Estas pruebas caligráficas son fundamentales para el desarrollo de este caso, pues si se confirma que la letra es de Pinto o de Palomo, la autoría del espionaje quedaría clara. También probaría de forma incontestable la relación directa entre el espionaje a los rivales políticos de Esperanza Aguirre y la Consejería de Interior, que gestiona el número tres del Gobierno autonómico, Francisco Granados.

Más en Estrella Digital

El primer paso lo dio la Fiscalía, que vio indicios de delito y permitió la investigación. El segundo lo impulsó la juez de instrucción Carmen Valcarce, que abrió diligencias ante un posible delito de malversación de fondos públicos. El tercero llegó en mayo, cuando la juez solicitó a Telefónica que proporcionase “el posicionamiento” de los móviles que usaron los supuestos espías para ver si, en efecto, estaban en el mismo sitio y a la misma hora que los espiados. El cuarto paso, tras ver los informes de Telefónica, lo ha dado otra vez Valcarce, que ha decidido imputar a tres asesores de la Consejería de Interior por malversación de fondos públicos. Los tres imputados son tres ex guardias civiles nombrados a dedo por Francisco Granados, el consejero de Interior. Casualmente, los tres trabajaban en el cuartel de Valdemoro cuando Granados era el alcalde de la localidad.

Pero los pasos más preocupantes están aún por llegar. Tras estos tres imputados, es probable que la juez llame a declarar a los otros cinco supuestos espías. El sexto paso será una prueba caligráfica para comprobar si de la mano de estos señores, como parece, salieron los partes del espionaje. Pero con los pasos de baile que ya llevamos, debería sobrar para que alguien dimitiese. Si Granados no se va ya, y luego hay una condena, la responsable será aquella que puso la mano en el fuego. Y no quiero señalar.

Las Fallas, como casi todas las fiestas, nacieron como una celebración pagana, la del gremio de los carpinteros, que una vez al año limpiaban a fondo sus talleres y quemaban los despojos en grandes hogueras. A uno de ellos, un visionario, se le ocurrió vestir con ropa a una de las piezas y colgarle un cartel irónico. Y así, de la sátira, del deseo de la hoguera, nació la tradición. Más tarde, algún obispo, algún Borja, cuadró el santoral y pasó la noche de las hogueras a la noche del 19, al día de San José, patrón de los carpinteros.

El ninot indultat es un invento moderno: de 1934. Desde esa fecha, cada año hay un muñeco que se salva de la quema, que sobrevive a la nit de la cremá para pasar a la historia. Es uno, sólo uno, y se libra del fuego por votación popular. El ganador oficial de este año se llama “queridas mascotas” y es una niña vestida de fallera que juega con un perro, su mascota. El ganador extraoficial va vestido de Milano, con ceñidor italiano, y es un presidente autonómico imputado por aceptar sobornos. No ha sido la votación popular sino su mascota, Mariano Rajoy, quien le ha salvado de la quema, aunque su indulto dista mucho de durar para toda la historia.

De todos los argumentos que ha usado la derecha política y mediática para defender a Francisco Camps desde que Garzón enseñó algunas de sus cartas, desde que el famoso sastre explicó su historia, el más tramposo es el del precio. Un presidente autonómico no se vendería por algo tan barato, por sólo 12.783 euros en trajes y chalecos de fantasía, repiten sus defensores. Camps no es tan tonto como para dejarse comprar por tres trapos cuando además los trajes le podrían salir gratis igual como gastos de protocolo, dicen ahora los mismos que en su día criminalizaron a Pilar Miró. ¿A quién vas a creer? ¿A un sastre que ni siquiera es sastre o a todo un presidente autonómico, con su camisita y su canesú?, repiten desesperados.

Busquemos guía y luz en el marxismo, en los hermanos Marx. Preguntaba Groucho en uno de sus diálogos más celebrados: “Señorita, ¿se acostaría usted conmigo por un millón de dólares?. “Por supuesto”, respondía ella. “¿Y por un dolar”, repreguntaba Groucho. “Qué se cree usted que soy”, contestaba la dama, ofendida. “Eso ya ha quedado claro con la primera pregunta, ahora estamos negociando el precio”.

“Putos no faltan, lo que faltan son financistas”, decía Ricardo Darín en la genial Nueve Reinas. “No hay santos, lo que hay son tarifas diferentes”, recalcaba en la misma escena Darín haciendo una versión argentina de un dicho universal: todo el mundo tiene un precio. ¿Lo tiene Camps?

De demostrarse las gravísimas acusaciones que se le imputan, que su precio fuese popular, a la medida de todos los corruptos –tarifa Dacia Logan, no Jaguar V8– sería un agravante, no un eximente político: todo el mundo tiene un precio y el de Camps es de sólo 12.783 euros. Todo el mundo tiene un precio y el del presidente de la Generalitat valenciana sería tan barato que a saber qué no haría si la propuesta indecente fuese mayor. Todo el mundo tiene un precio y los había en Valencia que pasaban factura al Ministerio de Trabajo hasta de los chicles Trident. De las facturas de los trajes de Camps, sin embargo, nada se sabe.

