El archivo de la denuncia contra Dívar es lo que habría que lamentar. No está claro que la decisión de la fiscalía cierre para siempre la vía judicial –atentos a la acusación popular–, pero sin duda no acaba con el escándalo político, por mucho que el ministro Gallardón diga que Dívar «sale reforzado». El presidente del Supremo tiene muchas cosas que detallar. Dívar no ha explicado qué clase de compromiso oficial requiere 20 viajes de fin de semana caribeños a Puerto Banús. Tampoco ha aclarado qué persona le acompañaba en esas lujosas comidas y cenas para dos que pagó el dinero público; es un dato relevante: con el nombre del acompañante es fácil deducir si estamos ante un gasto personal o laboral.

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“¿Qué quiere decir no tener recursos?”, se pregunta el ministro de Educación. Yo se lo explico, señor Wert. En España hay un 22% de las familias que vive por debajo del umbral de la pobreza: una de cada cinco. Hay 11,5 millones de personas que ya están al borde de la exclusión social. El salario medio es de 22.511 euros brutos al año –poco más de esa “miseria” que se gastó Carlos Dívar de turismo en Puerto Banús– pero las medias son engañosas. En esta media entra también el sueldo de Rato, o el de Olivas, o el de usted. La realidad, señor Wert, es que el 60% de los trabajadores españoles no llega a mileurista, hay un 22% que no tiene trabajo y hay también 1.782.400 familias con todos sus miembros en el paro. El 60% de los españoles no llega a fin de mes.

Aunque le parezca increíble, señor Wert, hay más de 50.000 familias que pierden su casa cada año; será porque no saben administrar sus recursos, que diría usted. Hay un 50% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años que viven en casa de sus padres, la mayoría porque no tienen otra opción. Hay medio millón de jóvenes que se emanciparon y, por culpa de la crisis, han tenido que dar marcha atrás y regresar al hogar familiar. Y hay dos millones de niños en España, ¡dos millones, joder!, que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Así es la España de hoy, señor Wert. Y debajo de estas cifras, de estos números, de estas crudas estadísticas, hay gente que lo pasa aún peor. Por eso es tan obsceno escucharle frivolizar con la extrema necesidad de tantas familias, con el esfuerzo que supone para tantos españoles que los hijos puedan ir a la universidad. Ya se quitan “recursos” de otras cosas sin que usted se lo venga a explicar.

“Carlos Dívar sale fortalecido”. “Vivimos en un Estado de Derecho y de garantías en el que se investigan los hechos y se verifican las denuncias. Así la Fiscalía, desde su autonomía, ha certificado que su conducta no supone ningún delito”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia.

“Han ocurrido cosas difíciles de explicar y de entender en este momento”. “No he tenido más objetivo que servir con la mayor lealtad, dedicación y desinterés personal, pensando siempre que al hacerlo estaba también, de alguna forma, sirviendo a los intereses de la Comunitat Valenciana”.

José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana. El año pasado ganó 1,62 millones “sirviendo a la Comunitat Valenciana”.

“No está contemplada ninguna subida del IVA. Inicialmente había contemplada su reducción, sobre todo en el sector turístico, aunque no es posible en esta situación económica”. “No hay que obsesionarse por la prima de riesgo”.

José Manuel Soria, ministro de Industria.

“Es evidente que esos datos provisionales, que como tales enviamos al Ministerio de Hacienda y que por la razón que fuera los envió a la Unión Europea, o algo hizo con ellos, mucha gente los dio por definitivos, pero nosotros hemos dicho desde el primer momento que eran provisionales”. “El déficit no se ha disparado”.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Que aflore déficit hasta ahora no reconocido es una circunstancia extraordinariamente positiva, porque lo primero que hay que hacer es llevar a la contabilidad pública todo lo pendiente”. “Es un ejercicio de transparencia”.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Algún día todo esto saldrá caro: algún día pagaremos con altísimos intereses este constante deterioro institucional, esta permanente sensación de estafa que sufren muchos ciudadanos, esta aparente impunidad. Todo sale gratis: el presidente del Gobierno puede mentirnos a la cara y no pasa nada. El presidente de los jueces puede cargar gastos privados a la visa del trabajo y tampoco pasa nada. El cuarto mayor banco del país puede dejar un agujero de al menos 12.000 millones, un 20% más que el recorte en educación y sanidad, y tampoco pasa nada. El jefe del Estado puede matar elefantes, su yerno puede dedicarse al talonmano, pero nunca pasa nada. Hasta que pase.

