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El subsidio para los jornaleros andaluces que tanto irrita ahora a Duran i Lleida está regulado por una ley que hizo el gobierno de Aznar a finales de 2002, donde recuperó el antiguo PER con otro nombre tras intentar recortarlo con el decretazo de la primavera de 2002. Ahora que este subsidio de desempleo vuelve a ser polémico, conviene recordar que CiU votó a favor. Esto fue lo que dijo en el Congreso el diputado de CiU Carles Campuzano cuando se aprobó la ley que hoy lo regula, el 17 de octubre de 2002.

“Nos sentimos satisfechos, junto con el Grupo de Coalición Canaria, porque nuestras enmiendas hayan sido importantes, sustanciales, que no hayan sido ni anecdóticas ni técnicas, que hayan sido las enmiendas sobre las que se ha hecho posible la articulación de la recuperación de ese diálogo social y que, además, hayan sido las enmiendas sustanciales que permitan la corrección de las principales cuestiones que llevaron a ese enfrentamiento social. Señorías, hoy nosotros partimos de la idea de que, bajo el concepto de todos ganamos, quien gana es el conjunto de la sociedad. Todos ganamos, no puede haber ni perdedores ni vencedores en esta polémica, porque gana el conjunto de la sociedad, gana el conjunto de las empresas, gana el conjunto de las personas trabajadoras y gana el conjunto de las familias.

(…) Recuperamos la protección social al desempleo de los trabajadores fijos discontinuos, y ya anuncio nuestra petición de votación separada del apartado 4, punto 2, del artículo 1 del proyecto de ley, para clarificar esta situación de manera definitiva, en concordancia con la enmienda que se ha introducido en el dictamen de la Comisión. Garantizamos el acceso a una protección social digna a aquellos trabajadores mayores de 52 años que reciben indemnizaciones por desempleo. Configuramos un concepto de oferta adecuada de empleo que compromete al desempleado a mantener una actitud positiva y activa, personalizando las actuaciones de los servicios públicos, situando la movilidad laboral en función de la situación familiar del desempleado y de la oferta de transporte público que exista en ese espacio. Comprometemos de manera significativa los Presupuestos Generales del Estado, 114 millones de euros, para reforzar la nueva orientación que la oferta adecuada de empleo va a implicar y que necesita, en la línea de lo que la OCDE ha venido reclamando, un mayor compromiso en políticas públicas de empleo por parte del Estado español.

(…) Señorías, además estas reformas tan sólo se pueden aplicar desde la lógica de la concertación social y de entender el diálogo social como uno de los principales instrumentos de política económica y de política social de España. La estabilidad política que goza esta sociedad desde 1993, junto con el apoyo a la economía productiva que se ha producido desde 1993, junto con el inicio de una política fiscal activa iniciada en 1993, junto con el rigor presupuestario iniciado en 1993 y continuado a partir de 1996, y el diálogo social y la concertación social, son los instrumentos que nos permiten avanzar hacia una sociedad de plena ocupación que además garantice la cohesión social de nuestra sociedad.

Por ello, Convergència i Unió ha subido a esta tribuna satisfecha, felicitando al Gobierno y al ministro Zaplana por su capacidad de conducir de manera prudente, sensata e inteligente una cuestión central, felicitando al Grupo Parlamentario Popular, y muy especialmente a su portavoz, señor Azpiroz, por los buenos oficios que ha tenido en esta materia y lógicamente también felicitando a los sindicatos, que han sido capaces de mantener el rigor y la seriedad en sus posiciones y al mismo tiempo esa capacidad de diálogo que era absolutamente necesaria para abordar esta cuestión.

Reformas, sí; modernización, sí; evitar costes innecesarios, también y sobre todo. El lema de todos ganamos nos parece que era el único posible para avanzar en esta tramitación parlamentaria. Nosotros, insisto, nos sentimos satisfechos y nos queremos felicitar.

26 de junio de 2001, debate del estado de la nación: primer cara a cara de Zapatero con el presidente Aznar en el Congreso de los Diputados.

José Luis Rodríguez Zapatero: “La política de defensa y de seguridad tiene que ser una política de Estado y de consenso. Hubiera sido muy deseable que, antes de hacer el pronunciamiento que hizo con el presidente de los Estados Unidos, dando su apoyo al escudo antimisiles, hubiera venido a esta Cámara a explicar por qué y a debatirlo. (Aplausos.) Así es como se hace una política de defensa cohesionada. Todavía está a tiempo de hacerlo. Nosotros no lo compartimos, sinceramente, porque creo que es una idea vieja, que es la repetición de la propuesta del señor Reagan de la guerra de las galaxias y que no camina en la dirección adecuada para una política de seguridad en el mundo.”

