Quienes por convencimiento propio -los menos- o por salvar la cara de nuestro más famoso estadista con bigote -los más- apoyaron la invasión de Irak se han empeñado ahora en equiparar esa tropelía con la intervención militar en Libia, como si con ello pudieran redimirse o, alternativamente, revelar la supuesta hipocresía de Zapatero y de aquellos que entonces se opusieron a esa guerra ilegal e inmoral y hoy defienden el empleo de la fuerza contra Gadafi. Nada hay de parecido entre ambas acciones y la comparación es tan absurda como las que acostumbraba a hacer la concejala Ana Botella con peras y manzanas.

Sirva como primera constatación que en Irak fueron Estados Unidos y sus aliados, entre ellos la España de Aznar, los que iniciaron una guerra en la que han muerto decenas de miles de víctimas inocentes, mientras que en Libia la guerra ya existía, y lo que hace justificable la intervención es precisamente tratar de impedir que el dictador libio pase a degüello a la población civil que simpatiza con los rebeldes. No se actúa con la coartada de una mentira burda, como era la ficticia existencia de armas de destrucción masiva, sino bajo el paraguas de la legalidad internacional y al amparo de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En definitiva, una actuación fue ilegal y la otra no lo es.

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Las encuestas que se vienen publicando las últimas semanas en los medios de comunicación siguen dando como vencedor al Partido Popular. Por ello, algunos analistas han concluido que los ciudadanos toleran la corrupción. Se transmite así una negra imagen de los votantes. Los españoles serían unos individuos indiferentes ante el saqueo de las arcas públicas. Si este argumento fuese cierto, la desafección no debería ser con la política, sino con los ciudadanos.

No obstante, estos argumentos son dudosos e incompletos, puesto que prestan muy poca atención al funcionamiento de las democracias. Nuestros sistemas políticos tienen dos límites muy importantes. Por un lado, el control de los políticos por parte de la ciudadanía se reduce al voto. Este instrumento es bastante limitado. Los ciudadanos tienen que transmitir tantos mensajes con una sola papeleta que en muchas ocasiones lo que transmiten es casi nada. Con un solo voto deben evaluar la política social, la económica, la de seguridad, la internacional, la corrupción, la personalidad de los dirigentes, etcétera, y evaluar tanto al gobierno como a la oposición. Pero, en ocasiones, un solo tema candente -por ejemplo, el paro ahora- termina condicionando el sentido de su voto. ¿Qué pasa entonces con el resto de cuestiones? El voto es, pues, un instrumento con limitaciones.

El segundo límite de las democracias es la información. Ésta no está distribuida de forma equitativa y, generalmente, un grupo de ciudadanos sabe mucho más que el resto. Ante la ausencia de información o la presencia de información contradictoria, los votantes terminan usando la ideología. Dicho en otras palabras, cuando uno no sabe a quién creer, acaba creyendo a los “suyos”. Esto significa que la ideología acaba condicionando el comportamiento electoral, pesando mucho más en la decisión de voto que cualquier otra cuestión.

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Mi única preocupación, concluí, era que los soldados llegaran antes de que hubiéramos sido capaces de terminar la edición (…) Entonces imaginé que si en vez de salir solo EL PAÍS hubiera otros diarios que hicieran lo mismo, todos estaríamos más protegidos. Me encerré en un despacho, en presencia de Eduardo San Martín, un combativo periodista de izquierdas que luego fue director adjunto de Abc; y llamé a Pedro J. Ramírez, a la sazón director de Diario 16. Le expuse mi preocupación y le pedí que publicaran también ellos una edición extraordinaria. No podemos, me contestó, en ese tono de dubitante seguridad que todavía utiliza cuando habla por la radio. A estas horas no tenemos obreros, no tenemos periodistas, no tenemos capacidad técnica. Pensé que lo que no tenían en realidad eran huevos y se lo dije, aunque no con esas mismas palabras.

