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Hay cuatro grandes recortes que Alemania y los mercados exigen a España: subir el IVA, bajar el sueldo a los funcionarios, rebajar las prestaciones de desempleo y recortar las pensiones. Mariano Rajoy ya ha entregado una de prendas y en los próximos meses tendrá que rendir alguna de las otras tres que faltan, tal vez las cuatro. Todo lo demás –del repago sanitario a los recortes en educación– son simples cacahuetes: gestos con los que el Gobierno pretende mostrarse contundente en su lucha contra el déficit. No es que no sean medidas duras para la ciudadanía, lo son. Pero no bastan para cubrir el insoportable ajuste del gasto público que exige Alemania a España.

El margen de maniobra de Mariano Rajoy es casi inexistente. Angela Merkel no se fía de él. No le ve capaz de cumplir con el déficit y por eso no le da ni agua. Entre otras cosas, por su postura irresponsable cuando estaba en la oposición. La canciller alemana llamó por teléfono a Rajoy en mayo de 2010 para pedirle que apoyara el tijeretazo de Zapatero. El PP votó en contra.

Rajoy maneja solo dos opciones y las dos son malas para España: o cumple con el programa de recortes que exige Alemania –y el BCE a cambio compra bonos españoles para evitar que la prima de riesgo se despeñe–, o da largas a Alemania para evitar las recetas más duras y son los mercados quienes nos mandan a la lona, disparando el coste de financiar la deuda. Las dos opciones se resumen en una: o recortas por las buenas o recortas por las malas. De una manera u otra, los dos caminos llevan al mismo sitio: a una recesión insoportable, a un paro insostenible, donde se corre incluso el riesgo real de que se rompan las costuras de la sociedad española. ¿Dónde está el límite en el desempleo? ¿Cuántas familias más sin trabajo ni esperanza hacen falta para que el país estalle?

Además del ajuste fiscal, hay otro problema más aún por resolver: la refinanciación de la banca. Parece seguro que hará falta dinero público –en forma de inyecciones de capital o de banco malo– para salvar al sector financiero del colapso. ¿Cuánto? No se sabe, el agujero del ladrillazo es insondable. Pero probablemente será una cifra que obligue a España a pedir un rescate parcial a Europa: unos fondos que no saldrán gratis y vendrán con condiciones durísimas.

Hay una tercera vía para España: plantar cara a Alemania con el apoyo de otros países de la UE que están igual de acorralados; negarse a un precipitado ajuste fiscal que nos conduce al desastre. No parece que desde el Gobierno siquiera se debata tal cosa. Irónicamente, la única esperanza para el país y para el propio Mariano Rajoy pasa porque un socialista, François Hollande, gane las elecciones en Francia y ponga freno a Alemania.

Elena Salgado, hace apenas unos meses: “Me tomaré dos años cuasisabáticos mientras tenga incompatibilidad. Pero estaré muy activa, se lo aseguro. Quiero estudiar más historia contemporánea. También colaboraré con una ONG”. Mis dudas: ¿es la empresa de autopistas Abertis –para la que acaba de fichar– una ONG? ¿Es Endesa en Chile una asignatura de historia contemporánea? ¿Qué entiende Salgado por “incompatibilidad”?

Lo que dice la ley: los altos cargos del Gobierno no podrán trabajar durante dos años en empresas privadas “relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. A cambio de esa limitación, los exministros y demás reciben el 80% de su sueldo durante esos dos años. En el caso de Salgado, son 58.788 euros anuales de indemnización. No es un sueldo millonario, pero es más del doble de lo que cobra de media un español.

Que Salgado fichase por Endesa Chile ya era algo difícil de defender. La primera eléctrica española no ha sido ni mucho menos ajena a las decisiones que tomó la exvicepresidenta desde el poder. Desde un punto de vista ético no se puede argumentar que la filial en Chile es una empresa realmente extranjera, por mucho que se ajuste a la letra de la ley.

El Gobierno del PP autorizó el fichaje de Salgado por Endesa Chile: al enemigo que queda en evidencia, puente de plata. Sin embargo tendrán más difícil dar el visto bueno al fichaje por Abertis. No hay por dónde coger que Salgado asesore a la primera concesionaria de autopistas en España a los pocos meses de dejar el Gobierno. No es defendible ni por la ética ni por la ley.

