más caros”. El bolso lo compró El Bigotes, para agradecer a la alcaldesa que no les jodía, aunque no les diese nada, según las grabaciones telefónicas que hemos escuchado estos días en el juicio a Camps. Compromís ha pedido a la Fiscalía que investigue si este supuesto obsequio de los reyes magos de la Gürtel se puede considerar la prueba de un delito de cohecho pasivo, como los trajes. Espero que la Justicia lo aclare pero, sinceramente, me parece lo de menos en el caso.

El escándalo no está en el bolso, ni en su precio, ni en el insulto a unos funcionarios valencianos que, en vez de regalos lujosos, han recibido por Navidad otra rebaja de salario. El pecado político que debería salir caro es el cinismo, la mentira, la impunidad, la hipocresía superlativa: decir sin parpadear que uno se paga sus trajes, o sus bolsos, o su caviar, o sus coches, o sus paseos en yate, y que después una grabación demuestre lo poco que vale la palabra dada. Y que nunca pase nada.