El president de la Generalitat, que lleva semanas esquivando las preguntas de los periodistas, no sólo no aclara nada, no explica si pagó o no pagó esos trajes, sino que obliga con ello a la pobre Soraya Sáenz de Santamaría a elucubrar magistrales teorías económicas sobre la vida y la moneda. “Hay cosas que se pagan en metálico, cosas que se pagan con tarjeta, con transferencia… ¡es la vida misma!”, dice la mala Soraya, que no concreta a cuál de los tres subconjuntos de la vida misma pertenecen los 12.783 euros de Camps. Como dice otro presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, “si se probase que esos trajes se los han regalado sería terrible: quién coge poco, coge mucho”.

Mientras la Justicia aclara si Camps tiene una tarifa alta, baja o inexistente, el precio político que ha pagado Rajoy con su indulto resulta evidente. Por parecidas imputaciones, el PP ha suspendido de militancia o ha obligado a dimitir a la mayoría de los acusados por Garzón. A todos menos a dos: a Camps y a su número dos, el hermano de Kennedy, Ricardo Costa. Rajoy cubre así, con lealtad a la medida, las deudas de su segunda mili: el crucial apoyo de Camps cuando la lideresa amagó con asaltar el congreso de Valencia.

El indulto a Camps no le sale barato a Rajoy: no sólo liga su imagen política a la de un maniquí que puede acabar condenado por su buena percha, sino que también le ha obligado a ser igual de magnánimo con otros a los que no deseaba perdonar. De la misma nit de la cremá han salido indultados otros ninots de cara menos amable para el PP de Génova: los muñecos de la corte de Aguirre. Rajoy ha aprovechado el puente madrileño de San José –con festivalidad y alevosía– para dar carpetazo a la investigación interna sobre el espionaje en la villa y corte.

En Génova, más que por los anacletos, se muestran preocupados por las sombras de corrupción que manchan el gobierno de Aguirre: de la mansión de Granados al profesor de pádel de Ignacio González. En Madrid, donde la policía judicial no descansa, inquieta que la Operación Gürtel crezca aún más y el incendio suba a las plantas donde se pisa moqueta. Es lo malo del fuego: una vez encendida, la hoguera es muy difícil de frenar.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona” (…) “Ha quedado acreditado que los supuestos partes de seguimiento, origen de los trabajos de esta Comisión, ni son documentos de la Consejería ni tan siquiera se corresponde en muchos casos con las agenda oficiales que están a disposición de cualquier ciudadano en Internet” (…) “los supuestos partes carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración por parte de profesionales de la seguridad con décadas de experiencia que así lo han atestiguado” (…) “Pretender edificar sobre unas anotaciones sin firma ni membrete y con un contenido inane una acusación tan grave como la que se ha realizado constituye una irresponsabilidad, agravada por la inexactitud de su contenido, que impide dar verosimilitud a su conjunto”

Dispérsense, aquí no hay nada más que ver.

Prada llegó tres horas más tarde al pleno, pero llegó. Se sentó en su escaño a las siete de la tarde, después de una larga reunión con Mariano Rajoy a cuenta, precisamente, del carpetazo al caso de espionaje. Aguirre se había comprometido con Rajoy a abrir una comisión en la Asamblea de Madrid a cambio de que el PP nacional parase la investigación interna que había iniciado el partido. Pero esa comisión, en la que nadie había puesto tampoco muchas esperanzas, ha resultado ser aún peor de lo poco previsto: un paripé, una burla, una comedia tan mala que Esperanza Aguirre la aguantó sólo tres días en cartel, y al cuarto la clausuró. El PP de Madrid no sólo bloqueó la mayoría de las peticiones de documentación de la oposición, sino que también impidió que declarasen ante ella los principales afectados: los espiados. Ni Alfredo Prada ni el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ni la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores han podido testificar. Ni siquiera Ignacio González, el único espiado que el PP de Madrid reconoce como tal, declaró en ella.

La conversación entre Alfredo Prada y Mariano Rajoy, a solas en el despacho del presidente del PP, fue larga. Tenían cosas de que hablar. Rajoy le transmitió su apoyo y respaldo ante lo ocurrido, ante la persecución que está sufriendo por parte de sus supuestos compañeros de partido en Madrid. Prada se ha reafirmado en público sobre la veracidad de los partes del espionaje que le atañen, tendrá que enfrentarse el miércoles 18 a una decisión difícil en el pleno de la Asamblea de Madrid: qué votar sobre las conclusiones de la comisión de investigación, un aparente trámite cuyo marcador final admite apuestas; podría haber sorpresas.

Prada el jueves tendrá tres opciones. Votar sí, lo que supondría admitir unas conclusiones que le calificarán implícitamente como mentiroso, pues el PP pretende negar que ese espionaje haya siquiera existido. Votar no, lo que implicaría saltarse la disciplina de voto y abrir una nueva batalla interna. O no acudir al pleno ese día con cualquier excusa. La misma difícil decisión atenaza también a Carmen Rodríguez Flores, la otra espiada que se sienta en la bancada popular en la Asamblea. Rodríguez Flores protagonizó el 12 de febrero una tensa reunión interna del grupo popular en la Asamblea, en la que exigió a Aguirre que le ayudase a descubrir quién le había espiado. Ahora se siente decepcionada y, según parlamentarios cercanos a ella, parece estar dispuesta a votar no. Pronto se verá.

