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13:07 Al parecer, el plan de pensiones de De Cospedal -como otro que tiene Zapatero- es parte de un plan de pensiones privado que tienen TODOS los senadores y diputados de España por el hecho de serlo y que gestiona el BBVA. ¿Mintieron De Cospedal y Zapatero o sólo se olvidaron? Concedo la segunda porque no es lo mismo invertir tú personalmente en tu plan de pensiones -algo difícil de olvidar- a que el Estado te pague parte de tu sueldo en un plan de pensiones y no te acuerdes de ello. Pido disculpas a De Cospedal por mi apresurado post, que ahora actualizo.

“El Presidente del Gobierno es un tipo extraño y detrás de su mirada azul aletean las tinieblas del abismo. Tiene gustos perversos, le encanta facilitar la muerte de sus semejantes en las etapas de sus existencias en que se encuentran más necesitados de protección, busca ansioso la amistad de torturadores como los Castro o de histriones totalitarios como Chávez o Morales, hurga en nuestro pasado colectivo para desenterrar cadáveres y reavivar rencores y estuvo a punto de sellar una alianza siniestra con la hez de la sociedad vasca. Parece probado que el lado oscuro ejerce sobre él una fascinación fatal y es fácil imaginarlo, una vez despojado del engañoso ropaje del pacifismo benévolo y del progresismo suave, encerrado en los sótanos monclovitas lejos de indiscretas miradas, entregado sin reservas a ensoñaciones góticas de brujas, trasgos y pactos nefandos con el Mal.”

Alejo Vidal Cuadras, eurodiputado del PP, en su blog.

Visto antes por Lucía Méndez

Política es todo aquello que concierne a la convivencia: cómo nos organizamos para vivir juntos y, a ser posible, en paz. En este sentido, todos somos seres políticos, todos tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en la decisión de cómo vivir en comunidad. La construcción de una sociedad más humana es una tarea de todos los ciudadanos sin excepción.

Consideramos que nuestro compañero Guillermo Toledo ha sido objeto de una reacción agresiva y desproporcionada en los medios de comunicación por ejercer el derecho ciudadano a participar públicamente del debate político. Derecho que ha de prevalecer se esté o no de acuerdo con las opiniones que se expresen. A nuestro parecer, la reacción contra las declaraciones de Guillermo Toledo se ha convertido, en muchos casos, en una auténtica campaña contra su persona. Por este motivo, le expresamos nuestro más firme apoyo.

Creemos que desde una parte considerable de los medios de comunicación existe un mensaje permanente de rechazo a la implicación política de los ciudadanos que trabajan en el mundo de la cultura. Muy especialmente de los actores, desde su participación en las movilizaciones contra la guerra de 2003. El cine, el teatro, cualquier trabajo creativo, busca, entre otras cosas, reflexionar sobre los conflictos humanos, en las relaciones personales y sociales. La cultura es, en gran parte, el aprendizaje de la convivencia. Hay una lógica, por tanto, en la frecuente implicación política de los ciudadanos que trabajan en este campo. Implicación que no tiene mayor validez, ni menor, que la de cualquier ciudadano, sea cual sea su profesión.

Hacemos una llamada a todos -y a nosotros, los primeros- para intentar recuperar un lenguaje que nos sirva para entendernos, un lenguaje despojado de violencia, que se sustente en los hechos y no en los juicios personales, un lenguaje riguroso y basado en la buena fe, que sirva para trabajar juntos, aunque sea desde distintas ideas, por un mundo mejor.

Los firmantes son…
Alberto San Juan, Luis Tosar, Lola Dueñas, Candela Peña, Juan Diego Botto, Javier Bardem, Raul Arevalo, Antonio de la Torre, Pilar Castro, Victor Garcia León, Andrés Lima, Javier Gutiérrez, Nancho Novo, Carmen Ruiz, Sergi Peris Mencheta, Secun de la Rosa, Inma Cuesta, Diego Paris, Alfonso Lara, Roberto Alamo, Luis Bermejo, María Morales, Luz Valdenebro, Estefanía de los santos, Eleazar Ortiz, Aitor Merino, Laura Ramos, Ramiro Alonso, Sandra Collantes, Font García Rodriguez, Manuel Baqueiro e Inma Montalá.

Y yo también firmo este texto, aunque no me gustó la opinión de Guillermo Toledo sobre Zapata.

La respuesta es difícil de interpretar, porque puede significar dos cosas. La primera, que no hacen falta más pruebas porque, de estimarse el recurso, ya no serían necesarias. La segunda, algo más preocupante para Garzón, que si su recurso es desestimado y la investigación va para adelante, Varela va a terminar la instrucción y pasar la bola al juzgado, por lo que no harían falta más pruebas.

Y si yo fuese Garzón, me pondría en lo peor.

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Otra buena noticia. Desde hoy, Falange española, que ya ha depositado su fianza, ya puede actuar como acusación contra Garzón, con el aval del Supremo. Si Franco despertase, estaría muy orgulloso de la España que hemos construido. Hoy es un día grande para la democracia.

