Álvaro ‘el bigotes’: Presidente.
Francisco Camps: Feliz Navidad, amiguito del alma.
Álvaro: Oye… que te sigo queriendo mucho.
Camps: Y yo también.

Cuentan en Valencia que la primera persona que advirtió a Eduardo Zaplana de que su delfín se la jugaría, que le traicionaría en cuanto alcanzase la presidencia de la Comunidad Valenciana, fue su mujer, Rosa Barceló. “Alguien tan pelota no es de fiar, no puede ser leal”, dicen que le dijo Rosa a su marido a la vuelta de unos días en familia, durante las fiestas de Cartagena, en los años en los que Zaplana aún presidía Valencia pero sólo pensaba en Madrid. Durante aquel viaje, Camps no paró de piropear a Zaplana, a su señora y a Cartagena –qué hermosa eres– hasta llegar a ese punto de incómoda genuflexión permanente que sólo agrada al señor presidente, al insigne peloteado, pero que produce repulsión al que contempla la escena sin ser el blanco principal de tanto elogio, el único ciego. El halago debilita, pues pocas personas son sus mejores críticos; por exagerados que sean los elogios, en el elogiado siempre suenan como más que merecidos.

Camps: Ya, ya lo sé, pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo.
Álvaro: Bueno, qué… contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?
Camps: Perdona, ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida. Ja, ja…

“Para llegar lejos en política, lo importante es cuidar al elector; al que te elige para que vayas en la lista o en el Gobierno”, suele bromear entre obscenas carcajadas un vicepresidente autonómico del PP que aspira a heredar. Su chiste muestra bien lo poco que respetan determinados políticos la soberanía popular, hasta qué punto algunos ponen por delante del servicio público su propia supervivencia, entendida como mantener el coche oficial, que sin el chofer muero. Pero la broma es certera en su realismo sucio. A Paco Camps le ha funcionado muy bien lo de cuidar al elector. Le valió con Eduardo Zaplana, que sólo años después, cuando su dócil protegido se rebeló contra él y fumigó implacable a los suyos, descubrió hasta qué punto el instinto de su ex mujer era acertado. Pero también le ha servido con Mariano Rajoy, un elector que es hoy su mayor soporte, pues le debe las muchas atenciones que le sostuvieron en su sillón cuando media derecha conspiraba contra él, tras la derrota en las generales.

Dice Mariano Rajoy que un presidente no se vende por tres trajes, como si la tarifa afectase al delito o fuese una prueba de inocencia. El presidente del PP paga sus deudas, y se equivoca. Rajoy sabe, o alguien debería decírselo, que el gesto que hizo Camps hace un año para protegerlo de las hienas no fue fruto de una lealtad sincera sino de un cálculo interesado: al barón de la buena percha, que ni es diputado ni está en Madrid, no le interesaba que el sillón de Génova se quedase vacío tan pronto, pues habría supuesto entregárselo a otro. ¿Se merece ahora Camps que Rajoy le proteja y una así su destino al de alguien que se despeña, traje abajo? El presidente del PP cree que sí, aunque puede que más tarde descubra lo mismo que ya sabe Zaplana: que si Camps sobrevive a los costurones y no corre la suerte de su amiguito del alma, antes o después le traicionará. Está en su naturaleza.

Álvaro: Por eso, tío, es que espero que sean muchos.
Camps: Ya, pero bueno, no tienes que decir durante muchos, porque eso tiene un límite, una caducidad, durante toda tu vida…
Álvaro: No, llevas razón, siempre me tienes que… ¿ves? Es la ventaja de estar todos los días delante de un micro.
Camps: Exacto.
Álvaro: Tu caudal de palabras, tu facilidad de palabras… Te quiero mucho a ti y a tu familia. ¿Vale?

De igual forma que aquellos que son maltratados durante la infancia tienen más posibilidades para convertirse después en maltratadores, en el peloteo también se pasa con facilidad de víctima a verdugo, y viceversa. El pelota se convierte así en la presa más fácil para otro pelota más arrastrado que él, y también exige a su vez más atenciones y elogios de sus palmeros. Lo lógico sería pensar lo contrario: que nadie mejor que un pelota, alguien que se aprovechó de la debilidad que provoca el halago para matar a su peloteado, para detectar el mismo veneno en su copa. Pero la realidad demuestra que el más servil con el fuerte es también el más cruel con el débil, que no hay peor amo que un esclavo con látigo. El pelota, en su esencia sadomasoquista –a ratos dominante, a ratos sumiso–, es también aquel que sólo entiende las relaciones sociales en un eje vertical, el del poder. Por eso suele ser tan generoso en sus superlativos elogios para su jefe como sensible a los halagos y prebendas que recibe de los que considera sus inferiores. Él cree saber mejor que nadie que el mundo funciona así.

Álvaro: ¿Has leído mi tarjetón?
Camps: Muchísimas gracias, ¿eh?
Álvaro: Bueno, escucha, tu… ¿Has leído mi tarjetón?
Camps: Sí, sí, sí…
Álvaro: Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo…
Camps: No, no, nada.
Álvaro: Sí, sí, sí.
Camps: Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro… que es muy
bonito.

Francisco Camps, milano bonito, agradeció el tarjetón y lo que lo acompañaba el 7 de enero de 2009, al día siguiente de Reyes. ¿Qué le regaló Álvaro, el bigotes? ¿Oro, incienso, mirra? Si los Reyes Magos son los padres, ¿es acaso el bigotes el padre de Camps? Si el halago es un regalo para los oídos, el obsequio es también un halago material, su forma en átomos. Es parte del ciclo natural del pelota: quien con halagos mata, con regalos muere.

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Ilustración de Pepe Medina

Calumnia tras calumnia, condena tras condena, Jiménez Losantos ha conseguido que su hijo David Jiménez Torres, el ingenuo que le pedía otras maneras, no sólo haya podido estudiar en Estados Unidos: ahora también completa su formación universitaria en la exclusiva Cambridge, Inglaterra. Entre examen y examen, Jiménez Torres escribe también una columna semanal para el diario online de su progenitor, Libertad Digital. Su última entrega está dedicada a la crisis: “ A mis amigos del insti (sic) no les contratan en ninguna parte, a mi padre le han despedido después de quince años en la misma empresa, mi hermana y su novio se habían comprado un piso pero no pueden pagar la hipoteca”.

Además de universitario internacional, el hijo de Federico es también escritor, así que habrá que tomarse lo del despido de su padre como una licencia poética. Sí, Losantos lleva en la COPE sus buenos años, pero el liberal defensor del despido libre no ha sufrido ningún ERE ni le han exigido una reducción del sueldo ni es probable que sufra los problemas de los amigos del insti de su hijo para encontrar quien le contrate. Los obispos sólo le han ofrecido un cambio de horario, de la mañana a la noche. Ante tal provocación, Losantos ha decidido atrincherarse en la emisora, y utilizar los micrófonos de la propia COPE para cargar contra sus patrones, pues ya toca romper la baraja y pasarse, hecho una víctima de la libertad de expresión, a esa nueva cadena de radio que prepara con Pedro J. Ramírez. Su probable tocata y fuga no tiene nada que ver con ningún giro ideológico o sentimental de la COPE. El estilo de la casa, que marcó en su momento el difunto Antonio Herrero, seguirá siendo el mismo con Ignacio Villa a los micrófonos: la crispación ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.

A los obispos no les ofenderían las cinco condenas por injurias que ya suma el radiopredicador de no ser porque Losantos le ha birlado a la COPE una licencia FM en Madrid para Unidad Liberal Radio: una alianza nueva y eterna entre El Mundo y Libertad Digital, santificada por Esperanza Aguirre, que es quien regala la licencia a una empresa que aún no emite ni música ambiental.
Con todo, los obispos tienen un consuelo. Los doctores que tiene la Iglesia no son los primeros en aprender, por las malas, los perjudiciales efectos secundarios que conlleva la cría de cuervos. El PP, que preside Mariano Rajoy, también ha probado esa misma medicina.

El episodio que ahora tanto lamentan en la calle Génova sucedió en otoño de 2004. Libertad Digital S.A., la empresa capitaneada por Losantos, hacía aguas. Después de casi cuatro años en la Red, este diario online se encontraba en una situación crítica. La derrota del PP en las elecciones de 2004 había mermado tanto sus ingresos como sus expectativas, y el panorama que aparecía por delante no aparentaba ser mucho mejor.

El 9 de septiembre de 2004, a la desesperada, la junta de accionistas de la compañía decidió lanzar una ampliación de capital para intentar conseguir 5,34 millones de euros con los que superar el bache. La empresa pretendía captar ese dinero a través de lectores rumbosos, la oferta se presentaba más como una donación a la causa que como una inversión con visos de convertirse en negocio. “La ampliación de capital (…) comporta riesgos, pues a la excepcionalidad del medio hay que sumar la posibilidad de pérdidas de ingresos futuros que podría provocar nuestra defensa de un ideario liberal-conservador”, aseguraba Libertad Digital en la comunicación que presentó ante la CNMV: “No podemos dar garantías económicas de rentabilidad futura del proyecto”.

Las acciones en venta valían para bien poco, pues la empresa no cotizaba ni cotiza en bolsa, por lo que eran después difíciles de vender. Tampoco aportaban control sobre el proyecto, que sigue en manos de sus fundadores. Con todo, Jiménez Losantos confiaba en que su indiscutible tirón popular serviría para recaudar el dinero necesario entre sus fieles seguidores. No fue así.

Losantos decidió entonces pasar al plan B. Durante el fin de semana del 23 al 24 de octubre de 2004, se reunió con dos de sus principales aliados en la derecha: Ángel Acebes, entonces secretario general del PP, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Según explican fuentes del PP, Losantos quería que el partido utilizase su influencia entre empresarios afines para ayudarle a colocar lo mucho que quedaba por cubrir de la ampliación de capital. El plazo era muy corto, apenas una semana. Ambos políticos le dieron su apoyo, pero Aguirre argumentó que sería más eficaz si la petición de respaldo salía del PP en Génova, y no del Gobierno de Madrid. Ángel Acebes se ocupó así de la tarea, que gestionó junto con varias personas más del aparato del partido. Gracias a la ayuda del PP, Losantos y su socio Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital y también consejero de Caja Madrid, lograron cerrar por los pelos la ronda de generosos inversores. Libertad Digital, un medio que dice ser defensor del pensamiento liberal, que reclama la no intervención de los gobiernos y los partidos en la empresa privada, se salvaba así gracias al PP. El liberalismo bien entendido empieza por uno mismo.

Pero la historia no acaba ahí, el final es aún peor. En Génova aseguran que Mariano Rajoy no se enteró de la operación ‘salvad al soldado Losantos’ hasta hace apenas unos meses, que Acebes se lo ocultó. Para que encima Federico le llame siempre maricomplejines.

Fue hace casi tres años, durante un viaje en el A-310 con varios miembros del Gobierno de Zapatero. El rey pidió permiso para encenderse un puro y la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, le recordó al monarca que la ley contra el tabaquismo ni hace excepciones ni permite fumar en los aviones. El rey protestó: “¡Pero si es mi avión!”. Pero Salgado insistió, tan firme como educada en la defensa de la ley. El rey tuvo que envainarse el puro y esperar hasta después del aterrizaje, como un españolito más.

La nueva mujer fuerte del Gobierno está acostumbrada a pelear por la ley y por sus derechos en un mundo de hombres con puro. Durante años, cuando estudiaba Ingeniería Industrial, fue la única mujer en el aula. Uno de sus profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales tenía la machista costumbre de girarse desde la pizarra, nada más terminar alguna compleja ecuación, para dirigirse siempre a la única chica de la clase: “¿Lo ha entendido usted, señorita Salgado”. La señorita Salgado lo entendía más que de sobra, y después de acabar con nota su ingeniería se licenció en Económicas. Ahora llega a la cátedra más importante del país: la vicepresidencia económica del Gobierno.

No es verdad que Salgado fuese una propuesta de Solbes, afirma una persona del equipo saliente de Economía: “Zapatero le comunicó su nombre y a él no le pareció mal, pero no era su candidata”. Solbes fue de los primeros en saber del martes de pasión. El presidente le dio la fecha de su salida hace ya tres semanas, aunque el desenlace se veía venir desde hace meses. La lógica política dictaba esperar hasta que la crisis económica tocase fondo, y ésa era la estrategia prevista. Pero la enorme distancia creada entre Zapatero y Solbes ha acelerado el cambio.

Los reproches mutuos aparecen a poco que se rasque. “Solbes estaba pasota, apático. Como no le dejaban hacer todo lo que él quería, iba a su aire tanto en público como en privado”, afirma una fuente cercana al presidente. “No ha tenido autonomía, las injerencias desde la Moncloa han sido constantes”, responden desde el equipo del ex vicepresidente: “Después de haber resuelto las primeras urgencias, la obsesión de Solbes era el medio plazo: que no se disparase la deuda, que la economía española no quedase hipotecada para el futuro”. “Es verdad que él se opuso a algunas medidas –admite la misma fuente–, pero fue porque las consideraba inadecuadas, y también propuso una serie de reformas de las que el presidente no ha querido oír hablar porque son impopulares: la del mercado laboral, la de las pensiones o la del sector energético”.

En el entorno de la Moncloa también preocupaba algo a lo que Zapatero da mucha importancia: los gestos; esa imagen de agotamiento y hartazgo que transmitía Pedro Solbes en muchas de sus intervenciones públicas. La más sonada fue aquella vez, el 23 de febrero, cuando dijo envidiar la condición de ex ministro del recién cesado Mariano Fernández Bermejo. Aquel sarcasmo escondía otro matiz más íntimo: horas más tarde, el mismo 23 de febrero, murió la madre de Solbes, que agonizaba desde hacía días. A la mañana siguiente estaba prevista una rueda de prensa que el vicepresidente canceló para asistir al velatorio. Su equipo no explico el motivo: Solbes les había prohibido revelar el fallecimiento de su madre.

Pero la imagen poco entusiasta y resignada del vicepresidente durante los últimos meses no ha sido el origen de la crisis de Gobierno sino uno de sus síntomas. El mayor reproche es otro: su excesiva ortodoxia económica y la falta de rapidez en la pequeña gestión. “Las iniciativas contra la crisis tardaban demasiado en aplicarse”, asegura una persona del equipo de la Moncloa.
Zapatero tiene sobre su mesa, desde hace dos semanas, una carta del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quejándose de que Solbes no permitía a Fomento acogerse a un ventajoso crédito a 20 años que concede el Banco Europeo de Inversiones para nuevas infraestructuras. Ni el ex vicepresidente ni sus colaboradores veían con buenos ojos aumentar excesivamente la obra pública contra la crisis. “Ese dinero se gasta y no vuelve, tiene poca incidencia en el empleo y gran parte de él acaba en empresas de fuera de España”, defendía el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cada vez que alguien le citaba a Keynes.

Tras Solbes, y con Pepe Blanco en Fomento, la receta será otra: más new deal y menos ortodoxia. “Zapatero quiere que la recuperación llegue lo antes posible y no se conforma con esperar sentado”, dicen desde su equipo. El presidente lo verbalizó el martes, al comunicar el cambio de Gobierno: “Imprimir un nuevo ritmo con energía renovada”.

Elena Salgado se ganó el maletín de Solbes gracias a la rápida aplicación del fondo de ayudas para los Ayuntamientos: 8.000 millones que se han invertido en polideportivos, piscinas, rotondas y en tapar baches. Su nuevo reto es veinte veces mayor: gestionar los 157.607 millones de euros que gastará el Estado este año de vacas flacas. Para ello es posible que venga bien un nuevo ritmo renovado. Pero también ayudarán otras habilidades, ya probadas en Elena Salgado: entenderlo todo a la primera y saber decir que no, aunque el que pida permiso sea el que más manda.

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Ilustración de Pepe Medina

Aquella reunión secreta se celebró en Washington, en el año 2001. De un lado de la mesa, el secretario del Tesoro estadounidense, Paul O’Neill. Con él, tres sherpas, esos asesores que acompañan a los líderes en su ascenso durante las cumbres internacionales. Del otro, Rodrigo Rato, en aquel momento vicepresidente económico del Gobierno, acompañado por otras tres personas de su equipo a las que convocó a la reunión en el último momento, al enterarse de que O’Neill no iría solo. Rato tenía un encargo de José María Aznar: negociar el apoyo estadounidense para que España pudiese sentarse en el G8. “¿Por qué tenéis tanto interés en estar ahí?”, decía O’Neill. “Si España nunca plantea nada en ninguna cumbre y se limita a sumarse a lo que dice un país o el otro”.

La reunión empezó mal y tampoco acabó bien. Los resultados nunca llegaron. A pesar de la foto de las Azores y de los pies de Aznar sobre la mesa del rancho texano de George W. Bush, España no logró entrar en el club. EEUU al final dio su apoyo, aunque no sirvió de nada. Aznar peloteó al sheriff, pero olvidó que en el G8 hay siete socios más. De propina, perdió el tren para ser miembro del G20: Aznar no peleó por formar parte de este grupo porque temía que el premio de consolación le cerrase el paso hacia el G8. El bigote que siempre estará al lado de Bush se la jugó a todo o nada. El resultado fue nada de nada para España. Hasta que llegó Zapatero.

El propio Mariano Rajoy, el lunes en Tengo una pregunta para usted, reconoció entre los méritos del presidente del Gobierno el haber logrado que España se sentase en las últimas cumbres del G20. Aquella apuesta de Zapatero fue tan valiente como arriesgada. Puso sobre el tapete gran parte de su capital político en una jugada generosa: si ganaba lo hacía España y si perdía sólo él pagaba con su prestigio.

El salto salió bien, a pesar del pánico de muchos de sus colaboradores, que temían que se tratase de uno de sus habituales ataques de optimismo antropológico; esa inquietante imagen que da a veces Zapatero de ser como un niño que cree que un deseo se hará realidad si cierra los ojos, aprieta los puños y lo pide en voz alta con todas sus fuerzas. Y el presidente acierta cuando dice que querer es poder (el otro extremo es peor aún, algo muy español: no atreverse a nada por miedo al ridículo). Pero, como cantan los Stones, no siempre puedes conseguir lo que deseas.

Esta vez el deseo se cumplió y España ha estado ahí, en la cumbre. Pero la vieja pregunta de Paul O’Neill a Rodrigo Rato aún permanece en el aire. ¿Y para qué quería España sentarse en el G20 si no ha propuesto nada y sólo se ha sumado a la postura de otros? ¿Qué ha aportado al texto final?