¿A qué esperan en el PSOE para criticar a Elena Salgado en público con la misma dureza con la que se refieren a ella en privado por estos bien pagados minijobs?

De entre todos los tijeretazos con los que el PP está podando el Estado del bienestar hay uno que sobresale sobre los demás: dejar a los inmigrantes irregulares sin derecho a la sanidad. Este recorte es cruel, porque envía a la marginalidad a decenas de miles de personas, precisamente las que peor lo están pasando. Es injusto, porque olvida que esos mismos inmigrantes a los que hoy se castiga construyeron los cimientos, hace no tanto, del milagro económico español. Es xenófobo, porque ahonda en un discurso tan populista como injusto: que los de fuera sobran, que España para los españoles, que largo de aquí. Es peligroso, porque rompe con la universalidad de la sanidad; hoy son los inmigrantes sin papeles, mañana los que no puedan pagar. Y es cínico, porque mezcla un fenómeno de países ricos –el famoso turismo sanitario– con la simple y pura necesidad.

Desde el gobierno de Rajoy se dice al mismo tiempo que supondrá un ahorro notable en las cuentas públicas y que los inmigrantes ni lo notarán porque siempre les quedarán las urgencias. Algo no cuadra porque es precisamente en urgencias donde más caro resulta cada paciente: si todos los inmigrantes van allí, en vez de ahorrar se gastará más. La solución a este enigma tal vez esté en próximos recortes, en un copago por el “abuso” de las urgencias que cerrará esta ecuación.

Para mayor obscenidad, en el mismo BOE en el que se recorta a los inmigrantes sin papeles el derecho básico a la sanidad, el Gobierno aprobó una amable concesión para las grandes farmacéuticas: los médicos podrán volver a recetar en algunos casos según la marca, y no según el principio activo. Para cuidar la buena salud de esas empresas sí que se puede gastar más.

Vuelve oficialmente la recesión, arrecian los recortes, se multiplican los despidos, se hunde la bolsa, se dispara la prima de riesgo y, lo peor de todo, no hay esperanza alguna de que todo este sacrificio lleve a otro sitio que no sea una depresión aún peor. El modelo de la austeridad alemana nos hunde en una década perdida, en un futuro sin horizonte. ¿Hay alternativas? Solo dos: o Europa (Hollande mediante) es capaz de torcer la mano de Angela Merkel para que la UE recupere la cordura, o la eurozona no alemana tendrá que plantearse muy seriamente una alternativa hasta ahora imposible. Salir del euro.

El debate es claro: si Alemania se sigue negando a dotar al euro de la pata que le falta –un tesoro común en forma de eurobonos o de un BCE al que le preocupe algo más que la puñetera inflación–, para el resto de los socios de la UE empieza a ser una posición a estudiar salir del euro con todo lo que conlleva. La política de los recortes no va a servir para cuadrar las cuentas públicas: a más recortes, menos crecimiento, menos ingresos fiscales y más déficit al final. De esta espiral endemoniada solo se huye con políticas monetarias expansivas y con Merkel al mando tal cosa no va a pasar.

¿Es una locura salir del euro? El Nobel Paul Krugman no lo ve así: “Pueden decir que esto es inconcebible, y que sin duda alguna sería enormemente perjudicial tanto económica como políticamente. Pero lo que es realmente inconcebible es mantener el rumbo actual e imponer una austeridad cada vez más rigurosa a países que ya están sufriendo un desempleo de la época de la Depresión”.

Salir del euro sería durísimo para nuestra economía. No es una buena solución, aunque tal vez la menos mala. Supondría una devaluación brutal que empobrecería a todo el país, una huída de capitales (que se está produciendo ya), una debacle política continental. Pero la situación actual es tan grave que esta opción –hasta ahora inimaginable– empieza a ser un plan de choque que al menos se debería debatir. Los países mediterráneos perderían, pero Alemania perdería mucho más. Tal vez así, aunque fuese solo con la amenaza de romper, se podría desbloquear una situación donde solo Alemania gana para que perdamos los demás.