Hoy, diez años después, Zapatero ha anunciado la entrada de España en el escudo antimisiles. ¿En el Parlamento? No. En una rueda de prensa sin preguntas.

El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, advirtió de que cuando el Gobierno anuncia que va a aumentar los impuestos «siempre piensa en subirlos a las clases medias, que son la auténticas pagadoras». En declaraciones a Efe, Montoro reprochó al Ejecutivo que haya «corrido» para suprimir el impuesto sobre el Patrimonio, «que sí que es un impuesto que gravaba efectivamente a los ricos, no en términos de renta sino de patrimonio».

21 de agosto de 2009, en medio del debate que generó José Blanco al insinuar que habría que subir los impuestos a los más ricos.

“Veremos a ver sobre quién recae” -el impuesto de patrimonio-, dijo Montoro, quien alertó de que “será difícil que no vuelva a recaer sobre las clases medias”, lo que en su opinión, sería muy negativo para la recuperación de la confianza de los mercados en España.

El mismo Cristobal Montoro, hace unos días.

Federico Trillo, diputado del Partido Popular (PP), declaró ayer que la decisión del juez Carlos Bueren de rechazar la recusación de Baltasar Garzón debe significar el fin de los ataques y presiones que por otras vías se habían intentado poner en marcha contra el dictado del magistrado. Asimismo, expresó su deseo de que acepten el resultado con lealtad procesal.

El parlamentario «popular» explicó que el principio rector de los actos de las partes en este proceso debe ser el respeto al juez y la utilización de cualquier vía legal para defenderse, pero no presiones con declaraciones o teorías conspirativas que no hacen al caso, y que sí que producen alarma social.

Garzón continuará investigando el «caso GAL» porque no existe ningún motivo para recusarle. El Mundo, 2 de febrero de 1995.

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Además de en aquella ocasión, a cuenta de la investigación del secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL, a Garzón le han intentado recusar unas cuantas veces más. En enero de 2001 lo pidieron Pepe Rei y otros cuatro imputados por el caso Egin. Y también quiso hacerlo, en febrero de ese mismo año, el torturador argentino Adolfo Scilingo.

La recusación que ayer presentó el PP es la única de estos ejemplos que lidera un partido: ni Batasuna con el caso Egin ni el PSOE con los Gal intentaron recusar al juez, lo hicieron los acusados en el juicio y no la organización política. El escrito de la recusación lo ha redactado y presentado el mismo Federico Trillo.

La condescendencia con que la mayoría de los medios de comunicación y partidos políticos han aceptado, cuando no aplaudido, el cierre cautelar de Egin demuestra la erosión que treinta años de odioso terrorismo etarra han causado en nuestras nunca demasiado perfiladas convicciones liberales.(…) Lo ocurrido es tan grave que trasciende incluso a la flagrante limitación de la libertad de expresión. ¿A dónde llevaría a la Audiencia Nacional la congruente aplicación de esta subyacente nueva filosofía según la cual toda actividad patrocinada, coordinada, tutelada o supervisada por ETA debe ser perseguida penalmente, si además resulta que ETA ya no es sólo ETA sino también KAS?

Empezaría disolviendo las Gestoras pro Amnistía, seguiría cerrando ikastolas y terminaría persiguiendo a los organizadores de acampadas y concursos de bertsolaris. Todo ello partiendo, naturalmente de la previa ilegalización de Herri Batasuna, en base -por ejemplo- al propio tronco documental del que se han desgajado las ramas que van a servir para argumentar el cierre de Egin.

Nada desearía tanto ETA como ver consumado todo esto. Poder alegar ante el nacionalismo vasco que el Estado español está criminalizando no los atentados terroristas sino el conjunto de las formas de expresión del independentismo. Que la perseguida no es ella sino la totalidad del llamado Movimiento de Liberación Nacional.

No se trata de caerse de un guindo, pero sí de conservar la calma. Es lógico que Aznar, Mayor y el propio Atutxa le tuvieran muchas ganas a un diario con una línea editorial y una jerarquización informativa tan repulsiva como la de Egin. Lo mismo cabe decir de las actitudes políticas de HB. Por desgracia uno y otra no son el problema sino el síntoma, manifestaciones genuinas de la dislocada escala moral de una parte de la población vasca.

El reconocimiento de la complejidad y del trasfondo político del asunto no implica que el Estado se quede inerme. Tenemos leyes que permiten perseguir tanto a quienes aprietan el gatillo como a quienes les ayudan. Si todos los miembros de la mesa de HB colaboraron con ETA, bien encarcelados están. Y no es otro el rasero por el que hay que juzgar ahora a los administradores de Egin. Pero cerrar un periódico o ilegalizar un partido es otra cosa. Es acercar la forma en que España enfoca la cuestión vasca a la forma en que Turquía enfoca la cuestión kurda.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo. 19/7/1998