Lo que todos en el PP dan por seguro, tanto en Génova como en la Comunidad de Madrid, es que Mariano Rajoy no reabrirá esa investigación interna, que seguirá suspendida en el limbo de los justos. Su raquítico apoyo mediático no le deja mucho más margen, pues los medios que marcan la opinión entre sus votantes están cada vez más entregados a la lideresa. Sólo si Gallardón insiste mucho, la comisión interna tendría alguna posibilidad de revivir, y ni aún así. Los marianistas justifican la probable decisión de Rajoy argumentando que ahora no es el momento para otra guerra interna, que hay que mirar al futuro, a las europeas. Y la paz en el mundo.

Rajoy también tiene otra excusa: que el caso está aún en manos de la Justicia, pues existe una denuncia de Alfredo Prada y otra de Manuel Cobo en los tribunales, que está investigando el fiscal de Madrid, Manuel Moix. Alguno de los espiados no descarta incluso elevar el tono de su respuesta judicial y pasar de la denuncia a la querella criminal.

Más allá de las europeas, de la coartada judicial y de su natural pacífico, Mariano Rajoy tiene otro buen argumento para esconder el sucio asunto de los espías bajo la alfombra: la investigación de Garzón sobre la Operación Gürtel. En Génova, y más aún en Valencia, preocupa mucho esa segunda declaración del sastre de Francisco Camps, que habló este viernes de nuevo con Garzón. El sastre de Milano, de nombre José Tomás (nada que ver con el torero) se juega el ser o no ser imputado, y en el PP temen que su condición final cuando llegue el juicio sea sólo la de testigo, lo cual implicaría que está colaborando con el juez. El sastre es la clave en la trama de Valencia, pues es él quien puede demostrar que las facturas de los trajes a Camps y otros en su corte corresponden de verdad a sobornos de Correa y sus chicos o si, como cuentan desde el PP valenciano, los trajes en cuestión nunca han existido y las facturas eran falsas, un truco de Correa para defraudar a Hacienda.

En el PP también circula otro rumor sobre el sastre: que podría haber hablado con un medio de comunicación, lo que inquieta casi tanto como su nueva declaración ante Garzón.

Con sastre o sin él, lo que está claro es que Esperanza Aguirre le tiene tomada la medida a Rajoy. En el enésimo duelo al sol, es de nuevo el gallego el que pestañea primero. Si sus enfrentamientos se tuviesen que resolver como en la carrera hacia la muerte de Rebelde sin causa, ésa en las que ambos conductores circulan a toda velocidad en dirección a un acantilado hasta que uno de los dos –el que pierde– echa el freno, el presidente del PP ni siquiera se atrevería a subirse al coche frente a la lideresa kamikaze. Aguirre es capaz de despeñarse con tal de no dar su brazo a torcer. O al menos eso cree Rajoy.

————

Actualización, 15-3-09, 8:05: El temor del PP estaba fundado, el sastre de Camps ha hablado

(…) Aquí se está jugando algo más que una reyerta entre miembros del mismo partido político. Las fuentes más imparciales y fiables confirman lo que el sentido común ya dejaba intuir: los seguimientos y dossiers detectados en el PP tienen una relación más directa que indirecta con la trama de corrupción destapada por el juez Garzón. Lo cual no quiere decir que el dúo “trigo limpio” formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez esté implicado también en el espionaje. La relación entre ambos escándalos radica en lo que mueve los peores instintos del ser humano: la pasta. Los dossiers que han circulado como conclusiones de ciertos seguimientos profesionales (y no de esas persecuciones chapuceras a las que se agarran Aguirre y su consejero Granados) no se centran en líos de faldas ni en asuntos de sexo, por mucho que eso preocupe a algunos personajes que no se pierden una manifestación del Foro de la Familia. La esencia de esas investigaciones apunta a una guerra interna por el manejo de las adjudicaciones de dinero público. Alguien en la dirección del PP madrileño sufrió un ataque de ética política o bien estaba ya muy harto de que siempre fueran los mismos los que decidían los contratos millonarios.

Más en Buzón de voz

Tras investigarse concienzudamente a sí misma y a su entorno por espacio de unos minutos, Esperanza Aguirre ha confirmado que nadie de los suyos espió a los otros, que también eran de los suyos pero recelaban de sus calcetines. No tenía sentido, por tanto, mantener abierta la comisión en la Asamblea de Madrid ni un segundo más. Sus conclusiones determinarán que los culpables son, por este orden, la prensa canalla, los espiados, que mienten más que hablan y, además, afanan portátiles al descuido, y el conde de Romanones, que inspiró a Leguina la creación de un servicio de información que heredó Gallardón y que éste, sin avisar, dejó en activo para que Aguirre pudiera espiar a sus rivales políticos, algo que tras arduas indagaciones se ha demostrado falso.

Más en Merienda de medios

Visto en las noticias de los lectores

Este periódico dispone también de un listado oficial de las llamadas realizadas y recibidas en el teléfono móvil de Prada aquellos días y éstas confirman su estancia en el país. Su celular recibió un mensaje en itinerancia (en el extranjero) a las 9.30 (15.30 en Bangkok). Y a las 10.31 del domingo 16 de marzo, Prada recibió su primera llamada desde España. El operador que la recibe es de Tailandia, como figura en el listado telefónico.

Es decir: una vez espiada la lista de llamadas del consejero, que sólo puede haber filtrado la Comunidad de Madrid, queda demostrado que aquí no se espía. Y el que piense lo contrario es un miserable.