Zapatero, en la rueda de prensa del jueves en Londres, dejó ver su orgullo porque España se cuente entre los vencedores en uno de los debates más espinosos de la cumbre, el de los paraísos fiscales. Y también presumió de que él siempre había estado a favor de terminar con el secreto bancario. Sin embargo, en el documento oficial de propuestas que España presentó para la cumbre de Londres no figuraba ni una línea sobre estas cuevas piratas, no vaya a ser que molestase a alguien. Y el verdadero mérito de que los paraísos fiscales estén hoy más acosados que nunca corresponde al que de verdad lanzó el órdago: el presidente francés, Nikolas Sarkozy. España tuvo un papel en este tema, es cierto, pero fue el de un buen secundario, ocupado en intermediar para que el francés que tiraba de la cuerda no la rompiese.

Hay una anécdota del periodista José Antonio Martínez Soler que ilustra muy bien en qué consiste la mejor tradición de las relaciones internacionales de los distintos gobiernos de España. Fue en 1995, durante la visita del presidente estadounidense Bill Clinton a España, en un importante encuentro a solas con Felipe González en la Moncloa. Mientras esperaba para la rueda de prensa posterior, a Martínez Soler le entraron ganas de orinar, así que se puso a buscar un baño. Por error, acabó abriendo la puerta de la sala donde estaban sentados Clinton y Felipe, junto con los dos embajadores y un par de asesores más. “Me los encontré frente a unos platos de aceite, en una degustación. Felipe le estaba enseñando a Clinton cómo mojar pan en aceite”, recuerda Martínez Soler, que dio una vuelta a la sala rodeando la mesa con cara circunspecta, saludó a un Felipe que le miraba anonadado y salió después por la misma puerta, abandonando la trascendental cumbre bilateral.

Clinton, Bush, Obama: las últimas décadas de política exterior española se pueden resumir según la relación frente a Estados Unidos, una variable que fija todas las demás posturas. Después de que Felipe mojase pan en aceite con Clinton, Aznar pasó a poner los pies encima de la mesa con Bush, y ahora, cuando Obama dice ven a Afganistán, Zapatero lo deja todo. Y está bien que los presidentes presuman de aceite, se pongan cómodos en el rancho del rey del mundo y se sienten con los que mandan. Pero si España quiere pintar algo en la política internacional del nuevo orden mundial, también hace falta una voz propia, independiente de lo que diga EEUU o de que gobiernen republicanos o demócratas. Aunque para eso no basta con decir “sí” o “no” a lo que inventen ellos.

No está claro si esta última declaración del presidente del Gobierno fue una casualidad, un despiste, un sarcasmo o un pronóstico. El lema es socialista, pero de hace muchos años. Lo acuñó aquel PSOE de principios de los ochenta que se oponía al ingreso de España en la Alianza Atlántica. “OTAN, de entrada no”, decía Felipe, decía Guerra, decía el mismo Javier Solana que, con los años, acabó siendo secretario general de la alianza durante el bombardeo de Yugoslavia. El camino desde aquel “de entrada, no” al referéndum de la OTAN fue el mayor símbolo de la transformación del felipismo desde las chaquetas de pana a los despachos con moqueta.

En el caso de Zapatero, la distancia recorrida es otra, más práctica que ideológica: la que va desde el anuncio de la salida de Irak al más que seguro aumento de tropas en Afganistán, el abismo que separa la presidencia de Bush y la de Obama. En el Gobierno hace semanas que trabajan en cómo dar ese paso, que temen que pueda ser delicado después del último tropiezo de la política exterior española: el de Kosovo.

“Ha sido un error monumental, porque cuando anunciemos que vamos a aumentar tropas en Afganistán dirán que es para contentar a Obama”, asegura un asesor de La Moncloa. La gestión política sobre el asunto kosovar ha sido mala desde el principio, desde que el Gobierno –asustado, en pleno periodo electoral– se negó a reconocer hace un año la independencia de Kosovo por si España se rompía en los Balcanes. El PSOE, con este mal paso, no sólo hacía suyas las tesis de la derecha y los nacionalistas, a pesar de que cualquier parecido entre Kosovo y Catalunya o Euskadi es, por fortuna para catalanes y vascos, pura coincidencia. También convertía un problema de política exterior en un asunto interno. Deslizándose por esa misma pendiente, normal que el problema interno haya acabado transformándose después en un conflicto diplomático para España.

La gestión posterior de aquel error inicial jamás rectificado ha sido aún más desastrosa, y ni uno sólo de los protagonistas ha quedado bien parado. Para Moratinos, es la prueba de que o bien no cuenta porque no se le informó, o bien no cuenta porque no pudo imponer algo de cordura en un anuncio que no se pudo hacer peor. No está claro si el ministro de Exteriores sabía lo que pensaba decir Carme Chacón antes de verla en los telediarios, pero lo que parece claro es que los embajadores no estaban informados, y algo va muy mal cuando los que tienen que dar las explicaciones diplomáticas se enteran de las noticias por la prensa.

Para Carme Chacón el trago también es amargo no sólo por ser ella la protagonista en pantalla del anuncio. Lo peor es que su primera gran metedura de pata llega cuando los rumores de una inminente crisis de Gobierno parecen cada vez más veraces (hoy mismo podría haber un anuncio oficial muy relevante, aunque Zapatero niega que se trate de un cambio de Gobierno) y no es su gestión de la retirada de Kosovo la mejor carta de presentación para justificar su ascenso a una vicepresidencia tantas veces apuntada en las quinielas.

Pero el peor parado es Zapatero, que se ha visto obligado a viajar contra pronóstico a Chile para poder así zanjar el tema con el vicepresidente estadounidense, Joseph Biden. Ayer, tras la reunión, la Casa Blanca le dio dos noticias a Zapatero, una buena y una mala. La buena, que Obama se reunirá con él el día 5 en Praga, durante la cumbre de EEUU con la UE. La mala, que finalmente Obama no acudirá al Foro de la Alianza de Civilizaciones en Turquía, donde el presidente español ejerce de anfitrión.
Aunque la cita más importante será antes de Estambul y de Praga, esta semana en Londres: la cumbre del G20. La Europa continental y el bloque anglosajón –EEUU más Reino Unido– llegan al encuentro con dos posturas distintas y ambas partes tendrán que ceder. Mientras Obama reclama más dinero público contra la crisis, la zona euro pide que aumenten las regulaciones y los sistemas de vigilancia internacional contra los excesos que han provocado estas facturas.

Las ONG y los movimientos sociales, junto con los países en desarrollo, están presionando a los gobiernos para que de Londres también salgan dos medidas más: el veto a los paraísos fiscales y que el FMI no supedite sus créditos al cumplimiento estricto de esa sacrosanta ortodoxia económica ahora quebrada. Ambas peticiones son justas y sensatas. Sería hipócrita por parte del primer mundo seguir recetando ayuno a los hambrientos –que reduzcan su gasto público, su educación o su sanidad, si quieren ayudas– cuando son hoy las potencias mundiales las primeras en saltarse la dieta neoliberal.

La regulación de los paraísos fiscales también se puede. “Es posible que Obama, que necesita una respuesta económica contundente ante el escándalo de las primas de AIG, consiga que de Londres salga alguna medida al respecto”, asegura uno de los asesores económicos del Gobierno.

Las próximas semanas serán críticas. Está en juego el modelo socioeconómico que dibujará el futuro del planeta: un mundo que será mejor si los países pobres reciben más ayudas y menos tropas.

Las Fallas, como casi todas las fiestas, nacieron como una celebración pagana, la del gremio de los carpinteros, que una vez al año limpiaban a fondo sus talleres y quemaban los despojos en grandes hogueras. A uno de ellos, un visionario, se le ocurrió vestir con ropa a una de las piezas y colgarle un cartel irónico. Y así, de la sátira, del deseo de la hoguera, nació la tradición. Más tarde, algún obispo, algún Borja, cuadró el santoral y pasó la noche de las hogueras a la noche del 19, al día de San José, patrón de los carpinteros.

El ninot indultat es un invento moderno: de 1934. Desde esa fecha, cada año hay un muñeco que se salva de la quema, que sobrevive a la nit de la cremá para pasar a la historia. Es uno, sólo uno, y se libra del fuego por votación popular. El ganador oficial de este año se llama “queridas mascotas” y es una niña vestida de fallera que juega con un perro, su mascota. El ganador extraoficial va vestido de Milano, con ceñidor italiano, y es un presidente autonómico imputado por aceptar sobornos. No ha sido la votación popular sino su mascota, Mariano Rajoy, quien le ha salvado de la quema, aunque su indulto dista mucho de durar para toda la historia.

De todos los argumentos que ha usado la derecha política y mediática para defender a Francisco Camps desde que Garzón enseñó algunas de sus cartas, desde que el famoso sastre explicó su historia, el más tramposo es el del precio. Un presidente autonómico no se vendería por algo tan barato, por sólo 12.783 euros en trajes y chalecos de fantasía, repiten sus defensores. Camps no es tan tonto como para dejarse comprar por tres trapos cuando además los trajes le podrían salir gratis igual como gastos de protocolo, dicen ahora los mismos que en su día criminalizaron a Pilar Miró. ¿A quién vas a creer? ¿A un sastre que ni siquiera es sastre o a todo un presidente autonómico, con su camisita y su canesú?, repiten desesperados.

Busquemos guía y luz en el marxismo, en los hermanos Marx. Preguntaba Groucho en uno de sus diálogos más celebrados: “Señorita, ¿se acostaría usted conmigo por un millón de dólares?. “Por supuesto”, respondía ella. “¿Y por un dolar”, repreguntaba Groucho. “Qué se cree usted que soy”, contestaba la dama, ofendida. “Eso ya ha quedado claro con la primera pregunta, ahora estamos negociando el precio”.

“Putos no faltan, lo que faltan son financistas”, decía Ricardo Darín en la genial Nueve Reinas. “No hay santos, lo que hay son tarifas diferentes”, recalcaba en la misma escena Darín haciendo una versión argentina de un dicho universal: todo el mundo tiene un precio. ¿Lo tiene Camps?

De demostrarse las gravísimas acusaciones que se le imputan, que su precio fuese popular, a la medida de todos los corruptos –tarifa Dacia Logan, no Jaguar V8– sería un agravante, no un eximente político: todo el mundo tiene un precio y el de Camps es de sólo 12.783 euros. Todo el mundo tiene un precio y el del presidente de la Generalitat valenciana sería tan barato que a saber qué no haría si la propuesta indecente fuese mayor. Todo el mundo tiene un precio y los había en Valencia que pasaban factura al Ministerio de Trabajo hasta de los chicles Trident. De las facturas de los trajes de Camps, sin embargo, nada se sabe.

El president de la Generalitat, que lleva semanas esquivando las preguntas de los periodistas, no sólo no aclara nada, no explica si pagó o no pagó esos trajes, sino que obliga con ello a la pobre Soraya Sáenz de Santamaría a elucubrar magistrales teorías económicas sobre la vida y la moneda. “Hay cosas que se pagan en metálico, cosas que se pagan con tarjeta, con transferencia… ¡es la vida misma!”, dice la mala Soraya, que no concreta a cuál de los tres subconjuntos de la vida misma pertenecen los 12.783 euros de Camps. Como dice otro presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, “si se probase que esos trajes se los han regalado sería terrible: quién coge poco, coge mucho”.

Mientras la Justicia aclara si Camps tiene una tarifa alta, baja o inexistente, el precio político que ha pagado Rajoy con su indulto resulta evidente. Por parecidas imputaciones, el PP ha suspendido de militancia o ha obligado a dimitir a la mayoría de los acusados por Garzón. A todos menos a dos: a Camps y a su número dos, el hermano de Kennedy, Ricardo Costa. Rajoy cubre así, con lealtad a la medida, las deudas de su segunda mili: el crucial apoyo de Camps cuando la lideresa amagó con asaltar el congreso de Valencia.

El indulto a Camps no le sale barato a Rajoy: no sólo liga su imagen política a la de un maniquí que puede acabar condenado por su buena percha, sino que también le ha obligado a ser igual de magnánimo con otros a los que no deseaba perdonar. De la misma nit de la cremá han salido indultados otros ninots de cara menos amable para el PP de Génova: los muñecos de la corte de Aguirre. Rajoy ha aprovechado el puente madrileño de San José –con festivalidad y alevosía– para dar carpetazo a la investigación interna sobre el espionaje en la villa y corte.

En Génova, más que por los anacletos, se muestran preocupados por las sombras de corrupción que manchan el gobierno de Aguirre: de la mansión de Granados al profesor de pádel de Ignacio González. En Madrid, donde la policía judicial no descansa, inquieta que la Operación Gürtel crezca aún más y el incendio suba a las plantas donde se pisa moqueta. Es lo malo del fuego: una vez encendida, la hoguera es muy difícil de frenar.

Prada llegó tres horas más tarde al pleno, pero llegó. Se sentó en su escaño a las siete de la tarde, después de una larga reunión con Mariano Rajoy a cuenta, precisamente, del carpetazo al caso de espionaje. Aguirre se había comprometido con Rajoy a abrir una comisión en la Asamblea de Madrid a cambio de que el PP nacional parase la investigación interna que había iniciado el partido. Pero esa comisión, en la que nadie había puesto tampoco muchas esperanzas, ha resultado ser aún peor de lo poco previsto: un paripé, una burla, una comedia tan mala que Esperanza Aguirre la aguantó sólo tres días en cartel, y al cuarto la clausuró. El PP de Madrid no sólo bloqueó la mayoría de las peticiones de documentación de la oposición, sino que también impidió que declarasen ante ella los principales afectados: los espiados. Ni Alfredo Prada ni el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ni la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores han podido testificar. Ni siquiera Ignacio González, el único espiado que el PP de Madrid reconoce como tal, declaró en ella.

La conversación entre Alfredo Prada y Mariano Rajoy, a solas en el despacho del presidente del PP, fue larga. Tenían cosas de que hablar. Rajoy le transmitió su apoyo y respaldo ante lo ocurrido, ante la persecución que está sufriendo por parte de sus supuestos compañeros de partido en Madrid. Prada se ha reafirmado en público sobre la veracidad de los partes del espionaje que le atañen, tendrá que enfrentarse el miércoles 18 a una decisión difícil en el pleno de la Asamblea de Madrid: qué votar sobre las conclusiones de la comisión de investigación, un aparente trámite cuyo marcador final admite apuestas; podría haber sorpresas.

Prada el jueves tendrá tres opciones. Votar sí, lo que supondría admitir unas conclusiones que le calificarán implícitamente como mentiroso, pues el PP pretende negar que ese espionaje haya siquiera existido. Votar no, lo que implicaría saltarse la disciplina de voto y abrir una nueva batalla interna. O no acudir al pleno ese día con cualquier excusa. La misma difícil decisión atenaza también a Carmen Rodríguez Flores, la otra espiada que se sienta en la bancada popular en la Asamblea. Rodríguez Flores protagonizó el 12 de febrero una tensa reunión interna del grupo popular en la Asamblea, en la que exigió a Aguirre que le ayudase a descubrir quién le había espiado. Ahora se siente decepcionada y, según parlamentarios cercanos a ella, parece estar dispuesta a votar no. Pronto se verá.

Lo que todos en el PP dan por seguro, tanto en Génova como en la Comunidad de Madrid, es que Mariano Rajoy no reabrirá esa investigación interna, que seguirá suspendida en el limbo de los justos. Su raquítico apoyo mediático no le deja mucho más margen, pues los medios que marcan la opinión entre sus votantes están cada vez más entregados a la lideresa. Sólo si Gallardón insiste mucho, la comisión interna tendría alguna posibilidad de revivir, y ni aún así. Los marianistas justifican la probable decisión de Rajoy argumentando que ahora no es el momento para otra guerra interna, que hay que mirar al futuro, a las europeas. Y la paz en el mundo.

Rajoy también tiene otra excusa: que el caso está aún en manos de la Justicia, pues existe una denuncia de Alfredo Prada y otra de Manuel Cobo en los tribunales, que está investigando el fiscal de Madrid, Manuel Moix. Alguno de los espiados no descarta incluso elevar el tono de su respuesta judicial y pasar de la denuncia a la querella criminal.

Más allá de las europeas, de la coartada judicial y de su natural pacífico, Mariano Rajoy tiene otro buen argumento para esconder el sucio asunto de los espías bajo la alfombra: la investigación de Garzón sobre la Operación Gürtel. En Génova, y más aún en Valencia, preocupa mucho esa segunda declaración del sastre de Francisco Camps, que habló este viernes de nuevo con Garzón. El sastre de Milano, de nombre José Tomás (nada que ver con el torero) se juega el ser o no ser imputado, y en el PP temen que su condición final cuando llegue el juicio sea sólo la de testigo, lo cual implicaría que está colaborando con el juez. El sastre es la clave en la trama de Valencia, pues es él quien puede demostrar que las facturas de los trajes a Camps y otros en su corte corresponden de verdad a sobornos de Correa y sus chicos o si, como cuentan desde el PP valenciano, los trajes en cuestión nunca han existido y las facturas eran falsas, un truco de Correa para defraudar a Hacienda.

En el PP también circula otro rumor sobre el sastre: que podría haber hablado con un medio de comunicación, lo que inquieta casi tanto como su nueva declaración ante Garzón.

Con sastre o sin él, lo que está claro es que Esperanza Aguirre le tiene tomada la medida a Rajoy. En el enésimo duelo al sol, es de nuevo el gallego el que pestañea primero. Si sus enfrentamientos se tuviesen que resolver como en la carrera hacia la muerte de Rebelde sin causa, ésa en las que ambos conductores circulan a toda velocidad en dirección a un acantilado hasta que uno de los dos –el que pierde– echa el freno, el presidente del PP ni siquiera se atrevería a subirse al coche frente a la lideresa kamikaze. Aguirre es capaz de despeñarse con tal de no dar su brazo a torcer. O al menos eso cree Rajoy.

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Actualización, 15-3-09, 8:05: El temor del PP estaba fundado, el sastre de Camps ha hablado

Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga.

Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado.

Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.

Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo.

“Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.

“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional.

El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?

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“Cuando recibió esos regalos, consultó en Génova si era pertinente quedarse con ellos y se le dijo que sí las dos veces”, asegura una fuente del PP. “Los gemelos de oro no eran muy caros y Correa ofreció a Bárcenas el viaje a Nueva York como una oportunidad inesperada, con el argumento de que una pareja se había descolgado en el último momento de un vuelo que montaba una de sus empresas”, afirma la misma fuente. Bárcenas no fue el primero en el PP que obtuvo generosos obsequios de Francisco Correa, ni tampoco el único que preguntó sobre la conveniencia de aceptarlos. Javier Arenas también recibió de Correa un reloj de pulsera, “de acero, pero de una buena marca, valorado en unas 250.000 pesetas”. También preguntó si podía aceptarlo. También le respondieron que sí.