Dos infamias publicadas en el BOE por orden de Mariano Rajoy: el nombramiento como embajador en Londres de Federico Trillo y el indulto para dos de los condenados por falsear las autopsias de las víctimas del Yak-42. Así se cierra uno de los capítulos más siniestros de la era Aznar, una tragedia que no deberíamos olvidar.

Los hechos crudos: el Ministerio de Defensa –bajo las órdenes de Federico Trillo– permitió que los militares volaran en una cafetera, en una tartana subcontratada sin las mínimas condiciones de seguridad. Ese ahorro salió caro: costó la vida a 62 militares españoles. Y para rematar, el Gobierno intentó tapar el escándalo acelerando el funeral. Solo así se entiende que falsearan las autopsias, mezclaran huesos y vísceras en ataúdes al azar y repatriaran los restos a toda velocidad. Lo prioritario, parece ser, no era que cada familia pudiese llorar a su difunto, sino que aquella tragedia tuviese el menor impacto en la imagen del Gobierno. Tan criminal fue el accidente como sórdida la manera de esquivar las responsabilidades políticas.

Mariano Rajoy era vicepresidente de aquel Gobierno y ahora remata la función. El Yak-42 ha quedado definitivamente enterrado con un premio y dos perdones. El premio es una embajada en Londres. Los perdones, dos indultos, que permitirán volver a vestir el uniforme a los autores materiales del engaño de las falsas autopsias. Los familiares de las víctimas hoy se sienten estafados, despreciados, atropellados. Lo peor es que aciertan en su infinita frustración, en esa sensación de derrota que genera esta evidente impunidad. Quienes alientan estos abusos son los que después se llenan la boca de elogios para el Ejército español. Son esos patriotas de salón.

El viernes pasado el Gobierno encargó a una “comisión de expertos” una “reforma profunda de la Universidad”. Les dijeron que tenían seis meses. No les han dejado ni una semana para trabajar. Ayer pudimos saber que esa reforma profunda estaba decidida ya: las tasas universitarias van a subir con la misma contundencia con la que se han reducido las becas.

Sin duda es una reforma profunda: afectará como pocas otras a nuestro futuro, a la igualdad de oportunidades, a nuestro modelo de país. Por esta vía, los estudios superiores pronto dejarán de estar al alcance de la mayoría de la sociedad y se convertirán en un privilegio para aquellos que lo puedan pagar. No es solo lo que suben las tasas y se reducen las becas: es lo que bajan los ingresos de las clases medias, cada día más empobrecidas. El hachazo a la educación que está aplicando el Gobierno de Rajoy son recortes que a corto plazo no se notarán, pero a la larga cambiarán el curso de nuestra historia. Para mal.

En el camino, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, no desaprovecha una sola oportunidad para dejar su impronta al justificar patéticamente unos recortes cuya naturaleza incluso pretende negar. Según sus excusas, que las aulas se masifiquen es genial porque “los niños socializan en la escuela“. Solo le ha faltado argumentar que así, con las clases a rebosar, también podremos ahorrar en calefacción.

Rajoy pide “un pequeño esfuerzo” a los españoles. “No hay dinero para los servicios públicos”. El presidente da ejemplo y ahorra (en explicaciones): el PP ha vetado su comparecencia en el Congreso, donde no habrá un pleno para exponer los recortes. Para saber las razones por las que Rajoy se ve obligado a incumplir día tras día su palabra dada, nos tenemos que conformar con las pinceladas que aporta en sus pocas comparecencias públicas, siempre en el extranjero.

Esta vez Rajoy ha hablado desde Colombia. No es que al presidente le guste contestar a la prensa fuera de casa: es que cuando viaja se ve obligado a ello. En todo el mundo civilizado, los presidentes responden ante los periodistas y aceptan sus preguntas. Algo normal, aunque en España nos resulte extraordinario. Por eso es costumbre diplomática que, después de un encuentro bilateral, los dos líderes salgan juntos ante la prensa. Por eso Rajoy habla siempre desde el extranjero: porque allí no le queda otra.