Aguirre ganó en el pulso de las listas, cuando logró sacar del Congreso de los Diputados a su archienemigo Gallardón. Ganó en su envite por el liderazgo, con su “no me resigno” del que salió después sin un rasguño, a pesar de los innumerables feos al presidente del PP. Y parece que ahora ganará otra vez, que será Rajoy de nuevo el que tuerza el brazo.

En Génova no se creen la cortina de humo hábilmente desplegada por El Mundo, al servicio de la lideresa Nixon. Y son los primeros que critican en privado el paripé de esta falsa comisión de investigación, donde ni siquiera los espiados han sido llamados a declarar. Pero los trajes a medida de Camps y los capítulos por llegar de la Operación Gürtel tienen a Rajoy de nuevo a la defensiva. Como en el fútbol: el que sale a empatar, acaba perdiendo.

Los conspiranoicos dirán ahora: “una falsificación más”. Pues no, a no ser que en Miguel Yuste tengan también una máquina del tiempo para manipular los partes con efectos retroactivos. El parte de Chinchón, del que enseña copia El País, está depositado desde hace semanas en la Fiscalía de Madrid, con el resto de las pruebas del espionaje. El Gobierno de Madrid puede acceder a ellos cuando quiera, pero no lo ha hecho, pues no ha querido incorporarlos como prueba documental a ese paripé llamado comisión de investigación que se representa estos días en la Asamblea de Madrid.

Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga.

Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado.

Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.

Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo.

“Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.

“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional.

El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?

————————

Más en Escolar.net sobre la corrupción del PP

Los regalos secretos de Correa
Guerra nuclear en el PP
Comunidad de Madrid: las sumas de todos
Todos los hombres de la presidenta

“Yo no sé qué están intentando ustedes investigar. Someter a investigación lo que se ha hecho durante los Gobiernos anteriores me parece un poco ridículo. El problema no está en las estructuras, ni en cuándo se crean ni en cuándo se refuerzan, el problema es que se les encargue aquello que no deben hacer y además es ilegal, si eso es lo que ha sucedido, que supongo que es lo que tiene que determinar esta comisión y las instancias judiciales.

Estas comparecencias, las de los señores Mayor y Cano y la mía, me parecen un despropósito. Nada tiene que ver la historia de un servicio con que en un momento determinado pueda hacer algo que no debería haber hecho. Es como si cuando ocurrió lo de Luis Roldán [ex director de la Guardia Civil] se hubiera creado una comisión de investigación y hubieran llamado desde al duque de Ahumada [creador de la Guardia Civil en el siglo XIX] a todos los directores generales. Es absurdo. Desde luego, cuando yo fui competente estos técnicos no desarrollaron nada relacionado ni de lejos con espionaje político”.

Pedro Calvo, ex consejero de la Comunidad de Madrid, ayer en la comisión sobre los espías de Madrid.

Su posición es firme: si Aguirre cree que El País mintió con la publicación de los partes de espionaje o con el peritaje caligráfico, debería haber puesto una demanda y también encargar un informe caligráfico propio. “No sé quiénes son los señores Gamón o Pinto”, prosigue Rodríguez Flores. “No sé tampoco a qué departamento pertenecen. Lo único que sé es que he sido espiada y por eso pido el amparo de mi presidenta, ya que hasta el día de hoy no he recibido ni una llamada de apoyo. Algunos compañeros no quieren ni hablar conmigo por si se les espía”. El resto de los diputados guardan silencio; es un mano a mano entre Esperanza Aguirre y Carmen Rodríguez Flores, que no se calla: “Yo siempre hablo claro, nunca he hecho daño a nadie, pero he sido espiada y quiero saber por qué”. Aguirre intenta responder, pero Carmen mantiene la palabra: “Te recuerdo, presidenta, que siempre has hecho gala de defender los derechos de las personas, de defender la libertad y la transparencia, y sólo es eso lo que pido para mí”. Tras varios minutos de discusión, Esperanza Aguirre cede: “Carmen, te aseguro que cuentas con mi ayuda, que aparecerá la persona que te siguió, confía en mí”. El secretario que transcribe la reunión propone, “para agilizar el papeleo”, resumir la discusión entre ambas. Carmen Rodríguez Flores se niega: “Quiero que conste en acta”.

Consta en acta. Carmen Rodríguez Flores, a llamadas de este periodista, no ha querido comentar esta tensa reunión, que sí confirman punto por punto varios diputados del PP de Madrid, un grupo de 67 personas con la espada de Garzón sobre su cabeza. La intervención de la diputada Rodríguez Flores es sólo un ejemplo más del estado de descomposición que sufren todos los liderazgos en el PP, un partido que hoy sólo se puede mirar en el espejo histórico del PSOE post-felipista de Borrell y Almunia. Sí, existe una persecución contra el PP. Pero no la lidera el PSOE ni Garzón, sino las propias facciones internas del propio PP, a las que no les importa bombardear el edificio de Génova con tal de heredar el solar. El caso de los espías, las sospechosas adjudicaciones del Gobierno de Madrid, la corrupción destapada por Garzón o los dosieres cruzados tienen un denominador común: todos ellos han llegado a los juzgados o a la prensa gracias a políticos del PP, por la propia guerra interna, un conflicto nuclear.