Eran los tiempos previos al euro en los que Correa era de la familia y montaba todos los actos del partido, los años de Aznar. “La relación más estrecha la tenía con Luis Bárcenas, que entonces era el gerente, el que se ocupaba de contratar los viajes o los escenarios de los mítines. Pero Correa hablaba con todos e intentaba agradar a todos”, asegura un miembro de la actual dirección del PP.

Luis Bárcenas se puso a buscar un buen abogado el mismo día en el que el nombre de Paco Correa apareció por primera vez en los papeles, hace ya tres semanas. Aquel 6 de febrero, tras las primeras detenciones de la operación Gürtel, el tesorero del PP aún no tenía la certeza de que su nombre estaría en el sumario que instruye el juez Garzón. Pero sí la sospecha de que su relación de amistad con Correa, con el que ha llegado incluso a veranear en familia, le traería problemas.

Mariano Rajoy desconfiaba de Correa y su gente, pero no de Luis Bárcenas, al que años después, en el congreso de Valencia del pasado junio, ascendió de gerente a tesorero, en sustitución de su mentor, Álvaro Lapuerta. Rajoy hoy sigue confiando en él, en su honorabilidad. Pero que su nombre aparezca en el sumario del caso Gürtel le ha cambiado el paso en su guerra por el liderazgo del PP. Aunque para que Rajoy siga en el partido tiene antes que ganar un match point, el que hoy se juega en Galicia.

Para Rajoy el resultado de las gallegas es todo o nada. “Si logramos la mayoría absoluta, podrá ser el candidato en el 2012 si él lo desea”, reconoce un crítico con el actual líder del PP. ¿Y si Feijóo pierde? Al día siguiente volverá la guerra por el poder en el PP, aunque esta vez no será Esperanza Aguirre, muy tocada, la que lidere la revuelta. Un importante grupo de diputados, la vieja guardia, tiene ya escrito un manifiesto para pedir “la regeneración del PP”: un congreso extraordinario o la vuelta de José María Aznar para refundar el partido al modo en el que lo hizo Fraga tras el fracaso de Hernández Mancha. Son los sospechosos habituales, los que comparten pasillo en una zona de despachos del Congreso a la que en el propio Grupo Popular llaman “el valle de los caídos”: Juan Costa, Carlos Aragonés, Ángel Acebes, Cayetana Álvarez de Toledo, Vicente Martínez Pujalte…

Entre los partidarios de Rajoy también preocupan los nuevos movimientos de Rodrigo Rato. Su decisión de acudir hoy a Euskadi como interventor en las elecciones ha obligado a Javier Arenas y a María Dolores de Cospedal a seguir su ejemplo para no dejarle solo en el papel del héroe.

Pero los críticos con Rajoy no son los únicos que se mueven de cara a la próxima semana. Sus partidarios también preparan las espadas para el otro panorama, ese donde se cumplen los buenos presagios para el PP de las últimas encuestas, Rajoy recupera Galicia y puede cobrar las facturas pendientes. El primer objetivo es Esperanza Aguirre, tocada por muchos frentes: por la trama de Correa, por la de los espías, por las sospechosas adjudicaciones de Ignacio González y por la curiosa forma con la que Francisco Granados redecora su vida con una mansión en Valdemoro. Varios de los cargos del PP que han sido espiados por personas a sueldo de la Comunidad de Madrid también se mueven por su cuenta. Están decepcionados por esa tomadura de pelo llamada comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. No se les ha citado siquiera a declarar y tampoco han recibido ni una llamada por parte del equipo de Aguirre, que no acepta más espionaje que las fotos a Ignacio González en Colombia, por lo que estudian otras vías para aclarar el caso. No descartan incluso denunciar el espionaje en un juzgado.

A Rajoy, la presión sobre Aguirre, que había preparado para después de las vascas y gallegas, se le ha complicado. La imputación de Bárcenas, sus inoportunos regalos y las conversaciones grabadas a Correa le impiden ahora forzar la dimisión del consejero de Interior de Aguirre, Francisco Granados, y de su vicepresidente, Ignacio González, pues también tendría que entregar la cabeza de Bárcenas y una pieza mucho más importante: Francisco Camps. Al presidente valenciano, un regalo de 30.000 euros en trajes le puede costar el puesto. No sería la primera vez que pasa. Tanto Aguirre como Camps deberían tener muy presente un nombre: José Marco. Fue presidente de Aragón por el PSOE a mediados de la pasada década y tuvo que dimitir por dos escándalos: por espiar a sus rivales políticos y por un sillón de apenas 70.000 pesetas que pagó con dinero público y se llevó a su casa. La honorabilidad de los políticos, al igual que el valor de un regalo, nunca se calcula por su precio.

Su posición es firme: si Aguirre cree que El País mintió con la publicación de los partes de espionaje o con el peritaje caligráfico, debería haber puesto una demanda y también encargar un informe caligráfico propio. “No sé quiénes son los señores Gamón o Pinto”, prosigue Rodríguez Flores. “No sé tampoco a qué departamento pertenecen. Lo único que sé es que he sido espiada y por eso pido el amparo de mi presidenta, ya que hasta el día de hoy no he recibido ni una llamada de apoyo. Algunos compañeros no quieren ni hablar conmigo por si se les espía”. El resto de los diputados guardan silencio; es un mano a mano entre Esperanza Aguirre y Carmen Rodríguez Flores, que no se calla: “Yo siempre hablo claro, nunca he hecho daño a nadie, pero he sido espiada y quiero saber por qué”. Aguirre intenta responder, pero Carmen mantiene la palabra: “Te recuerdo, presidenta, que siempre has hecho gala de defender los derechos de las personas, de defender la libertad y la transparencia, y sólo es eso lo que pido para mí”. Tras varios minutos de discusión, Esperanza Aguirre cede: “Carmen, te aseguro que cuentas con mi ayuda, que aparecerá la persona que te siguió, confía en mí”. El secretario que transcribe la reunión propone, “para agilizar el papeleo”, resumir la discusión entre ambas. Carmen Rodríguez Flores se niega: “Quiero que conste en acta”.

Consta en acta. Carmen Rodríguez Flores, a llamadas de este periodista, no ha querido comentar esta tensa reunión, que sí confirman punto por punto varios diputados del PP de Madrid, un grupo de 67 personas con la espada de Garzón sobre su cabeza. La intervención de la diputada Rodríguez Flores es sólo un ejemplo más del estado de descomposición que sufren todos los liderazgos en el PP, un partido que hoy sólo se puede mirar en el espejo histórico del PSOE post-felipista de Borrell y Almunia. Sí, existe una persecución contra el PP. Pero no la lidera el PSOE ni Garzón, sino las propias facciones internas del propio PP, a las que no les importa bombardear el edificio de Génova con tal de heredar el solar. El caso de los espías, las sospechosas adjudicaciones del Gobierno de Madrid, la corrupción destapada por Garzón o los dosieres cruzados tienen un denominador común: todos ellos han llegado a los juzgados o a la prensa gracias a políticos del PP, por la propia guerra interna, un conflicto nuclear.

Si el escándalo de los espías ya era lo bastante terrible como para que el PP temblase, el terremoto posterior ha resquebrajado todas las torres. “Nadie se atreve a usar su propio teléfono móvil”, asegura una persona del Comité Ejecutivo Nacional: “No hay nadie inmaculado en el PP, a casi todos los que llevamos en esto unos cuantos años nos pueden relacionar con Correa y su gente”. Garzón ha mordido en parte blanda y es difícil que suelte su presa. El jueves pidió un informe a la Fiscalía para ver si puede seguir con parte del caso pese a los aforados.

El juez cazador ha conseguido varios imposibles. El primero: que Pedro J. Ramírez y Mariano Rajoy hagan las paces. El lunes ambos líderes de la derecha comieron juntos en Madrid. El segundo: demostrar una vez más la torpeza política de Mariano Bermejo, al que le falta estética y le sobran monterías. Varios miembros del Gobierno están muy descontentos con la falta de prudencia del ministro de Justicia, que ha entregado en la cacería de Sierra Morena una perfecta metáfora (uno señala, otro dispara) a la que el PP, sin razón, se agarra como un clavo ardiendo. El tercero: unir a la derecha, aunque sea sólo por un rato. Nada como un enemigo exterior para apretar las filas en una foto histórica: por primera vez todos los que son alguien en el PP posaron juntos tras su supuesto líder, de cuerpo presente en el funeral. Por primera vez Esperanza Aguirre no se puso en primera línea. Por primera vez Esteban González Pons, prudente, se colocó en un extremo de la esquela; en ese sitio que no salió en la edición final de la foto que publicaron en portada casi todos los diarios.

Dentro del Congreso de los Diputados, hace semanas que un grupo de parlamentarios del PP trabajan para los idus de marzo, para forzar la dimisión de Mariano Rajoy tras la probable derrota en Galicia y País Vasco. Pero la investigación de Garzón ha cambiado el paso de la revuelta permanente contra Rajoy. Aunque el líder del PP está “escandalizado” por el nivel de golferío que asoma, la corrupción en Madrid y Valencia le ha obligado a posponer el ajuste de cuentas interno hasta después de las urnas. En Génova, a pesar de los escándalos de los cabezas de lista de Ourense y A Coruña, aún creen que con Feijoo es posible. En el PSOE, que está elaborando una encuesta diaria con 800 llamadas telefónicas, no las tienen todas consigo. “La corrupción nos perjudica siempre, aunque no seamos nosotros los corruptos”, dicen desde la dirección del PSOE: “Nuestro votante es mucho más sensible que el del PP a este tipo de casos y corremos el riesgo de que se quede en casa con el argumento de que son todos iguales”. Según sus encuestas, la victoria de la izquierda en Galicia está en apenas dos escaños, un margen muy escaso como para vender ya la piel del oso. Y si el PP recupera Galicia, a Rajoy no le caza ni Garzón.

Pero si cae Rajoy, ¿después qué? La guerra está siendo tan cruenta que todos están heridos. Esperanza Aguirre tiene hoy más posibilidades de acabar jurando en un juzgado que en La Moncloa. Lo mismo le pasa a Camps. Gallardón está saliendo tan limpio del barro que es como para sospechar y Rato está demasiado preocupado por sus negocios. ¿Y Aznar? También preocupado por sus negocios, y por su yerno. Las fotos de la boda de su hija son las únicas de la historia de El Escorial que han pasado, en apenas siete años, del papel cuché del Hola a las hojas amarillentas de un sumario de la Fiscalía Anticorrupción.

Para Tucker y sus ecuaciones, la respuesta es sencilla: aunque a ambos prisioneros les iría mucho mejor si colaborasen, los incentivos de cada uno van por separado, y no en conjunto. Juegan solos, no en equipo. Así que lo más probable y racional, lo más lógico si se analiza la situación desde un punto de vista egoísta, es confesar. Se corren menos riesgos: en el mejor de los casos el chivato quedará en libertad y, en el peor, al menos evitará cumplir la máxima condena. Lo más probable, de hecho, es que ambos prisioneros confiesen.

Cambiemos de delincuentes. La banca también se enfrenta hoy a su propio dilema del prisionero: abrir o no abrir el grifo del crédito. Saben que existe un riesgo real de colapso económico, que si bloquean en exceso el acceso a los créditos, la economía puede paralizarse. Y que si eso sucede, ellos también saldrán condenados: les caerán sus buenos años de recesión. Si toda la banca colaborase entre sí y ayudase a las empresas con el crédito, la crisis sería más corta. Pero en el mundo financiero, como en el dilema del prisionero, cada banco se mueve según su propio interés egoísta. Si sólo un banco abre la mano, mientras el resto ejerce de chivato tacaño, el valiente puede acabar en la quiebra, por generoso.

En el dilema de la banca el personaje clave también es el carcelero. En España es el Gobierno y aún no se aclara, no sabe qué papel jugar: si hacer de poli bueno o de poli malo. De poco sirve poner a los banqueros en el pupitre, en vez de en el sofá, si más allá de la foto y del gesto no hay nada.

Si el Gobierno quiere que las decenas de miles de millones que ha inyectado en la banca lleguen de verdad a las empresas, el camino no es tan complicado: ya hay ejemplos que copiar. Tendrá que entrar en el accionariado para participar en las decisiones y no sólo poner dinero y una vela a santa Rita para ver si así se cumple el imposible. O al menos atajar algunas malas prácticas. En muchas entidades financieras, por ejemplo, se está utilizando el dinero del ICO para sustituir líneas de crédito privadas que ya estaban concedidas, en vez de gastarlas en abrir esos préstamos a nuevos clientes. Y, a pesar de que el Euribor ya está por debajo del 2,5%, exigen intereses del 15% y hasta el 18%, incluso con todos los avales y garantías necesarias.

Al menos ya no se confía en el milagro. “Un banco es un negocio, no es una ONG, y el negocio del banco es prestar dinero”, decía en octubre Zapatero cuando se le preguntaba cómo iba a garantizar que las ayudas a la banca llegasen al crédito. El Gobierno optó entonces por el modelo menos intervencionista de entre todo el abanico de posibilidades que ofrecía el marco común pactado en Europa. Y sí, en España aún no ha sido necesario salvar ningún banco de la quiebra y Botín puede presumir de los mayores beneficios del mundo mundial (y sin saber inglés). Pero no todos los países de la UE tienen que lidiar al mismo tiempo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, ese milagro ibérico. Además, el tejido empresarial español es mucho más sensible que el de otros países al parón en el crédito. En el mundo civilizado, las empresas no pagan a sus proveedores a los seis meses –en el caso de la Administración, con suerte al año–, ni tampoco tanto empleo depende de Pymes, hoy ahogadas por la falta de financiación.

Pero el peor drama de esta prisión llamada crisis es que, en cualquier caso, los que pagarán la condena más dura no serán precisamente los banqueros. El panorama económico de España ha empeorado a una velocidad aterradora. No son sólo los más de tres millones de parados. No es sólo el ladrillo. No es sólo el parón mundial en la venta de coches, la primera exportación española. No es sólo que la producción industrial haya caído en España cerca de un 20% (por ponerlo en contexto, en tiempos de la gran depresión la media mundial fue del 25%). Es el futuro, o la ausencia de él. Y después de la crisis, ¿qué?

Entre los asesores económicos del Gobierno circula una percepción preocupante: España puede sufrir una portugalización de su economía. “La crisis pasará, más tarde o más temprano”, explica uno de ellos. “Pero mientras los países ricos de Europa rebotarán de nuevo hacia el crecimiento, España corre el riesgo de quedarse estancada o incluso retroceder en términos de convergencia, como le ha pasado a Portugal durante la última década”. Son las consecuencias de la falta de un modelo económico alternativo al ladrillo, ahora hundido.

La banca, mientras tanto, tiene que añadir un factor más a su dilema. “En menos de un año es probable que la banca mundial esté parcialmente nacionalizada”, afirma un importante empresario español. En el Gobierno hay algunos que comparten el pronóstico y es muy probable que pronto Obama dé el primer paso en Estados Unidos, donde el debate casi es sólo semántico. Allí la palabra nacionalización huele a azufre, como los comunistas. Pero la ortodoxia económica está hoy tan muerta como el Muro de Berlín.

El Canal de Esperanza II and friends lo preside Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El director gerente del Canal es Ildefonso de Miguel, amigo y compañero de aventuras de Martín Marín, que también tiene sumada a su mujer, Concepción Ruano, como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. También suma lo suyo el cuñado de Ildefonso, Fernando Ruano, consejero delegado de la empresa que difunde la señal de las emisoras de TDT que adjudicó Aguirre. O Pablo González González y José Juan Caballero Escudier, un hermano y un cuñado de Ignacio González, que, casualmente, son socios de uno de los beneficiados por la concesión de un campo de golf sobre los depósitos del Canal en Madrid.

Ildefonso de Miguel también suma en su patrimonio reciente una bodega en la Ribera del Duero que, entre otros milagros espiritosos, consiguió que Caja Madrid comprase un pedido de varios cientos de miles de euros en botellas para regalar por Navidad, hace un año. Aunque de regalos comprados o inspirados desde el Gobierno de Madrid, la que más suma es Carmen Cafranga, consejera de Caja Madrid y accionista de una empresa de subastas de arte que preside Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González. Las distintas empresas propiedad de Cafranga no sólo han recibido más de dos millones de euros en subvenciones y contratos de la Comunidad, sino que también son proveedoras habituales de regalos de empresa del Gobierno madrileño, un tipo de compras que requiere menos papeleo. Esperanza Aguirre se cuenta entre sus mejores clientes. Al rentable negocio del arte y las antigüedades también se dedicaba otra señora del vicepresidente, la ex mujer de Rodrigo Rato, Ángeles Alarcó, que ahora es vicepresidenta ejecutiva de Turismo de Madrid por obra y gracia de Esperanza Aguirre.

Aquí el que no suma es porque no quiere, o porque no tiene familia que le quiera. La cuñada de Ignacio González, Carmen Cavero, es también una de las consejeras ‘independientes’ que se ha sumado junto a otros expertos economistas, como Ángel Acebes o Manuel Lamela, al consejo de administración de Cibeles, la nueva corporación financiera de Caja Madrid. El sueldo por este ‘trabajo’, que no exige dedicación exclusiva, ronda los 150.000 euros anuales, más tarjeta de crédito y coche. Acebes ha preguntado al Congreso si además puede mantener el sueldo de diputado. ¿Se pierde usted con tanto cero, tanto hermano y tanto cuñado? ¿Se siente un poco primo? Pues me dejo familia en el tintero; esto sólo acaba de empezar.

Hace cuatro días, uno de los principales bufetes de abogados de Madrid envió a varias redacciones un burofax donde aconsejaba a los medios que se abstuviesen de publicar informaciones relacionadas con la vida privada de los familiares y allegados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Queridos abogados: gracias por el consejo. Pero no es una cuestión de vida privada sino de responsabilidad pública; que el César, y su mujer, hagan lo que quieran con su honra, pero que no se forren con los terrenos del acueducto. A estas alturas de la película, lo que empezó pareciendo una comedia de espías ha terminado siendo un thriller de terror: un remake de Huevos de oro de Bigas Luna mezclado con La escopeta nacional de Berlanga. No es por quitarle importancia a algo tan grave como que un gobierno utilice su poder para espiar a sus rivales políticos –en el país modelo de los liberales, EEUU, eso le cuesta el puesto al presidente–. Pero viendo el resto del iceberg, la forma de gestionar el Gobierno de Madrid como si fuese un ultramarinos familiar y, sobre todo, las fundadas sospechas sobre muchas de las adjudicaciones, lo que menos se entiende es que la Justicia española tenga tiempo y recursos para investigar al ejército israelí en Gaza –que también–, pero no mire lo que pasa en la Puerta del Sol. ¿A qué espera la Fiscalía Anticorrupción para actuar? ¿A qué espera el PSOE de Madrid para pedirlo? Lo que con tamayazo empieza, muy mal acaba.