La empresa de recuento de asistentes Lynce ha contabilizado 9.726 personas, informa EFE. En la anterior marcha antiabortista del 17 de octubre de 2009 cifró la participación en 55.316 personas. La organización ha asegurado que hoy fueron 600.000 personas. En la de octubre dijo dos millones.

Más

Todas las actuaciones disciplinarias y penales contra mí se enmarcan en un concreto escenario, por iniciativa de una serie de personas interrelacionadas entre sí y siempre con el respaldo de unos mismos soportes mediáticos, que han hecho que, generalmente, conozca las resoluciones por las noticias en ellos aparecidas, a la vez que han adelantado actuaciones, determinado estrategias y desarrollado campañas de denigración contra mi persona.

De este modo, y a partir de Febrero de 2009, coincidiendo con el conocimiento público de la investigación que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 llevaba contra una serie de personas vinculadas en mayor o menor medida a un partido político, con implicaciones en diversos organismos públicos autonómicos, locales y nacionales, las declaraciones públicas de responsables de dicho partido se suceden en una clara estrategia de desprestigio, acoso y desautorización de mi labor jurisdiccional, sin precedentes en la historia judicial española, que nos ha llevado al lugar donde ahora nos encontramos. Una campaña alentada por personas a quienes yo imputé y jaleada por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con mi carrera y prestigio profesional.

No hace falta convocar a la imaginación, ni dejarse llevar por teorías conspirativas, tan del gusto de otros, para apreciar que esas iniciativas contra mí conforman una estrategia coincidente, que pasa por forzar en esta sede la suspensión en mis funciones. Una estrategia iniciada en Febrero de 2009 cuando –a instancias del Ministerio Fiscal y en el ejercicio de mis funciones jurisdiccionales– acordé la prisión de los principales implicados en las Diligencias Previas nº 275/08, abiertas por delitos de blanqueo de capitales, falsedades, cohechos, defraudación fiscal, asociación ilícita y tráfico de influencias.

No hubo que esperar mucho para que personalidades políticas próximas a quienes supuestamente se beneficiaron de las presuntas prácticas delictivas entablaran una cruel campaña contra mí. Ya el día 16 de Febrero de 2009, apenas unos días después de las primeras detenciones, los medios recogían declaraciones de D. Federico Trillo, Diputado al Congreso y ex Ministro, diciendo que yo estaba “actuando con manifiesta injusticia, con manifiesta ilegalidad” y de actuar “en contra de la ley y la jurisprudencia” (documento nº 1); en esta misma línea, representantes [presentes o pasados] de los dos gobiernos autonómicos en cuyo seno se advertirían indicios delictivos siguieron la misma senda denigratoria: en una frase confusa, pero con claro matiz peyorativo, Dª Esperanza Aguirre declaró que “Garzón, si puede, me hace un traje a mí; vamos a procurar evitar que ocurra” (documento nº 2). Por su lado, mucho más graves fueron, a mi juicio, las declaraciones de D. Fernando de Rosa Torner, antiguo conseller de Justicia en el Gobierno de D. Francisco Camps –posteriormente imputado– y actual Vicepresidente del Poder Judicial, que en públicas declaraciones advirtió de que mi labor como instructor “dañaba la imagen de la justicia” y que podría “pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación”, sin desaprovechar la ocasión de salir en defensa de su antiguo jefe, de quien dijo que era “absolutamente honorable” (documento nº 3).

Estas declaraciones fueron debidamente aireadas y espoleadas por ciertos medios de comunicación afines ideológicamente a los imputados y con cierta experiencia en campañas denigratorias, en particular contra mí. Es preciso recordar que –por el solo hecho de haber cuestionado un informe pericial que sugería vinculaciones alucinadas de ETA con el atentado del 11 de Marzo de 2004– fui objeto de una persecución mediática sin precedentes [aunque sí con secuelas] por el periódico EL MUNDO, cuyo Director D. Pedro José Ramírez Codina, fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pozuelo de Alarcón, en Sentencia de 29 de Mayo de 2007, por haber atentado contra mi honor. Posteriormente, la Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia de 29 de Mayo de 2007, vino a confirmar la condena de D. Pedro José Ramírez quien, desde entonces, no deja pasar ninguna oportunidad para buscar mi denigración desde el resentimiento, sin respetar ni la verdad ni la realidad de los hechos.

(…) Los que ahora me tachan de partidista se deshacían en elogios hacia mí en el pasado; al parecer, entonces como ahora, buscaban sólo su ventaja política. En función de ésta, algunos no dudan ahora en denigrar a quien no entre en sus particulares intereses. Cuando esto se hace contra un juez resulta de una gravedad inusitada y supone un grave menosprecio hacia la función jurisdiccional.