Que el déficit español del año 2011 haya pasado de repente del 8,5% al 8,9% no solo son 4.000 millones más –que ya es dinero–, nos saldrá muchísimo más caro. Es un tremendo boquete en la imagen de España que ha aparecido en el peor momento posible, cuando el país se juega una intervención de la troika que supondría la ruina para toda una generación, para los próximos diez años. Se suponía que las cuentas del año pasado estaban ya cerradas; la mayor parte de las autonomías las dieron por buenas en febrero. Presentar en mayo esta nueva e inesperada desviación en el déficit es, en el mejor de los casos, una enorme chapuza que no se puede ventilar como un ejercicio de “transparencia”, como repiten los portavoces populares.

El mismo viernes por la mañana el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, presumía desde Twitter de que su Gobierno estaba este trimestre “en déficit cero”. ¿Nadie le avisó del pufo que se iba a hacer público esa misma tarde? Peor aún es el papelón de su predecesor en el cargo, Antonio Beteta, hoy número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Beteta es, precisamente, el responsable de auditar las cuentas públicas de las autonomías. ¿Con qué autoridad podrá exigir al resto de las comunidades que sean rigurosas con el déficit? ¿Sigue siendo el hombre más adecuado para el puesto?

Pero si malo es el agujero, peores son las excusas. Dice Percival Manglano que esto ha pasado “por mantener los gastos sociales”. No solo es injusto cargar el problema (después vendrá el tijeretazo) en la educación o la sanidad. También es falso: el agujero en las cuentas públicas tiene en España mucho más que ver con el desplome en los ingresos, no con el aumento del gasto. Y es aún más falso en Madrid, una de las comunidades con menor porcentaje de gasto social per cápita y donde Esperanza Aguirre mantiene varios regalos fiscales tan caros como insolidarios. Madrid, por ejemplo, bonifica al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones y es la única autonomía donde la enseñanza privada desgrava en el IRPF: este “gasto social” suma 90 millones anuales.

También es Madrid, junto con Baleares, la única autonomía que aún se niega a recuperar el impuesto de Patrimonio, que aprobó a finales de septiembre Zapatero. Este impuesto solo lo pagan aquellas personas con más de 700.000 euros en patrimonio, descontando de esta cuenta la vivienda habitual: solo afecta al 0,3% de los españoles, los que cuentan con mayores recursos. Se calcula que en Madrid, este impuesto supondría 630 millones de euros anuales que Esperanza Aguirre prefiere no ingresar. Por comparar, la última subida del Metro recaudará solo 120 millones de euros anuales. En Madrid no hay dinero para el transporte público, pero sí lo hay para perdonar impuestos a los más ricos. Cuestión de prioridades.

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Tal vez De Cospedal no lo sepa, pero el inventor de esa idea de la “mayoría silenciosa” fue un político de infausto recuerdo: el expresidente estadounidense Richard Nixon. Fue en noviembre de 1969, durante un famoso discurso sobre la guerra de Vietnam, en el que pedía el apoyo a la “gran mayoría silenciosa” mientras criticaba a los manifestantes pacifistas. “Traicionaría mi juramento del cargo si permitiera que la política de esta nación estuviera dictada por una minoría mediante la organización de manifestaciones en la calle”, decía Nixon. Su trampa argumental era doble: ni eran minoritarias las protestas, ni era mayoritario el silencio a favor de Vietnam. Pero aunque así no lo fuera, es falaz despreciar a quienes se manifiestan –por minoritarios que sean– porque una democracia va mucho más allá que el simple voto: es gobernar para todos, es escuchar al que disiente. Y es aún más falaz interpretar cualquier silencio –sea la abstención electoral, sea la pasividad ante una movilización ciudadana– como un apoyo declarado para aquella minoría poderosa que tiene más voz que el resto.

Al menos Richard Nixon reconocía una cosa: el derecho a la manifestación. “Una de las fortalezas de nuestra sociedad libre es que cualquier americano tiene el derecho de llegar a esa conclusión y defender ese punto de vista”, admitía en aquel discurso Nixon, el mismísimo Richard Nixon, que queda como un moderado al lado de la derecha que nos gobierna, donde cualquier manifestación, cualquier protesta pacífica, es una “algarada” a la que no se responde con el diálogo, sino con la policía.

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Este artículo sale hoy a la calle en el número especial en PDF y en papel que han elaborado varios compañeros, extrabajadores de Público: la cooperativa MásPúblico. Enhorabuena por el primer número. Os ha quedado fenomenal.

Lo ocurrido con Bankia es de tal gravedad que el Gobierno debería dar dos pasos: abrir una comisión en el Parlamento donde se aclare la quiebra y ordenar a la fiscalía que investigue si, más allá de las responsabilidades políticas, hay también responsabilidad penal. El dato conocido estos días sobre las cuentas del 2011 –que el auditor externo Deloitte se negó a firmar por estar plagadas de irregularidades– no se puede ventilar sin más.