Papelón también el de Mariano Rajoy, que ha encargado la investigación interna sobre los espías a la imparcial María Dolores de Cospedal, ex consejera de Aguirre y compañera de vacaciones en Marbella de González. Y, lo que más molesta a muchos en el PP, ha permitido con su silencio que la versión que quedase en los medios del enfrentamiento entre Ignacio González y el histórico tesorero de Génova, Álvaro Lapuerta, fuese la que filtró el equipo de Aguirre. La reunión entre Lapuerta y González no fue en Génova, sino en la Puerta del Sol. “Quiero que nos veamos en tu despacho y así grabas lo que te tengo que decir”, le espetó Lapuerta a González. ¿Su denuncia? Unos constructores –una UTE liderada por una familia de Sevilla y un empresario de Madrid– le habían pedido que intercediese porque les querían cobrar una comisión tras haber quedado primeros en el informe de los técnicos para la concesión de la obra de una carretera de la Comunidad. ¿El resultado? González lo negó todo, el concurso quedó primero desierto y después lo ganó otra constructora… y Lapuerta comenzó a ser espiado.

Esperanza Aguirre, tremendamente preocupada por los acontecimientos, lleva toda la semana buscando un pacto con Rajoy para al menos parar la investigación interna. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que está al mismo tiempo en el Gobierno de Madrid y en la ejecutiva de Rajoy (su suegro, el afortunado Carlos Fabra, obró el milagro), ha hecho intentos de acercamiento, entre otros, con Alfredo Prada, uno de los espiados. Güemes le telefoneó el lunes, Prada despachó la llamada con frialdad y transmitió el recado a Rajoy, que tampoco se fía.

En Génova, después de haberse lanzado a investigar, creen que el asunto no se puede cerrar sin que haya al menos un cabeza de turco. Desde la Comunidad de Madrid juegan a que la guillotina no llegue muy arriba y que la testa que ruede sea, como mucho, la de Francisco Granados, el consejero de Interior al que todos puenteaban. Pero en Génova piden también la salida de Ignacio González, algo inaceptable para Aguirre, que prefiere afrontar una guerra total antes que matar a un poderoso número dos que tiene alma de cualquier cosa menos de mártir. La situación cada vez se parece más al chiste del dentista, ése al que su paciente agarra de los testículos mientras le dice: “¿Verdad que no nos queremos hacer daño?” Sólo que aquí hay una docena de dentistas, una veintena de pacientes y cientos de testículos en mano y dossier ajeno. Y todos quieren hacer la tortilla de siempre, pero sin romper ni un huevo.

No es el único indicio que apunta a que podrían ser dos los equipos de espionaje que se mueven en las alcantarillas de Madrid, ciudad sin ley. Si se confirman los datos revelados por el periodista Francisco Mercado en el diario El País, uno de esos equipos parapoliciales –el que espió a Cobo y a Prada durante los momentos más delicados de la crisis del PP– está a sueldo de la Comunidad de Madrid. ¿Y el otro? Aún no se sabe, pero sí su objetivo: sacar a la luz la supuesta corrupción del Gobierno de Madrid por motivos probablemente igual de oscuros, como la venganza.

En el PP comentan que González se está dejando otra vez la barba porque le ha vuelto a salir una erupción cutánea que le impide afeitarse con normalidad: “Tal vez cosa de los nervios”.

Sergio Gamón. Actual director del Área de Seguridad de la Consejería de Interior, ex director general de Seguridad Ciudadana, ex inspector de Policía, ex jefe de escoltas de la vicepresidencia del Gobierno, jefe de los supuestos espías que siguieron a Cobo y Prada: tres personas de su confianza que él mismo fichó y tres ex Guardias Civiles de Valdemoro, el pueblo de Francisco Granados. Aguirre le ascendió a director general en el año 2006, cuando Alfredo Prada aún era el consejero de Justicia e Interior, pero ya se conocían de mucho antes. Gamón también fue su jefe de seguridad en el Senado, cuando ella era la presidenta.

La relación de Gamón y su familia con Aguirre es muy cercana, según explican fuentes del PP de Madrid. Su mujer también trabajó a sus órdenes en el Senado como secretaria, y hace unos años, con la bendición de Aguirre, sustituyó en el puesto a la secretaria que denunció por acoso sexual a Manuel Soriano, el primer director general de Esperanza Aguirre en Telemadrid. La hija de Sergio Gamón, María del Carmen Gamón, es concejal del PP en Fuenlabrada y presidenta de Nuevas Generaciones en este municipio de Madrid. Gamón fue destituido como director general de Seguridad Ciudadana después de que su antecesor en el cargo, Juan Carlos Fernández, le denunciase por robar el ordenador de su despacho justo al día siguiente de que Esperanza Aguirre echase del gobierno regional a Alfredo Prada. Tras este escándalo, Aguirre le colocó con un nuevo cargo en la Consejería de Interior de Madrid, dónde aún trabaja.

Enrique Sánchez González. Presidente del grupo Sagital, ex diputado y portavoz en la Diputación de Madrid por la UCD, ex portavoz del Real Madrid y compañero de avión hacia Sudáfrica de Ignacio González en el famoso viaje. Según declaró González a El País, “El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada”. Sin embargo, tal y como ha desvelado Manolo Rico en Público esta semana, el Canal de Isabel II adjudicó un contrato de 33 millones de euros por dos años a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez. No es el único contrato de Sagital con la Comunidad de Madrid.

Pedro Antonio Martín Marín. Empresario y político, compañero de Sánchez en UCD, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, ex directivo del Real Madrid y sucesor de Miguel Ángel Rodríguez al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación de José María Aznar. Según varias fuentes, es ese amigo de Ignacio González y de Enrique Sánchez que viajó con ellos y sus esposas hasta Sudáfrica. Martín Marín coincidió con Sergio Gamón en La Moncloa y preside el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Pedro J. Ramírez. Director de El Mundo y también accionista de Bodegas de Montecastro S. L., una empresa vitivinícola donde las únicas personas que figuran en su web como “principales accionistas” que no pertenecen al equipo fundador de El Mundo son el cantante Julio Iglesias y Enrique Sánchez González. Pedro J. es también el periodista español que más cita en sus artículos el Watergate. Y para una vez que viene a cuento, se ha puesto del lado de Nixon.

September 12th no es realmente un juego, pues no tiene fin, no puedes ganar ni perder. Pero existe una opción, aunque no lo parezca: puedes elegir si disparas o no. September 12th es la mejor metáfora porque es corta, simple y por lo tanto efectiva. Y porque reduce la ‘guerra contra el terror’ a su esencia, a su contradicción. Las guerras terminan, pero la guerra contra el terror no sólo justifica el fin sin importar los medios, sino que no tiene fin. Es la guerra eterna de George Orwell y el Gran Hermano, donde el enemigo cumple una doble función: alimentar a la industria militar y alimentar el miedo, la mejor droga para adormecer las libertades. La guerra eterna no tiene fin, pero sí un objetivo: la propia guerra.

La salvaje operación militar contra Gaza también tiene un objetivo: la propia guerra. Interesa a los políticos israelíes, que el 10 de febrero irán a las urnas con la pechera llena de sangre y medallas. Interesa a Ehud Barak, ministro de Defensa, ex primer ministro y líder del Partido Laborista, que hasta hace unas semanas afrontaba las urnas con las peores encuestas posibles. Interesa a Tzipi Livni, ministra de Asuntos Exteriores y probable nueva primera ministra, pues para eso ha demostrado que puede ser tan implacable como su rival Benjamin Netanyahu. Interesa a los corruptos regímenes árabes, más preocupados por el auge de movimientos islamistas que por los siempre abandonados palestinos. En la larguísima cadena de interesados aparece incluso la industria militar española, que tiene a Israel entre sus clientes. ¿Se plantea el Gobierno de Zapatero cancelar los acuerdos de venta de armas? “La situación actual es de tal emergencia que debemos concentrar todos los esfuerzos en conseguir el alto el fuego. Tiempo habrá para todo lo demás”, respondió el viernes la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega cuando la prensa preguntó. La respuesta, en resumen, es que no.

¿Interesa a Hamás? Si algo ha demostrado ya las últimas décadas de la historia de Palestina es que el talión de los cien ojos por cada ojo que aplica Israel sólo sirve para llenar el mundo de ciegos. La ‘guerra contra el terror’, sea en Gaza o en Bagdad, es la gasolina que alimenta el incendio; un incendio siempre interesado y del que Israel saca, en cada ‘guerra defensiva’, una nueva frontera aún más amplia. Hamás no puede perder en Gaza, pues Israel tampoco puede ganar. Para el que resiste un ataque militar, el simple alto el fuego, aunque sea unilateral, ya es una victoria.

Ahora, cuando los bombardeos israelíes paren al fin, cuando el fósforo blanco y las bombas DIME terminen su trabajo, acabará la batalla, pero no la guerra. Israel tenía más opciones y eligió disparar. Podía haber negociado prolongar el alto el fuego previo –contra lo que repite su propaganda, ellos también lo incumplieron y el ejército israelí ajustició en los últimos seis meses a decenas de personas en varias incursiones en Gaza–. También podía intentar un acuerdo definitivo: Hamás no busca (contra lo que de nuevo insiste la propaganda) acabar con Israel. Sus líderes han anunciado en varios ocasiones estar dispuestos a aceptar la frontera de 1967 como marco para una paz duradera. Israel tenía muchas más opciones pero eligió la guerra contra el terror. Eligió castigar a las personas de Gaza por votar a Hamás. Bajo la metralla y los escombros, han dejado sus vidas más de mil palestinos, han perdido sus brazos o sus piernas más de 5.000 heridos. Mas de 300 niños muertos, en otro atroz crimen que generará aún más odio, venganza, terror. Es la herencia de la muerte, una espiral de violencia donde lo peor siempre llega el día después de la matanza.

La ley de Godwin, sin embargo, no es sólo una gracieta estadística, como las tostadas de la ley de Murphy, ésas que siempre caen del lado untado de mantequilla. Godwin desmontaba así una falacia muy común, una trampa argumental. Cuando algo se compara con el mal absoluto, con el Holocausto, el debate inevitablemente termina, pues pasa a ser una discusión sobre el bien y el mal en términos superlativos. En realidad, Godwin reinterpretaba una expresión del filósofo Leo Strauss, que acuñó la expresión Reductio a Hilerum (reducción a Hitler) para desmontar una falacia similar: que cualquier cosa es mala si el mal absoluto –el nazismo– lo practica. Es un tipo de reducción al absurdo: si Hitler tomaba pan, es que el pan es malo.

Durante las últimas dos semanas, la Ley de Godwin se ha cumplido con aún más frecuencia de lo habitual en casi cualquier discusión. Es un recurso simple pues comparte protagonistas. Si los judíos, las víctimas de Hitler, ahora masacran Gaza, es que los judíos son ahora los nuevos nazis. Es una comparación falaz, no tanto porque sea extremadamente ofensiva para un pueblo que ha sufrido como pocos la historia reciente, sino porque, sencillamente, no es cierta. La democracia israelí, a pesar de cómo ha pisoteado Palestina durante décadas, no se puede equiparar al régimen nazi porque el mal absoluto no admite comparación. Pero sobre todo es una equivalencia injusta porque al igual que no todos los alemanes fueron nazis, no todos los judíos del mundo comparten las políticas del gobierno de Israel y, bajo una equiparación así, se esconde un más que sospechoso tufo antisemita: si los judíos son los nuevos nazis, es que los nazis tenían razón al exterminarlos.

Pero que el horror del nazismo no admita comparación alguna, no perdona por ello los horrores del gobierno israelí. Que los judíos sufriesen la maldad absoluta no hace bueno cualquier acto de Israel. Tras quince días de plomo, ni siquiera las frías estadísticas sirven para esconder la magnitud de la masacre. En la franja de Gaza, en sólo dos semanas, el ejército israelí ha matado a más de 800 palestinos. Según Israel, la mayoría de los objetivos son “militares” y la invasión se desarrolla con precisión quirúrgica, pero por lo menos una tercera parte de las víctimas son, con toda certeza, completamente inocentes: Israel ha asesinado ya a 256 niños. El número de mujeres palestinas muertas ronda el centenar. ¿Las bajas israelíes? 13 personas, de las que cuatro son civiles y nueve son soldados. De ellos, casi la mitad –cuatro- han caído víctimas del fuego amigo, víctimas de unos bombardeos tan “quirúrgicos” que hasta matan a sus propias tropas. Se mantiene así la proporción habitual tras décadas y décadas. Por cada israelí muerto, mueren siempre entre 80 y 100 palestinos. Por cada israelí muerto, matan entre 20 y 30 niños. Por cada israelí muerto, diez madres palestinas muertas. “Israel tiene menos bajas porque su tecnología militar es superior”, me dijo no hace mucho un diplomático israelí. Es una manera de verlo. Israel mata más porque puede. Y porque le dejan.

Tras quince días de muerte, la estadística más estremecedora es otra: el 90% de los israelitas está a favor de la operación militar. La nueva dama de hierro, Tzipi Livni –ministra de exteriores y candidata a primera ministra en las elecciones que, casualmente, se celebrarán justo dentro de un mes– es más popular que nunca.

La ministra de exteriores lidera la operación porque para ello, como bien repite parte de la prensa, estamos ante una guerra: un conflicto militar entre dos estados. ¿Es un estado Palestina o la franja de Gaza? Sólo cuando conviene. Es un estado para pagar con su vida en tiempo de guerra, pero no para decidir en tiempo de paz. Hamás es un grupo terrorista cuando interesa pero todos los palestinos responden por sus actos cuando se le reconoce, a fuerza de obuses, como el gobierno legítimo. Igual de asimétricos son los silencios de Obama, que se parapeta tras el “sólo puede haber un presidente” cuando preguntan por Gaza, pero receta cada cheque de las ayudas a la banca o al automóvil. Hay cosas que son urgentes, como la economía, y cosas que pueden esperar hasta la toma de posesión, como la vida y muerte de los palestinos. También es asimétrica la diplomacia europea, incluida la española, que pide paz con la boca pequeña mientras lanza indignados ultimátum contra Rusia por querer cobrar más por su gas: la calefacción es también más sagrada que la vida de los palestinos.

“Israel tiene derecho a defenderse”, repiten los partidarios de la masacre. Ese “derecho a defenderse”, ¿qué permite? ¿dónde termina? ¿Es también un derecho asimétrico y sólo sirve para Israel porque lo dice la Biblia? Los Qassam, los cohetes caseros que se fabrican en herrerías soldando a mano placas de metal, son ahora el argumento que emplea Israel para justificar su ataque a Gaza. El año pasado, estos temibles cohetes mataron a cuatro israelíes; tantos como bajas por fuego amigo ha desatado entre su propio ejército la enormemente desproporcionada operación de venganza de Israel. El derecho a defenderse es el nuevo talión: cien ojos por cada ojo, cien dientes por cada diente.

“Si alguien lanzara cohetes a mi casa, donde mis hijas duermen, haría todo lo que pudiese para detenerlo”, dijo Obama hace unos meses en su visita a Sderot, una ciudad israelí a un kilómetro de la frontera con Gaza. Podría haber dado el mismo discurso unos kilómetros más allá, al otro lado del muro que limita la cárcel más poblada del planeta: Gaza. Si alguien lanzara misiles, que no cohetes caseros, sobre la casa donde sus hijas duermen ¿qué haría Obama?

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Domingo 11 de enero, a las 12 de la mañana: manifestación por la paz en Madrid desde Cibeles hasta la puerta del Sol.

Ya no habrá más, sentenció también José María Aznar. Para el ex presidente del Gobierno, con dos negociaciones era más que suficiente. Si él, el del trío de las Azores, no lo logró ¿quién podría hacerlo? Y por eso le dijo al PSOE que no se dejase engañar otra vez, que no habría dos sin tres. Zapatero pensaba que a la tercera iba la vencida, y por eso usó tres adjetivos para definir el proceso de paz: largo, duro y difícil. La negociación arrancó formalmente tres meses después de que ETA anunciase una tregua después de tres años sin matar. Tres trimestres más tarde, a los nueve meses, una bomba voló el módulo D del aparcamiento de la T4, el cuarto parking de la cuarta terminal de Barajas. Y con el cuatro, y con dos muertos, se acabó el encantamiento de la tercera.

Tres años atrás, cuando parecía que el triángulo cuadraba, las cosas se veían de otra manera. Lo explicaba así el mismo Zapatero: “Cuando hablé del horizonte de paz se me acusó de ingenuo, de no saber adónde iba, de dar bazas a los violentos. Pero ahora hay un alto el fuego permanente, la mejor oportunidad para lograr la paz. No consentiré que nadie la ponga en cuestión. No consentiré que los ciudadanos pierdan esta oportunidad”. Atentos al análisis semántico: al igual que ahora, la oportunidad era también entonces la idea fuerza de la declaración. Es una palabra que encanta a los políticos, pues mira al futuro con optimismo y aúna la coyuntura realista con las rebajas soñadas; la oportunidad es como la promesa, pero además se cumple. La oportunidad sigue hoy en boca de Zapatero pero el sujeto ha cambiado. Las oportunidades entonces no eran para ETA, eran para los ciudadanos.

Zapatero ahora se niega a sí mismo tres veces. Al igual que sus predecesores en La Moncloa, intentó acabar con la violencia terrorista por la vía habitual, por la que ha funcionado en todo el mundo ante otros fenómenos terroristas: por la negociación. Y tenía razón al intentarlo. A diferencia de los anteriores presidentes, Zapatero no tuvo de su lado al principal partido de la oposición, y tenía razón al protestar por ello, al acusar al PP de desleal, de oportunista. Y ahora -al igual que Felipe, que Aznar- Zapatero comete el mismo error que sus predecesores, ese que él criticó cuando desde el PP le acusaban de ingenuo por intentarlo otra vez, ese adanismo del que la sartén González acusó al cazo: pensar que si el primer hombre fracasó en el intento, nadie más en la historia podrá afrontar tan titánica tarea. Si yo no logré arrancar a Excalibur de la roca, nadie podrá. Tres oportunidades y ni una más. ¿Para ETA o para los ciudadanos?

Tres negociaciones en tres décadas de democracia. No han sido pocas y la responsabilidad última del fracaso de todas ellas es siempre de los que matan, de los terroristas. Pero se equivoca Zapatero si cree que ETA -que ‘la ETA’, como la llaman algunos, empeñados en dotar a la banda terrorista de personalidad definida y homogénea- es una estructura única, inamovible y eterna. La ETA que se sentó en Argel no es la misma que negoció con Aznar. La ETA que reventó la tregua en la T4 ya está en prisión. La ETA que se encuentre dentro de unos años el hombre o la mujer que ocupe La Moncloa después de Zapatero será otra muy distinta a la de hoy. Ni todos los terrorismos son iguales ni todas las bandas terroristas son siempre la misma cosa.

