2. Que los gays –o los negros, o los divorciados– se puedan casar no implica merma alguna de derechos para los demás. Sólo es el fin de una evidente discriminación.

3. Por si los señores obispos aún no se han enterado, el matrimonio gay es opcional. No se obliga a nadie.

4. Tampoco la ley obliga a los curas a casar a homosexuales en las iglesias, aunque escuchándolos lo parezca. El monopolio del matrimonio hace años que no es religioso. La regulación de las bodas civiles no les incumbe. No va con ellos.

5. Quienes piden que los gays se casen pero que no lo llamen matrimonio en realidad defienden su discriminación: pretenden negarles el derecho a que su amor se formalice ante la sociedad bajo la misma palabra, el mismo contrato, que los demás. Quieren estigmatizarlos. Bajo la superficie de un debate semántico, esconden el fondo de un evidente prejuicio homófobo.

6. La Constitución lo deja claro: todos los españoles son iguales ante la ley sin discriminación de raza, sexo o religión. Pero si el Tribunal Constitucional sentencia que el matrimonio gay no cabe en nuestras leyes, habrá que cambiar esas leyes para hacerlo caber, incluida la Constitución.

7. Que Gallardón sea el único en el Gobierno de Rajoy que defiende el matrimonio homosexual –plenamente aceptado por la inmensa mayoría de la sociedad– no convierte al ministro de Justicia en un progre. Sólo demuestra cómo de conservadores son los demás.

Cambien en la hipótesis “secreto digital” por “secreto bancario”, “servidores piratas” por “bancos offshore”, “Internet” por “sistema financiero”. Cambien “Hollywood y Apple” por “los ciudadanos”. Cambien al FBI que detuvo al excéntrico Kim Dotcom en Nueva Zelanda por la resignada actitud con la que los gobiernos toleran los paraísos fiscales como si fuese un mal imposible de combatir, como un terremoto o una tormenta, como un castigo divino.

Si los paraísos fiscales existen, no es porque dios así lo quiso: es porque los gobiernos de los países ricos lo permiten. Si los gobiernos lo permiten, es porque interesa a las élites empresariales y financieras, en contra del 99% de los ciudadanos. Suiza, por ejemplo, limita al norte, al sur, al este y al oeste con la Unión Europea: la misma Europa que está escandalizada porque los griegos más ricos hayan movido 200.000 millones de euros hasta este paraíso fiscal. El dinero evadido equivale al 60% del PIB de Grecia: un 40% de toda su deuda pública. Evitarlo está en las manos de la UE. Es más fácil exprimir al resto de los griegos.

Monseñor olvida algo. La razón por la que en España hay tantos jóvenes que anhelan ser funcionarios es porque parece la única manera de lograr el milagro: un puesto de trabajo que no sea precario en un país que, en los años buenos, ya tenía el 12% de paro. El arzobispo no conoce otra empresa que la Iglesia ni otro oficio que prometer a los demás “la solución de los problemas” (y la vida eterna). Con sus palabras, muestra la misma ignorancia sobre el común de los mortales que también demostró Mario Monti, el tecnócrata italiano, cuando criticó la “monotonía” de un empleo fijo; con lo bonito que es hacer como Monti y cambiar de trabajo: del banco al Gobierno, del Gobierno al banco.

Tampoco es novedad que los apóstoles del emprendimento, los ángeles castigadores de los vagos subsidiados, sean gente con un puesto fijo pagado por el Estado. Es lo normal en un país con líderes “liberales” como Aznar, Rajoy o Aguirre, que empezaron en política como funcionarios, después de aprobar unas oposiciones.

Despolitizar RTVE es que siga el ejemplo de Telemadrid. Despolitizar el aborto es volver a viajar a Londres y regresar a la hipocresía, a que la mujer tenga que mentir a un psicólogo para poder decidir. Despolitizar la cultura es aumentar las subvenciones a los toros mientras no hay pasta para la universidad. Despolitizar el futuro pasa por recortar las ayudas a la ciencia y al I+D. Despolitizar la píldora del día después es que no la tomen las menores: será que un embarazo no deseado tiene “efectos secundarios” menos graves a esa edad. O que se venda con receta: los viernes, a las tres de la madrugada, las recetas son muy fáciles de conseguir.

Despolitizar el pasado es dejar quietas las fosas comunes y enterrar al juez que investigó aquel terror. Despolitizar el callejero es poner calles a Fraga y quitárselas a Pilar Bardem. Despolitizar el paro es precarizar al trabajador, aunque cueste “una huelga general”. Despolitizar el medio ambiente es frenar las renovables y tapiar la poca costa que aún queda por enladrillar.

Despolitizar la política consiste en esconder la ideología en simples cuestiones técnicas, y nada más. El Gobierno de “los mejores” se limita a gobernar sin sectarismo, sin revanchismo y para toda la sociedad. Como dios manda, como Rajoy prometió.

El futuro de un partido de más de doscientos mil militantes y millones de votantes se ha decidido entre 956 delegados y por sólo 22 votos; habría bastado con que 12 de esas personas se hubiesen decantado por el otro bando en este anacrónico sistema de elección de liderazgos para que el resultado hubiese sido otro. Fue Felipe González en persona quien cambió las tornas del congreso durante la noche del viernes, quien habló personalmente con algunos de los delegados andaluces que se habían pronunciado por Chacón. Según los derrotados, fue Felipe quien les ganó la última mano.

Rubalcaba ha conseguido otro imposible, inimaginable hace unos años en cualquier escaramuza interna del partido: que Guerra y Felipe trabajasen por un mismo candidato. Los guerristas, minoritarios pero indisolubles, han vuelto a ser claves. Ha pesado más la desconfianza jacobina sobre el PSC –un cuerpo extraño– que su histórico rechazo al nuevo secretario general.