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Más allá de Dios, del amor a Cristo y del mismísimo Papa, algunas preguntas, hoy más pertinentes que nunca. ¿Qué clase de justicia es aquella que carga fines de semana en hoteles de lujo a cuenta del honrado contribuyente? ¿Qué moralidad permite al presidente del Supremo ejercer la “semana caribeña”: trabajar solo tres días y pasar los cuatro restantes a todo tren con el dinero público en Marbella? ¿En qué estaba pensando Zapatero cuando decidió nombrar a este integrista católico de hoy dudosa ejemplaridad al frente del máximo tribunal español? ¿Es normal que el principal responsable de los jueces españoles publique en la revista de una asociación filofranquista: la Hermandad del Valle de los Caídos? ¿Qué diríamos si un juez defendiera –por comparar– que solo en el amor a Mahoma y en la obediencia al imán de La Meca está la verdadera justicia?

12.992 millones de euros. Es lo que se supone que valía Bankia según su propia contabilidad, su valor en libros hace algo menos de un año. Para la salida a bolsa, el 20 de julio de 2011, se ofreció un descuento del 60% sobre esta cantidad para motivar a inversores a entrar en este pastel. Ni aún así: desde que cotiza, el valor de Bankia (el de la bolsa, no el de los libros) se ha reducido un 38% más.

4.600 millones de euros. Es lo que vale Bankia, según su capitalización bursátil de ayer. Es decir: los mercados valoran a esta entidad financiera en un tercio de lo que el Estado tendrá que poner para reflotarla a ella y a su matriz, el BFA, que es una especie de banco malo donde el genio financiero de Rodrigo Rato –aconsejado por MAFO– dejó toda la basura del ladrillo para ver si así podía aguantar. En ese almacén nuclear se guardan 30.000 millones en activos tóxicos, un 3% del PIB nacional o todo el recorte del gasto público de este año. Dentro de esa cifra hay también 5.000 millones en suelo, un patrimonio que se ha devaluado aún más. Es obvio que el dinero público prestado difícilmente va a regresar.

2,34 millones de euros. Es lo que cobró Rodrigo Rato el año pasado (más el variable) por su excelente gestión. Equivale a 260 salarios mínimos interprofesionales. Es decir, un trabajador que cobre el SMI tardaría dos siglos y seis décadas en ganar lo que Rato se levantó en 2011.

1,2 millones de euros. Es la indemnización máxima a la que tiene derecho Rodrigo Rato por su amable dimisión. En realidad, poco dinero: su sustituto como presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se llevó 68,7 millones de euros tras jubilarse con 55 años del BBVA. Para que un empleado con el SMI pudiese cobrar una cantidad así, necesitaría 7.600 años de trabajo.

Actualización, 12:31. Por si fuera poco, el Estado también ha comprometido 27.500 millones más en avales de Bankia.

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Sobre el papel, el plan tiene sus cosas buenas. El IVA es un impuesto que no es progresivo y retrae el consumo –más aún en un momento de crisis–. Pero, por el otro lado, el IVA es muy eficiente a la hora de recaudar, sigue siendo bajo en España si se compara con el resto de Europa y permite poco fraude fiscal. Además, si al mismo tiempo se bajan las cotizaciones sociales, mejora la competitividad de toda la economía.

Si el Gobierno sube el IVA y baja las cotizaciones sociales, las exportaciones aumentarán. Producir en España sería más barato porque los costes laborales de las empresas bajarían. Además, como el IVA solo se paga si el producto se vende en España, la combinación de ambas medidas actuaría como una barrera frente a las importaciones. En términos relativos, los productos y servicios españoles serían más baratos, más competitivos, tanto dentro como fuera del país. Esto para una economía como la nuestra, con serios problemas en la balanza de pagos por la dependencia energética, es algo muy bueno.

Los contras: además de lo ya dicho –que el IVA retraerá el consumo y afectará más duramente a las clases medias y bajas–, hay otro más. La cotización social no es un impuesto al uso: es parte del sueldo de los trabajadores. Ese dinero que paga la empresa lo recibe indirectamente el empleado; es un salario diferido que el trabajador cobra más tarde, ya que con ese dinero se pagan las pensiones, el FOGASA, el seguro de desempleo o los accidentes laborales. Si bajas las cotizaciones, estás bajando el sueldo de todos los trabajadores, aunque no lo noten inmediatamente en su nómina mensual.

Además, rebajar las cotizaciones sociales supone poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. En España el sistema de pensiones es de reparto y de contribución definida. Es decir: las cotizaciones son derechos a pensiones futuras. Si las bajas, solo te quedan dos opciones: o bajas también las pensiones o sustituyes ese dinero que dejas de ingresar por un impuesto. Y si derivas parte de lo que recaude la subida del IVA hacia la Seguridad Social, rompes el modelo de contribución definida: habrá personas que paguen IVA, pero no tengan derecho a una pensión.

