Escolar.net

El Parlamento Europeo votó ayer una dura resolución donde pide a los líderes y jefes de estado europeos que no acudan a la ceremonia inaugural de los JJOO si China no habla antes con el Dalai Lama. Reino Unido y Francia ya han anunciado que se suman a este boicot inaugura. España, de momento, no se ha pronunciado. ¿Debe ir el rey o un representante de la familia real a la ceremonia inaugural?

Los viajeros sufridores del overbooking se quejan amargamente durante los meses de verano por pasar varios días a la espera en los hoteles de los alrededores del aeropuerto de Barajas (Madrid). Hacen sentadas, huelgas y rellenan los telediarios durante varios días. Mientras ellos esperan en el recibidor del hotel con el aire acondicionado; otros, con menos suerte, lo hacen en una sala sin aire limpio, con colchones en el suelo y con una higiene que deja mucho que desear. Así pasan las horas e incluso los días los extranjeros a los que se les deniega la entrada en España. Encerrados dentro de los aeropuertos españoles.

La sala de inadmitidos de los aeropuertos es un lugar oculto para todos menos para los que lo sufren. Como le ocurrió al argentino Walter Ricardo Vergara, que el pasado mes de noviembre pasó 18 horas en una de ellas y pudo esquivar los duros controles para hacer pocas y rápidas fotografías con su cámara digital. Él aparece con cara desesperada rodeado de colchones. Walter Ricardo reconoce que tuvo suerte para que no le requisaran la cámara digital con la que pudo fotografiar las literas cochambrosas del cuarto que el aeropuerto de El Prat (Barcelona) reserva para los inadmitidos.

Diego Barcala y Daniel Ayllón en Público

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“Habría firmado cualquier cosa. Sólo quería salir de aquella prisión”. Patricia Rangel –ojos vívidos y voz frágil– habla con timidez. Lentamente. Pero con rabia contenida. Después de 80 horas de hacinamiento, de más de un día sin comer, de insultos y maltratos psicológicos, Patricia firmó la carta de “Denegación de entrada a la frontera”. En este documento, al que ha tenido acceso Público, Patricia Rangel reconocía con su firma que su repatriación era justa. Una cruz en la opción E: “Carece de documentación adecuada que justifique el motivo y condiciones relativas a su estancia”.“Ni siquiera aceptaron mis documentos. No me sentía un ser humano. Empecé a entender por qué las personas se suicidan. Sólo quería firmar”, asegura esta licenciada en Relaciones Internacionales, con ojos vidriosos.

Bernardo Gutiérrez en Público

Carlos Garaikotxea

Han pasado cinco años desde que se perpetrara uno de los ataques más escandalosos a los derechos fundamentales, como la libertad de opinión, expresión y comunicación, con la orden de cierre cautelar del diario Egunkaria y el inicio de un procedimiento penal contra sus promotores. Ya sabemos las consecuencias definitivas que conlleva el eufemístico término “cautelar”: trabajadores a la calle, ataque gravísimo a los derechos fundamentales citados y hundimiento de un proyecto vital para la salud del euskara, al retirar de la circulación el único periódico diario escrito en esta lengua.

Más en Dominio Público

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En 2004, hay elecciones, cambia el Gobierno y también la Fiscalía General. Hay un cambio claro en la Fiscalía, que si antes decía amén, amén, amén a la Guardia Civil, después sostiene que no hay motivos para ir a juicio. Es un escándalo que el cierre del diario y las acusaciones del juez hayan terminado, después de siete años, sólo con la acusación popular, y que el representante del Estado le esté diciendo al juez cómo es posible que se cierre un diario, si no ha demostrado esto, esto y esto.

(…)

De los diez detenidos, cinco fuimos sometidos a torturas. Nos obligaron a hacer gimnasia desnudos, a algunos les pusieron la bolsa en la cabeza, algunos fuimos objeto de vejaciones homofóbicas, no nos dejaron dormir durante tres días… La denuncia de Iñaki Uria posiblemente terminará en juicio. La mía fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid y ahora está en el registro del Constitucional. Y las otras están en un limbo judicial. Las torturas las denunciaremos siempre. Y si hace falta, iremos a Estrasburgo.

Martxelo Otamendi, ex director de Egunkaria.

En enero, unos 6.000 trabajadores habían iniciado una huelga contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo, y aquel día el paro era total. A las cinco de la tarde estaba convocada una asamblea general en el lugar de costumbre, la iglesia de Zaramaga. Pero, en aquella ocasión, la Policía no estaba por la labor. (…)

La Policía asaltó la iglesia con 5.000 almas en su interior con gases lacrimógenos y material antidisturbio. Muchos de los congregados, presos del pánico, intentaron escapar por las salidas laterales y la puerta principal, donde les esperaban los agentes y sus disparos indiscriminados. Las balas ciegas segaron la vida de cinco personas: Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años; José Castillo, de 32 años; y Bienvenido Pereda, de 30 años. Otras cien personas cayeron heridas.”¡Buen servicio!”, dejó grabado un mando policial. “­Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. ­Aquí ha habido una masacre… ­Pero, de verdad, una masacre”.

