Rubalcaba quiere creer. “Esta es la versión que me ha proporcionado la Guardia Civil y que yo aquí quiero hacer mía”, aseguró el ministro del Interior el pasado lunes cuando explicó ante los medios qué hacía un detenido por terrorismo ingresado en la UCI de un hospital con hematomas por todo el cuerpo, una costilla rota y el pulmón perforado. Han pasado seis días desde aquella comparecencia y, a lo largo de la semana, hemos conocido varios detalles que ponen en duda la versión de la Guardia Civil que Alfredo Pérez Rubalcaba dio entonces por buena: que el otro detenido también está lleno de magulladuras, que un testigo presencial de la detención denunció en el juzgado que investiga los supuestos malos tratos que la detención no fue violenta y, lo más grave, que el juez Fernando Grande-Marlaska, en un auto judicial, corrobora que ambos detenidos cuentan prácticamente la misma versión de los supuestos malos tratos a pesar de que han estado incomunicados desde su detención.
Es cierto: se pueden poner peros a estas pruebas. El testigo de la detención es familiar de un histórico dirigente etarra, un detalle biográfico que, de momento, no invalida su declaración aunque sirva para ponerla en entredicho ante la opinión pública (a todo esto, ¿quién filtró este dato a la prensa y por qué?). Y también hay una discrepancia entre ambos detenidos en el, por otra parte, detallado relato de los supuestos malos tratos. Según el auto de Grande-Marlaska, Igor Portu dice que escuchó un disparo y pensó que era una simulación de una ejecución mientras que Mattin Sarasola, el otro presunto etarra, asegura que “le colocaron una pistola en la sien, pero no le dispararon”. Por lo demás, los relatos son idénticos.
Alfredo Pérez Rubalcaba, durante esa misma comparecencia, también anunció que colaboraría con la investigación judicial ya que “no hay nadie más interesado en que se conozca hasta el final la verdad de lo sucedido”. No dudo de la voluntad del ministro en aclarar el incidente, aunque discrepo en que no haya nadie más interesado que él en conocer la verdad. Nos interesa a todos. Tras un año plagado de éxitos policiales en la lucha antiterrorista, lo que menos necesitamos es que la sombra de la tortura, el fantasma de los GAL, sirva otra vez de excusa a los terroristas.
No hay que olvidar que lo que diferencia a ETA de cualquier otra banda de asesinos es que, por desgracia, cuenta con el apoyo de una parte de la sociedad vasca, que encuentra en episodios como el de esta semana el alimento para su injustificable respaldo al terror. Jamás acabaremos con ETA hasta que toda la sociedad vasca les dé la espalda. Por esta razón, que los detenidos estén acusados de crímenes tan graves como el atentado de la T4 no debería impedir una investigación seria, como la que pusieron en marcha durante el verano de 2005 los entonces ministros del Interior, José Antonio Alonso, y de Defensa, José Bono, cuando un detenido murió en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas, en Almería. En aquella ocasión, una de las primeras respuestas del Gobierno fue apartar de su puesto durante seis meses a todos los guardias civiles implicados. Que ahora hablemos de terrorismo no debería servir de excusa para no tomar medidas disciplinarias igual de contundentes. Todo lo contrario.
Contra la demagogia
Frente al dolor del terror es sencillo apelar a las tripas de la sociedad. Es probable que, si se hiciese una encuesta, una gran parte de los españoles respaldaría la pena de muerte o incluso la tortura en casos de terrorismo. Está en la responsabilidad de los políticos no caer en la demagogia, no exaltar los peores instintos. No alimentar ese monstruo. Por eso están completamente fuera de lugar declaraciones como las de José Bono esta semana, cuando a cuenta de este debate se enfundó en el traje de Harry el Sucio y dijo aquello de “si tiene que haber bajas, que no sean nuestras”. Como si la lucha antiterrorista fuese una película de Hollywood, como si fuese necesario matar o morir, como si el fin justificase los medios.
En los últimos años, tras el 11-S, el mundo ha sufrido una regresión en la defensa de los derechos humanos. En la lucha contra la tortura, Occidente ha retrocedido décadas, dando la razón a aquel viejo argumento soviético, que aseguraba que la defensa de los derechos humanos por parte de Estados Unidos era una simple fachada propagandística y no una verdadera convicción moral. Guantánamo ha cumplido esta semana seis años y se ha convertido ya en ruido de fondo. La responsabilidad es compartida: no sólo de George Bush sino también de los países europeos, que no hicieron preguntas cuando los aviones aterrizaron camino del limbo de la base militar.
Por supuesto, no es comparable la sospecha de un episodio aislado, como el de Sarasola y Portu, con la certeza de cientos de detenidos y seis años de prisión y torturas sin juicio. Pero en ambos casos el principio es el mismo: los derechos humanos son para todos, incluso para los asesinos más siniestros. Es eso lo que nos diferencia de ellos.