¿Hay forma de bajar las cotizaciones sin tocar las contribuciones comunes (las que sirven para pagar las pensiones)? Sí. Se puede recortar la parte que sirve para pagar los accidentes laborales, unos fondos que gestionan las mutuas patronales de forma tan sospechosa como poco eficaz. Sin embargo, si solo se rebaja esa partida, la medida no ayudará gran cosa para mejorar la competitividad. Sea cual sea el modelo elegido, estaría fenomenal que el Gobierno aclarase estos detalles importantes y nos explicase exactamente cuál es su plan y cómo y quiénes lo vamos a pagar. Que diese algo de información, para variar.

¿Prescriben también las responsabilidades políticas? ¿Asumirá alguien en el PP de Madrid o en el Gobierno autonómico su responsabilidad por este escándalo? Es obvio que no. Esto fue lo que contestó Esperanza Aguirre cuando le preguntaron por el caso Fundescam, hace tres años, a cuenta de unas declaraciones de Tomás Gómez acusando al PP de financiarse ilegalmente. El PP de Madrid se querelló penalmente contra el líder del PSOE en Madrid por aquella acusación pero su denuncia quedó en nada: el juez ni siquiera la aceptó a trámite.

¿Dijo la verdad Esperanza Aguirre sobre la financiación del PP de Madrid? Les dejo con las pruebas que desvelé hace tres años junto a la periodista Alicia Gutiérrez en Público, unos documentos que están hoy en los tribunales. Juzquen ustedes mismos.

1. Las facturas de las donaciones que recogió Fundescam poco antes de las elecciones autonómicas de 2003. Aquí van solo dos de ellas, el resto son calcadas con el único cambio de la firma y nombre del donante. El listado completo de estos filántropos que pagaron a Fundescam está aquí.

2. El documento Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls. Lo creó el imputado de la Gürtel Pablo Crespo y apareció en un pen drive que el contable de Correa intentó ocultar cuando fue detenido. Crespo había enviado este comprometedor listado al PP a principios de 2005, después de demandar al PP por varias facturas que estaban sin cobrar a través de una de las empresas de la Gürtel, Special Events (como señala el pie de la página). En el documento aparecen las facturas manipuladas y el “concepto real” por el que se habían cobrado esos montantes: queda claro que la Gürtel facturó a Fundescam parte de los gastos de las campañas electorales del PP.

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3. Tomo 60, páginas 136, 137 y 138 del sumario de la Gürtel donde se menciona la doble contabilidad de Fundescam.

4. Los curiosos ingresos de Fundescam, una montaña rusa a ritmo electoral. Fundescam apenas tenía “donaciones” hasta que llegaban las elecciones.

El margen de maniobra de Mariano Rajoy es casi inexistente. Angela Merkel no se fía de él. No le ve capaz de cumplir con el déficit y por eso no le da ni agua. Entre otras cosas, por su postura irresponsable cuando estaba en la oposición. La canciller alemana llamó por teléfono a Rajoy en mayo de 2010 para pedirle que apoyara el tijeretazo de Zapatero. El PP votó en contra.

Rajoy maneja solo dos opciones y las dos son malas para España: o cumple con el programa de recortes que exige Alemania –y el BCE a cambio compra bonos españoles para evitar que la prima de riesgo se despeñe–, o da largas a Alemania para evitar las recetas más duras y son los mercados quienes nos mandan a la lona, disparando el coste de financiar la deuda. Las dos opciones se resumen en una: o recortas por las buenas o recortas por las malas. De una manera u otra, los dos caminos llevan al mismo sitio: a una recesión insoportable, a un paro insostenible, donde se corre incluso el riesgo real de que se rompan las costuras de la sociedad española. ¿Dónde está el límite en el desempleo? ¿Cuántas familias más sin trabajo ni esperanza hacen falta para que el país estalle?

Además del ajuste fiscal, hay otro problema más aún por resolver: la refinanciación de la banca. Parece seguro que hará falta dinero público –en forma de inyecciones de capital o de banco malo– para salvar al sector financiero del colapso. ¿Cuánto? No se sabe, el agujero del ladrillazo es insondable. Pero probablemente será una cifra que obligue a España a pedir un rescate parcial a Europa: unos fondos que no saldrán gratis y vendrán con condiciones durísimas.

Hay una tercera vía para España: plantar cara a Alemania con el apoyo de otros países de la UE que están igual de acorralados; negarse a un precipitado ajuste fiscal que nos conduce al desastre. No parece que desde el Gobierno siquiera se debata tal cosa. Irónicamente, la única esperanza para el país y para el propio Mariano Rajoy pasa porque un socialista, François Hollande, gane las elecciones en Francia y ponga freno a Alemania.