Después del copago, de la subida de las tasas universitarias, de los recortes en sanidad y en educación –entre otros temas–, lo mínimo es exigir al presidente que dé la cara y explique a los ciudadanos sus decisiones. Hay rumores de que tal vez mañana viernes comparecerá en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Tiene mucho que explicar. Entre otras cosas, por qué hace una semana el copago era una “opinión personal” del ministro De Guindos y hoy forma parte de una secreta hoja de ruta perfectamente calculada. ¿Hará Rajoy ese “pequeño esfuerzo” por los españoles y nos contará sus planes?

El Gobierno rompe otra promesa electoral, otra más: llega el repago para los jubilados. De las “rentas altas” de las que hablaba “como opinión personal” el ministro De Guindos, hemos pasado a una subida en el precio de los medicamentos para aquellos ‘millonarios’ que ganen más de 22.000 euros al año. La palabra del PP cada día vale menos. Antes hacía falta remontarse unos meses para encontrarles en falta. Ahora basta con mirar la hemeroteca de la semana pasada.

El repago anunciado ayer es injusto porque carga la factura contra los más débiles. Por supuesto, las rentas más altas tienen que pagar más, pero a través de los impuestos. Subir el repago en los medicamentos, aunque se discrimine levemente en función de la renta, es crear un impuesto a la enfermedad completamente insolidario. Para los pensionistas –por edad, quienes más servicios requieren de la sanidad– es un nuevo hachazo.

Por mucho que se repita, el gasto sanitario español no es especialmente alto: al contrario. Si hay un déficit en las cuentas de la sanidad no es porque sea insostenible, sino porque las comunidades autónomas se hacen trampas al solitario y presupuestan menos fondos de lo que de verdad cuesta. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud públicos del mundo y sale muy rentable: permite a los españoles ahorrar porque su buen funcionamiento evita que tengamos que pagar carísimos seguros privados, como pasa en los países donde la atención sanitaria es solo para el que puede pagarla. Ahorrar en sanidad a la larga sale caro. A no ser, claro está, que sigamos los consejos del FMI y pretendamos ahorrar en pensiones muriéndonos antes.

El exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, lanzó ayer otro bombazo contra la Casa Real. No se sabe si esta es toda la munición que tiene o si es un aviso para navegantes (o para cazadores de elefantes); si se trata de una primera advertencia, va muy cargada. Torres remitió ayer al juez varios correos que implican al rey en los chanchullos de su yerno. En los mails, Urdangarín da cuenta de varias gestiones que hizo Juan Carlos de Borbón ante Camps y otras personas para apoyar sus negocios con las administraciones públicas.

De confirmarse esas gestiones, el caso Nóos cambiaría radicalmente saltando un escalón más, hacia la cabeza del Estado. Hay que recordar que el rey es irresponsable por ley y no se le puede imputar, haga lo que haga. Sin embargo, su imagen sí está sujeta al desgaste de la opinión pública y este enésimo escándalo llueve sobre una España increíblemente mojada, pocos días después del patinazo de elefante que ha colmado la paciencia incluso de muchos relevantes monárquicos.

Estos días se está jugando un pulso en la corte, entre los partidarios del príncipe –que ya piden abiertamente al rey que abdique en su hijo para proteger la institución– y los del rey, que creen que el escándalo de Botsuana se arregla con unas simples disculpas. Unos y otros maniobran estos días en los pasillos y en los medios, conscientes todos de que el safari africano ha roto algunas barreras importantes.

La televisión ya ha entrado abiertamente en el debate por todos los frentes: también por el fallido matrimonio del rey y por su relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una princesa alemana de la que se habla en los círculos de poder de Madrid desde hace meses. Pero no será la cuestión personal la más escandalosa. Aún no se conocen todos los nombres que acompañaban al rey a la caza de elefantes pero hay uno que será especialmente polémico. El futuro de la corona de España está hoy en juego.

1. Al igual que han hecho otros países, el Gobierno de Argentina tiene derecho a nacionalizar los recursos naturales de su país si considera que son vitales para su desarrollo económico. No es esto lo que hace unas horas se ha aprobado en Buenos Aires. La expropiación decretada por Cristina Kirchner solo afecta al porcentaje del capital de YPF que estaba en manos de Repsol, no a las acciones de los fondos de inversión estadounidenses ni tampoco a las que son propiedad de los inversores locales, la familia Eskenazy. Es una ley a medida, que también excluye a otras multinacionales petroleras que operan en Argentina, como Shell, Petrobras, Total o Exxon. Estos detalles nada menores convierten una discutible nacionalización en una simple y llana estafa.