“Intentar salvar vidas vale la pena, aunque uno se deje jirones”, decía Zapatero no hace mucho. “No es que sólo valga la pena, es que no me lo perdonaría a mí mismo. Intentar salvar vidas desde los principios democráticos. Sería un presidente sin alma, sin entrañas”. Intentar salvar vidas no sólo vale la pena o es una cuestión de autoestima: es una de las obligaciones mínimas que se espera de éste y de cualquier otro presidente. Zapatero negoció con ETA no sólo por convicción personal, lo hizo porque era su responsabilidad, porque en aquel momento era el camino más despejado hacia la paz. Hoy ese camino está cerrado y la mejor manera de salvar vidas es la lucha policial. Puede que más adelante la oportunidad para la paz regrese. Habrá que intentarlo de nuevo. Salvar vidas siempre vale la pena, aunque el cuatro no sea un número primo, ni tenga tanto refrán, ni cuente con la bendición cabalística de Zapatero.

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P.D. Como apunta Drow_male en los comentarios, la democracia no ha negociado tres sino cuatro veces con ETA. La primera, la que parece que Zapatero olvida, fue la negociación de UCD. No fue inútil: consiguió que ETA pm cambiase definitivamente las armas por la política.

La lucha contra natura es el verdadero motor de la historia. Es lo que de verdad nos diferencia del resto de los seres vivos: nuestra capacidad para sobrevivir a la naturaleza, por dura que sea, y en cualquier parte del mundo. Por eso hay humanos en el ártico y en el ecuador. La inteligencia es el medio, no el fin: es la forma más útil que han encontrado nuestros genes para perpetuarse, para inmortalizar esa ininterrumpida herencia de ADN que un día consiguió salir del agua, encender el fuego, cincelar sobre piedra la primera palabra, llegar a las estrellas. ¿Jugar a ser dios? Llevamos haciéndolo desde el momento en el que el homo sapiens inventó una herramienta y se convirtió en creador. Porque ningún otro ser vivo había modelado su realidad de tal forma como para que lo humano se convirtiese en la medida de las cosas.

El miedo también es natural, otra estrategia genética de supervivencia. Y de él nace una forma de miedo más refinada, que es la superstición. Veinte siglos de Iglesia Católica nos contemplan en defensa de lo natural, del orden establecido, de la comodidad de los márgenes explorados del conocimiento, del dogma contra la razón. La mala noticia es que vamos para atrás; antes había al menos espacio para la duda. “Porque, no pudiendo en manera alguna la verdad oponerse a la verdad, necesariamente ha de estar equivocada o la interpretación que se da a las palabras sagradas o la parte contraria”, admitía León XIII sobre las contradicciones entre los descubrimientos de la ciencia y la fe católica en su encíclica Providentissimus Deus, en 1893. Un siglo largo después, la doctrina vaticana se ha vuelto mucho más inflexible.

Hace décadas que triunfan en Roma las tesis de la contrarreforma frente al aperturismo del Concilio Vaticano II. Ganaron los que argumentan que la Iglesia Católica retrocede porque cede, que aquellos intentos por acercar a dios a la sociedad son la causa de la pérdida de fieles, que no es la fe la que tiene que adaptarse a los tiempos sino los tiempos los que tienen que detenerse para la fe. Es la montaña la que debe moverse, no Mahoma. La verdad no debe oponerse a la verdad. Y la verdad está en la Biblia, no en la ciencia, sentencia ahora Ratzinger frente a la vieja duda de León XIII.

Toda tecnología lo bastante avanzada es indistinguible de la magia, decía Arthur C. Clarke. Y la magia es la matriz del milagro, por eso fe y ciencia siempre se han llevado mal, porque compiten entre sí en el mercado de la esperanza. El milagro de la vida, su magia, es hoy una tecnología lo bastante avanzada como para que dos mujeres puedan compartir la maternidad natural de un bebé, para que una ponga el vientre y la otra su ADN. Pronto llegará el siguiente paso: que una mujer pueda tener un bebé mezclando su carga genética con el de otra mujer, su pareja, sin necesidad de que intervenga un varón. Ya se ha hecho con ratones. El siguiente salto es aún más alucinante pero no por ello mucho más lejano: a partir de una célula, de un pequeño pedazo de piel, se podrán crear espermatozoides con los que una mujer podría fecundarse a sí misma, sin necesitar el ADN de nadie más. ¿Contra natura? No mucho más que la penicilina o el viaje a la Luna. Sólo cambia nuestra capacidad de asombro.

Lo natural no es bueno por naturaleza, pero tampoco malo. Nada más natural que el ser humano, que su afán diario por aferrarse a la vida. Lo natural es morirse pero también luchar contra la muerte, por eso ahora vivimos casi cien años. Algunos genetistas aseguran que esa fecha de caducidad de los seres vivos, que ese límite a la inmortalidad, responde a una lógica darwinista, pues lo que no muere no evoluciona y hace falta transformarse en abono para dejar sitio a lo nuevo. En el siglo XX bastaron los antibióticos y lavarse las manos para duplicar una esperanza de vida que nadie sabe hasta dónde se puede prolongar en este siglo.

Lo natural también era que un amor durase toda la vida, pero es que antes la vida duraba muy poco. Respondía a una lógica: crear familias lo bastante estables como para proteger a la prole. Lo natural, en cualquier caso, es mucho más simple que un matrimonio: consiste en ese impulso ancestral, grabado a fuego en nuestra herencia genética, que lucha por perpetuar nuestro ADN. Para la naturaleza lo demás es superfluo, accesorio. Lo natural no sabe de peras y manzanas. Lo natural es el amor, aunque las que amen y quieran amar a un hijo, a su hijo, sean dos mujeres enamoradas.

Desde el Gobierno, la estrategia es clara, pero el horizonte es lejano. Y asusta dar grandes zancadas. ¿Romper el concordato? Ni de broma. ¿Sacar la religión de los colegios? Ahora no toca. ¿Eliminar la financiación pública a la Iglesia? Demasiado pronto. Zapatero se autoimpone un límite: no se puede hacer una reforma tan ambiciosa que después, cuando más tarde o más temprano gobierne el PP, la derecha lo tire para atrás. Pero tiene un plan: romper con el debate Iglesia-Estado, no plantearlo como un enfrentamiento, y dejar que sea la propia sociedad, cada vez menos religiosa, la que disuelva poco a poco los privilegios del Vaticano.

La razón por la que los obispos han sido tan hostiles contra la Educación para la Ciudadanía no es ese supuesto adoctrinamiento (mira quién habla). Lo que les preocupa es que esa asignatura obligatoria y necesaria acabará con la dicotomía de ética versus religión. La ética, los valores ciudadanos, son para todos y la religión para los que lo deseen. Con la Ciudadanía dentro del programa educativo, la religión ya no necesita una asignatura alternativa, por lo que, por pura lógica docente, debería quedar en el horario escolar como la primera o la última materia del día. Los alumnos que quieran dar religión tendrán que madrugar o quedarse un rato más en el colegio. El Estado seguirá dando esa opción, pero supondrá un pequeño esfuerzo para quien la pida por puro respeto al resto de los alumnos, la mayoría no creyente o no practicante.

Lo mismo debería suceder con la casilla del IRPF, un modelo que se copió del alemán pero para coger sólo lo peor. En Alemania las personas religiosas cuentan con una casilla en la declaración de la renta para destinar parte de sus impuestos a la Iglesia. Pero, a diferencia de España, esa cruz supone pagar más dinero. Y cuando vas a casarte, el cura te pide la declaración. Aquí los católicos pueden quedar bien con su dios en el IRPF sin que eso le suponga nada en su bolsillo.

Lo que sí se abordará en esta legislatura será la reforma de la Ley de Libertad Religiosa y ahí veremos de nuevo a los obispos con las pancartas. Un pequeño grupo de expertos, cuatro personas, ya está trabajando en un primer documento que ha encargado Fernández de la Vega. La reforma se basa en dos ejes: la neutralidad del Estado para salvaguardar a esa mayoría para la que la religión es indiferente y el desarrollo de la libertad religiosa para dar respuesta a la mayor pluralidad de creencias. Para ambos objetivos, terminar con los símbolos religiosos en el ámbito público es básico. Es una cuestión de convivencia. En España ya viven un millón de musulmanes. Si no queremos que sus hijos, españoles, exploten como los coches de las afueras de París, conviene hacer un esfuerzo para que lo católico deje de ser el último valor obligatorio de la España de pesadilla que soñó Franco. Esos chavales no pueden pasarse los primeros años de su vida en una clase donde un crucifijo sobre el encerado les recuerde a diario que ellos no son de allí.

Pero sacar las cruces de las clases no será lo más difícil, pues tampoco quedan tantos. Será más complicado que salgan de los cuarteles. La reforma de la ley, además, está supeditada al calendario de otras leyes sociales, como el aborto o la eutanasia. Y hay también una fecha que el Gobierno tiene muy presente: agosto de 2011. En ese mes, Madrid será la sede de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, un enorme evento que monta el Vaticano, con visita del Papa incluida. Si, como antaño, van a excomulgar a los que voten liberal, mejor que la ley ya esté aprobada cuando venga Ratzinger.

En un rincón del campo, acorralada, está Sacyr Vallehermoso, una gran constructora con una situación financiera alambicada. La empresa que preside Luis del Rivero debe a los bancos 18.500 millones de euros, siete veces más de lo que vale en bolsa, 23 veces más que su beneficio bruto anual (por su propia seguridad, no intente hacer esto en casa). Hace dos años, cuando la burbuja inmobiliaria aún no había explotado, cuando el dinero era barato, Sacyr puso en marcha un ambicioso plan de expansión. Para diversificar su negocio y que no todo fuese ladrillo, compró a crédito el 20% de Repsol. Pagó caro, a 26,9 euros por cada acción, y hoy los títulos de la petrolera española valen la mitad. Sacyr, además de ser el primer accionista de Repsol, también cuenta con un 91% de Itinere, una empresa de autopistas. Ahora que la burbuja del ladrillo ya ha explotado, ahora que el precio del petróleo se ha desplomado, ahora que hasta los políticos inspiran más crédito que los bancos, Sacyr necesita vender para no ahogarse en su propia deuda. Hoy mismo es probable que cierre el acuerdo para vender Itinere, su otra gran inversión sin pies de ladrillo: una concesionaria de autopistas que probablemente comprará un fondo de infraestructuras del banco Citigroup por unos 7.500 millones de euros. Si dependiese de Luis del Rivero, las ventas de Sacyr se acabarían aquí, su compañía mantendría su porcentaje de Repsol a la espera de tiempos mejores. El problema es que ya no depende de él: la pelota está en manos de la banca.

En el centro del juego, para variar, está Emilio Botín. El Santander y Citigroup lideran el crédito sindicado concedido a Sacyr para comprar el 20% de Repsol. Prestaron 1.154 millones cada uno. También entraron en la operación Caja Madrid (933 millones), Calyon (563), ING (300), BPI (250), BCP (150), Popular (100), Banesto (100), Commerzbank (100) y el Sabadell (50); ninguno de ellos está como para regalar el dinero. La garantía para el crédito fueron las propias acciones de Repsol, pero con una condición: que si la cotización bajaba por debajo de los 21,2 euros, Sacyr tendría que poner sobre la mesa nuevas garantías. Hace más de tres meses que la acción de Repsol vuela muy por debajo de este límite: el viernes cerró a 13,90 euros y es difícil que vuelva a repuntar a corto plazo. Repsol es una de las petroleras que más sufre la caída del precio del petróleo, pues sus contratos en Latinoamérica, en Argentina o Brasil, establecen precios mínimos que ahogan su margen cuando el precio del barril de crudo baja de 140 a 50 dólares en apenas cinco meses. Y si el petróleo y el ladrillo caen a la vez, ninguna de las nuevas garantías que Sacyr puede ofrecer basta para convencer a los bancos.

Pero la partida no la han puesto en marcha los bancos. Ha sido Antonio Brufau, jugador del que más pague. El presidente de Repsol ha aprovechado el escenario para cobrarse viejas deudas. Nunca se ha entendido con Luis del Rivero, que lleva dos años intentando echarle del sillón aprovechando su posición de primer accionista de la petrolera. Ha sido el propio Brufau el que ha liderado la operación para traer a Lukoil hasta España. ¿Las condiciones? Hay una fundamental: su permanencia al frente de Repsol con un nuevo contrato, con un nuevo blindaje. Cuenta para ello con el respaldo de su antigua casa, La Caixa, que tampoco está contenta con del Rivero y también quiere aprovechar la coyuntura para apuntarse en los libros una plusvalía que no viene nada mal con la que está cayendo. La Caixa también pone la cama: no sólo vendería parte de sus acciones sino que también financiaría la operación. Para los legos en economía chiripitifláutica la jugada es marciana: la caja catalana presta a Lukoil el dinero para que compre sus acciones… con las propias acciones como garantía.

Lo que está claro es que la petrolera rusa está dispuesta a comprar, pero sin poner un duro. El monto total de la operación asciende a los 9.000 millones de euros, pero los rusos pagarán con dinero del monopoly. No podrían hacerlo de otra manera: su liquidez es de 1.300 millones de euros, tienen que pagar antes de fin de año créditos por 1.500 millones y hace unos meses, en junio, abordaron otra gran compra, una refinería en Italia por la que han pagado 1.350 millones de euros. Y no está el mercado como para pedir más créditos. La petrolera está dispuesta a comprar a 27 euros por acción, mucho más de lo que pagaría si comprase los títulos en la bolsa, pero con la condición de no poner un duro en efectivo ni tampoco más garantías que las propias acciones: simplemente pretenden cambiar el 20% de Sacyr por la deuda de la constructora, tal cual está, y comprar otro 10% con un nuevo crédito que lideraría La Caixa. Los bancos han pedido más garantías, pero dan por buena la jugada, pues permite cambiar un deudor asfixiado por otro al que se le supone más solvencia. De momento les vale para no tener que provisionar pérdidas y después ya veremos. Sin embargo, si Lukoil se sale con la suya y compra sin más garantías que las propias acciones, está por ver que los rusos después se queden si la cotización de Repsol sigue a la baja y no les dejan mandar.

Para Lukoil, la compra de Repsol interesa por varios motivos, todos ellos muy distintos a los intereses geoestratégicos de España y la UE. A la petrolera rusa le vienen bien las refinerías y la red de gasolineras (más de la mitad de las españolas son de Repsol), pero no necesita los contratos de extracción que tiene Repsol en Latinoamérica, pues a Lukoil le sobra con Siberia. El Gobierno teme que, si Lukoil consigue el control de Repsol, pague la deuda vendiendo esas reservas por las que tantas gestiones políticas se han hecho. Además, creen que la operación es una bofetada a Obama nada más empezar su mandato: con Repsol, la llave también para Gas Natural y Unión Fenosa, Rusia controlaría los únicos gasoductos de abastecimiento a Europa que aún no son suyos tras derrotar militarmente a Georgia. El papel del régimen de Vladimir Putin en la jugada es más que evidente: el propio vicepresidente ruso fue quien soltó el globo sonda de Gazprom al tiempo que Lukoil negociaba.

Pese a que la operación, que lleva en marcha varios meses, está ya muy madura, el Gobierno aún cree que es posible pararla. La solución pasa por La Caixa y también por el propio Luis del Rivero, que tendría que renunciar a ser Brufau en lugar de Brufau y aceptar mandar menos a pesar de ser el accionista con más títulos de la petrolera. Si Ia venta de Itinere se cierra ya, las posibilidades de que Sacyr no se vea obligada a vender aumentan bastante. El problema es que, desde el Estado (que no desde el Gobierno), hay también altas instancias que no quieren cazar al oso ruso.

“Lo que le debemos a Bush”, tituló el viernes un artículo José María Aznar en el diario francés Le Figaro. Debemos, primera persona del plural. ¿Nosotros? Como no me reconozco en la deuda, miro al Aznar mayestático. Sus compromisos pendientes con el peor presidente de Estados Unidos que vieron los tiempos son muchos. Le debe, entre otras cosas, una plaza en la Universidad de Georgetown, los pies encima de la mesa del rancho Crawford, la inspiración para unas frases dignas de esculpir en piedra (“siempre tendrás un bigote a tu lado”) y un puesto en el consejo de administración de la mayor compañía de medios del mundo, News Corp. Las deudas son suyas, pero las letras las pagamos nosotros. La medalla del Congreso costó su buena factura: dos millones de euros en lobby para un honor que ni siquiera llegó a recibir. El equipo de baloncesto de Georgetown cuenta ahora con un patrocinador atípico: el Ayuntamiento de Madrid donde trabaja doña Ana Botella a las órdenes de Ruiz-Gallardón, you know now. Y sus pies encima de la mesa –la otra foto, junto con la de las Azores, que mejor define al ex presidente del Gobierno– nos costó una guerra donde ya han muerto más de cien mil civiles.

Pero Aznar, el último que aún reivindica la pisoteada figura de George W. Bush, cree que las deudas del mundo con el pato cojo superlativo son otras. “Nos ha transmitido su mejor herencia: la herencia de la libertad”, dice su último fan. “La historia le hará justicia”, declama Aznar ante su espejo; como si al absolver la memoria de Bush pudiese salvar también su alma.

Claro que hay cuentas pendientes entre George W. Bush y el mundo, pero el sentido de la deuda es el contrario al que señala Aznar. La herencia que deja el presidente estadounidense que legalizó y justificó la tortura como método válido para los interrogatorios no es la libertad. Lo que nos lega Bush es el deterioro universal de los derechos humanos, el desprecio interesado ante el cambio climático, un Oriente Medio en guerra eterna y la mayor crisis económica desde la Gran Depresión.

Ayer, en Washington, se celebró un funeral peculiar. El muerto no sólo presidía la ceremonia sino que hacía de anfitrión, incluso hablaba. Con Bush de cuerpo presente, el G20 enterró su nefasto legado. Es cierto lo que dice Pedro Solbes, uno no desayuna por la mañana y por la tarde refunda el capitalismo, pero los pasos que ayer se dieron tampoco han sido pequeños; no ha sido una reunión inane.

La declaración oficial que ayer difundió el G20 ocupa siete folios y sólo dedica dos párrafos a explicar las causas de la crisis. Pero tampoco necesita mucho más para criticar los excesos de una era, la del neoliberalismo donde el estado estorbaba, la del mercado ácrata que se autorregulaba. Habla el G-20: “La combinación de normas reguladoras laxas, prácticas de gestión de riesgos poco sólidas y la utilización de productos financieros cada vez más complejos y opacos hicieron vulnerable el sistema financiero internacional”. ¿Los responsables? Para los líderes reunidos en Washington están claros: “Los organismos reguladores y sus supervisores en muchos países avanzados no han sido capaces de detectar ni evitar los riesgos creados en los mercados financieros”. George W. Bush, supervisor, como presidente, de uno de esos eufemísticos “países avanzados” (tampoco hace falta señalar), firma el documento, como el reo que acepta su condena.