Lo que dice la ley: los altos cargos del Gobierno no podrán trabajar durante dos años en empresas privadas “relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. A cambio de esa limitación, los exministros y demás reciben el 80% de su sueldo durante esos dos años. En el caso de Salgado, son 58.788 euros anuales de indemnización. No es un sueldo millonario, pero es más del doble de lo que cobra de media un español.

Que Salgado fichase por Endesa Chile ya era algo difícil de defender. La primera eléctrica española no ha sido ni mucho menos ajena a las decisiones que tomó la exvicepresidenta desde el poder. Desde un punto de vista ético no se puede argumentar que la filial en Chile es una empresa realmente extranjera, por mucho que se ajuste a la letra de la ley.

El Gobierno del PP autorizó el fichaje de Salgado por Endesa Chile: al enemigo que queda en evidencia, puente de plata. Sin embargo tendrán más difícil dar el visto bueno al fichaje por Abertis. No hay por dónde coger que Salgado asesore a la primera concesionaria de autopistas en España a los pocos meses de dejar el Gobierno. No es defendible ni por la ética ni por la ley.

¿A qué esperan en el PSOE para criticar a Elena Salgado en público con la misma dureza con la que se refieren a ella en privado por estos bien pagados minijobs?

Desde el gobierno de Rajoy se dice al mismo tiempo que supondrá un ahorro notable en las cuentas públicas y que los inmigrantes ni lo notarán porque siempre les quedarán las urgencias. Algo no cuadra porque es precisamente en urgencias donde más caro resulta cada paciente: si todos los inmigrantes van allí, en vez de ahorrar se gastará más. La solución a este enigma tal vez esté en próximos recortes, en un copago por el “abuso” de las urgencias que cerrará esta ecuación.

Para mayor obscenidad, en el mismo BOE en el que se recorta a los inmigrantes sin papeles el derecho básico a la sanidad, el Gobierno aprobó una amable concesión para las grandes farmacéuticas: los médicos podrán volver a recetar en algunos casos según la marca, y no según el principio activo. Para cuidar la buena salud de esas empresas sí que se puede gastar más.

El debate es claro: si Alemania se sigue negando a dotar al euro de la pata que le falta –un tesoro común en forma de eurobonos o de un BCE al que le preocupe algo más que la puñetera inflación–, para el resto de los socios de la UE empieza a ser una posición a estudiar salir del euro con todo lo que conlleva. La política de los recortes no va a servir para cuadrar las cuentas públicas: a más recortes, menos crecimiento, menos ingresos fiscales y más déficit al final. De esta espiral endemoniada solo se huye con políticas monetarias expansivas y con Merkel al mando tal cosa no va a pasar.

¿Es una locura salir del euro? El Nobel Paul Krugman no lo ve así: “Pueden decir que esto es inconcebible, y que sin duda alguna sería enormemente perjudicial tanto económica como políticamente. Pero lo que es realmente inconcebible es mantener el rumbo actual e imponer una austeridad cada vez más rigurosa a países que ya están sufriendo un desempleo de la época de la Depresión”.

Salir del euro sería durísimo para nuestra economía. No es una buena solución, aunque tal vez la menos mala. Supondría una devaluación brutal que empobrecería a todo el país, una huída de capitales (que se está produciendo ya), una debacle política continental. Pero la situación actual es tan grave que esta opción –hasta ahora inimaginable– empieza a ser un plan de choque que al menos se debería debatir. Los países mediterráneos perderían, pero Alemania perdería mucho más. Tal vez así, aunque fuese solo con la amenaza de romper, se podría desbloquear una situación donde solo Alemania gana para que perdamos los demás.

Los hechos crudos: el Ministerio de Defensa –bajo las órdenes de Federico Trillo– permitió que los militares volaran en una cafetera, en una tartana subcontratada sin las mínimas condiciones de seguridad. Ese ahorro salió caro: costó la vida a 62 militares españoles. Y para rematar, el Gobierno intentó tapar el escándalo acelerando el funeral. Solo así se entiende que falsearan las autopsias, mezclaran huesos y vísceras en ataúdes al azar y repatriaran los restos a toda velocidad. Lo prioritario, parece ser, no era que cada familia pudiese llorar a su difunto, sino que aquella tragedia tuviese el menor impacto en la imagen del Gobierno. Tan criminal fue el accidente como sórdida la manera de esquivar las responsabilidades políticas.