2. La propia Cristina Kirchner y su difunto marido apoyaron en su momento la privatización de YPF y su venta a Repsol. ¿Era entonces el petróleo menos estratégico que ahora para el desarrollo de Argentina?

3. Kirchner tiene derecho a exigir a Repsol-YPF mayores inversiones en el país. Pero resulta contradictorio que el Gobierno argentino pida más dinero para encontrar nuevos yacimientos cuando ha sido precisamente el descubrimiento de una enorme reserva en Vaca Muerta lo que ha acelerado la nacionalización de YPF

4. Está muy bien que el Gobierno español defienda a Repsol, es su obligación, pero no debería caer en algunos excesos. El primero: no es cierto que los intereses de las grandes empresas españolas coincidan siempre y en todo momento con los intereses de los ciudadanos españoles. El segundo: no se pueden amenazar con sanciones y después, cuando llega el momento de responder, anunciar que ya se anunciará algo. ¿No tenía el Gobierno una respuesta preparada? ¿Pensaba de verdad el ministro de Industria, José Manuel Soria, que el problema de YPF estaba “encauzado“? ¿Le engañó el Gobierno argentino o se engañó Soria a sí mismo?

5. También está muy bien que, para variar, los ministros de Exteriores y de Industria comparezcan en rueda de prensa y respondan a las preguntas de los periodistas sobre la crisis con Argentina. Queda un poco feo, eso sí, cuando se compara el despliegue en defensa de Repsol con la escueta nota de prensa con la que hace justo una semana el Gobierno anunció a los ciudadanos que la educación y la sanidad iban a sufrir un tijeretazo de 10.000 millones de euros.

6. En las últimas semanas, España ha vivido una huelga general, un tremendo recorte en los Presupuestos, una escalada brutal en la prima de riesgo, otro mordisco extra en sanidad y educación, un grave escándalo en la Casa Real y una crisis internacional con Argentina. A pesar de estas preocupantes noticias, las comparecencias públicas del presidente del Gobierno se pueden medir con cuentagotas. ¿Qué hace falta para que Mariano Rajoy dé la cara? ¿Una guerra nuclear? ¿Una epidemia zombie? ¿Una invasión alienígena?

7. Y unas últimas preguntas: ¿qué leeríamos en algunos medios si todo este episodio se hubiese producido durante el Gobierno de Zapatero? ¿Qué habría dicho el PP desde la oposición? Es fácil imaginarlo.

Palabra del rey, ahora de plena actualidad: “Las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar”. ¿Es responsable que el jefe del Estado desaparezca en pleno acoso de los mercados contra la deuda española, en la semana en la que España es el epicentro de la crisis del euro? ¿Es ejemplar que el rey se gaste en unos días de excéntrico safari lo que a un español medio le cuesta ganar casi dos años de trabajo? ¿Es adecuado cazar una especie amenazada como el elefante africano por mucho que en un país como Botsuana sea un lujo legal?

Por supuesto, nadie plantea que el rey no tenga derecho a unos días de ocio y asueto, o que su condición de jefe del Estado le prive de toda intimidad. Pero faltan aún muchas explicaciones que la Casa Real debería dar. ¿Pagó el rey de su bolsillo el safari o se dejó invitar? ¿Por quién? Las personas que financian al jefe del Estado estos caprichos –en caso de que se trate de un regalo– ¿tienen negocios con la Administración o intereses en España? ¿Cuánto cuesta del dinero de todos los españoles desplazar hasta Botsuana a los escoltas, al médico y a los asistentes que viajan con el rey? ¿A cuántos safaris equivalen esos 170.000 euros que, en gesto austero, anunció que iba a recortar de sus gastos anuales la Casa Real?