No sucedió en Argentina ni en Chile. Pasó en España, en Vitoria, el 3 de marzo de 1976. Manuel Fraga, hoy presidente fundador del PP, era entonces ministro de Gobernación. Rodolfo Martín Villa, hoy presidente de Sogecable, era el ministro del Interior.

32 años después, el Parlamento vasco ha votado que se abra una investigación.

Visto en Menéame - La foto es de Evelyn Hockstein y está tomada en 2001.

A su lado, los terroristas del 11-M eran simples aficionados. ¿192 muertos? Eso no es nada. El Gobierno de Esperanza Aguirre dio pábulo a una denuncia anónima contra los médicos del Severo Ochoa de Leganés donde se les acusaba de asesinar a 400 personas. “Doctor Muerte, en la cárcel quiero verte”, le gritaban cada día los ultras al jefe de urgencias del hospital, Luis Montes, cuando entraba en el juzgado. Tres años después, la última sentencia les declara inocentes: no hubo sedaciones irregulares. El tribunal también ordena que se limpie el nombre de los médicos imputados. Tras tres años de infierno, ¿eso cómo se hace?

Morir con dolor

Gana la verdad, pero llega tarde. El escándalo del Severo Ochoa ya cumplió su cometido, pues sirvió de cortina de humo para privatizar la Sanidad mientras la prensa miraba hacia otro lado. La derecha pierde en los tribunales, pero ya venció en los hospitales. Tras la campaña contra la eutanasia imaginaria, muchos médicos tienen hoy miedo real a una denuncia si se pasan con la sedación. Y se curan en salud. El acoso de la derecha produce así un terrible efecto secundario: hoy son más los que mueren con dolor. Enhorabuena, señor Lamela. Enhorabuena, señora Esperanza.

Una vacuna contra la mentira

El desenlace de esta campaña de acoso sólo tiene un lado positivo: que sirva de vacuna para el futuro. Y no hay que irse muy lejos para encontrar otro caso donde la presunción de inocencia brilla por su ausencia, donde las mentiras se mezclan con los intereses electorales de la derecha. El año 2005 es al Severo Ochoa de Leganés como 2008 a las clínicas abortistas. Entonces, se mentía con el “doctor muerte”, hoy se miente con esas sangrientas trituradoras de fetos que aún nadie ha visto, salvo Ana Botella. Para sedación irregular, la de la opinión pública.

La Justicia ya ha dictado sentencia firme: no hubo sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. La Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado el caso y además ordena que se limpie el nombre de los médicos implicados. Gana la verdad, pero llega tarde.

Han pasado tres años desde esta operación política del gobierno de Esperanza Aguirre: la derecha ha perdido en los tribunales pero ha ganado en los hospitales. Muchos profesionales tienen miedo a sufrir una denuncia si se pasan con los analgésicos. Como reconocen muchos médicos, tras el caso Leganés nada ha vuelto a ser igual. En público admiten que las técnicas de cuidados paliativos se aplican con más prudencia. En privado reconocen que la campaña de la derecha tiene un efecto secundario terrible: hoy son más los que mueren con dolor. Enhorabuena, señor Lamela. Enhorabuena, señora Aguirre.

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Algo de hemeroteca, para que las mentiras no se pierdan como lágrimas en la lluvia.

Manuel Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la COPE: “No hubo consentimiento para la sedación en más de cincuenta expedientes”. Si tenéis un rato, escuchad la entrevista completa en audio (WMA). Merece la pena.

Manuel Lamela, (25-5-2005): “Las dosis administradas eran notoriamente excesivas, no para evitar el dolor, sino para acortar la vida” y esta circunstancia “no está contemplada en la legislación española”. Los hechos son “tozudos” y quedan “probados”.

El Mundo: “Hubo hasta 48 sedaciones irregulares”

El Mundo: “Montes no quería derivar enfermos a planta”

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A la derecha le ha funcionado tan bien la mentira que ahora repiten con el aborto. Cuando llegue la Justicia, que les quiten lo bailao.

En Público, después de mucho debate, hemos decidido informar sobre la violencia de género de otra manera. A propuesta de la jefa de sección de Actualidad, Magda Bandera, nos hemos autoimpuesto este decálogo que ayer anunciamos en el diario. Nuestro decálogo recoge algunas propuestas de los principales especialistas en la materia y cuenta con el asesoramiento de Pilar López Díez, experta en comunicación y género.