Porque, y esto debo reiterarlo, el objetivo de todo este acoso, ciertamente, no es tanto el cuestionamiento de mi persona sino el cuestionamiento de mi labor jurisdiccional, intentando poner en tela de juicio la regularidad de las instrucciones y, con ello, forzar la impunidad de las conductas delictivas que el Juzgado osó investigar, ya sean delitos en el marco de crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo, ya sea una trama de corrupción relacionada con responsables de un partido político, ya sea la instrucción por supuestas filtraciones de una operación contra ETA.

Baltasar Garzón. Mucho más en el escrito de alegaciones que ha presentado hoy ante el Consejo General del Poder Judicial (doc); un texto que, para variar, no sólo se deja sino que se debe leer.

Garzón también recusa a tres vocales del Poder Judicial: a Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia de Camps (sí, está en el CGPJ); a Margarita Robles, la ex secretaria de Estado de Interior de Felipe en los tiempos de cuando Roldán se fugaba a Laos y Garzón investigaba a los GAL (sí, también está en el CGPJ); y a Gema Gallego, la jueza del ácido bórico que también está en el CGPJ para mayor gloria del órgano de gobierno de la justicia española. Atentos a la exposición de Garzón sobre la jueza del bórico:

Dª Gema Gallego Suárez era la titular del Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid, al que correspondió la instrucción de la supuesta falsificación de un informe pericial que –con una notabilísima falta de consistencia– intentaba vincular la posesión de ácido bórico en poder de un implicado en los atentados del 11 de Marzo de 2004 con anteriores aprehensiones de esta sustancia a miembros de ETA.

En el ejercicio de mi jurisdicción y a petición del Ministerio Fiscal, investigué el hecho en el sumario 9/2003 y, en el transcurso del mismo, imputé a los peritos que, de forma tan acrítica e irracional, habían aparentado esta [inexistente] vinculación, pero Dª Gema Gallego revirtió la situación para exculpar a aquellos e imputar sin motivo, por el contrario, al Comisario General de Policía Científica y otros profesionales de la Policía que habían desestimado, por insolvente, aquella supuesta vinculación [vinculación con la que se pretendía torpedear, entonces y todavía hoy, la instrucción del mayor atentado sufrido en España, al amparo de escabrosas teorías conspirativas que todavía hoy auspician quienes también proclaman la “necesidad” de mi suspensión].

Como es público y notorio, en Julio de 2008 la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a los cuatro miembros de la Policía imputados por Dª Gema Gallego. Ésta fue aupada dos meses después al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular.

Desde entonces –y posiblemente sintiéndose desautorizada por la Audiencia– esta Vocal se ha caracterizado, como miembro de la Comisión Disciplinaria, por una constante persecución de mi persona hasta un punto poco razonable y que muestra, como en el caso anterior, una nula disposición para enfrentar de forma objetiva y serena el estudio de mi situación personal. Puedo recordar (1) que cuando la Comisión Disciplinaria acordó rechazar la queja interpuesta por la Generalitat Valenciana contra mí [precisamente por haber instruido las Diligencias Previas nº 275/2008, de las que se derivó la imputación a su Presidente] Dª Gema Gallego se quedó sola para impugnar el archivo y solicitar que las actuaciones se remitieran al Servicio de Inspección; según parece, esta Vocal habría redactado un Voto Particular insinuando que yo tendría la costumbre de intervenir en causas cuya instrucción no me corresponde. No puedo sino quedarme con el contenido de las noticias de prensa (documentos nº 8 a 10) pero si realmente el Voto sugiere tal cosa, debo hacer reserva de las acciones oportunas y solicitar la abstención de quien asume tales prejuicios contra mí. Consta también a este Consejo (2) que cuando esta Comisión Disciplinaria me impuso en Junio de 2009 una sanción de trescientos euros por falta leve, con dos votos a favor incluso del archivo, esta Vocal se descolgó proponiendo contra mí una desmedida sanción por falta muy grave. De igual forma (3) cuando los ubicuos D. Antonio Panea y D. José Luis Mazón propusieron que se me sancionara por haber pedido un permiso para ir a Perú, la Comisión acordó el archivo de semejante denuncia, huérfana de todo sentido, aunque con el voto en contra de la Vocal Dª Gema Gallego. En cualquier caso, me remito a los archivos de la Comisión Disciplinaria, que el Pleno podrá recabar al amparo del art. 29.3 L.P.A.

Sólo puedo entender esta manifiesta falta de objetividad en la enemistad que me profesaría esta Vocal, a raíz de aquella instrucción penal donde optó por dar la vuelta a mi labor instructora, para verse finalmente desautorizada ella misma por una contundente Sentencia de la Audiencia Provincial. Pero sean cuales fueren sus motivos, es lo cierto que en su labor diaria en la Comisión Disciplinaria esta Vocal no ha mostrado una capacidad de valorar de manera razonable, sensata e imparcial las cuestiones que me afectan, por lo que solicito que se abstenga en la decisión sobre mi situación.