¿Es Rubalcaba el futuro del socialismo español o sólo una solución provisional para evitar el colapso de un partido ante el abismo? Está por ver. Durante la campaña para este congreso, Rubalcaba se comprometió a que el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno saldría de un proceso de primarias abierto también a los simpatizantes; en los estatutos de este congreso se tendrá que concretar el protocolo. El nuevo líder socialista no ha aclarado si se presentará a esas prometidas primarias para ser el candidato que intente derrotar a Rajoy, dentro de cuatro años, o si más adelante dará el paso a otro, como se especula. Es una incógnita, pero ni la trayectoria personal ni su legítima ambición política permiten deducir que Rubalcaba tenga intención de quedarse sólo un rato. Más inaudito parecía en 2004 que Rajoy pudiese aguantar al frente del PP tras dos derrotas y ahí le tienen, triunfando en La Moncloa.

La primera y gran tarea del nuevo secretario general es obvia: recuperar la unidad interna en un partido derrotado, desmoralizado y dividido en dos mitades; un PSOE que el pasado 20-N recogió su peor resultado electoral en 78 años y que, en apenas dos meses, se juega el último bastión autonómico que aún mantiene: Andalucía (Euskadi se perderá con seguridad casi absoluta dentro de un año). Si la ola continúa, si la tendencia no cambia, los únicos restos del naufragio serán los ayuntamientos de algunas capitales de provincia. De los barones, el PSOE puede pasar a los hidalgos.

2. Chacón va por delante en las cuatro federaciones determinantes, las más grandes: arrasa en Catalunya y gana holgadamente en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. Su teórica ventaja sobre Rubalcaba, según fuentes independientes, ronda hoy los 50 delegados. Desde el equipo de Chacón hablan incluso de una distancia más amplia por el “efecto ganador” que se está produciendo en las últimas horas (y que critican Rubalcaba y sus partidarios).

3. Andalucía es la clave y en estos días han pasado allí hechos relevantes. Alrededor del 60% de los delegados –los que votan, no sólo los líderes provinciales– se ha pronunciado por Chacón. En Granada, por ejemplo, los 31 delegados de la provincia llegaron a votar en una urna: quedaron 25 a favor de Chacón frente a 5 de Rubalcaba (hubo una abstención). En Sevilla, 33 de los 55 delegados participaron ayer en un acto en apoyo de la exministra de Defensa.

4. ¿Significa todo esto que Chacón es la segura ganadora? Quién afirme tal cosa miente. Los delegados del PSOE votarán en secreto: digan lo que digan en público, por muchas sumas que se hagan, nadie sabrá con certeza el resultado hasta el recuento. 50 delegados parece una ventaja muy amplia, pero es sólo un voto por provincia.

5. Se dice que “los militantes” elegirán al nuevo secretario general del PSOE. No es exactamente así. Los militantes de cada agrupación, en asamblea, escogieron a unos representantes que designaron a unos delegados que son quienes votarán. Sólo 956 hombres y mujeres decidirán este fin de semana el futuro de un partido con doscientos mil militantes y millones de votantes. En tiempos de Internet y del AVE, ¿por qué el PSOE mantiene un sistema de elección de sus líderes de los años del telégrafo y la diligencia?

Ana Mato también podría preguntar a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sospecho que no le gustaría la respuesta: en su informe 244 de junio de 2000 –revisado en octubre de 2005– recomendó el uso de estas pastillas cuyo “uso repetido no conlleva riesgos conocidos para la salud”. ¡Qué sabrá la ciencia y la OMS cuando doctores tiene la Iglesia!, se dirá la ministra (o Rouco Varela).

En una mentira más –como cuando José Ignacio Wert explica el “adoctrinamiento” de Educación para la Ciudadanía–, Ana Mato asegura que su cruzada contra estas píldoras, que tantos embarazos no deseados evitan, no es por “ideología, moral o ética”. “Esto es un tema de salud pública”, dice la ministra. Ya. Claro.

Mientras tanto, el ministro de Justicia ha decidido volver a esa España hipócrita donde el aborto era legal, pero sin que se notase. El regreso al pasado que propone Gallardón no evitará aborto alguno; será casi igual que antes. La diferencia fundamental es que habrá mayor inseguridad jurídica para los médicos, y las mujeres tendrán que mentir a un psicólogo para poder decidir sobre su propio cuerpo. O tener dinero para viajar a Londres, como en los tiempos de la “reserva espiritual de Occidente”.

La viñeta es de Manel Fontdevila.

Este ensayo nunca fue un libro de texto: no respondía al temario, nunca se usó en los colegios ni fue homologado por el Ministerio de Educación. Tampoco lo pretendía. Sin embargo, con el título bastó para que los medios de la derecha cargasen contra la nueva asignatura usando este ensayo como munición: citando párrafos de esta obra –donde se criticaba a Aznar o a Jiménez Losantos– como si fuese un libro de texto homologado, como ejemplo del “adoctrinamiento” a la ciudadanía.

Los autores del libro mandaron cartas a los diarios denunciando esta evidente manipulación. Las cartas nunca fueron publicadas. Y aún hoy, cinco años después, hay periódicos y periodistas que citan ese libro de Akal como ejemplo de lo que enseñaban a los niños en los colegios del malvado Zapatero.

Que una manipulación tan burda pase por buena demuestra una cosa: que la Educación para la ciudadanía es una asignatura imprescindible en España.