Mariano Rajoy era vicepresidente de aquel Gobierno y ahora remata la función. El Yak-42 ha quedado definitivamente enterrado con un premio y dos perdones. El premio es una embajada en Londres. Los perdones, dos indultos, que permitirán volver a vestir el uniforme a los autores materiales del engaño de las falsas autopsias. Los familiares de las víctimas hoy se sienten estafados, despreciados, atropellados. Lo peor es que aciertan en su infinita frustración, en esa sensación de derrota que genera esta evidente impunidad. Quienes alientan estos abusos son los que después se llenan la boca de elogios para el Ejército español. Son esos patriotas de salón.

Sin duda es una reforma profunda: afectará como pocas otras a nuestro futuro, a la igualdad de oportunidades, a nuestro modelo de país. Por esta vía, los estudios superiores pronto dejarán de estar al alcance de la mayoría de la sociedad y se convertirán en un privilegio para aquellos que lo puedan pagar. No es solo lo que suben las tasas y se reducen las becas: es lo que bajan los ingresos de las clases medias, cada día más empobrecidas. El hachazo a la educación que está aplicando el Gobierno de Rajoy son recortes que a corto plazo no se notarán, pero a la larga cambiarán el curso de nuestra historia. Para mal.

En el camino, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, no desaprovecha una sola oportunidad para dejar su impronta al justificar patéticamente unos recortes cuya naturaleza incluso pretende negar. Según sus excusas, que las aulas se masifiquen es genial porque “los niños socializan en la escuela“. Solo le ha faltado argumentar que así, con las clases a rebosar, también podremos ahorrar en calefacción.

Esta vez Rajoy ha hablado desde Colombia. No es que al presidente le guste contestar a la prensa fuera de casa: es que cuando viaja se ve obligado a ello. En todo el mundo civilizado, los presidentes responden ante los periodistas y aceptan sus preguntas. Algo normal, aunque en España nos resulte extraordinario. Por eso es costumbre diplomática que, después de un encuentro bilateral, los dos líderes salgan juntos ante la prensa. Por eso Rajoy habla siempre desde el extranjero: porque allí no le queda otra.

Después del copago, de la subida de las tasas universitarias, de los recortes en sanidad y en educación –entre otros temas–, lo mínimo es exigir al presidente que dé la cara y explique a los ciudadanos sus decisiones. Hay rumores de que tal vez mañana viernes comparecerá en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Tiene mucho que explicar. Entre otras cosas, por qué hace una semana el copago era una “opinión personal” del ministro De Guindos y hoy forma parte de una secreta hoja de ruta perfectamente calculada. ¿Hará Rajoy ese “pequeño esfuerzo” por los españoles y nos contará sus planes?

El repago anunciado ayer es injusto porque carga la factura contra los más débiles. Por supuesto, las rentas más altas tienen que pagar más, pero a través de los impuestos. Subir el repago en los medicamentos, aunque se discrimine levemente en función de la renta, es crear un impuesto a la enfermedad completamente insolidario. Para los pensionistas –por edad, quienes más servicios requieren de la sanidad– es un nuevo hachazo.

Por mucho que se repita, el gasto sanitario español no es especialmente alto: al contrario. Si hay un déficit en las cuentas de la sanidad no es porque sea insostenible, sino porque las comunidades autónomas se hacen trampas al solitario y presupuestan menos fondos de lo que de verdad cuesta. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud públicos del mundo y sale muy rentable: permite a los españoles ahorrar porque su buen funcionamiento evita que tengamos que pagar carísimos seguros privados, como pasa en los países donde la atención sanitaria es solo para el que puede pagarla. Ahorrar en sanidad a la larga sale caro. A no ser, claro está, que sigamos los consejos del FMI y pretendamos ahorrar en pensiones muriéndonos antes.

De confirmarse esas gestiones, el caso Nóos cambiaría radicalmente saltando un escalón más, hacia la cabeza del Estado. Hay que recordar que el rey es irresponsable por ley y no se le puede imputar, haga lo que haga. Sin embargo, su imagen sí está sujeta al desgaste de la opinión pública y este enésimo escándalo llueve sobre una España increíblemente mojada, pocos días después del patinazo de elefante que ha colmado la paciencia incluso de muchos relevantes monárquicos.

Estos días se está jugando un pulso en la corte, entre los partidarios del príncipe –que ya piden abiertamente al rey que abdique en su hijo para proteger la institución– y los del rey, que creen que el escándalo de Botsuana se arregla con unas simples disculpas. Unos y otros maniobran estos días en los pasillos y en los medios, conscientes todos de que el safari africano ha roto algunas barreras importantes.

La televisión ya ha entrado abiertamente en el debate por todos los frentes: también por el fallido matrimonio del rey y por su relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una princesa alemana de la que se habla en los círculos de poder de Madrid desde hace meses. Pero no será la cuestión personal la más escandalosa. Aún no se conocen todos los nombres que acompañaban al rey a la caza de elefantes pero hay uno que será especialmente polémico. El futuro de la corona de España está hoy en juego.