Los querellantes -entre ellos, el propio Correa- denuncian dos tipos de conversaciones grabadas entre los acusados y sus defensores: los pinchazos telefónicos y las grabaciones cuando hablaron con ellos en la cárcel; unas pruebas que consideran inválidas y con las que pretenden anular toda la investigación por la puerta de atrás del defecto de forma. Esto explica la Fiscalía sobre las escuchas telefónicas:

El secreto profesional que protege a las relaciones de los abogados con sus clientes, puede, en circunstancias excepcionales, ser interferido por decisiones judiciales que acuerden la intervención telefónica de los aparatos instalados en sus despachos profesionales. Es evidente que la medida reviste una incuestionable gravedad y tiene que ser ponderada cuidadosamente por el órgano judicial que la acuerda, debiendo limitarse a aquellos supuestos en los que existe una constancia, suficientemente contrastada, de que el abogado ha podido desbordar sus obligaciones y responsabilidades profesionales integrándose en la actividad delictiva, como uno de sus elementos componentes.

En el caso que nos ocupa, no se ha producido la intervención telefónica de ningún teléfono de profesionales de la abogacía. Lo que ha sucedido es que, a través de la interceptación de varios teléfonos de sospechosos, se graban conversaciones realizadas al parecer con letrados encargados de su asesoramiento legal. En esta circunstancia el secreto profesional no puede actuar con la misma energía y firmeza que se produce, cuando es el cliente el que acude al despacho del abogado y en ese momento, tiene lugar la interceptación de la conversación, sin causa o fundamento que la justifique. El letrado que utiliza su teléfono para comunicarse con sus clientes que lo tienen intervenido, no puede pretender un trato privilegiado que extienda el secreto a estos extremos. La valoración del contenido de las conversaciones deberá ser utilizado cautelosamente por el órgano juzgador, pero en ningún caso se puede declarar la nulidad de su contenido.

Por lo expuesto, todos los motivos que se refieren a la nulidad de las escuchas telefónicas deben ser desestimados.

La argumentación jurídica sobre por qué se puede escuchar con orden judicial a un abogado cuando habla con su cliente en una visita en la cárcel es algo más extensa y, por tanto, mucho más difícil de resumir. Tal y como explica el fiscal, hay una regulación específica un tanto confusa para las autoridades administrativas -para los carceleros, para que se entienda- y otra genérica para los jueces, que sí pueden pinchar las conversaciones entre un abogado y su defendido, aunque están obligados a justificarlo muy bien. Intento un extracto aclarador, aunque recomiendo la lectura completa del documento, que tampoco es tan largo y ayuda a entender muy bien el tema

Aunque el régimen general de estas intervenciones no provoca ninguna dificultad interpretativa, la cuestión se ha presentado, sin embargo, más polémica en lo que se refiere a la intervención de las comunicaciones de los internos con sus abogados, pues esa medida, conforme al art. 51.2 LOGP, sólo puede adoptarse “por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”, lo que por su ambigüedad sintáctica permite extender o reducir el ámbito de aplicación del precepto según la locución se entienda formulada en términos alternativos o acumulativos.

En efecto, la STC 183/1994 se limita a declarar que “el art. 51.2 de la L.O.G.P. autoriza únicamente a la autoridad judicial para suspender o intervenir, de manera motivada y proporcionada, las comunicaciones del interno con su Abogado sin que autorice en ningún caso a la Administración Penitenciaria para interferir esas comunicaciones”. Lo que el Tribunal Constitucional declara es que la posibilidad de intervenir las comunicaciones de un interno con su letrado no puede dejarse en manos exclusivas de la autoridad administrativa —el director del centro— sino que esa medida, por la entidad del derecho afectado —el derecho de defensa— requiere previa autorización judicial.

(…) Más claro si cabe en este punto resulta el ATS de 10 de diciembre de 1999 (Puerta Luis), según el cual, “la intervención de las comunicaciones acordada por el Director de un centro penitenciario del art. 51 de la LOGP no guarda relación alguna con las intervenciones que se pueden acordar al amparo del art. 579 de la LECr”.

(…) De lo expuesto se colige que cuando la intervención de las comunicaciones de un interno tenga por finalidad la investigación de un delito podrá acudirse a la norma del art. 579 LECr, sin que proceda hacer distinción por razón del destinatario de la comunicación —abogado o no— ni de la naturaleza del delito —terrorismo o no—, pues el art. 51.2 LOGP contemplado desde la perspectiva limitada del régimen penitenciario nada puede disponer —y no lo hace— contra la aplicación de la ley procesal penal. El Juez de Instrucción podrá acordar la intervención de las comunicaciones en la investigación de cualquier delito sobre la base del art. 579 LECr con tal de que en su resolución exprese el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

Mas resumido: se puede escuchar a un abogado hablar con su defendido siempre que lo ordene un juez, y no sólo en casos de terrorismo; no es algo extraño ni que se haya inventado Garzón, sino que existe jurisprudencia de sobra que sigue ese criterio. Es más fácil de entender con un ejemplo, y hay casos a decenas. Uno reciente: el de la investigación del asesinato de Marta del Castillo. Cito otra vez el recurso del fiscal:

No menos conocido por su triste actualidad es el caso de la investigación seguida por el asesinato y violación de la joven Marta del Castillo que ha dado lugar a las D.P. nº 746/09 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Sevilla. La necesidad de progresar en la causa para, según la literalidad de la resolución, “el esclarecimiento de los hechos, nivel de la implicación en ellos de los ya imputados y, en su caso, de terceras personas, y el hallazgo del cuerpo de la menor” determinó que el Instructor con base en lo dispuesto en el art. 579.3º LECr acordase por Auto de 3 de marzo de 2009 la “intervención, grabación y escucha de las comunicaciones que M.C.D, S.B.P y F.J.D.M. mantengan en los Centros Penitenciarios en que los mismos permanecen o permanezcan recluidos, tanto telefónicas como de locutorio” (negrita en el original). Dado que en ejecución de lo acordado se grabaron las comunicaciones de los internos con sus letrados, la defensa de un imputado interesó la nulidad de esa resolución por entender comprometido el derecho de defensa. La petición fue desestimada por Auto de 24 de julio de 2009, que declara a este respecto: “…el auto de 3 de marzo no acordó expresamente la intervención u observación de las conversaciones Abogado-cliente por más que fueran también grabadas como consecuencia de no haber sido excluidas y no se desconoce que no sería utilizable contra los reos el contenido de esas comunicaciones con sus Abogados excepto en lo atinente al hallazgo o localización del cuerpo de la víctima”. Es decir, que en la intervención de las comunicaciones del imputado el Juez no tiene por qué excluir a limine las que éste mantenga con su abogado, sin perjuicio de que después deba desechar las de esa clase que no interesen al objeto concreto de la investigación, en este caso el hallazgo del cadáver. Por el contrario, es lícito aportar a la causa la grabación de las comunicaciones del imputado con su abogado si las mismas revelan dónde se puede localizar el cuerpo de la víctima, nada menos que la confesión al abogado de las circunstancias en que se deshizo del cuerpo del delito —revelación a la postre no efectuada— con toda la carga incriminadora que ello puede conllevar. Algo similar es lo que ha acontecido en la presente causa: se han intervenido temporalmente las comunicaciones de tres imputados internos en un centro penitenciario incluyendo a sus abogados como medida dirigida especialmente a la investigación del delito de blanqueo de capitales que aquéllos planeaban y ejecutaban organizadamente desde la prisión.

Y ¿por qué se grababan las conversaciones entre los abogados y sus clientes? Para el fiscal es sencillo de explicar: para investigar un delito que se producía, precisamente, durante esas conversaciones, en las que Correa daba instrucciones a sus abogados para mover su dinero en los paraísos fiscales.

La intervención de las comunicaciones ordenada por las resoluciones que se recurren era una medida objetivamente necesaria para la investigación de los hechos y proporcionada a la gravedad de éstos, debiendo tenerse en cuenta que la misma iba encaminada especialmente a investigar el delito de blanqueo de capitales que, según sólidos indicios, los imputados seguían cometiendo desde el establecimiento penitenciario en el que se encontraban internos. Nada que ver, como se alega, con el deseo de descubrir las estrategias de defensa de los imputados, sino con la obligación de investigar y perseguir nuevos actos de ocultación y desviación de efectos delictivos situados fuera del alcance de la jurisdicción española en detrimento de lo dispuesto en el art. 503.2 LECr, que precisamente justifica la prisión provisional por la necesidad de evitar que los imputados puedan cometer nuevos delitos.

Salvo para el Gobierno, que ya tiene costumbre, es difícil ser optimista sobre la evolución económica cuando las estadísticas del desempleo recuerdan cada mes que el INEM se aproxima en número de habitantes al de Madrid y su área metropolitana. El paro es una losa para Zapatero, pero también ha empezado a serlo para el conjunto de la clase política, a la que la ciudadanía exige algún tipo de iniciativa conjunta por mínima que sea. En eso están teóricamente los grupos políticos, a los que la troika monclovita entregó el lunes sus propuestas de consenso que, como los diez mandamientos, pueden resumirse en dos: ayudar a la construcción y remedar una suerte de banca pública para que los créditos del ICO lleguen directamente a las empresas. Aunque tardías, son dos medidas acertadas.

Más en Tierra de nadie

“[La declaración de Camps es] normal [porque] cuanto más tiempo lleva uno al servicio público de los ciudadanos, más dinero pierde”

Rafael Blasco, portavoz del PP en las Corts.