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Actualización 10:15 . Las mentiras sobre el libro de Akal alcanzan al propio ministro de Educación. José Ignacio Wert acaba de explicar en la Cadena SER (minuto 7:10) sus motivos para considerar “adoctrinante” a esta polémica asignatura. Como ejemplo, como no, ha citado varios párrafos del ensayo de Akal como si fuese un libro de texto.

Ayer Rajoy habló por fin y fue sincero. Fue por error, en una confesión al primer ministro finlandés captada accidentalmente por una cámara que grababa el ‘mudo’ (las imágenes de recurso de la cumbre). “La reforma laboral me va a costar una huelga general”, dice nuestro presidente mientras sonríe. “Siempre es duro, pero ahora viene lo más duro”. “Es que nos han dejado una herencia muy complicada”.

Son apenas tres frases que dejan varias preguntas sin respuesta. Con la “herencia complicada” (de la que prometió no quejarse), ¿se refiere Rajoy a las comunidades autónomas, gobernadas mayoritariamente por su partido, que son las que no han cumplido con las previsiones de déficit? Con “ahora viene lo más duro” ¿se refiere Rajoy a después de que pasen las elecciones andaluzas, que es cuando conoceremos los muchos recortes pendientes (unos planes que la UE exige a España mientras Rajoy gana tiempo para Javier Arenas)? Y el detalle de esa reforma laboral que bien le vale una huelga y de la que nada se sabe ¿viene en el programa electoral del PP o es otra nueva sorpresa?

Las escuchas de la Gürtel las pidió la Policía, las apoyó la Fiscalía, las ordenó Garzón y las dio por buenas el juez que siguió la investigación, Antonio Pedreira. De entre todos los policías, fiscales y magistrados que respaldaron la validez de esas escuchas, sólo una persona ha acabado en el banquillo. Garzón es el único imputado.

Cada semana, en cualquier juzgado, hay debates jurídicos sobre la competencia de un tribunal o de otro para llevar un caso. Cuando las denuncias contra el franquismo llegaron a la Audiencia Nacional, otros dos jueces de la sala que estudiaron a quién correspondía instruir apoyaron la tesis de Garzón. Si prevaricó en esta decisión, ¿no lo hicieron también quienes le respaldaron? Pues no: Garzón es el único acusado.

Cada mes, se celebran en España conferencias y cursos patrocinados por empresas donde jueces y fiscales participan cobrando por su trabajo. Sólo uno de estos cursos ha provocado que un juez español sea procesado por cohecho impropio. Garzón es, otra vez, el primer y único acusado por cobrar una de estas clases magistrales.

Cada año, desde que llegó a la Audiencia, Garzón era denunciado; sólo Manos Limpias sumaba 17 intentos. Todas las querellas habían sido desestimadas hasta que Garzón pisó terreno vedado. Desde entonces, todas las denuncias contra él han prosperado; todas hacen historia. ¿Es que acaso Garzón está gafado?

Dudo que tal cosa pase.

Lo que no tiene en su mano De Cospedal es borrarnos la memoria, y hacer como que nadie ha escuchado esas sonrojantes grabaciones donde Camps y su mujer agradecían los regalos a su “amiguito del alma” , el hombre de la Gürtel en Valencia. O donde Ricardo Costa pide a su particular rey mago 100 gramos de caviar por Navidades. O los 7,2 millones de euros en contratos hinchados y troceados para El Bigotes, pagados por todos los valencianos. O los otros 6,4 millones que la Gürtel apañó, a cuenta de la visita del Papa.

La responsabilidad política sigue siendo obvia, a pesar de lo que diga el jurado. ¿Y la penal? Parece difícil. La sentencia es recurrible pero, como Camps es aforado, irá directamente al Tribunal Supremo. Con cualquier otro imputado que no tuviese un escaño, se podría haber presentado un recurso de apelación. Con Camps no hay recurso de apelación posible, sino recurso de casación. Es decir, que el Supremo sólo puede entrar en cuestiones jurídicas y no en el fondo del asunto: si los regalos que recibió Camps eran en condición de su cargo y no porque El Bigotes sea un conocido filántropo, un mecenas honorable.

Camps también era el máximo responsable de un partido, el PP valenciano, que aún está pendiente de un juicio por presunta financiación ilegal. Camps sigue siendo el político que mintió cuando dijo que ese Bigotes al que después supimos quería “un huevo” era un señor al que no conocía de nada. Camps era el mismo presidente de la Generalitat Valenciana que confiaba de manera tan ciega en el Bigotes que incluso su número dos en el partido, Ric Costa, pedía al hombre de la Gürtel en Valencia que intercediese en su favor, que susurrase su nombre en el oído del jefe para lograr un ascenso.

Camps no es culpable –dice el jurado Popular, en proporción similar al veredicto de las urnas–, mientras que sus subalternos, Campos y Betoret, se autoinculparon; el propio Camps estuvo a punto de aceptar la condena, como le aconsejaba el PP, que ahora clama por su inocencia. ¿Volverán a nombrarle presidente de la Generalitat Valenciana (técnicamente es posible, nunca abandonó su escaño)? ¿Lo recuperará Mariano Rajoy como ministro? ¿Lo canonizarán en vida ante el más que evidente milagro? No lo pierdan de vista. La vergüenza nacional que provoca el circo de las tres pistas de la Gürtel aún no se ha terminado.