El escándalo del elefante africano no es anecdótico. No lo puede ser cuando la monarquía española lleva ya meses de escándalo en escándalo, cuando la crisis económica disuelve la confianza de los ciudadanos en todas las instituciones, cuando ni su propia familia se libra de la mancha de la corrupción. De poco sirven los enroques de rey de algunos medios, empeñados en defender lo indefendible. En juego está, a largo plazo, la propia supervivencia de la institución, cada día más cuestionada por la ciudadanía. Si los Borbones pretenden seguir reinando por muchos años en España, necesitan algunas reformas urgentes y un cambio de actitud. El rumbo actual les lleva a una ruptura con la sociedad de consecuencias aún hoy imprevisibles. Cuando se escriba esa historia, lo sucedido en Botsuana será un episodio importante.

El Gobierno de Rajoy quiere blindar las calles, endurecer las leyes, encarcelar a los revoltosos y criminalizar a los que protesten. Nadie defiende –al menos yo no lo hago– las algaradas violentas. No debería ser necesario endurecer la legislación para castigar a esos pocos que las protagonizan, sean forofos del fútbol o antisistemas. Son delitos que ya están penados. Pero los planes del Gobierno utilizan los anecdóticos actos vandálicos como coartada para poner sordina al legítimo cabreo de la ciudadanía. Convertir protestas pacíficas en atentados contra la autoridad castigados con cárcel es una vulneración de los derechos civiles, un grave abuso que debería hacer saltar las alarmas entre aquellos que dicen defender la Carta Magna.

De entre todos los porrazos al Código Penal que ayer anunció el Ejecutivo destacan dos disparates. El primero, que la resistencia pasiva sea considerada como un atentado a la autoridad castigado con la cárcel. Reducido al oxímoron, atentado pasivo: dícese del ejercicio pacífico del derecho constitucional a la reunión y a la manifestación sin esperar a la bendición del delegado del Gobierno –algo a lo que la legislación no obliga–.

El segundo disparate: que la simple convocatoria por Internet vaya a estar penada por cárcel y se convierta en un delito de “integración en organización criminal”. En la práctica, convierte en un delito la difusión por la red de cualquier manifestación que no esté previamente autorizada. ¿Da igual que la convocatoria sea pacífica? Si alguien difunde la manifestación y después un vándalo hace el idiota, ¿la cárcel es para ambos?

Es obvio que el Gobierno no está esperando a cambiar la ley para aplicar la política de mano dura, que forma parte de una estrategia muy estudiada contra el 15-M y otros movimientos de protesta. Las reformas que prepara el Gobierno coinciden de pleno con las instrucciones que ya está siguiendo la Fiscalía General del Estado. Tras la huelga general, los fiscales pidieron prisión provisional contra el actor Willy Toledo y contra dos manifestantes de Barcelona. Toledo cayó en manos de un juez sensato y quedó libre, ni siquiera había pruebas ni indicios sólidos. Los dos detenidos de Barcelona están acusados de actos vandálicos pero aún no han sido juzgados. Sin embargo, ya están en la cárcel (y Jaume Matas, en la calle).

¿Cuándo caduca una promesa política? ¿A los pocos meses? ¿A los pocos días? ¿Apenas unas horas más tarde? La presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, batió ayer su propio récord. A primera hora de la tarde negó que el billete sencillo de Metro fuese a subir, que “había otros caminos”. Poco después conocimos la mayor subida en las tarifas del Metro de los últimos diez años: un 11% de media. Por supuesto, también sube el billete sencillo, al que se aplica un nuevo sistema de tarifas en función del número de estaciones que se recorran, como ya os avancé hace una semana en este blog.

Entre la primera mentira y su constatación palpable, Esperanza Aguirre recurrió a la tinta del calamar, a la clásica cortina de humo: un encendido discurso contra el modelo autonómico que copó los titulares y mandó la verdadera noticia, la subida del Metro, a un segundo plano. Dentro de un mes, nadie se acordará de la propuesta de Aguirre para la reforma del Estado –una propuesta populista que obligaría a una reforma constitucional y que ni siquiera apoya su propio partido–. Cuando este debate estéril acabe, la subida del metro todavía estará allí.

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Más promesas rotas. 21 de enero de 2012: Esperanza Aguirre promete que no subirá las tarifas del Metro por los recortes.