Salomé García: “Blanco (que mientras más peso político gana, más delgado luce) se prodigó un buen rato con la prensa en el pasillo. El que está poniendo en su sitio a los controladores aéreos se mostró dispuesto a protagonizar la comisión anunciada por Zapatero para pactar medidas concretas que mejoren la productividad. La integran también la vicepresidenta Salgado y el ministro Sebastián, pero ya está claro que será Blanco el que llevará la voz cantante.” Más en Público.es

Fernando Garea: Del debate queda la duda de si esta vez Zapatero llevará adelante y concretará su oferta de pacto; la sorpresa por la increíble salida de Rajoy con un llamamiento a la rebelión de los diputados del PSOE y el triunfo de Duran con tono de estadista.
Ridao y Erkoreka más descolocados que en otras ocasiones. Y la sensación de que, una vez más, Rajoy ha perdido un debate sobre economía aunque las cifras negativas le son favorables.
Zapatero respira. Sin propuestas nuevas ni autocrítica, pero respira. Es como si Rajoy quisiera ser líder del PSOE, sin terminar de serlo del PP. Más en ElPaís.com

“¿Ahora vamos a comentar conversaciones privadas? ¿Estamos en un Estado policial?”

Esperanza Aguirre, presidenta de un gobierno que tiene imputado a su ex director general de Seguridad y a tres de sus asesores por espiar a sus rivales políticos.

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“La Ley en un Estado de Derecho es igual para todos y en consecuencia nadie puede burlarla”

Federico Trillo, el ex ministro de Defensa del Yak.

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“Jorge Alarte Es el autor intelectual de un ataque a gente inocente” (…) “Si tuviera un mínimo de dignidad política tendrían que presentar su dimisión de forma inmediata”.

Antonio Clemente, número 2 de PP de Valencia, pide la dimisión del líder de los socialistas valencianos después de que hasta el Tribunal Superior de Justicia de Valencia -que preside el más que amigo de Camps, Juan Luis De la Rua– detecte en la financiación del PP “hechos de posible significación delictiva que hay que investigar”.

“Y qué, ¿cómo te va?”, pregunta Leguina, ya en el café. Y su interlocutor le cuenta que bien, que entretenido, que ayudando en lo que puede. “¡Qué suerte tienen algunos!”, se queja el ex presidente de la Comunidad de Madrid, y la conversación pronto deja de ser amable para convertirse en una larga lista de agravios de Leguina. “¡Este niñato!”, dice de Zapatero, “¡Que no se deja aconsejar ni aprovecha lo bueno que tiene el partido!”. Su compañero de café, según cuenta un tercero que supo de aquella de charla, opta por templar la discusión: “Hombre, Joaquín, que ahora les toca a ellos”. “¡Tonterías!”, responde Leguina: “Los buenos éramos nosotros, éstos no tienen ni idea, ¡ni idea!”.

Más en Estrella Digital

Pese a que aún faltan 15 meses para las elecciones autonómicas y municipales (se celebrarán el último domingo de mayo de 2011), en los estados mayores de los partidos ya andan, encuesta en mano, haciendo cábalas de lo que les puede pasar.

En el PSOE preocupa la posibilidad de perder el gobierno en Castilla-La Mancha y en Aragón. También en Cataluña, que celebra elecciones antes, este otoño, y en Andalucía, que previsiblemente las tendrá en marzo de 2012, coincideindo con las generales.

En el PP preocupa la Comunidad de Madrid. Dirigentes del partido del ámbito de Gallardón cuentan que hay encuestas que dicen que Esperanza Aguirre puede perder la mayoría absoluta. No porque los socialistas aumenten votos y escaños, que no aumentarían, sino por la irrupción con mucha fuerza en la Asamblea regional de UPyD, el partido de Rosa Díez.

Más en Que paren las máquinas

-A veces da la sensación de que el PP está en la estrategia de no concretar nada para evitar el riesgo de meter la pata.
-Ese es un estereotipo que se ha creado y que a algunos les interesa mantener, pero el PP ha presentado en más de dos y tres ocasiones un auténtico programa de Gobierno económico muy ambicioso, lo ha hecho en el Congreso y lo va a volver a hacer la semana que viene. Planteamos propuestas que el PSOE niega reiteradamente, pero lo que no se puede es trasladar la responsabilidad del Gobierno a la oposición.
-¿Cuando hablamos de reforma laboral, a qué se refiere exactamente el PP?
-A una reforma que de verdad incentive la contratación indefinida.
-Y eso ¿cómo se hace?
-Siendo impulsor de un acuerdo sindicatos-empresarios y proponiendo nuevas fórmulas que pueden tener distintos tipos de cobertura de las prestaciones sociales.
-¿Irían a un único modelo de contrato?
-Habrá que buscar fórmulas nuevas y ver por sectores de población. Hay que pactarlo, pero no tiene por qué ser un único modelo.

María Dolores de Cospedal en ABC. “Nuevas fórmulas” para “incentivar la contratación”, aunque “no tiene por qué ser un único modelo”. Me ha quedado clarísimo.

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Sobre el pacto de Estado por la economía: “Pactar ahora sería traicionar a nuestro país”.

Más en Estrella Digital

Intenté levantarme, pero no me pude ni siquiera mover, porque resultaba que, echado boca arriba como había quedado, me encontré con que mis piernas y brazos estaban fuertemente sujetos al suelo a ambos lados; de la misma manera tenía atados mis cabellos, cuan largos y abundantes eran, y asimismo noté cómo varias ligeras ataduras cruzaban mi cuerpo desde las axilas hasta los muslos. Yo no podía mirar más que hacia arriba, y la luz del sol, que comenzaba a apretar, no me dejaba abrir los ojos”.