Imaginen que pido al Gobierno que me regale suelo, que me ponga una estación de AVE, que me construya una línea de metro, que me muevan un vertedero, que me echen a un poblado chabolista y que me perdonen los impuestos. Imaginen que también exijo que me cambien la ley de Juego, la ley de Enjuiciamiento Civil, la ley de Extranjería, la ley Antitabaco, el Estatuto de los Trabajadores, la ley de Blanqueo de Capitales y la ley de Procedimiento Laboral. Imaginen que, además de todo esto, reclamo que se permita el juego a menores, la entrada a ludópatas en mis casinos y un aval del Estado para algunos de los préstamos que vaya a necesitar. Si mi negocio va bien, los beneficios son míos; si quiebra, los contribuyentes tendrían que pagar.

A cambio de que me reescriban las leyes, me regalen el suelo, me avalen los préstamos, me permitan explotar a mis empleados y me perdonen los impuestos, yo prometo dar trabajo a los nativos. Ya saben, empleo de calidad: camareros mal pagados, crupieres, estafadores, matones, sirvientas para hacer las camas y prostitutas para deshacerlas.

La pregunta: ¿cuánto tardaría el Gobierno de ese país civilizado en mandarme a pasear? Pues la oferta no es hipotética. Este capitalista de casino existe y la Comunidad de Madrid está dispuesta a jugar.

“Una mujer no puede oficiar misa porque cada uno tenemos nuestra función. Yo tampoco puedo hacer algunas funciones que hacen las mujeres. No puedo traer hijos al mundo”. El arzobispo confunde los genes con una creación cultural: lo biológico con una profesión. Para que las mujeres puedan oficiar misa católica, bastaría con que cambiase el criterio del empleador. Pero por mucho que el Vaticano se empeñe, es difícil que nuestro arzobispo dé a luz (o la vea).

“Su comportamiento [el de los homosexuales] no es adecuado ni para ellos ni para la sociedad”. El voto de castidad es mucho menos adecuado tanto para el clero como para el resto de la sociedad. Y no conozco a ningún gay que pretenda imponer su elección sexual a los demás.

“A las mujeres de mi iglesia siempre les digo lo mismo: a quien tienes que cuidar más es a tu marido, él es el hijo más pequeño de la casa, ya sabéis por qué lo digo”. ¿Considera monseñor que un varón es una especie de débil mental? ¿Da esos mismos consejos a los hombres de su iglesia?

“La iglesia puede hablar, pero después no obligamos a nada porque no tenemos Mossos d’Esquadra ni prisiones”. En la historia del hombre, esto es una reciente y agradable novedad. En España, hace apenas 35 años que tal cosa es verdad. La pérdida de ese poder del Vaticano sobre los demás no fue por propia voluntad.

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Más coherencia eclesiástica: la Iglesia cuestiona que la vicepresidenta Saénz de Santamaría, casada por lo civil, sea la persona ideal para dar el pregón de Semana Santa de Valladolid. Es la misma Iglesia que casó a una mujer divorciada en la Catedral de la Almudena.

2. Es cínico defender a Megaupload como si fuese un inocente servicio de almacenaje de archivos en la nube. La mayoría de los que pagaban por sus cuentas premium no lo hacía para guardar sus ficheros –hay otros servicios similares que son gratis–, sino para ver películas y descargar archivos pirateados.

3. Esta empresa no sólo cobraba por acceder sin restricciones a su almacén, sino que pagaba cifras significativas a los uploaders: los usuarios más activos, que subían a sus servidores las películas o series más deseadas. Era la recompensa para el que se mete en el cine con una cámara de vídeo para subir un estreno a Internet. Si la piratería exige ánimo de lucro, aquí lo había; otra cosa es el P2P.

4. Si el FBI ha podido actuar contra Megaupload con la legislación vigente, ¿para qué hace falta aprobar leyes extraordinarias y lesivas para otros derechos fundamentales, como la estadounidense SOPA o nuestra ley Sinde?

5. Pensar que el cierre de Megaupload acabará con la piratería digital es tan ingenuo o tan falaz como lo que hizo George W. Bush al declarar el fin de la Guerra de Irak encima de un portaaviones a los dos meses de comenzar la invasión. Ya cerró Napster y dio igual.

6. El gran número de abonados de Megaupload demuestra que es falso que en Internet triunfe el “todo gratis”. Además de lo que ya cuesta un ADSL, la gente está dispuesta a pagar por los contenidos si el precio es razonable. Ya pasa con la música, con aplicaciones como Spotify. O con los videojuegos, con plataformas como Steam. ¿A qué espera el cine para ofrecer un servicio similar?

7. Perseguir los presuntos delitos de Megaupload es compatible con devolver los archivos privados a los usuarios legales de esta web. También los hay.

8. Mi enhorabuena al FBI por la operación. ¿Para cuándo otra contra los paraísos fiscales o la megaconspiración financiera?

Aunque lo que más sorprende de este cinismo es su atrevimiento; la confianza en uno mismo que otorga la impunidad. Es el mismo descaro que transmite Cristóbal Montoro cuando anuncia que el endeudamiento excesivo será un delito. Supongo que de esta reforma del Código Penal se ocupará el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el exalcalde de la arruinada Madrid. Si además hacen caso al presidente extremeño, José Antonio Monago, y el nuevo delito se persigue “con efectos retroactivos”, habría que mandar a una pareja de la Guardia Civil al Ministerio de Justicia para que detengan a Gallardón un segundo después de que firme la nueva ley. La hipótesis es tan absurda como la propia propuesta de Montoro, el nuevo profesor Barea de las ocurrencias del PP. Antes de reformar el Código Penal, ¿qué tal si cumplen con ese código ético que nos prometió Rajoy, tres años atrás? ¿Dice algo de no tomar el pelo al elector?