El G-20 también cuestiona otra de las señas de identidad de la política económica de Bush, su libre comercio asimétrico: mientras pedía a los países emergentes que abriesen sus fronteras al mercado, EEUU mantenía sus defensas más altas que nunca. En el documento, los países del G-20 se comprometen a no levantar nuevas barreras proteccionistas para el comercio de mercancías y capitales. Aunque no habla de las muchas que ya existen.

Pero lo más interesante está aún por venir. Concretamente, el 30 de abril de 2009, la fecha para la nueva cumbre del G-20. Ayer fue el último acto de Bush. Lo mejor que nos deja no es mérito suyo: se llama Obama.

Según la fiscalía, la emergencia estaba justificada. Justificadísima. Había que tomar esa medida cautelarísima, en el lenguaje jurídico, porque el proceso iniciado por Garzón podía causar “perjuicios irreversibles de difícil reparación”. En la práctica, la decisión de urgencia sólo bloquea tres de las 25 fosas que Baltasar Garzón había ordenado abrir: una sin más relevancia política, en La Serna, y dos mucho más sonadas: la del poeta Federico García Lorca, en Granada, y un osario del Valle de los Caídos. ¿Perjuicios irreversibles? ¿Los de quién?

Para juzgar la responsabilidad de los actos de la Fiscalía, nada como la jurisprudencia y la hemeroteca. Año 1998. El mismo juez Garzón, como ahora, abre un proceso a otra dictadura, la del general Augusto Pinochet. El Gobierno, como ahora, dice que respeta las decisiones de la Justicia, que no se inmiscuye, mientras la Fiscalía, como ahora, pone todo tipo de palos en las ruedas. Habla Alfredo Pérez Rubalcaba, 9 de agosto de 1999: “El Gobierno no puede esconder su responsabilidad ante las actuaciones del fiscal general del Estado y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional”. “Fue el Gobierno quien los nombró” por lo que “no puede decir que no tiene nada que ver con lo que hace el fiscal general o el de la Audiencia Nacional. Hay una responsabilidad que hemos reclamado, ya que la Fiscalía está defendiendo tozudamente a Pinochet”. No hay más preguntas.

Facilitar la memoria

Dice la Ley de la Memoria Histórica que “atendiendo a una muy legítima demanda de no pocos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares, algunos en fosas comunes, se prevén medidas e instrumentos para que las Administraciones Públicas faciliten a los interesados que lo soliciten las tareas de localización y, en su caso, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos”. La palabra clave es el verbo: facilitar. ¿Cómo? La fórmula es ambigua y, de momento, esta parte de la ley aún está por concretar. Hace unos años, el PSOE tenía una respuesta mucho menos abstracta. En el debate de los Presupuestos Generales de 2003, Jesús Caldera, entonces portavoz del grupo socialista, pidió que se incluyese una partida de un millón de euros para ayudar a las asociaciones de voluntarios que, con sudor y palas, están recuperando de las cunetas esa memoria podrida que muchos han preferido olvidar. Tras casi cinco años de Gobierno socialista, nada se sabe de ese dinero.

Es cierto que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el único presidente democrático que por lo menos ha abordado el problema, pero la solución es aún incompleta: que el juez Garzón en poco más de un mes haya facilitado la apertura de más fosas comunes que todos los gobiernos de la democracia en treinta años así lo demuestra. El trabajo, sin embargo, permanece incompleto. A Garzón no le queda mucho más margen de maniobra, pues la votación de la Sala de lo Penal el viernes –diez votos a favor de la Fiscalía, cinco en contra– permiten pronosticar sin mucho riesgo que su proceso contra el franquismo no irá más allá.

Sin embargo, las esperanzas de que algún día se haga Justicia no acaban aquí. “Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera”, pronosticaba ayer el historiador Julián Casanova en una entrevista del periodista Diego Barcala en Público. No es sólo un deseo al viento: al igual que la Audiencia Nacional ha procesado a las dictaduras de Argentina o Chile, otro juez no español podría abrir un proceso contra el franquismo en un tribunal de Argentina o México. La Asociación por la Memoria Histórica ya está en ello. La Audiencia Nacional y su Fiscalía, por coherencia, tendrían poco que alegar.

Dice Zapatero que “el franquismo ya está juzgado por la historia”. No basta con esa condena. No basta con facilitar. La memoria, para que no se olvide, hay que ejercerla.

Si las opiniones sobre lo divino y lo humano las hubiese difundido el rey, habría incumplido el artículo 56 de la Constitución, donde se le asigna un papel de arbitraje y moderación que le impide lo que ha hecho su señora: tomar postura sobre temas que dividen la opinión pública, cuestionar las leyes aprobadas por el Parlamento y que él mismo firma. No ha hablado el rey, sino su esposa, pero ella tampoco es una ciudadana más. También aparece en la Cons-ti-tu-ción, donde se fija su papel como regente, y forma parte de la Corona, esa ins-ti-tu-ción a la que el Código Penal protege con especial dedicación. La reina Sofía tiene derecho a tener una opinión, pero no a difundirla. No se trata de que su visión sea de izquierdas o de derechas. Sería igual de grave si, en lugar de criticar políticas progresistas, se hubiese mostrado como la soberana más revolucionaria de palacio. A la institución que ella representa se le conceden muchos privilegios a cambio de pocas cosas. La fundamental: que respete la neutralidad política. Si quiere opinar de asuntos sensibles, algunos de ellos pendientes de resolución del Tribunal Cons-ti-tu-cio-nal, que antes dimita.

La reina ha hablado con tal desparpajo, con tal irresponsabilidad, que la Zarzuela ha intentado zanjar el patinazo con una explicación imposible, donde sólo faltan la clásica excusa del “error informático” y el perro que se come los deberes. La conversación privada más grande que vieron los tiempos consistió en 15 sesiones de trabajo y 638 preguntas por escrito de la que han salido nada menos que 320 páginas. Las inexactitudes no se encontraron a pesar de que Zarzuela revisó el texto durante cuatro días. Nadie dijo nada aunque la editorial Planeta, poco sospechosa de activismo republicano, envió tres copias previas a palacio para su visto bueno: una para la casa del rey, otra para la homenajeada y otra más para la secretaría de la reina. La autora tampoco es nueva en la corte. Pilar Urbano no sólo firmó una biografía de Sofía de Grecia donde toda la familia Borbón-Frideríki colaboró activamente, sino que también es amiga íntima de Laura Hurtado de Mendoza, miembro del Opus Dei como ella y secretaria personal de la reina desde 1970 hasta hace dos años, cuando se jubiló de forma pero no de facto.

A la vista de lo sucedido, la duda es qué ha podido pasar para que los mosqueteros reales permitiesen tamaño traspiés, que no beneficia nada el vals monárquico. Hay opiniones para todos los gustos, desde los que creen que la reina se ha desmelenado a los 70, que a la vejez viruelas, hasta los que buscan algún ajuste interno en la fontanería de la Zarzuela o, más que un tropezón, una zancadilla de la entrevistadora. Es difícil de saber con certeza, tal vez un poco de todo. Pero puestos a elucubrar, me quedo con la explicación más simple: se les pasó. No calcularon lo ofensivas que podían ser esas palabras para muchos de sus ‘súbditos’. En un ambiente conservador, como se presupone un palacio, ¿a quién le va a escandalizar que a la reina no le gusten las reinonas de las carrozas del orgullo gay? En realidad, ni siquiera es ésta la primera ocasión en la que la reina sale del armario y se muestra como lo que es, una persona profundamente conservadora. “La España que yo conocí, más que una dictadura, era una dictablanda”, dice la reina. “Franco era monárquico” explica Sofía, “un hombre sencillo, con ganas de agradar y muy tímido ”. “Era un dictador, pero no un tirano”, dice sobre el golpista acusado de crímenes contra la humanidad que sólo en la fosa común de Málaga enterró a más civiles, más de 5.000, que todas las víctimas del genocidio de Pinochet. Palabra real: “Mi marido fue tajante, desde el primer momento, diciendo: ‘Delante de mí no se habla mal de Franco”.

No se escandalicen, que ya no toca. Las citas no salen del último libro de Pilar Urbano sino de la biografía que publicó la misma autora hace 13 años. Como nadie protestó, la Casa Real no habló, en aquella ocasión, de conversaciones privadas inexactas.

Papelón no sólo de la reina, también de los políticos. En pocas semanas, el partido socialista obrero que fundó Pablo Iglesias ha salido en auxilio de la banca, del ejército y del rey. Sólo falta la Iglesia, Santiago y cierra España. En lugar de pedir a la Casa Real, a la que mantenemos con nuestros impuestos, que explique exactamente a qué inexactitudes se refiere o si el error es general, generalísimo, los dos grandes partidos se han enrocado en defensa de reina. Las críticas, tanto del PSOE como del PP, se las está llevando Esteban González Pons, verbo florido, verso suelto, pero que en esta ocasión ha dicho lo que deberían haber dicho todos los políticos: que “la institución no debe hablar”, que “el rey y la reina, si son, son como la bandera y a la bandera la vemos cumplir con su papel en los actos oficiales pero no hacer declaraciones no neutrales”.

Dice la Cons-ti-tu-ción que el rey es irresponsable. Fue un avance histórico, costó una invasión francesa de la mano del traidor Fernando VII. Artículo 64.2: “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”. De los actos de la reina, ¿quién se responsabiliza?

Un barco petrolero tarda más de cuatro semanas desde que sale del Golfo Pérsico hasta que llega a Estados Unidos. En ese tiempo, puede que la carga se haya devaluado tanto que el dueño del barco se arruine con el trayecto, que haya pagado por el crudo un precio mayor en el puerto de origen de lo que cobrará cuando llegue a la refinería. Para evitar este riesgo -en el petróleo y en otros mercados de materias primas-, se inventaron los contratos de futuros: una fórmula que consiste en pactar de antemano el precio de venta del pedido para una fecha determinada. Cuando se cierra el contrato, ni el comprador ha pagado ni el vendedor ha entregado la mercancía; pero el compromiso es igual de firme.

En aquel momento parecía una buena idea. El problema vino después, cuando los especuladores se aprovecharon de este mercado ideal para los trileros, pues se puede vender y comprar lo que aún no se tiene. Si apuestas con cientos de millones de dólares en el mercado de futuros a que el petróleo subirá, en efecto, el petróleo sube y tú ganas; en economía las profecías tienden a cumplirse si hay dinero suficiente. Los mismos inversores que primero crearon la burbuja punto com y después la burbuja del ladrillo, consiguieron elevar el precio del barril de crudo de 40 hasta 140 dólares en solo cuatro años. Impunemente.

2- La pereza de los reguladores

Por suerte, la burbuja del petróleo explotó a mediados de este verano. ¿La razón? Un pequeño cambio en la regulación de la SEC (el organismo que controla la bolsa estadounidense) obligó el 14 de julio a los especuladores que estaban jugando a la baja contra la cotización de los bancos a que respaldasen sus apuestas con acciones, por lo que tuvieron que sacar su dinero del mercado de futuros del petróleo para no perderlo en banca. Desde esa medida, que no buscaba atajar la burbuja petrolífera sino proteger a los bancos de los caníbales, el precio del crudo no ha dejado de bajar. El 14 de julio, cada barril costaba 144 dólares. El viernes rozó los 60 y sigue cayendo, pese a que la OPEP ha recortado su producción un 5%. Si basta con un pequeño cambio regulativo, tan sencillo que ni siquiera se vota en ningún Congreso, para evitar comportamientos tan dañinos para la economía mundial como la burbuja del petróleo, ¿por qué tanta pereza a la hora de evitar la especulación?

Han tenido que temblar las catedrales de Wall Street para que la mayoría de los organismos reguladores, también la CNMV española, se atreviesen a prohibir determinadas prácticas especulativas. De momento, estas restricciones son temporales, aunque en el debate mundial sobre el nuevo capitalismo muchos piden que sean permanentes. Para ello hace falta un paso previo, tal vez el único que se dé en la cacareada cumbre del 15 de noviembre: la puesta en marcha de un organismo supranacional para vigilar la economía globalizada. Alguien con algo más de prestigio internacional que el FMI.

3- La envidia del paraíso fiscal

Una cadena es tan débil como su eslabón más débil. En un mundo donde las fronteras existen para las personas pero no para el dinero, de poco vale que el G20 se comprometa a asumir nuevas normas si no aísla a un G40 del que apenas se habla: los 40 países ladrones, los 40 paraísos fiscales. Según la OCDE, en estas cuevas piratas se esconden de los impuestos entre 5 y 7 billones de dólares, una cifra que equivale al 13% del PIB mundial. La mitad de las multinacionales que cotizan en el español Ibex 35 tienen empresas en estos paraísos fiscales, con lo que eluden pagar impuestos a ese mismo erario público al que ahora piden ayuda. En los últimos 20 años, el dinero que guardan estos países se ha multiplicado por seis. Curiosamente, la distancia entre los sueldos de los altos directivos y los trabajadores ha crecido en ese tiempo en una proporción similar.

4- La codicia de los directivos

En 1980, un alto ejecutivo estadounidense ganaba de media 42 veces más que un trabajador. Hoy gana 364 veces más: en solo un día lo que los demás en todo el año. El problema no es solo la desigualdad social, que también. Lo más preocupante es que se premie a los ladrones y a los inútiles. En palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, “comprendo que gane mucho quien hace mucho por su empresa y sus empleados; pero ¿por qué se debe ahogar en dinero a los incompetentes?”. Es lo que a veces pasa cuando la retribución del primer ejecutivo está supeditada al corto plazo de la bolsa y no al largo plazo de la empresa. En muchas ocasiones (Enron es el ejemplo más sonado pero no el único), los fuegos artificiales que tanto gustan a los inversores bursátiles van contra los intereses de la propia compañía. A la larga, la cotización bursátil también se hunde. Pero suele ser después de que el alto directivo haya vendido sus stock options.

5- La gula de los inversores

Lo que es bueno para el directivo no es bueno para su empresa. Lo que es bueno para el especulador del petróleo no es bueno para la economía mundial. Lo que es bueno para el vendedor de hipotecas subprime no es bueno para el banco que presta el dinero. En todos los fallos del capitalismo que ahora han aflorado hay un elemento común: una distorsión perversa en el sistema de recompensas donde no se premia al que genera riqueza sino al que la destruye.

El capitalismo ha funcionado sobre una premisa que suele ser cierta: del egoísmo individual se obtiene un progreso colectivo. La ambición de los empresarios también es buena para los trabajadores, pues todos ganan aunque sea en menor medida. Sin embargo, el castillo de naipes se hunde cuando se premia al pirómano, cuando la recompensa del que da préstamos hipotecarios a gente sin trabajo no está supeditada a que esas hipotecas se paguen sino a vender todas las posibles -su comisión iba en ello-. Lo mismo sucedía en el siguiente nivel, donde el que respaldaba estas hipotecas subprime tenía como negocio agruparlas con otras miles y venderlas en el mercado. Que se cobrasen o no tampoco era su problema. Tampoco era problema de las agencias de calificación, que estuvieron garantizando la salud del sistema hasta dos minutos antes del hundimiento; por algo cobraban de los mismos bancos a los que avalaban. No era problema de nadie y ha acabado siendo problema de todos.

Aunque las subprime es el pastel más famoso, no es el único tóxico que ha engullido el mercado en estos últimos años de dinero fácil y hambre financiera voraz. El capital se empachó porque no sabía qué comía: el mercado de derivados consistía en vender paté de cerdo como si fuese foie gras de oca; cuestión de una bonita etiqueta. Funcionó bastante bien hasta que a alguien se le ocurrió mirar qué había dentro de la lata.

6- La ira del planeta

Dice José María Aznar, y no es el único inconsciente, que ahora que los bancos van mal no hay dinero para salvar el planeta. La realidad es la contraria, pues detrás de uno de los fenómenos más preocupantes de la economía están precisamente los desastres generados por el cambio climático en la agricultura mundial. La crisis alimentaria es un problema económico en su realidad más cruda, pues aquí no se pierden ahorros sino vidas humanas. La lucha contra la contaminación es, en realidad, el mejor ejemplo de los males del capitalismo: solo se soluciona con regulación estatal, hace falta coordinación internacional, sus beneficios son indudables y, en resumen, nunca lo abordarán aquellos que solo piensan a corto plazo, aunque sea la inversión más rentable, con diferencia. ¿Hay acaso alguna mejor que salvar el planeta?

7- La soberbia del PIB

¿Un país más rico es un país mejor? No siempre. Según los datos del PIB, México está a punto de superar a España. ¿Es un país como México, donde hay familias que pierden su casa porque no pueden pagar las letras de una licuadora, un país mejor que España? México también es el país desarrollado donde mayor es la brecha entre ricos y pobres, según el último informe de la OCDE que se presentó hace unos días. Por desgracia, la desigualdad, la educación o la sanidad no cuentan con indicadores tan precisos como la inflación, el paro o el PIB. Los datos económicos son difíciles de esconder. Sin embargo, los indicadores de desarrollo humano no son homogéneos ni sistemáticos, los políticos pueden apostar a que, con una buena campaña publicitaria, hasta la sanidad pública más deteriorada pasará por buena.

Una vez más, es un problema de recompensas. Lo que es bueno para el PIB no siempre es bueno para la sociedad, de poco sirve que aumente la riqueza si solo se benefician de ello los que ya son ricos, los mismos que nunca lo pasarán verdaderamente mal por mucho que se agrave la situación económica. En España, por ejemplo, la crisis va por barrios. Esta semana abrirá en la milla de oro de Madrid la exclusiva joyería neoyorquina Tiffany’s. Los hay que siempre desayunarán con diamantes.

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Otros artículos en este blog sobre la crisis económica:
La tentación de Gorbachov
No mires hacia abajo
In Marx we trust
La semana en la que el capitalismo tampoco cambiará

“Los europeos son de Venus, los estadounidenses son de Marte”, se burlaba el politólogo neocon Robert Kagan de los ciudadanos del viejo continente que tomaban las calles para protestar contra la invasión de Irak. Nenazas. No hace tanto de esa historia. “Hay que olvidar la idea de que estadounidenses y europeos comparten una visión del mundo”, decía Kagan. “Sus perspectivas sobre la eficacia y la moralidad del poder son divergentes: mientras Europa rechaza el poder y lo cambia por un mundo de leyes, reglas, negociaciones y cooperación, Estados Unidos recuerda la historia y es consciente de que la verdadera seguridad, el verdadero poder, depende de la posesión y el uso de la fuerza militar”, concluía este teórico, ahora asesor del candidato republicano John McCain.