Hemos pedido a nuestros lectores que nos exijan su cumplimiento. Sé que es polémico y poco popular -ya lo es en los comentarios de nuestra web- pero también creo que es necesario. Por desgracia, hay muchos que piensan que la violencia de determinados hombres contras las mujeres es un hecho aislado que no merece ni más atención ni una protección especial, pues también hay mujeres que asesinan a sus parejas. Nosotros no lo vemos así y nos resistimos a tratar este tema como simples “crímenes pasionales”, como los llamaban en el franquismo. El amor no es la hostia.

DECÁLOGO

1. Usaremos los términos “violencia de género”, “violencia machista”, “violencia sexista” y “violencia masculina contra las mujeres”, por este orden. Rechazamos las expresiones “violencia doméstica”, “violencia de pareja” y “violencia familiar” (*).

2. La violencia de género no es un suceso, sino un problema social. Por ello, no le daremos este tratamiento. No publicaremos fotos ni detalles morbosos.

3. Nunca identificaremos a las víctimas ni incluiremos información que pueda perjudicarlas a ellas o a su entorno.

4.Respetaremos siempre la presunción de inocencia de los agresores. Una vez haya sentencia condenatoria, los identificaremos debidamente, destacaremos el castigo e intentaremos incluirlo en los titulares.

5.Nunca buscaremos justificaciones o “motivos” (alcohol, drogas, discusiones…). La causa de la violencia de género es el control y el dominio que determinados hombres ejercen contra sus compañeras.

6. Evitaremos las opiniones de vecinos o familiares que no hayan sido testigos directos de los hechos. En cualquier caso, nunca recogeremos opiniones positivas sobre el agresor o la pareja.

7. Intentaremos ofrecer opiniones de personas expertas en la materia. Priorizaremos las fuentes policiales y de la investigación. No se informará con precipitación.

8. Sólo incluiremos testimonios de víctimas de malos tratos cuando no se hallen en situación de emergencia o bajo cualquier tipo de presión.

9. Denunciaremos también la llamada violencia continuada (agresiones, maltrato psicológico… aunque no tenga resultado de muerte).

10. Siempre incluiremos en la noticia el teléfono gratuito de ayuda a las víctima (016) y cualquier otra información que les pueda ser útil.

(*) Aunque la RAE no acepta oficialmente, por el momento, la expresión violencia de género, sí lo hace en la edición de su Diccionario Panhispánico de Dudas (octubre, 2005). También el Diccionario de Español Urgente (Agencia Efe, 2000) afirma que el término “género” se emplea “para describir el distinto comportamiento de hombres y mujeres en la sociedad según las distintas condiciones en que se mueven: educación, familia, cultura, etc.”

También hemos publicado en Publico.es la versión extendida de este decálogo: el manual de la redacción. Ojalá llegue un día en que no sea necesario.

Rubalcaba quiere creer. “Esta es la versión que me ha proporcionado la Guardia Civil y que yo aquí quiero hacer mía”, aseguró el ministro del Interior el pasado lunes cuando explicó ante los medios qué hacía un detenido por terrorismo ingresado en la UCI de un hospital con hematomas por todo el cuerpo, una costilla rota y el pulmón perforado. Han pasado seis días desde aquella comparecencia y, a lo largo de la semana, hemos conocido varios detalles que ponen en duda la versión de la Guardia Civil que Alfredo Pérez Rubalcaba dio entonces por buena: que el otro detenido también está lleno de magulladuras, que un testigo presencial de la detención denunció en el juzgado que investiga los supuestos malos tratos que la detención no fue violenta y, lo más grave, que el juez Fernando Grande-Marlaska, en un auto judicial, corrobora que ambos detenidos cuentan prácticamente la misma versión de los supuestos malos tratos a pesar de que han estado incomunicados desde su detención.

Es cierto: se pueden poner peros a estas pruebas. El testigo de la detención es familiar de un histórico dirigente etarra, un detalle biográfico que, de momento, no invalida su declaración aunque sirva para ponerla en entredicho ante la opinión pública (a todo esto, ¿quién filtró este dato a la prensa y por qué?). Y también hay una discrepancia entre ambos detenidos en el, por otra parte, detallado relato de los supuestos malos tratos. Según el auto de Grande-Marlaska, Igor Portu dice que escuchó un disparo y pensó que era una simulación de una ejecución mientras que Mattin Sarasola, el otro presunto etarra, asegura que “le colocaron una pistola en la sien, pero no le dispararon”. Por lo demás, los relatos son idénticos.