El Gobierno ha prestado de emergencia 420 millones de euros a la arruinada Comunidad Valenciana, nuestra Grecia: esa modélica autonomía que Mariano Rajoy ponía de ejemplo y que ahora está a punto de quebrar. Con algo de suerte –si no hay otro aeropuerto peatonal que promocionar–, parte de esta paga extraordinaria servirá para que los estudiantes del instituto Vila-Roja, en Almassora (Castellón), puedan encender la calefacción antes de que acabe el invierno. El instituto, como tantos otros, sufre desde mayo los impagos de la Generalitat Valenciana. El combustible para la caldera se ha convertido en un lujo imposible de afrontar.

Tal vez hayan visto la foto con la que Compromís denunció esta situación. La difundió la prensa valenciana; por el bien de nuestra prima de riesgo, espero que no llegue hasta las páginas del Financial Times. La imagen la tomó uno de los chavales del instituto para su web en Facebook y en ella aparecen sus compañeros de clase arropados con mantas y abrigos dentro del aula para protegerse del frío de la mañana. Con la foto virada a sepia y otro vestuario menos actual, la estampa bien podría aparentar la de un colegio de la posguerra española, de cuando cada alumno llevaba a clase su propio brasero.

Pero lo más simbólico de este penoso asunto no es la foto, sino la respuesta del instituto ante el escándalo que ha provocado la noticia. La directora del centro ha decidido expulsar por unos días al estudiante que tomó la instantánea por “desprestigiar la imagen del centro”. Define bastante bien lo que entiende por prestigio una administración, la valenciana, donde la imagen ha sido durante años muchísimo más importante que la realidad.

La pregunta clave: ¿se pueden grabar las conversaciones telefónicas de un imputado con su abogado? La respuesta de la Fiscalía es tajante: se puede. “El letrado que utiliza su teléfono para comunicarse con sus clientes que lo tienen intervenido no puede pretender un trato privilegiado que extienda el secreto a estos extremos”, argumentó la Fiscalía en su recurso sobre el caso, hace ya dos años.

Pero Garzón no sólo grabó las llamadas telefónicas de los capos de la Gürtel, sino también sus conversaciones en el locutorio de la cárcel con sus abogados. La ley que regula este tipo de escuchas es confusa: dice que se pueden hacer “por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”. Según la Fiscalía, esa “y” es ambigua porque se puede entender “en términos alternativos o acumulativos”. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo –que cita la Fiscalía– es más clara: se pueden intervenir estas conversaciones para investigar cualquier delito, siempre que sea con una orden judicial que argumente la medida. Así lo hizo Garzón, que grabó a Correa a propuesta de la Policia y de la Fiscalía Anticorrupción para evitar que blanqueara su botín con sus abogados. Así lo entendió también el juez Antonio Pedreira, que ratificó esas grabaciones cuando heredó la Gürtel. Y así se ha hecho también en otros casos ajenos al terrorismo, como las conversaciones del asesino de Marta del Castillo con su abogado. El juez que ordenó esas escuchas no se llama Garzón y tampoco está imputado.

Enrique Ruano, 21 años. Fue un estudiante de derecho asesinado en 1969 por la Brigada Político Social, la policía política de la dictadura. ¿Su delito? Repartir pasquines antifranquistas. Según la versión del régimen, Ruano se suicidó lanzándose por una ventana. Según quedó claro hace unos años, Ruano fue torturado durante cuatro días y después ejecutado de un disparo; de su cadáver se serró el hueso de la clavícula para esconder el agujero de una bala. Fue Fraga, ministro de Información, quien se ocupó de filtrar al ABC una carta de la víctima que lo presentaba como un suicida. Fue también el mismo Fraga quien llamó al padre de Ruano para recordarle que tenía otra hija, para amenazarle, para decirle que se callara.

Julián Grimau, 52 años. Fue un líder comunista fusilado en 1963, después de varios días de torturas –según la versión oficial, también se había lanzado por la ventana–. Fraga participó en el Consejo de Ministros que condenó a “ese caballerete”, como lo despreció en rueda de prensa el entonces ministro de la propaganda de Franco, que hizo todo lo posible para impedir el indulto que pedían otros políticos de la dictadura.

Manuel Fraga Iribarne, 89 años. Murió este domingo en la cama. Además de estas sombras, Fraga también tuvo sus luces, como habrán oído o leído ya en un sinfín de obituarios que suelen olvidar estos otros nombres, estos otros muertos que también conviene recordar.

Descanse (descansen) en paz.

El bolso de lujo al que se refiere Barberá es un obsequio tan habitual que cuesta unos 1.200 euros. Por comparar, España es un país donde seis de cada diez trabajadores cobran menos de mil euros mensuales; un país donde la extra de Navidad de la mayoría de los funcionarios está por debajo de este regalo que “no es de los más caros”. El bolso lo compró El Bigotes, para agradecer a la alcaldesa que no les jodía, aunque no les diese nada, según las grabaciones telefónicas que hemos escuchado estos días en el juicio a Camps. Compromís ha pedido a la Fiscalía que investigue si este supuesto obsequio de los reyes magos de la Gürtel se puede considerar la prueba de un delito de cohecho pasivo, como los trajes. Espero que la Justicia lo aclare pero, sinceramente, me parece lo de menos en el caso.

El escándalo no está en el bolso, ni en su precio, ni en el insulto a unos funcionarios valencianos que, en vez de regalos lujosos, han recibido por Navidad otra rebaja de salario. El pecado político que debería salir caro es el cinismo, la mentira, la impunidad, la hipocresía superlativa: decir sin parpadear que uno se paga sus trajes, o sus bolsos, o su caviar, o sus coches, o sus paseos en yate, y que después una grabación demuestre lo poco que vale la palabra dada. Y que nunca pase nada.