Cañones o mantequilla. Pero las divergencias no acaban aquí ni son tan simples. Estados Unidos apuesta por la pistola y se dispara en la rodilla, se desangra en Irak. Europa defiende la palabra, pero se muestra incapaz de lograr una sola voz; ni siquiera puede aprobar una constitución común. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial –que fue el verdadero fin de la Gran Depresión– dos visiones de la economía y de la política han competido en el occidente democrático. El modelo europeo, basado en la colectividad. El estadounidense, construido sobre la individualidad. La persona frente a la sociedad. El yo frente al nosotros.

Era Europa quien defendía que el Estado está para algo más que reclutar soldados. Pero el crash de 2008 ha llegado a Europa justo cuando había abandonado su propio sueño, en pos de la pesadilla americana. Dice ahora Nicolas Sarkozy que hay que “moralizar el capitalismo financiero”. Es el mismo Sarkozy que afirmaba hace un año que las recetas liberales eran las únicas posibles para salvar Francia. Peor aún lo pasará Reino Unido, el portaviones de EEUU en Europa. Allí fue el laborismo y su tercera vía quien abrazó la receta tóxica de los mercados financieros desregularizados como manera de aunar lo mejor de ambos mundos: la solidaridad europea con la tremenda capacidad emprendedora estadounidense. Esa “innovación financiera” que elogiaba Gordon Brown.

Dice el sociólogo español Manuel Castells que Barack Obama será el Mijail Gorbachov americano: “EEUU afronta una crisis magnificada, si no provocada, por la invasión de Irak”, asegura Castells. “A la URSS le pasó en Afganistán”. Gorbachov, premio Nobel de la Paz, no es profeta en su tierra. En Rusia, Mijail es tremendamente impopular, pues se le hace responsable del colapso de la URSS. Le acusan de haber sido demasiado blando.

Sea quien sea el nuevo presidente estadounidense, tendrá que gestionar el fin de la supremacía, la decadencia de la superpotencia que ganó la Guerra Fría. Se acabó el liderazgo unilateral. EEUU deberá acostumbrarse a dialogar en un escenario mundial donde ya no será el único gigante. Las arenas movedizas de las subprime se tragaron el imperio. Mientras Rusia negocia un enorme préstamo para Islandia –un país en bancarrota–, los fondos soberanos de China y los países árabes compran a precio de ganga lo que aún queda en pie.

El Gorbachov americano, sea quien sea, tendrá una tentación, la misma que probablemente tuvo Mijail: perpetuar la supremacía estadounidense desde la fuerza de las armas. Seguir en Marte en vez de poner los pies en la tierra. Tras la primera Gran Depresión, llegó la segunda gran guerra.

“Lo estúpido no fue prestar dinero a gente que no lo podía pagar sino preguntar cuánto valían de verdad esas casas hipotecadas. Si no llega a ser por esa estupidez, todo habría seguido en marcha sin problemas”, dice irónicamente un dúo de humoristas británicos en un vídeo, que circula por Internet, donde se explica de forma tan rigurosa como divertida la crisis de las subprime. El mercado financiero flotaba en el aire, como el Coyote, como el ladrillo de la burbuja inmobiliaria. La confianza, aunque esté cimentada en la ignorancia, es una de las fuerzas más poderosas de todas las que impulsan la economía.

Pero la confianza también es fundamental incluso cuando se tienen los pies en el suelo. Ningún banco, ni siquiera el más boyante, sobreviviría si todos los ahorradores perdiesen la fe y pretendiesen sacar su dinero al mismo tiempo. Hace ya décadas que la banca no guarda sus depósitos bajo llave en el sótano y el sistema se basa en la estadística, en normativas legales más o menos laxas según el país y, sobre todo, en la confianza. No se alarmen, que si miran hacia abajo nos caemos, pero el Fondo de Garantía de Depósitos del que tanto se habla en estos días suma en España la increíble cantidad de 6.500 millones de euros: el 0,016% de todo el dinero depositado en las cuentas corrientes españolas. Por suerte, la estabilidad de la banca no depende sólo de este fondo. También hay más de 30.000 millones en provisiones para aguantar el chaparrón.

Confianza, pero también estadística aplicada. El Fondo de Garantía de Depósitos no puede alcanzar el cien por cien de todas las cuentas, pues, si los bancos no pudiesen tocar el dinero que guardan, la economía se congelaría. Los 6.500 millones tampoco llegan, ni de lejos, para cubrir los 20.000 euros por titular de cada cuenta a los que obliga la ley en caso de que todos los bancos se hundan al mismo tiempo, pero la estadística dicta que eso no pasa. En caso de que un banco quiebre –uno, y no todos a la vez–, el fondo sí basta para reflotarlo y así evitar que los ahorradores pierdan su dinero. Eso es, por ejemplo, lo que se hizo hace unos años con Banesto. En España, la estadística es favorable: nunca en la historia moderna un ahorrador ha perdido el dinero de su cuenta corriente por una bancarrota. Y no es que no hayamos tenido ocasiones. Una de las crisis bancarias más graves de la historia fue aquí, en España, a finales de los 70, y ni siquiera entonces se volatilizó una sola peseta de las cuentas corrientes. De aquel crash sí quedaron regulaciones bancarias más exigentes que en el resto de Europa y también un Banco de España con experiencia en pastorear a las cajas y bancos más débiles con una política de fusiones que ha evitado más sobresaltos.

En el Gobierno aseguran estar tranquilos: “Para lo que ha caído, los bancos españoles están bastante bien”. El lunes pasado, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero y le garantizó que, a día de hoy, la banca española no afronta ningún colapso a la vista y aguanta bastante bien el terremoto internacional. Tal vez, si la cosa empeora mucho más, alguna entidad bancaria pueda sufrir. Pero el Gobierno tiene claro que, llegado ese caso, saldría al rescate. Zapatero, que ya defendió públicamente durante su visita a la ONU el polémico plan Bush, hace una distinción entre dinero público para salvar una empresa, como la inmobiliaria Martinsa, y dinero público para salvar un banco. Para el presidente del Gobierno, salvar a un banco es otra cosa, pues lo que está en juego son los ahorros de los ciudadanos.

Zapatero esta semana quiere recuperar la iniciativa económica con tres reuniones extraordinarias en La Moncloa. Una, la ya sabida con Rajoy. Otra, con los empresarios y los sindicatos para hablar de empleo, aunque en el Gobierno creen que flexibilizar aún más el despido no sirve de nada en la actual coyuntura. Y una tercera reunión, tal vez la más importante de todas, con los banqueros y presidentes de las principales cajas. El orden no tiene por qué ser este, aunque las tres están previstas para esta semana, cada una en un día distinto.

La posibilidad de esta cita con los banqueros llevaba tiempo en estudio. El objetivo es que los bancos abran de nuevo el grifo del crédito a las ahogadas empresas, especialmente a las Pymes. La confianza no sólo es fundamental en los que ahorran, también en los que prestan. Y la gran banca española, que tiene músculo como para comprar gangas en otros países, puede ayudar a que la crisis sea más llevadera si existe un gran pacto entre todo el sector del que la banca también saldría beneficiada, aunque aumentase la morosidad. Para que este acuerdo sea posible, es muy importante el apoyo del PP, que controla la segunda mayor caja, Caja Madrid, y tiene una gran influencia en el BBVA. Aunque no pacten los presupuestos, Zapatero y Rajoy tienen temas de sobra de los que hablar.

En Europa también es una cuestión de confianza. Y la cosa se complica cuando los socios de la UE comienzan a competir entre ellos por la confianza de los ahorradores. Es difícil mantener la fe en el sistema bancario cuando los gobiernos no paran de repetir lo bien que va todo al tiempo que se lían a codazos para ver quién coge sitio en el bote salvavidas. La decisión de Irlanda, que anunció esta semana su compromiso unilateral de garantizar la totalidad de los depósitos de sus bancos, no deja de ser, en el mejor de los casos, un brindis al sol bastante arriesgado. El Gobierno irlandés no tiene tanto dinero: si esos bancos quiebran, la siguiente bancarrota sería la del propio Estado. La medida es también bastante cuestionable desde el punto de vista moral, pues libera a los bancos de parte de su responsabilidad, lo que les puede llevar a asumir mayores riesgos: si la cosa va mal, pagan los contribuyentes. Es lo que tiene el liberalismo asimétrico, el comunismo de empresa, donde las pérdidas están nacionalizadas pero los beneficios siguen siendo privados.

Mientras tanto, Sarkozy ha asaltado la escena. No sólo es ese ego inversamente proporcional a su estatura, sino también un intento de contrarrestar, con malabares, sus problemas de imagen en una Francia que este viernes entró técnicamente en recesión. Entre los gobiernos de los países de la UE ha sentado fatal que desvelase parte de los planes europeos contra la crisis cuando aún no estaban pactados y se estaban negociando. Avisar, antes de que salga del horno, de que se está cocinando un fondo europeo de 300.000 millones de euros para ayudar a los bancos con problemas no es precisamente el mensaje más tranquilizador. Si preparan más vendas, es que hay más heridos. Para mayor enfado, la cacareada propuesta ni siquiera era suya, sino de Holanda, un país con un gobierno bastante más discreto.

Mañana y pasado, en la cumbre del Ecofin –la reunión mensual de los ministros de Economía europeos– se debatirá a fondo sobre este tema. Si la desunión política habitual no lo impide, habrá novedades, tal vez la aprobación con matices del plan que intentó apropiarse Sarkozy. También se hablará de la supervisión de los bancos, donde hay dos posturas. Francia quiere que esté sólo en manos de los países de origen de cada uno de ellos. Es decir, que al Santander lo controle sólo España y a BNP sólo Francia. Mientras que la propuesta que respalda España es que los controles estén en ambos lados, como sucede ahora, y se agilicen los protocolos por el método más sencillo: unificándolos. El Ecofin también intentará pactar un funcionamiento común para los fondos de garantía de depósitos. En España, el dinero de ese fondo, que aportan todos los bancos, se guarda y no se toca. Pero en Holanda, por ejemplo, el dinero lo comprometen los demás bancos: están obligados por ley, pero el fondo no está disponible de verdad hasta que se necesita.

La semana girará otra vez alrededor de la economía, un mundo donde la percepción de lo que sucede es tan trascendente como los hechos en sí. Las reuniones en La Moncloa o en Luxemburgo serán tan importantes por lo que se diga dentro como por lo que expliquen fuera los que en ellas participen. La clave, en cualquier caso, es no mirar hacia abajo.

Artículo editado hoy en Público – Ilustración de Javier Olivares

Ahora que el enfermo es Estados Unidos la receta es muy distinta. No es país para corralitos. “Está muy bien decir ‘dejen que el sistema financiero siga, que consiga su equilibrio’ (…) pero cuando se enfrentan ataques especulativos, los precios se pulverizan y parece que las grandes corporaciones van a colapsar, es natural que el gobierno intervenga y diga ‘no podemos dejar que esto suceda”, argumenta ahora Raghuram Rajan, ex economista jefe del FMI. Y así, como lo más natural del mundo, el país donde supuestamente mejor funciona el mercado descubre que la mano incorrupta y milagrosa de Adam Smith, de tan invisible, ni está ni se la espera. “La intervención del Gobierno era esencial, dado el precario estado de los mercados”, explica George Bush, presidente de los Estados Socialistas de América.

Entre los 700.000 millones de dólares de este último empujón y lo que ya llevan gastado en los demás ‘rescates’, la factura ya ronda los dos billones de dólares; cerca del 15% del PIB anual estadounidense. Es probable que esta losa –un nuevo éxito para los libros de historia de la era neocon de Bush– agudice aún más otro proceso que ya está en marcha: la decadencia del imperio americano, el fin de la hegemonía unilateral de la que disfruta EEUU desde la caída del muro de Berlín. ¿Será también el fin del capitalismo tal y como lo conocemos? ¿Aprenderá el mundo de sus errores? ¿Nacerá de estas cenizas un nuevo modelo económico donde el libre mercado sea un método y no un fin? Por desgracia, la respuesta es no.

Hay una viñeta de Tintín que describe muy bien qué ha sucedido en los mercados financieros durante los últimos años. Es uno de los gags de “Aterrizaje en la Luna”. Tintín avisa a la tripulación, que flota ingrávida, de que en pocos segundos el cohete entrará dentro del campo de gravedad de la Tierra. “Sujetaos a algo”, grita Tintín. Y los inefables detectives Hernández y Fernández obedecen. Hernández se agarra a Fernández. Fernández se aferra a Hernández. Y, cuando la gravedad regresa, ambos se van al suelo.

La explosión de la burbuja inmobiliaria ha recordado al mercado la manzana de Newton: que lo que sube tiene que bajar. “Hemos llevado al capitalismo a su perfección, hemos acabado con el riesgo”, presumía hace unos años un bróker de la City londinense. El invento, sobre el papel, parecía bueno. El riesgo también se puede vender, y sobre eso se desarrolló el capitalismo abstracto sobre el que se levantaba el castillo de naipes que ahora se ha desmoronado. Doy hipotecas a los que no las pueden pagar, al tiempo que emito un bono (con una rentabilidad menor que el tipo de interés que cobro al hipotecado) que me permita recuperar el dinero lo antes posible y así volverlo a prestar otra vez. Esos bonos de cobro dudoso, los de las hipotecas de los pobres, quedan en teoría compensados por otros más seguros, los de las hipotecas de la clase media. Se mezcla el chóped con el jamón y así el riesgo desaparece; la banca siempre gana y los pisos nunca bajan de precio. Con esa misma fórmula, repetida mil veces, el riesgo se coló en la máquina y ascendió más y más hasta el corazón de las finanzas. Por el camino, una serie de vigilantes privados a sueldo del vigilado (que alguien pruebe ese mismo método en las cárceles, a ver qué tal) certifican que el enfermo goza de buena salud. Todo va bien mientras gira el carrusel. Todo va bien hasta que vuelve la ley de la gravedad –los hipotecados dejan de pagar, primero los pobres pero después también la clase media– y la banca se estrella contra el suelo mientras se pregunta qué paso, si no había riesgo posible. Si AIG Hernández sujetaba a Lehman Brothers Fernández. Y viceversa.

En realidad, ni siquiera es un invento nuevo. Ya pasó otra vez hace poco más de 20 años, en el crash de 1987. En aquella ocasión, los bonos basura –que era como se llamaba a esos bonos de alto riesgo- fueron también una de las causas que llevaron a Wall Street a su lunes negro, el 19 de octubre de 1987: la mayor caída de la bolsa desde 1929. En aquel momento, igual que ahora, se habló de nuevos controles más estrictos para evitar los excesos del capitalismo abstracto. Entonces, igual que ahora, se decía que el mercado había aprendido la lección, que el crash serviría de vacuna para la siguiente fiebre. Es obvio decir que de poco valió.

El capitalismo no es malo, lo han dibujado así. Es el peor sistema económico posible, a excepción de todos los demás. Sí, el mercado libre es la fuerza más poderosa de la galaxia, la búsqueda egoísta de la rentabilidad mueve el mundo, para lo bueno y para lo malo. Pero su voracidad es tan grande que siempre encuentra el camino para sortear –o desmantelar, a través de esa subespecie del poder económico llamada poder político– las regulaciones con las que sus víctimas intentan defenderse de sus excesos. Cada dos o tres décadas, más o menos, el mercado se olvida de que también es mortal, el cielo financiero se desploma sobre nuestras cabezas y hay que ceder al chantaje y pagar con los impuestos los errores de los bancos porque la alternativa es aún peor. Cada dos o tres décadas, la intervención del Estado demuestra ser la única vacuna para salvar al capitalismo de su avaricia caníbal. Cada dos o tres décadas, el libre mercado recuerda, por las malas, que hasta los deportes más agresivos necesitan un árbitro. Y entonces todo cambia para que todo siga igual.

El dilema no es sólo moral, también técnico: ¿sirve de algo mantener artificialmente con vida al ladrillo en un país donde la especulación inmobiliaria ha dejado cientos de miles de casas vacías y un litoral adosado? Obviamente, a largo plazo no. Pero, ¿se merece el ladrillo una muerte digna, lo menos dolorosa posible, aunque sólo sea por el bien del resto de la economía?

En el Gobierno hay dos respuestas ante estas preguntas. Aunque todo el gabinete está de acuerdo en que los empresarios que se forraron durante la burbuja inmobiliaria tienen que asumir ahora las vacas flacas, que no se puede perpetuar un modelo agotado, que la prioridad son los trabajadores y no los empresarios, existen también dos puntos de vista sobre cómo capear el ladrillazo. Por un lado, Pedro Solbes y su equipo creen que el Estado no debe intervenir ni siquiera en lo más mínimo. A eso se refería el vicepresidente económico con esa desafortunada frase que le encumbró esta semana: “Si la recesión sirve para limpiar la economía, la situación no tendrá más importancia”. La reconversión ahora le toca al ladrillo feroz; se siente. En el otro lado, Miguel Sebastián defiende que el Estado se moje y no sólo mire. Que la solución al incendio no puede ser esperar a que las cenizas abonen la siguiente cosecha. José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, busca su propio término medio mientras reparte los tantos entre ambos equipos. De momento, en el marcador van empate a uno, aunque el que remonta es Sebastián.

“Si los créditos del ICO que se anunciaron este miércoles hubiesen llegado antes, Martinsa se podría haber salvado”, asegura un economista próximo al Gobierno que defendió, en su momento, ayudar a la inmobiliaria de Fernando Martín. Miguel Sebastián apoyaba aquel rescate que nunca llegó. “Dejar caer a Martinsa cuando su salvación dependía sólo de 300 millones de euros fue un error”, dice un importante empresario español. “Martinsa tenía créditos con bancos extranjeros, si dejas que una empresa así de grande se derrumbe, el precio que paga el conjunto de la economía es mucho mayor por la mala imagen exterior y también porque provoca el cierre de un montón de empresas más pequeñas, que se quedan sin cobrar”. Sin embargo, en este primer pulso ganó Pedro Solbes, que contó con el apoyo del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Mafo y Solbes convencieron a Zapatero de que no había que actuar porque suponía un peligroso precedente, pues no era siquiera la inmobiliaria con más deuda, y porque el batacazo de Martinsa no era fruto de la crisis económica sino de su propia voracidad. La principal razón de su derrumbe era que había intentado comerse a una empresa más grande, Fadesa, y se le había cortado la digestión. Ayudar a Martinsa era premiar al tiburón.