Si el escándalo de los espías ya era lo bastante terrible como para que el PP temblase, el terremoto posterior ha resquebrajado todas las torres. “Nadie se atreve a usar su propio teléfono móvil”, asegura una persona del Comité Ejecutivo Nacional: “No hay nadie inmaculado en el PP, a casi todos los que llevamos en esto unos cuantos años nos pueden relacionar con Correa y su gente”. Garzón ha mordido en parte blanda y es difícil que suelte su presa. El jueves pidió un informe a la Fiscalía para ver si puede seguir con parte del caso pese a los aforados.

El juez cazador ha conseguido varios imposibles. El primero: que Pedro J. Ramírez y Mariano Rajoy hagan las paces. El lunes ambos líderes de la derecha comieron juntos en Madrid. El segundo: demostrar una vez más la torpeza política de Mariano Bermejo, al que le falta estética y le sobran monterías. Varios miembros del Gobierno están muy descontentos con la falta de prudencia del ministro de Justicia, que ha entregado en la cacería de Sierra Morena una perfecta metáfora (uno señala, otro dispara) a la que el PP, sin razón, se agarra como un clavo ardiendo. El tercero: unir a la derecha, aunque sea sólo por un rato. Nada como un enemigo exterior para apretar las filas en una foto histórica: por primera vez todos los que son alguien en el PP posaron juntos tras su supuesto líder, de cuerpo presente en el funeral. Por primera vez Esperanza Aguirre no se puso en primera línea. Por primera vez Esteban González Pons, prudente, se colocó en un extremo de la esquela; en ese sitio que no salió en la edición final de la foto que publicaron en portada casi todos los diarios.

Dentro del Congreso de los Diputados, hace semanas que un grupo de parlamentarios del PP trabajan para los idus de marzo, para forzar la dimisión de Mariano Rajoy tras la probable derrota en Galicia y País Vasco. Pero la investigación de Garzón ha cambiado el paso de la revuelta permanente contra Rajoy. Aunque el líder del PP está “escandalizado” por el nivel de golferío que asoma, la corrupción en Madrid y Valencia le ha obligado a posponer el ajuste de cuentas interno hasta después de las urnas. En Génova, a pesar de los escándalos de los cabezas de lista de Ourense y A Coruña, aún creen que con Feijoo es posible. En el PSOE, que está elaborando una encuesta diaria con 800 llamadas telefónicas, no las tienen todas consigo. “La corrupción nos perjudica siempre, aunque no seamos nosotros los corruptos”, dicen desde la dirección del PSOE: “Nuestro votante es mucho más sensible que el del PP a este tipo de casos y corremos el riesgo de que se quede en casa con el argumento de que son todos iguales”. Según sus encuestas, la victoria de la izquierda en Galicia está en apenas dos escaños, un margen muy escaso como para vender ya la piel del oso. Y si el PP recupera Galicia, a Rajoy no le caza ni Garzón.

Pero si cae Rajoy, ¿después qué? La guerra está siendo tan cruenta que todos están heridos. Esperanza Aguirre tiene hoy más posibilidades de acabar jurando en un juzgado que en La Moncloa. Lo mismo le pasa a Camps. Gallardón está saliendo tan limpio del barro que es como para sospechar y Rato está demasiado preocupado por sus negocios. ¿Y Aznar? También preocupado por sus negocios, y por su yerno. Las fotos de la boda de su hija son las únicas de la historia de El Escorial que han pasado, en apenas siete años, del papel cuché del Hola a las hojas amarillentas de un sumario de la Fiscalía Anticorrupción.

2- La ausencia de López Viejo es la más la más evidente, pero podría no ser la única. Es posible que otros nombres, que más adelante aparezcan en el caso, aún no salgan a la luz por su condición de aforados. Ése podría ser el caso de Francisco Granados –ayer ElConfidencial.com publicó que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, pero después la Fiscalía lo desmintió–. O también el del presidente de la comisión de investigación sobre los espías, el diputado del PP Benjamín Martín Vasco, que también aparece en las cintas de los pinchazos telefónicos de la Fiscalía. ¡Con razón cambian tanto de móvil en la Puerta del Sol!

3- Pero lo de Francisco Granados llama tanto la atención que la Fiscalía va a tener que poner mucho ingenio para evitar imputarle pronto. Un ex directivo de la constructora DICO denuncia que pagó sobornos a Granados, publica El Confidencial.

4- La cacería contra Garzón, mientras tanto, sigue la letra de toda la vida: unos ponen la música, otros ponen los coros. “Querían cazar otra cosa”, dice Manuel Fraga. “Quieren aniquilar al adversario”, apunta Juan José Güemes, que también exige la dimisión de ambos, del juez y del ministro. Que no sea por no pedir.

5- Y mientras el tango suena, va Ana Botella y desafina. “Me parece muy bien el apoyo interno, pero me gustaría que sea a toda la etapa del partido, incluída la del presidente Aznar”, le ha espetado esta mañana la teniente de alcalde de Madrid a Mariano Rajoy. Tiene gracia el deseo, pues desmonta el cortafuegos levantado por el propio Rajoy, que aseguró en una surrealista rueda de prensa, hace unos días, que dejó de darles negocio a los amigos de Alejandro Agag en cuanto se enteró de que iban por los pueblos de la sierra, (como Curro Jiménez y el estudiante), pidiendo comisiones en el nombre del PP. “Por supuesto Ana que va a ser así y si en algún momento no es así te pido que me lo digas inmediatamente”, respondió Mariano. Por supuesto.