En Valencia no hay dinero para la educación. Hay 450 colegios al borde del cierre porque la Generalitat les debe 50 millones. Sí hubo dinero, eso sí, para construir el único aeropuerto peatonal del mundo, el de Castellón: ha costado 150 millones de euros y aún espera su primer avión.

En Valencia tampoco hay dinero para que funcione la administración más arruinada de España, gobernada desde 1995 por el PP, y la que Rajoy ya ha tenido que rescatar. Según FEDEA, la Comunidad Valenciana es la mayor responsable de la desviación del déficit público: sólo ella se lleva el 21% del agujero imprevisto de todas las autonomías. Sí hubo dinero, eso sí, para faraónicos estudios de cine, carreras de Fórmula 1 o ruinosos parques de atracciones.

En Valencia no hay dinero, y por eso quebró la CAM, quebró el Banco de Valencia y Caja Madrid tuvo que rescatar a Bancaja. Sí hubo dinero, eso sí, para pagar sueldos millonarios a quienes arruinaron estas cajas: gestores políticos nombrados por el PP.

En Valencia no hay dinero, y por eso han bajado los sueldos a los funcionarios, han gravado con 4,8 céntimos cada litro de gasolina y han subido el IRPF. Sí hay dinero, eso sí, para perdonar a las grandes fortunas el impuesto de Patrimonio: son 75 millones de euros al año que les deben de sobrar.

Todavía no está probado lo de la cocaína –sólo existe la declaración de su chófer, que está imputado también–. Pero de lo que sí existen evidencias cada vez más palmarias es de que Guerrero regalaba subvenciones a sus cuates de forma completamente arbitraria y sin pasar por ningún control, como si fuese Santa Claus en Navidad. Su chófer, el de la coca, se llevó 900.000 euros públicos para unos negocios que jamás inició. A otro amigo del chófer, Guerrero le concedió otros 450.000 euros para una granja que tampoco existió. ¿Dónde miraba el Gobierno de Manuel Chaves cuando todo esto ocurrió? Aún está por explicar.

Pero hay tres diferencias con otros recientes escándalos de corrupción que conviene recordar. La primera: que fue la propia Junta de Andalucía quién denunció el caso en los juzgados, en vez de intentarlo torpedear. La segunda: que aún no he escuchado a ningún dirigente del PSOE acusar a la policía que investiga este pozo séptico de ser “la Stasi”, ni a los jueces y fiscales de formar parte de “la Inquisición”. Y la tercera, la más importante: que dudo mucho que el PSOE andaluz vaya a conseguir de premio, por este caso de corrupción, una mayoría absoluta como la que tiene el PP en Baleares o la Comunidad Valenciana.

Las demás respuestas que ayer dio a EFE Rajoy –el mismo que se comprometió a “decir siempre la verdad”– tienen el mismo nivel de credibilidad.

¿Por qué subió los impuestos una semana después de negarlo? Según la coartada que ayer detalló Rajoy, hasta el 27 de diciembre no descubrió la verdad: que en este local se juega y que el déficit de este año sería del 8% y no del 6%. De ser cierto lo que cuenta, estamos ante un Gobierno excepcional, capaz de adivinar el futuro o de viajar en el tiempo, porque hace meses que sus propios ministros aseguraban en los corrillos a los periodistas que el déficit superaría el 8%. ¿O es que acaso su propio equipo no le contaba a Rajoy la verdad?

La excusa es aún menos creíble porque tres cuartas partes del agujero inesperado es de las autonomías, que mayoritariamente gobierna el PP. Según Rajoy, el Gobierno de Zapatero se desvió menos de tres décimas del PIB sobre su presupuesto: gastó sólo 3.000 millones más de lo previsto. Las autonomías, 15.000 millones más: su déficit es del 2,7% frente al 1,3% presupuestado. Aún no se conocen los detalles, pero merecen una explicación en el Congreso. En las cuentas del tercer trimestre de 2011, que los gobiernos autonómicos presentaron hace apenas un mes, declararon un déficit de sólo el 1,19%. ¿Acaso mintieron al Gobierno de Zapatero? ¿Acaso se lo ocultaron también a Rajoy? ¿Acaso nos toman por tontos, por idiotas o por gente que no sabe sumar?

El aeropuerto de Castellón tiene una pista de 2.700 metros, una terminal de pasajeros y otra de carga, 3.000 plazas de aparcamiento, una estación de bomberos, una depuradora de aguas residuales y hasta una central eléctrica. También tiene halcones y hurones adiestrados, que protegen las pistas vacías por medio millón de euros más; un director que cobra 84.000 euros al año –más que el presidente del Gobierno– por ver pasar los días sin que pase un solo avión; y un coloso de 20 toneladas de metal, una estatua ciclópea en honor a Fabra que ha costado 300.000 euros más.

Castellón aún espera su primer avión. Tal vez nunca llegue, sólo lo hará con una generosa subvención. Me imagino al aeropuerto convertido en una ruina exquisita, dentro de mil años, con una inscripción bajo la gigantesca estatua que alguien debería esculpir: “Mi nombre es Carlos Fabra, rey de reyes. Contempla mi obra, tú poderoso, y desespera”.

El salario de Rato no es sólo indecente por comparación, sino porque todos hemos pagado indirectamente una parte, a través de nuestros impuestos. Bankia es una de las entidades financieras apuntaladas con los fondos públicos: ha recibido 4.465 millones de euros del FROB. Y también es otro de los muchos bancos y cajas españoles a los que habrá que desintoxicar de su adicción al ladrillo, pagando un banco malo a modo de rescate. Nuestro sacrificio permite estas fiestas.