El empate entre ambas visiones llegó este miércoles, cuando Zapatero anunció en el Congreso que el ICO destinará 3.000 millones de euros en préstamos a las inmobiliarias que saquen pisos en alquiler. Según las cuentas que maneja el Gobierno, con estas ayudas se salvarán cinco o seis grandes constructoras, aunque habrá otras que se hundirán de todas formas. La medida es una de las muchas propuestas de Miguel Sebastián y llevaba ya tiempo en estudio. La cara larga de Solbes ese día en el Congreso explicaba muchas cosas: el vicepresidente económico no conocía la redacción del discurso del presidente, aunque sí estaba informado de estas nuevas ayudas –el ICO depende de Economía-. Tal vez si lo hubiese leído antes habría evitado uno de los errores de Zapatero ese día en el Congreso: hacer un pronóstico sobre el crecimiento del PIB apenas unas horas antes de que la Comisión Europea vaticinase un futuro más negro, que España entrará en recesión antes de fin de año. Solbes conocía con antelación que se haría público ese dato. Es probable que también supiese el detalle: Joaquín Almunia, el comisario europeo de Asuntos Económicos, suele avisar a su viejo colega.

En la decisión de Zapatero, que dio su visto bueno a los préstamos del ICO entre el lunes y el martes, pesó mucho el reciente rescate de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. “El ejemplo estadounidense influyó por dos razones”, explican fuentes de Moncloa: “Primero, que si el país supuestamente más liberal del mundo interviene es porque la situación es aún peor de lo que todos pensábamos. Y también, que después de una medida así, no habría críticas contra el Gobierno por intervencionismo ni tampoco desconfianza de los mercados internacionales”. No es la primera vez que la política económica de George Bush inspira a Zapatero. Los 400 euros llegaron pocas semanas después de que EEUU anunciase cheques de entre 300 y 1.200 dólares a los contribuyentes con mayores problemas para pagar su hipoteca.

Las divergencias entre ortodoxos y pragmáticos no terminarán aquí y habrá, en las próximas semanas, novedades tanto en el discurso como en la práctica. Sobre la mesa de Zapatero descansan muchas otras propuestas del lado que defiende moverse, del lado de Sebastián. Entre las que se barajan, con la oposición de Mafo y Solbes, está aumentar aún más el gasto público con un nuevo plan de infraestructuras que reactive la economía. “El problema es que en España no hay hueco para más carreteras y ferrocarriles de alta velocidad más allá de lo que ya está previsto en el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte), que llevará el tren de alta velocidad a cada capital de provincia; pero las infraestructuras también pueden ser tecnológicas”, afirman fuentes de Industria. Además, se tarda tiempo en poner en marcha un plan así, pues los plazos de la obra pública son siempre largos. “Las únicas dos maneras posibles de meter rápidamente inversión pública en la economía pasan por la rehabilitación energética de edificios o el I+D”, dicen las mismas fuentes. “Una red wifi gratuita para todas las ciudades españolas, que se podría hacer pactando con las telecos y la CMT en un año y medio. O instalar placas solares en las casas, aunque para eso habría que negociar con las eléctricas”.

Negociar con el sector privado, en cualquier caso, es clave. “El estado no debe hacer las cosas, sino inducirlas”, dicen desde Industria. Sin embargo, hay un paso que de momento nadie se atreve a dar, aunque es la solución habitual a las crisis económicas cuando el crédito se agota, la que suele adoptar Alemania o Francia cuando vienen mal dadas: pactar con la banca.

“Rodrigo Rato lo habría solucionado así: cuatro llamadas de teléfono a los cuatro banqueros que mandan y un pacto secreto, de esos que no se pueden contar. Tú me ayudas abriendo el grifo del crédito a las empresas, yo a cambio modifico la ley para que la morosidad esté más perseguida”, afirma un ex ministro socialista. El problema es que, desde Rato, las cosas han cambiado mucho. El PSOE no tiene el control sobre la gran banca que disfrutó el PP y el Estado español, después de las privatizaciones, no mantiene acciones en la banca como las que tiene Francia. “Podríamos hablar con el Santander y con La Caixa, pero ninguno de los dos aceptaría asumir más riesgos si no se mojan también Caja Madrid y el BBVA, y a esos los controla el Partido Popular”, reconoce un economista cercano al Gobierno: “Sólo sería posible con el acuerdo del PP”. Y ni siquiera con un pacto así está claro que se pueda hacer. “Con la crisis actual, la banca española también tiene problemas para conseguir financiación en el extranjero, no pueden asumir muchos riesgos alegremente”, dice un diputado socialista. Y lo peor aún está por venir.

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Hoy en Público: Las inmobiliarias sólo han perdido un tercio de lo que ganaron durante los últimos cinco años

Algunos historiadores creen que aquel 15 de enero no fue un día heroico sino, en realidad, la fecha del último crimen de la propia Stasi. En la RDA, una de cada cincuenta personas espiaba a sus vecinos para la policía secreta. Sus nombres estaban guardados en aquel edificio. Entre los asaltantes, además de honrados berlineses, también había muchos cómplices del régimen que querían entrar en el archivo para eliminar su propio pasado. Para borrar la memoria.

Pero ni el asalto del 15 de enero ni los dos meses de trituradoras bastaron para destruir el ingente archivo secreto de la Stasi. El monstruo no tuvo tiempo para devorarse a sí mismo. El nuevo Gobierno salvó toneladas de documentos, 33 millones de páginas guardadas en 20.000 bolsas de plástico, que el gran hermano no pudo deglutir.

Hoy, la antigua sede de la Stasi en el numero uno de la calle de los Normandos, en Berlín, alberga un museo de la memoria. Desde 1992, los alemanes pueden consultar, de forma confidencial, su expediente. La mayoría de los datos que aparecen en estos ficheros son, en apariencia, irrelevantes: qué marca de tabaco fuma, qué prefiere para comer. Servían para doblegar la voluntad del interrogado, pues si la policía sabe hasta el color de la ropa interior ¿qué secreto se puede ocultar?

Decenas de miles de alemanes han revisado estos ficheros entre el miedo y la curiosidad. Alemania, forzada por un siniestro siglo XX, es probablemente el país del mundo que mejor conoce la receta para que una sociedad se perdone a sí misma. Y la solución nunca pasa por la amnesia. La represión de la RDA no habría desaparecido si se hubiesen borrado los archivos. Pero que esos ficheros aún existan, que se puedan consultar, es una lección para que la historia no se repita, además de una mínima reparación moral para los cientos de miles de alemanes que pasaron décadas hablando en voz baja hasta debajo de las sábanas de sus dormitorios.

En España no hubo revolución. No cayó ningún muro y la dictadura tuvo tiempo de sobra para borrar las huellas de sangre más flagrantes antes de que llegase la democracia. Para dejar todo atado y bien atado. Con Adolfo Suárez de presidente y Rodolfo Martín Villa al frente del Ministerio de Gobernación (ahora llamado Ministerio del Interior), la Guardia Civil quemó en su cuartel general de la calle Guzmán el Bueno de Madrid miles de documentos comprometedores sobre la represión, traídos de toda España.

Martín Villa -hoy presidente de Sogecable- también ordenó la destrucción de la mayoría de los archivos de la Falange y demás organizaciones del llamado “Movimiento Nacional” en 1977, poco antes de las primeras elecciones democráticas. Según publicó el historiador y político Josep Benet, recientemente fallecido, la quema de archivos fue sistemática. Entre otros ficheros, Martín Villa mandó destruir en 1977 el gran archivo del Movimiento Nacional de Barcelona, donde se guardaba la mayor parte de la documentación sobre la represión franquista en Catalunya. Benet fue elegido a finales de ese mismo año senador por Barcelona y una de sus primeras propuestas parlamentarias fue detener la destrucción de archivos y crear una comisión que se ocupara de salvar los que aún quedaban intactos. El gobierno de Suárez no se dio por aludido.

Pese a los esfuerzos por borrar todo rastro, por casar lo viejo y lo nuevo desde el olvido, muchos archivos se salvaron de la quema. En parte, gracias a la dificultad técnica de eliminar cuarenta años de legajos comprometidos –la burocracia es igual de lenta cuando crea, transforma o destruye–. Pero también porque hubo héroes anónimos que ignoraron la obediencia debida y escondieron algunos de los documentos lejos de las hogueras. Hace unos años, durante una obra para instalar un cable eléctrico en un cuartel del Ejercito, apareció un falso techo lleno de legajos de esos que algunos preferirían que no existiesen. Hace unos meses, alguien encontró en el Archivo General de la Administración, en una docena de cajas olvidadas, un exhaustivo recuento de fosas comunes, pueblo a pueblo, que había hecho el propio régimen franquista durante los años 50.

Todos estos documentos, los que se salvaron de la quema, serán vitales en la investigación que acaba de comenzar Garzón. Ojalá el juez consiga encontrar al minotauro en su laberinto y la Justicia llegue hasta el final, hasta donde no quiso mirar la Transición. Lo tiene muy difícil, pero el camino que recorre es útil aunque no logre terminarlo. Si con esta investigación consigue elaborar un censo de los desaparecidos y fuerza a la Administración a hacer públicos sus archivos sobre la represión, ya será un éxito mayor que la frustrante ley de la Memoria Histórica.

Tanto el censo de la represión como la luz para los archivos no sólo servirían como mínima reparación a las familias de las víctimas, que reclaman algo tan sagrado como poder enterrar a sus muertos. También son imprescindibles para frenar el revisionismo franquista, ése que intenta sanear el arbol genealógico de la derecha dando por buenas las raíces. “Del otro lado hubo muchas más barrabasadas”, dice con impunidad la víctima Manuel Fraga, el presidente fundador del PP. La gran diferencia es que los muertos de su lado, el lado golpista, descansan en camposanto con su honor en el BOE. Mientras tanto, 130.000 desaparecidos ni siquiera existen en los papeles.

Inventar la realidad, y en ello están. Aunque parezca increíble escuchando según qué radios, leyendo según qué diarios, el modelo educativo bilingüe con el idioma menos conocido como lengua vehicular no fue un invento de catalanes, gallegos, mallorquines, valencianos o vascos. Décadas antes de que naciesen las ikastolas, la clase alta española ya enviaba a sus hijos a colegios donde el profesor no se dirigía a ellos en castellano sino en italiano, francés, inglés o alemán. Esperanza Aguirre, por ejemplo, estudió en uno de estos centros de élite, el Instituto Británico de Madrid, y gracias a eso hoy puede presumir de hablar un inglés muy superior a la media de nuestros políticos sin que por ello se haya convertido en una analfabeta en su lengua materna. La teoría pedagógica era entonces la misma que ahora: como el entorno en el que crece el niño es castellanoparlante, la mejor manera para que aprenda bien dos idiomas es que use el otro durante las siete horas al día que pasa en la escuela.

Los mismos que consiguieron que media España se hiciese experta en los componentes explosivos de la Goma 2 ECO ahora han descubierto escandalizados, con unos cuantos años de retraso, que en las escuelas públicas catalanas los niños son escolarizados en catalán. Como si fuese una novedad, como si no fuese un modelo educativo que –con sus pros y sus contras– no hubiese arrancado en 1980. Estos planes de estudios llevan en marcha 28 años y hace ya más de una década que todos los alumnos catalanes están escolarizados en catalán. El desarrollo de este modelo llegó a su plenitud precisamente cuando gobernaba el Partido Popular, en unos años en los que Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy eran ministros de Educación, cuando José María Aznar presidía el Gobierno y hablaba catalán en la intimidad.

Cuando nació este modelo educativo, provocó un encendido debate. Se argumentaba que los estudiantes catalanes serían analfabetos en castellano, que se resentiría la convivencia, que se crearían ciudadanos de primera y de segunda, que sufrirían las clases más desfavorecidas. Hoy se sigue diciendo lo mismo con una gran diferencia: que ya no se discute sobre un modelo teórico por probar sino acerca de una realidad donde los resultados no son los que los agoreros pronosticaron hace casi tres décadas. Los estudiantes catalanes llegan a la selectividad con un nivel de castellano similar a los de otras comunidades autónomas con una sola lengua. Nadie que haya pasado por Barcelona más de media hora puede decir sin mentir que exista un sólo alumno catalán que no sepa castellano, esa lengua perseguida que todo el mundo habla, en la que se publican la mayoría de los diarios, que está en casi todos los canales de la radio y la televisión.

Dice el manifiesto por la supremacía del castellano que “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios”. Y a renglón seguido pide para el castellano una serie de ventajas exclusivas en el territorio español. No es la única contradicción, ni siquiera la más grave. Lo más indignante de este debate recurrente, que como muchos otros rebrota sólo cuando no manda la derecha nacionalista española en La Moncloa, es que las supuestas víctimas de la supuesta opresión lingüística –los catalanes, los vascos, los gallegos– por quien se sienten mayoritariamente agredidos es, precisamente, por aquellos en Madrid que dicen ser sus defensores. En toda Catalunya, hay 23 padres, entre más de un millón de alumnos, que han pedido oficialmente que sus hijos sean escolarizados en castellano. Mientras tanto, en el País Valenciano hay 93.700 alumnos de primaria que estudian en castellano a pesar de que escogieron el catalán.

Pero el modelo educativo catalán o vasco no sólo es defendible porque allí donde se aplica sea respaldado por la gran mayoría de los ciudadanos. Una política no se vuelve acertada sólo porque casi todos estén de acuerdo –aunque sí por ello se legitima democráticamente, que no es poco–. Hay otros argumentos. El fundamental: ¿cuál es la alternativa? ¿Crear colegios para castellanoparlantes y colegios para catalanoparlantes? ¿Una escuela para los niños de fuera y otra para los del pueblo y que queden los domingos para jugar entre ellos un partido de fútbol? No creo que ésta sea la mejor receta para cohesionar una sociedad y ayudar a la integración de los menos favorecidos, los inmigrantes.

Rasgarse las vestiduras porque de nuevo viene el lobo y el castellano se rompe no es sólo una operación para vender periódicos. Como la mayoría de las campañas de la derecha mediática, también tiene su tiro político y, en este caso, la carambola es triple. Por un lado, sirve para mantener prietas las filas de la derecha –no me sorprendería que la próxima manifestación del siglo en la madrileña plaza de Colón tenga el ‘Pujol enano, habla castellano’ como lema-–. Por el otro, sirve como palanca para el juego interno del PP, para impedir el giro moderado de Mariano Rajoy y evitar que se acerque a los nacionalistas. La tercera carambola se llama UPyD, que es quien pone los intelectuales –los primeros abajofirmantes son casi los mismos que ya bendijeron el manifiesto fundacional del partido de Rosa Díez– y quien preocupa de verdad al PP.

El momento en el que se lanza esta campaña tampoco es casual. El manifiesto surge pocos días después de que Rajoy haya ganado el espinoso congreso del PP casi por goleada, cuando intenta cambiar su discurso para bajar del monte, alentado desde los mismos medios que perdieron en el intento de moverle del sillón. El líder del PP tiene un papel complicado, es el Michael Corleone del Padrino III, ese de “justo cuando pensé que ya estaba fuera, me vuelven a arrastrar hacia dentro”.

Mariano Rajoy tiene dos opciones: dejarse arrastrar a una campaña que sabe que de nuevo condenará a su partido a la marginalidad política en aquellos sitios donde el bilingüismo es algo que se conoce de primera mano y no por boca de los tertulianos y los columnlistos; o permitir que sea UPyD quien rentabilice esta guerra en la España monolingüe. La decisión es difícil si sólo se valora la mera eficacia electoral, si no se reflexiona también sobre el daño que estos incendios provocados tienen sobre la convivencia. Con campañas así, con la lengua por bandera con la que atizar al otro, es como de verdad se rompe España.

A falta de siete días para que Rajoy renueve como presidente del PP, todo el pescado parece estar vendido. ¿Otra candidatura alternativa? Ni está ni se la espera. Después de que Juan Costa renunciase a dar el salto, el congreso del Partido Popular en Valencia se presenta mas aburrido de lo que los superlunes de los últimos meses permitían pronosticar. El tráiler ha sido mucho mejor que la película. Las incógnitas para el próximo fin de semana son menores: quién será el sustituto de Ángel Acebes como secretario general, como número dos del partido, y qué porcentaje de voto en blanco cosechará Rajoy en su nombramiento. “Por encima del 15%, sería un escándalo”, asegura uno de los críticos, un diputado del PP.

Para secretario general, los nombres que más suenan son dos: Pío García Escudero y Javier Arenas. Al ex ministro de trabajo campeón, algunos le llaman el cocinero, porque dicen que es él quien está a los fogones, removiendo el guiso, el que diseña la estrategia marianista. Pero Arenas, que ya fue secretario general con Aznar, no quiere repetir. Prefiere que el partido lo lleve Pío García Escudero para así ocupar él el puesto de Pío y volver a Madrid como portavoz en el Senado sin verse obligado a dejar la silla de Sevilla.

A Pío, la jugada le convence menos. Al igual que Arenas, él también prefiere su actual puesto como portavoz en el Senado. La solución a este conflicto de intereses dependerá del poder de persuasión de Mariano. Según aseguran desde su entorno, sólo recurrirá a un tercer nombre si no le queda más remedio.

Más allá del recuento de bajas y heridos, para los ejércitos en la guerra del PP, Valencia ya es una batalla amortizada. Los críticos ya miran hacia el futuro y hacen cuentas sobre sus fuerzas. “Hay unanimidad en el PP”, dice uno de ellos. “Es unánime hasta en los que le respaldan. Mariano Rajoy no es el líder que necesita el partido y no repetirá como candidato”. Según ese análisis, en el PP sólo existen hoy tres familias: los marianistas –una minoría que ha unido su destino al de su jefe–, los que quieren que Rajoy se marche cuanto antes y los que prefieren que se vaya en 2011. De momento, ganan los últimos, los que lidera Camps, pues Rajoy sigue. Pero en apenas un año hay en el horizonte tres elecciones donde el presidente del PP pasará nuevos exámenes: las gallegas, las vascas y las europeas.

Las dos elecciones autonómicas serán, según apuntan las encuestas, los tragos más duros. No parece probable que el PP consiga recuperar la Xunta de Galicia y también sufrirá un tremendo descalabro en Euskadi, donde el portazo de San Gil ha agravado aún más una situación que ya era muy mala. Los marianistas ya están poniendo la venda por si la herida. Su argumento es que de los resultados autonómicos responderán los dirigentes regionales, no Rajoy.

Con las europeas, este truco ya no sirve, aunque el escenario no será tan malo para Rajoy. Desde el PSOE, temen que la situación económica les pase factura. Desde el PP, también temen… al fuego amigo de El Mundo y de la Cope. En esas elecciones, donde el votante siente que no se juega nada importante, es más fácil quedarse en casa o votar a UPyD. Dependerá del cabeza de lista que, en el PP, podría ser Alberto Ruiz-Gallardón. Al alcalde parece que le gusta la idea, siempre que sea con billete de vuelta: que no suponga dejar la alcaldía de Madrid (es posible, pues no son cargos incompatibles). Sabe que de Bruselas es difícil regresar.