La comisión de investigación sobre las tramas de espionaje en la Comunidad de Madrid ya ha iniciado su andadura hacia ninguna parte. El pasado jueves, la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, reprochó con absoluta claridad a Esperanza Aguirre en el pleno de la Asamblea el hecho de que pretenda limitar las pesquisas parlamentarias a un simple juego de espías sin trasfondo político. Apuntó certera hacia lo verdaderamente importante: el Gobierno del PP en Madrid debe aclarar no sólo quién y con qué dinero se ha dedicado a espiar al prójimo, sino por qué y para qué lo ha hecho. ¿Contienen los ya famosos dossiers indicios de corrupción que apuntan a lo más alto del PP madrileño y del gobierno autonómico? Esperanza Aguirre levantó la mano, interrumpió el discurso de Sabanés y espetó un sonoro «¡mire cómo tiemblo!».

Efectivamente, la dama más liberal de las filas del PP no teme en absoluto los resultados de una comisión de investigación que está presidida por un diputado del PP y cuya secretaria será nada menos que Gádor Ongil, ex consejera del gobierno de Aguirre y estrechamente relacionada con otro nombre clave en la compleja red del PP de Madrid, Mario Mingo, médico de Aznar y especialista en poner y quitar alcaldes en esa zona noroeste de la comunidad que ayer mismo el juez Garzón empezó a peinar con el objetivo de aclarar las oscuras relaciones entre determinados constructores y ciertos personajes (¡oh, sorpresa!), también vinculados al PP.

Más en Buzón de voz

Mientras la trama de las adjudicaciones del Canal cada vez huele más a letrina, Esperanza Aguirre sólo quiere hablar de los espías, y para decir que nunca han existido; que si alguien espiaba era porque en Madrid hay tanto funcionario que no hay quien controle su tiempo libre. La lideresa ha caído en un bucle nada melancólico. Empezó negando el espionaje en Madrid con el argumento de que se trataba de una cortina de humo gubernamental para esconder la mala situación económica. A las dos semanas, ante las evidencias y las presiones de Rajoy, se vio obligada a abrir una comisión de investigación. Y ahora no sólo vuelve a la cortina de humo (no hay duda, el temporal de nieve también es cómplice) sino que cita a los clásicos: y tú más.

Si ése es el espíritu de quien abre una comisión de investigación, la segunda de su Gobierno tras el tamayazo, ¿para qué seguir? Si se trata de aclarar el caso de los espías, Aguirre lo tiene claro. Fue Narcís Serra. Dispérsense y no me formen grupos, que aquí no hay nada más que investigar.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006 la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret. Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de los hermanos de González compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre.

Más en Público

La vida es contradictoria. Hay monstruos que metabolizan nuestros ataques y se hacen más poderosos con nuestros proyectiles. La antipolítica es uno de esos monstruos. En los años del GIL, sus dirigentes metabolizaban su propia corrupción usándola como prueba de su honestidad: “Nosotros no engañamos a nadie, es verdad que somos tan corruptos como los políticos, pero a cambio somos más eficaces”.
Con el asunto del espionaje en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) corremos el riesgo de que, una vez más, nuestras críticas no le afecten o incluso terminen por hacer más poderoso al monstruo de la antipolítica. Un monstruo que se alimenta de extender la desconfianza y el desprecio a nuestras instituciones y a nuestros representantes por igual, sin distinción de color político ni de trayectorias personales. Por eso, cuando concluimos que el problema del espionaje en la CAM es un problema de desconfianza entre los distintos grupos del PP, pese a ser verdad, nos quedamos peligrosamente cortos en nuestro análisis.

Para un demócrata, que los políticos de un mismo partido no se fíen unos de otros es un argumento demoledor contra ese partido. Pero para el antipolítico ese dato es un verdadero triunfo a la hora de argumentar contra el sistema en su conjunto. El argumento de la desconfianza desplaza el debate público del eje de la política al de la naturaleza humana. Al establecer el marco de la desconfianza, todo el razonamiento tiende a exonerar precisamente la acción más corrupta, la de espiar, para centrar nuestra atención en la sospecha de que los políticos hacen cosas malas, se corrompen, etcétera. En esa lógica, espiar sería una especie de mal menor, casi necesario, obligado por la corrupción intrínseca que se le atribuye a la política.

Más en Dominio Público

El drama de Rajoy es el de siempre: que los problemas no se arreglan solos, que los dinosaurios no desaparecen ni después de una siesta de dos semanas. La crisis interna a la que se enfrenta el PP es la más grave desde que preside el partido, que ya es decir. Y eso que todos los actores políticos que participan en el juego, incluida la oposición, limitan el escándalo al espionaje, sin preguntar, por ejemplo, qué hace el vicepresidente de Madrid pagando dos billetes de avión con más de ocho mil euros en efectivo (¿acaso tiene un bar?, ¿un taxi?, ¿una lavandería?) O para qué necesita el Gobierno de Aguirre cambiar de teléfono móvil cada dos semanas, como en la serie The Wire.