Alfredo Pérez Rubalcaba, durante esa misma comparecencia, también anunció que colaboraría con la investigación judicial ya que “no hay nadie más interesado en que se conozca hasta el final la verdad de lo sucedido”. No dudo de la voluntad del ministro en aclarar el incidente, aunque discrepo en que no haya nadie más interesado que él en conocer la verdad. Nos interesa a todos. Tras un año plagado de éxitos policiales en la lucha antiterrorista, lo que menos necesitamos es que la sombra de la tortura, el fantasma de los GAL, sirva otra vez de excusa a los terroristas.

No hay que olvidar que lo que diferencia a ETA de cualquier otra banda de asesinos es que, por desgracia, cuenta con el apoyo de una parte de la sociedad vasca, que encuentra en episodios como el de esta semana el alimento para su injustificable respaldo al terror. Jamás acabaremos con ETA hasta que toda la sociedad vasca les dé la espalda. Por esta razón, que los detenidos estén acusados de crímenes tan graves como el atentado de la T4 no debería impedir una investigación seria, como la que pusieron en marcha durante el verano de 2005 los entonces ministros del Interior, José Antonio Alonso, y de Defensa, José Bono, cuando un detenido murió en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas, en Almería. En aquella ocasión, una de las primeras respuestas del Gobierno fue apartar de su puesto durante seis meses a todos los guardias civiles implicados. Que ahora hablemos de terrorismo no debería servir de excusa para no tomar medidas disciplinarias igual de contundentes. Todo lo contrario.

Contra la demagogia

Frente al dolor del terror es sencillo apelar a las tripas de la sociedad. Es probable que, si se hiciese una encuesta, una gran parte de los españoles respaldaría la pena de muerte o incluso la tortura en casos de terrorismo. Está en la responsabilidad de los políticos no caer en la demagogia, no exaltar los peores instintos. No alimentar ese monstruo. Por eso están completamente fuera de lugar declaraciones como las de José Bono esta semana, cuando a cuenta de este debate se enfundó en el traje de Harry el Sucio y dijo aquello de “si tiene que haber bajas, que no sean nuestras”. Como si la lucha antiterrorista fuese una película de Hollywood, como si fuese necesario matar o morir, como si el fin justificase los medios.

En los últimos años, tras el 11-S, el mundo ha sufrido una regresión en la defensa de los derechos humanos. En la lucha contra la tortura, Occidente ha retrocedido décadas, dando la razón a aquel viejo argumento soviético, que aseguraba que la defensa de los derechos humanos por parte de Estados Unidos era una simple fachada propagandística y no una verdadera convicción moral. Guantánamo ha cumplido esta semana seis años y se ha convertido ya en ruido de fondo. La responsabilidad es compartida: no sólo de George Bush sino también de los países europeos, que no hicieron preguntas cuando los aviones aterrizaron camino del limbo de la base militar.

Por supuesto, no es comparable la sospecha de un episodio aislado, como el de Sarasola y Portu, con la certeza de cientos de detenidos y seis años de prisión y torturas sin juicio. Pero en ambos casos el principio es el mismo: los derechos humanos son para todos, incluso para los asesinos más siniestros. Es eso lo que nos diferencia de ellos.

¿Es común la tortura en España?

Depende, no existe una tortura sistemática, pero tampoco se puede decir que sea esporádica. Quiero decir, que no se identifica, por supuesto, con una política de Gobierno, pero no son sólo casos aislados. Amnistía Internacional, durante años, ha documentado casos de forma extendida y persistente de malos tratos y torturas en varias partes del Estado y por parte de diferentes cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Autonómica, Ertzaina, Nacional, Local, Guardia Civil…

¿Son los acusados de terrorismo los más afectados?

No, un gran porcentaje está formado por inmigrantes indocumentados que sufren malos tratos al ser detectados por la Policía. A continuación les siguen cierto número de casos de españoles objeto de la brutalidad policial al dispersar manifestaciones o durante detenciones relacionadas con delitos comunes. Es cierto, sin embargo, que hay un tercer componente, no el más importante, que tiene que ver con el régimen de incomunicación al que se somete a las personas acusadas de terrorismo.

¿Existe impunidad?

Lo que hay son deficiencias estructurales en la investigación de las denuncias. Eso lleva a la impunidad efectiva en buena parte de los casos. Incluso cuando se aceptan a trámite, una minoría, los procesos duran una media de entre 10 y 15 años. Si tienen relación con operaciones antiterroristas los plazos se alargan hasta casi 20 años. Además, muchas veces la investigación de los hechos recae sobre los propios cuerpos de seguridad acusados. Se vulneran las garantías.

Esteban Beltrán, presidente de Amnistía España.

Amnistía Internacional acusa a Rubalcaba de apoyar la versión policial sin investigarla