Ante esta situación, que “crea alarma social” el osado ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha atrevido a mandar una carta quejándose ante el Banco de España. De Guindos sabe de lo que habla: él mismo cobró 65.000 euros en 2011 por unas cuantas reuniones en el consejo del Banco Mare Nostrum (que pidió 915 millones de euros al FROB). También podría mirar en casa: en el listado de afilados del PP. Entre los agraciados con los sueldazos de las cajas –unos nombramientos políticos– está el expresidente por el PP de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, presidente del quebrado Banco de Valencia, que el año pasado ganó 1,6 millones de euros de premio, por su ruinoso trabajo. O el presidente de la Diputación de Ávila, el hombre de los trece cargos, Agustín González, que se llevó 224.000 euros por su minijob a tiempo parcial en Bankia y en Caja Ávila. O el exministro Ángel Acebes, que compaginó un sueldito en una filial de Bankia (163.000 euros en 2011) con un escaño en el Congreso de los Diputados.

“El Partido Popular se opondrá a cualquier subida de impuestos que proponga Zapatero porque significan más paro y más recesión”.

Mariano Rajoy, 29 de agosto de 2009.

Supongo que el matiz está en el “que proponga Zapatero”. Será que todo es distinto cuando lo manda Rajoy. El nuevo Gobierno del PP se estrena con una de las mayores subidas de impuestos de la democracia, una medida extraordinaria que el nuevo presidente ocultó a los ciudadanos durante toda la campaña electoral y que negó incluso en su debate de investidura, hace menos de dos semanas.

“Yo no voy a subir los impuestos, no.”

Mariano Rajoy, 16 de noviembre de 2011, cuatro días antes de votar.

La subida de impuestos supondrá una recaudación de unos 6.200 millones más. Dos tercios de esta cifra saldrán de las rentas del trabajo; las rentas del capital apenas aportarán 1.250 millones. El pato lo pagarán las clases medias asalariadas, que son los únicos que de verdad aparecen retratados en el IRPF. Al menos la subida es progresiva, pero la reforma escogida profundiza aún más en los problemas de nuestro injusto modelo fiscal.

“No es el momento para demagogias fiscales (…) Hay que seguir bajando impuestos para ganar recaudación y no al revés”.

Cristóbal Montoro, 29 de agosto de 2011.

España recauda pocos impuestos, nuestra presión fiscal es muy inferior a la media europea, pero el porcentaje de ingresos procedentes de la imposición al trabajo (IRPF+cotizaciones) es el sexto más alto de toda la UE (ver pag 59 de este informe de la Comisión Europea). Es más sangrante aún que el PP se oponga a la recuperación del impuesto de Patrimonio para grandes fortunas, que varias comunidades autónomas gobernadas por la derecha han renunciado a cobrar, y al tiempo penalice a esa clase media trabajadora que decían representar.

Pero no sólo hay subidas de impuestos, también hay rebajas. Vuelve una de las estrellas de la burbuja inmobiliaria: el regreso de la deducción por compra de vivienda, una de las medidas más estúpidas y contraproducentes del modelo fiscal español. Es una desgravación que sale muy cara: en 2008 llegó a costar más de 6.000 millones de euros. Es regresiva, porque beneficia más a las rentas más altas y se llega al absurdo de que el Estado subvencione, por ejemplo, mansiones de varios millones de euros si se trata de la “vivienda habitual”. Y además es injusta, porque realmente no ayuda a las familias, sino a las empresas del ladrillo: los vendedores acaban repercutiendo esa deducción en el precio final.

“El Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales: la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012″

Mariano Rajoy, 19 de diciembre de 2011, durante el discurso inicial del debate de investidura.

Ni siquiera esta medida, tan cacareada, se ha llegado a cumplir. El Gobierno ha subido las pensiones un 1% cuando la inflación es del 2,4% (último dato interanual: diciembre de 2011). Si se refiere al año 2012, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones tampoco es tal porque la previsión de inflación para España del BCE es del 2%, no del 1% (lo habitual era subirlas el 2% y después ajustar con una paga compensatoria según el cierre del IPC). Sólo las pensiones mínimas -las únicas que el Gobierno anterior tampoco congeló– reciben ahora esa paga compensatoria y se revalorizan un 2,9% adicional, en línea con el dato del IPC de noviembre de 2011.

Además, con la subida de impuestos, algunos pensionistas se pueden encontrar con que el neto de su pensión, después de la retención del IRPF, sea incluso menor que el que venían cobrando hasta hoy.

“No me parece justo hacer un recorte [a los funcionarios] sobre un anterior recorte y por tanto no lo contemplamos”

Mariano Rajoy, 16 de noviembre de 2011.

No será justo, pero los funcionarios volverán a sufrir un nuevo recorte. Su sueldo sigue congelado; el neto incluso bajará en la mayoría de los casos por el aumento de la retención del IRPF. Pierden otra vez poder adquisitivo por la inflación, y por el mismo precio tendrán que trabajar dos horas y media más a la semana. No será el único aumento en su jornada laboral: como prácticamente se paraliza la reposición de funcionarios –sólo una plaza de cada diez–, tendrán que hacer también el trabajo de los compañeros que se jubilen.

“No me voy a quejar de la herencia que reciba”

Mariano Rajoy, 9 de noviembre de 2011.