2. La propia Cristina Kirchner y su difunto marido apoyaron en su momento la privatización de YPF y su venta a Repsol. ¿Era entonces el petróleo menos estratégico que ahora para el desarrollo de Argentina?

3. Kirchner tiene derecho a exigir a Repsol-YPF mayores inversiones en el país. Pero resulta contradictorio que el Gobierno argentino pida más dinero para encontrar nuevos yacimientos cuando ha sido precisamente el descubrimiento de una enorme reserva en Vaca Muerta lo que ha acelerado la nacionalización de YPF

4. Está muy bien que el Gobierno español defienda a Repsol, es su obligación, pero no debería caer en algunos excesos. El primero: no es cierto que los intereses de las grandes empresas españolas coincidan siempre y en todo momento con los intereses de los ciudadanos españoles. El segundo: no se pueden amenazar con sanciones y después, cuando llega el momento de responder, anunciar que ya se anunciará algo. ¿No tenía el Gobierno una respuesta preparada? ¿Pensaba de verdad el ministro de Industria, José Manuel Soria, que el problema de YPF estaba “encauzado“? ¿Le engañó el Gobierno argentino o se engañó Soria a sí mismo?

5. También está muy bien que, para variar, los ministros de Exteriores y de Industria comparezcan en rueda de prensa y respondan a las preguntas de los periodistas sobre la crisis con Argentina. Queda un poco feo, eso sí, cuando se compara el despliegue en defensa de Repsol con la escueta nota de prensa con la que hace justo una semana el Gobierno anunció a los ciudadanos que la educación y la sanidad iban a sufrir un tijeretazo de 10.000 millones de euros.

6. En las últimas semanas, España ha vivido una huelga general, un tremendo recorte en los Presupuestos, una escalada brutal en la prima de riesgo, otro mordisco extra en sanidad y educación, un grave escándalo en la Casa Real y una crisis internacional con Argentina. A pesar de estas preocupantes noticias, las comparecencias públicas del presidente del Gobierno se pueden medir con cuentagotas. ¿Qué hace falta para que Mariano Rajoy dé la cara? ¿Una guerra nuclear? ¿Una epidemia zombie? ¿Una invasión alienígena?

7. Y unas últimas preguntas: ¿qué leeríamos en algunos medios si todo este episodio se hubiese producido durante el Gobierno de Zapatero? ¿Qué habría dicho el PP desde la oposición? Es fácil imaginarlo.

Por supuesto, nadie plantea que el rey no tenga derecho a unos días de ocio y asueto, o que su condición de jefe del Estado le prive de toda intimidad. Pero faltan aún muchas explicaciones que la Casa Real debería dar. ¿Pagó el rey de su bolsillo el safari o se dejó invitar? ¿Por quién? Las personas que financian al jefe del Estado estos caprichos –en caso de que se trate de un regalo– ¿tienen negocios con la Administración o intereses en España? ¿Cuánto cuesta del dinero de todos los españoles desplazar hasta Botsuana a los escoltas, al médico y a los asistentes que viajan con el rey? ¿A cuántos safaris equivalen esos 170.000 euros que, en gesto austero, anunció que iba a recortar de sus gastos anuales la Casa Real?

El escándalo del elefante africano no es anecdótico. No lo puede ser cuando la monarquía española lleva ya meses de escándalo en escándalo, cuando la crisis económica disuelve la confianza de los ciudadanos en todas las instituciones, cuando ni su propia familia se libra de la mancha de la corrupción. De poco sirven los enroques de rey de algunos medios, empeñados en defender lo indefendible. En juego está, a largo plazo, la propia supervivencia de la institución, cada día más cuestionada por la ciudadanía. Si los Borbones pretenden seguir reinando por muchos años en España, necesitan algunas reformas urgentes y un cambio de actitud. El rumbo actual les lleva a una ruptura con la sociedad de consecuencias aún hoy imprevisibles. Cuando se escriba esa historia, lo sucedido en Botsuana será un episodio importante.

De entre todos los porrazos al Código Penal que ayer anunció el Ejecutivo destacan dos disparates. El primero, que la resistencia pasiva sea considerada como un atentado a la autoridad castigado con la cárcel. Reducido al oxímoron, atentado pasivo: dícese del ejercicio pacífico del derecho constitucional a la reunión y a la manifestación sin esperar a la bendición del delegado del Gobierno –algo a lo que la legislación no obliga–.

El segundo disparate: que la simple convocatoria por Internet vaya a estar penada por cárcel y se convierta en un delito de “integración en organización criminal”. En la práctica, convierte en un delito la difusión por la red de cualquier manifestación que no esté previamente autorizada. ¿Da igual que la convocatoria sea pacífica? Si alguien difunde la manifestación y después un vándalo hace el idiota, ¿la cárcel es para ambos?