Este pasaje de Los viajes de Gulliver resulta evocador de la situación en la que se ha despertado José Luis Rodríguez Zapatero, atrapado en el dilema de ser pisoteado por el gigante de los mercados o acribillado por la multitud de diminutos seres que componen su electorado. El intento de levantarse sin romper ninguna de las ataduras es prácticamente imposible, porque mercado y votantes de izquierda representan intereses distintos y contradictorios, de modo que se traduce en movimientos compulsivos que transmiten la peor imagen posible de un gobernante: la de la confusión.

Más en Público

Se puede estar harto de Zapatero y de sus cejas y hasta se puede pensar que el país iría mejor gobernado por un ingenio de Apple con pantalla táctil, pero lo que estamos viviendo en estos días trasciende al Ejecutivo, a su política económica y a su presidente. Tiempo habrá de que los electores pongan a cada cual en su sitio; entre tanto sería bueno que no perdiéramos de vista que nos enfrentamos a un ataque organizado de especuladores, esos tiburones con los que íbamos a acabar en cuanto tuviéramos tiempo para refundar el capitalismo. No se trata, por tanto, de defender al Gobierno sino al Estado.

Hay que empezar por proclamar lo evidente; esto es, que España no es Grecia ni Portugal, que habremos perdido de vista el cogote de Francia y quizás ya ni siquiera seamos la octava potencia del mundo o la novena. Pese a ello, ni estamos en bancarrota ni amenazamos ruina, como algunos sectores interesados se han encargado de propalar a los cuatro vientos. El Gobierno ha cometido muchas torpezas y ha contribuido de manera importante a socavar la credibilidad del país, aunque no es el único culpable del clima actual.

Más en El Confidencial

Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?

Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en “nuestra cultura”. Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos (…) Pero las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una “mala cultura” o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo.

Más en El País

Esperanza Aguirre: “Yo creo que serán indubitativos porque no hemos nombrado más que a Carmen (se ríe), Javier López Madrid, Arturo y Mercedes”.

No me extraña que se ría. La Carmen de la que habla Esperanza Aguirre es Carmen Cafranga Cavestany. Es la socia de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, en la empresa Subastas Segre. Cafranga es amiga íntima de Ana Botella. En esta sociedad, que gestionan directamente Cavero y Cafranga, puso dinero otra amiga de Botella: Concha Tallada, la ex mujer del ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga. Las hermanas de Lourdes Cavero, cuñadas de Ignacio González, también invirtieron en una segunda ronda de accionistas de la sociedad.

Según publicó la Cadena SER hace un año, el gobierno de Aguirre ha adjudicado más de dos millones de euros en contratos y subvenciones a diversas empresas de Carmen Cafranga y a una fundación que preside. Más allá de estas sociedades y de sus excelentes relaciones personales, a Carmen no se le conoce otra formación financiera, excepto que fue jugadora profesional de bridge. Para ese mismo puesto en el consejo de Caja Madrid, Rato había propuesto al ex consejero delegado de Banesto, Federico Outon. Pero Aguirre ganó la batalla por la profesionalización de la caja y Carmen (risas) se quedó con el sillón.

Más en Estrella Digital

En un para de días, el INE nos ha descrito dos apocalipsis sucesivos. El primero es la profecía de que el país se convertirá en un geriátrico de aquí al 2050, motivo por el cual el Gobierno ha tardado un par de minutos en anunciar la prolongación de la edad de jubilación hasta los 67 años, para que luego digan que no actúa con rapidez; el segundo armagedón han sido las cifras la Encuesta de Población Activa, que estima en 1.118.600 personas las víctimas del seísmo del desempleo en 2009, año que se cierra con un total de 4.326.500 parados. Por buscar algo positivo en el desastre al que nos enfrentamos podría afirmarse que el envejecimiento será tan intenso y los nacimientos tan menguantes que el problema del paro terminará por resolverse solo.

Más en Tierra de nadie

“Hemos tenido la inmensa suerte de darle un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta. ¡Eh!”.

Esperanza Aguirre comenta con su vicepresidente, Ignacio González, los nuevos nombramientos en Caja Madrid ante un micrófono inesperadamene abierto. Se refiere a un puesto en el consejo que ha perdido el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. La conversación íntegra es un ejemplo de lo bien avenidos que están en el PP, de lo apropiada que es la sanción a Cobo “por insultar” y también sobre qué entiende la liberal Esperanza por gestionar una caja con criterios estrictamente profesionales.