Las respuestas no saldrán de la recién aceptada comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, ese paripé del que ya está pactado el resultado político. Según fuentes del PP, Esperanza Aguirre ha acordado con Mariano Rajoy entregar en un mes la cabeza de Francisco Granados y más tarde, en julio, la de Ignacio González, que abandonará la política alegando motivos personales. La trampa para Rajoy es que julio no es que esté lejos, es que queda al otro lado del futuro. Y que para entonces, tras las europeas, es Mariano Rajoy quien tiene más papeletas para dejar la política.

2. ¿Es cierto que tiene una caja de caudales en Barclays, como se afirma en el ‘dossier’ sobre González que manejó la cúpula del PP?

3. ¿Por qué mintió el vicepresidente sobre las adjudicaciones concedidas al empresario Enrique Sánchez, con el que viajó a Suráfrica?

4. ¿Por qué adjudicó González la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid al socio de su hermano?

5. ¿Por qué concedió la gestión de la señal de las televisiones digitales locales a empresas vinculadas al director del Canal de Isabel II y persona de su máxima confianza, Ildefonso de Miguel?

Las hace Manuel Rico

El Canal de Esperanza II and friends lo preside Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El director gerente del Canal es Ildefonso de Miguel, amigo y compañero de aventuras de Martín Marín, que también tiene sumada a su mujer, Concepción Ruano, como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. También suma lo suyo el cuñado de Ildefonso, Fernando Ruano, consejero delegado de la empresa que difunde la señal de las emisoras de TDT que adjudicó Aguirre. O Pablo González González y José Juan Caballero Escudier, un hermano y un cuñado de Ignacio González, que, casualmente, son socios de uno de los beneficiados por la concesión de un campo de golf sobre los depósitos del Canal en Madrid.

Ildefonso de Miguel también suma en su patrimonio reciente una bodega en la Ribera del Duero que, entre otros milagros espiritosos, consiguió que Caja Madrid comprase un pedido de varios cientos de miles de euros en botellas para regalar por Navidad, hace un año. Aunque de regalos comprados o inspirados desde el Gobierno de Madrid, la que más suma es Carmen Cafranga, consejera de Caja Madrid y accionista de una empresa de subastas de arte que preside Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González. Las distintas empresas propiedad de Cafranga no sólo han recibido más de dos millones de euros en subvenciones y contratos de la Comunidad, sino que también son proveedoras habituales de regalos de empresa del Gobierno madrileño, un tipo de compras que requiere menos papeleo. Esperanza Aguirre se cuenta entre sus mejores clientes. Al rentable negocio del arte y las antigüedades también se dedicaba otra señora del vicepresidente, la ex mujer de Rodrigo Rato, Ángeles Alarcó, que ahora es vicepresidenta ejecutiva de Turismo de Madrid por obra y gracia de Esperanza Aguirre.

Aquí el que no suma es porque no quiere, o porque no tiene familia que le quiera. La cuñada de Ignacio González, Carmen Cavero, es también una de las consejeras ‘independientes’ que se ha sumado junto a otros expertos economistas, como Ángel Acebes o Manuel Lamela, al consejo de administración de Cibeles, la nueva corporación financiera de Caja Madrid. El sueldo por este ‘trabajo’, que no exige dedicación exclusiva, ronda los 150.000 euros anuales, más tarjeta de crédito y coche. Acebes ha preguntado al Congreso si además puede mantener el sueldo de diputado. ¿Se pierde usted con tanto cero, tanto hermano y tanto cuñado? ¿Se siente un poco primo? Pues me dejo familia en el tintero; esto sólo acaba de empezar.

Hace cuatro días, uno de los principales bufetes de abogados de Madrid envió a varias redacciones un burofax donde aconsejaba a los medios que se abstuviesen de publicar informaciones relacionadas con la vida privada de los familiares y allegados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Queridos abogados: gracias por el consejo. Pero no es una cuestión de vida privada sino de responsabilidad pública; que el César, y su mujer, hagan lo que quieran con su honra, pero que no se forren con los terrenos del acueducto. A estas alturas de la película, lo que empezó pareciendo una comedia de espías ha terminado siendo un thriller de terror: un remake de Huevos de oro de Bigas Luna mezclado con La escopeta nacional de Berlanga. No es por quitarle importancia a algo tan grave como que un gobierno utilice su poder para espiar a sus rivales políticos –en el país modelo de los liberales, EEUU, eso le cuesta el puesto al presidente–. Pero viendo el resto del iceberg, la forma de gestionar el Gobierno de Madrid como si fuese un ultramarinos familiar y, sobre todo, las fundadas sospechas sobre muchas de las adjudicaciones, lo que menos se entiende es que la Justicia española tenga tiempo y recursos para investigar al ejército israelí en Gaza –que también–, pero no mire lo que pasa en la Puerta del Sol. ¿A qué espera la Fiscalía Anticorrupción para actuar? ¿A qué espera el PSOE de Madrid para pedirlo? Lo que con tamayazo empieza, muy mal acaba.