Rajoy no se ha quejado aún de la herencia recibida porque no siquiera ha comparecido para explicar este flagrante incumplimiento de sus promesas, empezando por aquella de “hablar claro” y “decir siempre la verdad”. Sí han hablado sus ministros y tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Cristóbal Montoro han responsabilizado al Gobierno anterior de que no se hayan cumplido los objetivos del déficit; un “imprevisto” que, según ellos, les ha obligado a este giro radical. Es una mentira más.

Los principales dirigentes del PP hace meses que en privado hablan de un déficit del 8% –lo conté, por ejemplo, en este artículo anterior al 20N–. Además, la principal desviación del déficit previsto no es por culpa del Gobierno central sino de las comunidades autónomas. Según los datos del propio Cristóbal Montoro, el Gobierno central incumple el objetivo del déficit sólo por tres décimas: 5,1% frente al 4,8% que había presupuestado Elena Salgado. El gran agujero sobre las previsiones está en las autonomías, gobernadas en su inmensa mayoría por el Partido Popular.

“Es un compromiso que (…) pretendo hacer bandera en mi Gobierno, si la Cámara me otorga su confianza: decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad sin adornos ni excusas, llamar al pan, pan y al vino, vino.

Mariano Rajoy, 19 de diciembre de 2011.

No hable de regalar dinero público a la banca con un banco malo, se trata de “facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras”. No cuestione un gabinete de puerta giratoria, con los lobbies en el Consejo de Ministros: alabe su preparación empresarial. No critique a un ministro de Defensa que ha pasado los últimos 16 años a los dos lados del misil –comprándolos desde la Administración o vendiéndolos desde las fábricas de armas–: elogie su “experiencia en el sector”. No recuerde a Lehman Brothers, sus directivos nunca han sido responsables de lo que pasó.

No prometa ante la Constitución, mejor jure ante la Biblia. No hable de Estado aconfesional, elogie a dios como “legislador del universo”. No lo llame matrimonio, que las peras son peras, las manzanas son manzanas y la mujer-mujer es alcaldesa de Madrid. No diga Educación para la ciudadanía, diga mejor religión. Y deje de culpar al Gobierno del paro, de la situación económica o de la lluvia, que eso es cosa del pasado: ahora es culpa de la “herencia recibida” de la “hemorragia de la deuda”, de la “coyuntura económica general” y de la “crisis internacional”.

Y de la pertinaz sequía.

Actualización, unas horas después

No lo llame subida de impuestos: es un “recargo temporal de solidaridad”

Morenés también ha sido presidente de Construcciones Navales del Norte SL, los antiguos astilleros públicos de Sestao, que el hoy ministro conocía muy bien de antes de su privatización, de cuando fue consejero de la SEPI y director comercial de la división de Construcción Naval del INI. Y propietario único de Boguillas SL, una empresa que se dedica a la “gestión y representación de intereses” y que el año pasado facturó 361.567 euros con sólo 19.646 euros en gastos de personal, según el registro mercantil –entre los últimos tres años, las ventas superan ampliamente el millón de euros–. Y también dueño de I-Sec Ibérica, una “consultoría” “en el sector de la Seguridad”. Y consejero de Gamo Outdoor, un fabricante de rifles de aire comprimido; y de Ingenio 3000; y de Repasa… Y me dejo varios cargos y unas cuantas empresas más.

Por alguna razón, toda esta información no aparece en su biografía oficial, colgada en la web de La Moncloa. Será modestia militar.

Tampoco es igual el rey en transparencia, si comparamos a nuestra casa real con otras coronas europeas o con otras instituciones. Hoy sabremos algo más sobre el dinero público que gasta la Casa Real, cuyas cuentas han sido durante tres décadas más opacas que los fondos reservados de Interior. ¿Harán falta otros treinta años más, u otro escándalo real, para que esa deseable transparencia llegue hasta el final? ¿Pediremos algún día a la Jefatura del Estado lo mismo que ya exigimos a ministros, senadores o diputados: una declaración anual de ingresos y patrimonio?

La transparencia, por aclarar, no es una graciosa concesión que los representantes de lo público regalan a los ciudadanos en generoso gesto. No es una limosna. No es un favor que nos hacen a los periodistas. No es un afán envidioso por cotillear en la cuenta corriente de cada cual. La transparencia es una de las vacunas más eficaces contra la corrupción; por eso hay quien barre la basura bajo la alfombra, para esconderla de la vista y de la luz. ¿Habría tenido un comportamiento más “ejemplar” Iñaki Urdangarin si se hubiese sentido fiscalizado por la sociedad?

A diferencia de otros presidentes, Rajoy apenas ha aprobado nombramientos en el primer Consejo de Ministros: sólo ha designado a 8 de los 24 secretarios de Estado por cubrir, la tercera parte. La inmensa mayoría de los subsecretarios, directores de gabinete y directores generales siguen aún por cubrir. Después de las prisas para acelerar el relevo, parte del equipo de Zapatero continúa hoy en funciones por falta de sucesor. ¿La razón? El secretismo de Rajoy, que repartió las carteras sólo 48 horas antes del primer Consejo de Ministros. Como no sabían qué les iba a tocar, la mayoría de los ministros no ha tenido tiempo para buscar un equipo con el que trabajar.

El ministro Luis de Guindos anunció ayer que España llegará en breve a los cinco millones de parados y que entramos de nuevo en recesión (él lo llama “crecimiento negativo”, que suena mejor). Los tijeretazos van a agravar esta situación; más aún si el Gobierno recorta músculo, en lugar de grasa. En vez de tanto misterio para que Rajoy pudiera presumir de liderazgo y autoridad, ¿no habría sido mejor que los ministros hubiesen conocido su destino con algo más de antelación? ¿Ha tenido alguna ventaja esta absurda demostración de poder?