El PP se ha quitado la careta. Ha dudado una semana, pero al final se ha lanzado sin complejos a por los votos de la xenofobia. Contra el inmigrante se vive mejor, han concluido los estrategas conservadores, conscientes de que su electorado -especialmente el de Catalunya, donde más próximas están las elecciones- compra mejor la tesis del ultra Anglada (Plataforma per Catalunya) que otras más respetuosas con los derechos humanos y la Constitución española que los protege. Con las cosas de comer no se juega y los de Rajoy, al grito de aquí no cabemos todos, ya se han puesto manos a la obra para calentar la oreja a quienes temen que los de fuera les resten servicios sociales. El caso es más sangrante en Catalunya, donde muchos de esos ahora partidarios de la mano dura contra el extranjero eran foráneos en esa tierra hace poco más de una generación. Qué selectiva es la memoria.

Los de Rajoy han pasado en una semana de criticar al Ayuntamiento de Vic y su restricción de empadronamiento a inmigrantes a aplaudir la idea y empezar a darle forma para incluirla en su próximo programa electoral. Han tardado lo justo para darse cuenta de que al intentar atacar al nacionalismo catalán (en Vic gobierna CiU y en esto del padrón lo apoyaban PSC y ERC) estaban poniendo bombas en su propia ideología (el gobierno de Torrejón de Ardoz sólo tiene nacionalismo del que tolera el PP, el español).

Esta mañana Soraya Sáenz de Santamaría ha desempolvado el contrato de integración ofrecido por los populares durante la campaña electoral de 2008 y escondido desde entonces en un cajón. Ni siquiera en el último debate sobre la reforma de Ley de Extranjería, hace poco más de un mes, se atrevió el PP a sacarlo de nuevo a la palestra.

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Sonsoles, Alba y Laura tienen la última palabra en la sucesión de Zapatero. Se quieren ir.

Que los Zapatero-Espinosa son una familia unida es un hecho conocido. Por si quedaba alguna duda, así se lo dijo claramente el presidente del Gobierno a Javier Moreno en la entrevista de cuatro páginas que “El País” publicó el domingo. Hablando de la sucesión y de si Zapatero se volverá a presentar por tercera vez -el melón no se abrirá hasta julio, al final de la presidencia española de la UE- el presidente dijo que la decisión es de él y de sus compañeros, pero también de su familia. “Todo el mundo sabe que mi familia es muy importante en las decisiones”.
Una frase que va a resultar clave para el futuro y que traducida a la vida cotidiana, significa que Sonsoles Espinosa, segunda dama de este país, tendrá mucho que decir en la decisión de ZP. Y por supuesto, sus hijas.

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Llama la atención el silencio de la Generalitat con lo que pasa en Vic.

¿Y qué pasa en Vic?

Que el Ayuntamiento no quiere empadronar a sin papeles para aplacar a una formación xenófoba.

Estamos hablando de una orden administrativa interna del Ayuntamiento, en estudio y que no está aún aprobada. Yo no especularé. Sí tengo claro que la ley es igual para todos y debe cumplirse también en Vic.

El alcalde de CiU, que tiene como socios a PSC y ERC, ha sido claro: restringirá el padrón.

No es esa mi información y no quiero especular. Se aplicarán las leyes vigentes. Están para eso, y los primeros que deben hacerlo son las administraciones. Los municipios tienen autonomía pero, como todos, si no aplican la ley, puede actuar la Justicia.

Parece que quiere huir del tema

Si el tema se plantea, lo hablaremos. El modelo catalán de convivencia es muy sólido y Vic es una ciudad que ha hecho una política de integración ejemplar. Yo lo que no quiero es especular sobre una norma de Vic que el municipio todavía ni ha aplicado.

Se ha hecho esperar pero, finalmente, el debate sobre la inmigración ha irrumpido en plena crisis a cuenta de la decisión del Ayuntamiento de Vic de exigir a los foráneos los mismos requisitos para el empadronamiento en el municipio que para la entrada en el país. Se trata de una forma elegante de dar a los extranjeros indocumentados con la puerta en las narices, ya que la inclusión en el censo es clave no sólo para conseguir ulteriormente el permiso de residencia o de trabajo sino también para acceder a la sanidad, la educación y otros servicios sociales. En Vic hay muchos inmigrantes –un cuarto de la población es extranjera- y un partido de ultraderecha que amenaza con mandar a la oposición a la coalición gobernante de CiU, PSC y Esquerra. Para evitarlo, el insólito tripartito se ha aprestado a copiar sus métodos para enseñar al tal Anglada, que así se llama su rival, que de xenofobia saben lo suficiente como para no admitir lecciones.

Como es bien conocido, este país no es racista ni xenófobo y se conmueve mucho con las hambrunas de Etiopía y con las desgracias de esos negros de Haití a los que se les ha caído la chabola encima, sencillamente, se les ha tragado la tierra. De hecho, hasta nos parece bien que alguno haya venido a cuidarnos a la abuela por un sueldo módico, que no estamos para dispendios, siempre y cuando cotice a la Seguridad Social, no nos colapse las Urgencias y no se quede para su hijo las becas comedor del nuestro, que habrá nacido aquí pero por su cara bien podría haberlo hecho en Quito. Los de fuera nos caen bien si son pocos y no nos ponen la radio a lo que da con la última de Carlos Vives.

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