No hay mejor metáfora de esta terrible semana que esas imágenes de Mariano Rajoy escapando del Senado por la puerta de atrás –con la sonrisa incómoda y el semblante mudo– seguido al trote por su equipo, que espanta a los periodistas como el que se libra de una nube de mosquitos. Rajoy no solo huye de la prensa: también de su responsabilidad como presidente de una democracia, un sistema político donde las urnas nunca otorgan un cheque en blanco, donde hasta la mayoría más absoluta está obligada a explicar sus decisiones a los ciudadanos.

“Aquí hay un presidente del Gobierno que va a dar la cara”, dijo Mariano Rajoy hace tres meses. Fue durante la única entrevista que ha concedido el presidente desde que ganó las elecciones y ya han pasado más de cien días y decenas de promesas rotas. Qué lejos queda aquella campaña electoral en la que Rajoy se comprometió a no recortar la sanidad ni la educación. Ni subir los impuestos. Ni abaratar el despido. Ni tantas y tantas cosas. Que lejos queda también aquel discurso de investidura, el pasado diciembre, cuando Rajoy se comprometió a “decir siempre la verdad, aunque duela”. “Decir la verdad sin adornos ni excusas. Llamar al pan, pan y al vino, vino”.

Para decir la verdad hace falta hablar primero. Por eso es tan grave que el enésimo incumplimiento electoral –ese recorte de 10.000 millones en educación y sanidad con repago incluido– se despache en el cuarto párrafo de una nota de prensa confusa e incompleta. Por comparar, estos 10.000 millones anuales equivalen al tijeretazo que presentó Zapatero en mayo de 2010. ¿La diferencia? Que aquel anuncio fue en el Congreso de los Diputados, una cámara donde Rajoy no tiene previsto hablar para explicar sus recortes hasta dentro de tres o cuatro semanas. Ni siquiera se conoce aún la fecha.

¿Tiene sentido que el Gobierno enmiende sus Presupuestos menos de una semana después de presentarlos? ¿Queda por romper alguno de los compromisos electorales de Mariano Rajoy? ¿Por qué lo llaman copago –o “pago progresivo”– cuando quieren decir repago? ¿Por qué hablan de “reformas” o de “ahorros” cuando se trata de recortes? ¿Cómo es posible que un nuevo tijeretazo de diez mil millones más en sanidad y educación se despache en el cuarto párrafo de una nota de prensa tan ininteligible como el cambiante y contradictorio mensaje del Gobierno?

Si el recorte es para el presupuesto autonómico –como se filtró después–, ¿por qué lo anuncia La Moncloa sin hablar antes con los presidentes autonómicos? ¿Es este último anuncio el definitivo o saldrá ahora alguien más desde el PP, desde el Gobierno o desde las jerarquías de los ángeles, a desmentir el desmentido, a dejarlo en meras “reflexiones personales”?

Si se trata de que los ricos paguen más, ¿por qué no cobrar más impuestos a los más ricos? Si se pretende recaudar, ¿alguien se cree que un copago para las rentas de más de cien mil euros –una minoría que, además, suele disponer de seguros privados– supondría una partida presupuestaria relevante? ¿De verdad se pueden eliminar 7.000 millones en sanidad sin tocar la médula espinal de nuestro sistema de salud público? ¿Qué sentido tiene dinamitar uno de los modelos sanitarios más baratos y eficientes del mundo? ¿Alguien de verdad confía en que “ahorraremos” recortando en sanidad cuando la evidencia empírica demuestra que los países con sistemas de salud públicos más débiles a la larga acaban gastando más porcentaje de su PIB en sanidad (privada)? ¿En serio el PP pretende que creamos que un recorte de esa dimensión es viable con meros “ajustes en gastos improductivos e innecesarios”, como nos contaron hace apenas dos tardes? ¿Cuántos puntos de la prima de riesgo son consecuencia de la estrategia del PP de esperar a que pasasen las andaluzas para presentar los Presupuestos?

¿Cuánto nos costarán en el futuro esos 3.000 millones que hoy dejaremos de invertir en la educación pública? ¿Qué precio pagarán los ciudadanos a cambio de esos 7.000 millones en salud? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para agradar a los mercados? ¿Cuál será la próxima ofrenda? ¿Las pensiones? ¿El seguro de desempleo?

¿Es ésta la “confianza” que ofrecía Rajoy?, ¿gobernar a golpe de prima de riesgo?