Es obvio que el Gobierno no está esperando a cambiar la ley para aplicar la política de mano dura, que forma parte de una estrategia muy estudiada contra el 15-M y otros movimientos de protesta. Las reformas que prepara el Gobierno coinciden de pleno con las instrucciones que ya está siguiendo la Fiscalía General del Estado. Tras la huelga general, los fiscales pidieron prisión provisional contra el actor Willy Toledo y contra dos manifestantes de Barcelona. Toledo cayó en manos de un juez sensato y quedó libre, ni siquiera había pruebas ni indicios sólidos. Los dos detenidos de Barcelona están acusados de actos vandálicos pero aún no han sido juzgados. Sin embargo, ya están en la cárcel (y Jaume Matas, en la calle).

Entre la primera mentira y su constatación palpable, Esperanza Aguirre recurrió a la tinta del calamar, a la clásica cortina de humo: un encendido discurso contra el modelo autonómico que copó los titulares y mandó la verdadera noticia, la subida del Metro, a un segundo plano. Dentro de un mes, nadie se acordará de la propuesta de Aguirre para la reforma del Estado –una propuesta populista que obligaría a una reforma constitucional y que ni siquiera apoya su propio partido–. Cuando este debate estéril acabe, la subida del metro todavía estará allí.

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Más promesas rotas. 21 de enero de 2012: Esperanza Aguirre promete que no subirá las tarifas del Metro por los recortes.

“Aquí hay un presidente del Gobierno que va a dar la cara”, dijo Mariano Rajoy hace tres meses. Fue durante la única entrevista que ha concedido el presidente desde que ganó las elecciones y ya han pasado más de cien días y decenas de promesas rotas. Qué lejos queda aquella campaña electoral en la que Rajoy se comprometió a no recortar la sanidad ni la educación. Ni subir los impuestos. Ni abaratar el despido. Ni tantas y tantas cosas. Que lejos queda también aquel discurso de investidura, el pasado diciembre, cuando Rajoy se comprometió a “decir siempre la verdad, aunque duela”. “Decir la verdad sin adornos ni excusas. Llamar al pan, pan y al vino, vino”.

Para decir la verdad hace falta hablar primero. Por eso es tan grave que el enésimo incumplimiento electoral –ese recorte de 10.000 millones en educación y sanidad con repago incluido– se despache en el cuarto párrafo de una nota de prensa confusa e incompleta. Por comparar, estos 10.000 millones anuales equivalen al tijeretazo que presentó Zapatero en mayo de 2010. ¿La diferencia? Que aquel anuncio fue en el Congreso de los Diputados, una cámara donde Rajoy no tiene previsto hablar para explicar sus recortes hasta dentro de tres o cuatro semanas. Ni siquiera se conoce aún la fecha.

Si el recorte es para el presupuesto autonómico –como se filtró después–, ¿por qué lo anuncia La Moncloa sin hablar antes con los presidentes autonómicos? ¿Es este último anuncio el definitivo o saldrá ahora alguien más desde el PP, desde el Gobierno o desde las jerarquías de los ángeles, a desmentir el desmentido, a dejarlo en meras “reflexiones personales”?

Si se trata de que los ricos paguen más, ¿por qué no cobrar más impuestos a los más ricos? Si se pretende recaudar, ¿alguien se cree que un copago para las rentas de más de cien mil euros –una minoría que, además, suele disponer de seguros privados– supondría una partida presupuestaria relevante? ¿De verdad se pueden eliminar 7.000 millones en sanidad sin tocar la médula espinal de nuestro sistema de salud público? ¿Qué sentido tiene dinamitar uno de los modelos sanitarios más baratos y eficientes del mundo? ¿Alguien de verdad confía en que “ahorraremos” recortando en sanidad cuando la evidencia empírica demuestra que los países con sistemas de salud públicos más débiles a la larga acaban gastando más porcentaje de su PIB en sanidad (privada)? ¿En serio el PP pretende que creamos que un recorte de esa dimensión es viable con meros “ajustes en gastos improductivos e innecesarios”, como nos contaron hace apenas dos tardes? ¿Cuántos puntos de la prima de riesgo son consecuencia de la estrategia del PP de esperar a que pasasen las andaluzas para presentar los Presupuestos?

¿Cuánto nos costarán en el futuro esos 3.000 millones que hoy dejaremos de invertir en la educación pública? ¿Qué precio pagarán los ciudadanos a cambio de esos 7.000 millones en salud? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para agradar a los mercados? ¿Cuál será la próxima ofrenda? ¿Las pensiones? ¿El seguro de desempleo?

¿Es ésta la “confianza” que ofrecía Rajoy?, ¿gobernar a golpe de prima de riesgo?