Papelón también el de Mariano Rajoy, que ha encargado la investigación interna sobre los espías a la imparcial María Dolores de Cospedal, ex consejera de Aguirre y compañera de vacaciones en Marbella de González. Y, lo que más molesta a muchos en el PP, ha permitido con su silencio que la versión que quedase en los medios del enfrentamiento entre Ignacio González y el histórico tesorero de Génova, Álvaro Lapuerta, fuese la que filtró el equipo de Aguirre. La reunión entre Lapuerta y González no fue en Génova, sino en la Puerta del Sol. “Quiero que nos veamos en tu despacho y así grabas lo que te tengo que decir”, le espetó Lapuerta a González. ¿Su denuncia? Unos constructores –una UTE liderada por una familia de Sevilla y un empresario de Madrid– le habían pedido que intercediese porque les querían cobrar una comisión tras haber quedado primeros en el informe de los técnicos para la concesión de la obra de una carretera de la Comunidad. ¿El resultado? González lo negó todo, el concurso quedó primero desierto y después lo ganó otra constructora… y Lapuerta comenzó a ser espiado.

Esperanza Aguirre, tremendamente preocupada por los acontecimientos, lleva toda la semana buscando un pacto con Rajoy para al menos parar la investigación interna. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que está al mismo tiempo en el Gobierno de Madrid y en la ejecutiva de Rajoy (su suegro, el afortunado Carlos Fabra, obró el milagro), ha hecho intentos de acercamiento, entre otros, con Alfredo Prada, uno de los espiados. Güemes le telefoneó el lunes, Prada despachó la llamada con frialdad y transmitió el recado a Rajoy, que tampoco se fía.

En Génova, después de haberse lanzado a investigar, creen que el asunto no se puede cerrar sin que haya al menos un cabeza de turco. Desde la Comunidad de Madrid juegan a que la guillotina no llegue muy arriba y que la testa que ruede sea, como mucho, la de Francisco Granados, el consejero de Interior al que todos puenteaban. Pero en Génova piden también la salida de Ignacio González, algo inaceptable para Aguirre, que prefiere afrontar una guerra total antes que matar a un poderoso número dos que tiene alma de cualquier cosa menos de mártir. La situación cada vez se parece más al chiste del dentista, ése al que su paciente agarra de los testículos mientras le dice: “¿Verdad que no nos queremos hacer daño?” Sólo que aquí hay una docena de dentistas, una veintena de pacientes y cientos de testículos en mano y dossier ajeno. Y todos quieren hacer la tortilla de siempre, pero sin romper ni un huevo.

Pedro Antonio Martín Marín, compañero de viajes de Ignacio González. Su hija trabaja en la fundación del Canal de Isabel II, que preside González. Su yerno es Borja Sarasola, número cuatro del PP de Madrid y viceconsejero de González en el gobierno de Esperanza Aguirre.

Francisco Javier Aguirre Pemán es subdirector de márketing del Canal de Isabel II y también primo de Esperanza Aguirre.

Ángeles Alarcó, ex mujer de Rodrigo Rato y dueña de una muy rentable tienda de antiguedades en el madrileño barrio de Salamanca, es vicepresidenta ejecutiva de Turismo de Madrid.

Sergio Gamón, ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre, es el jefe de los supuestos espías de la Comunidad. Su mujer fue contratada como secretaria de Manuel Soriano, entonces director general de Telemadrid, después de que la anterior secretaria le denunciase por acoso sexual. Su hija, María del Carmen Gamón, es concejala del PP de Fuenlabrada y también presidenta de Nuevas Generaciones del PP en esta localidad de Madrid.

Juan José Güemes, consejero de Sanidad de Madrid, es también yerno de Carlos Fabra. Su hermana, Rocío Güemes Barrios, es la directora de Estrategia Empresarial del Instituto Madrileño de Desarrollo.

Isabel González González, hermana de Ignacio González. Fue jefa de la Secretaría del Secretario de Estado para el Deporte, por donde también pasó Pedro Antonio Martín Marín. Ahora es, entre otras cosas, diputada de la Asamblea de Madrid.

Como dice el eslogan: Madrid, la suma de todos.

…(continuará)

————–

Los hijos de buena familia son más listos y cuando concursan en una oposición tienen más posibilidades de alcanzar el éxito. En una casa de personas prominentes, los hijos salen con más posibilidades.

Manuel Fraga, 7 de marzo de 1998

“No cobro ni un duro de la Comunidad de Madrid”, afirma. Sin embargo, Martín Marín mantiene vínculos políticos, y no sólo de amistad, con el Gobierno de Madrid. Es vicepresidente del Consejo Taurino, un organo consultivo de la Comunidad de Madrid que participa de la gestión de la plaza de toros de Las Ventas. Es consejero de Avalmadrid, una entidad financiera participada, entre otras, por la Comunidad y Caja Madrid. Y también preside Madrid Deportes y Espectáculos S. A, la empresa que gestiona el Palacio de los Deportes de Madrid. En esta sociedad participan, entre otros, el Grupo Recoletos –hoy propiedad de Unidad Editorial, la editora de El Mundo– , Caja Madrid o el Grupo Trapsa –propiedad del actual presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán–.

Según fuentes del PP de Madrid, Pedro Antonio Martín Marín despacha “a diario” con Ignacio González y una de sus hijas, Pilar Martin, trabaja en la Fundación Canal de Isabel II. Su yerno, Borja Sarasola, es número cuatro del PP de Madrid y viceconsejero de Ignacio González.

——————–

Más detalles en Público sobre el patrimonio y los manejos del vicepresidente de Esperanza Aguirre: Los contratos sospechosos de Ignacio González, por Manolo Rico