En su artículo, Cebrían cita al que entonces era uno de sus subdirectores, Martín Prieto. Él también escribe hoy en La Razón otro artículo en el que cuenta cómo vivió el 23-F. Curiosamente, su larguísima crónica no menciona ni una sola vez por su nombre a El País, aunque sí habla de “el periódico”, de “mi periódico”, de la “rotativa” , de “la mancheta” o incluso de Polanco sin caer ni una sola vez en la palabra tabú. También es especialmente llamativo éste párrafo:

El «Elefante Blanco» que tenía que presentarse en el Congreso también pudo ser un diálogo mal escuchado y es historia posterior al «tejerazo». Lo lógico es que fuera Armada con su Gobierno de salvación nacional con Felipe González de vicepresidente y una ensaladilla rusa de socialistas y comunistas como Ramón Tamames, Jordi Solé Turá, Javier Solana, Peces Barba, Enrique Múgica y una pizca de Fraga y Areilza.

Se olvida el MP de que en esa lista del Gobierno de Armada al parecer también figuraba, como ministro de Información, el mismísimo fundador de La Razón: Luis María Ansón.

Y como traca final, no se pierdan el ingenioso remate de César Vidal, también en La Razón, sobre cuál sería el golpe de Estado perfecto. Será por falta de huevos, como decía Cebrián de Pedro J., pero no se atreve a señalar abiertamente a Zapatero de golpista y se conforma con esta indignidad:

Seguramente, hoy en día el golpe perfecto se concebiría como un hecho que traumatizara a la opinión pública; que pudiera ser utilizado por medios de comunicación cercanos a los golpistas; que provocara un deseado vuelco electoral y que, precisamente por todo lo anterior, nadie pensara que es un golpe.

Difícilmente existiría un golpe más inicuo; más desprovisto de sus apariencias y, a la vez, de mayor éxito.

Cuánto ingenio, pero lo de Vidal ni siquiera es original. Ya lo dijo antes, con todas las letras, quien fue secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar.

Llevaba razón el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta, cuando denunciaba esta semana una campaña de desprestigio contras las cajas de ahorros que no tiene precedentes. No hay político, gurú o aficionado a los toros que, preguntado por los agujeros negros de la economía española, no apunte hacia las cajas, como si fueran ellas las únicas responsables del estrangulamiento del crédito que venimos sufriendo en los últimos tres años. De los evidentes problemas de solvencia de algunas de las entidades, se pasó rápidamente a la descalificación global de las instituciones, ya fuera por su politización, su exposición al ladrillo -como si los bancos se hubieran dedicado a la jardinería- o por su inapropiado tamaño para afrontar la crisis financiera.

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La trama descubierta en torno a los falsos prejubilados de los ERE aprobados por la Junta de Andalucía no sólo es una expresión más de cómo la corrupción es indisociable al trasiego de fondos públicos sino la prueba evidente de que los golfos florecen cuando la ausencia de controles lo permite. A quien se ha enfrentado a la titánica tarea de tramitar una subvención para sustituir unas ventanas de aluminio y ha tenido que aportar hasta la fe de vida de la abuela, es difícil convencerle de que una administración pueda conceder indemnizaciones a supuestos trabajadores de empresas en crisis sin que en sus expedientes figuren al menos treinta y dos certificados de su vida laboral. Ha habido corrupción porque han existido graves negligencias.

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El sistema no se discute, este es el principio básico de las políticas económicas. El sistema capitalista, fundado en el mercado libre, no está en cuestión. No debe ponerse en cuestión porque -dicen- es el único sistema que funciona. Quienes lo ponen en cuestión deliran, viven en un mundo imaginario. Es innegable que no es perfecto, porque periódicamente entra en crisis; pero las crisis son transitorias y, cuando el sistema las supera, funciona establemente, con racionalidad y con eficiencia, y beneficia a todos.

Nada de esto es cierto. Los mercados libres, fundamento teórico del sistema capitalista, no existen ni han existido nunca. El sistema es inestable y muy ineficiente. Es irracional. Su balance social, en conjunto, ofrece más pérdidas que beneficios; y casi todas las pérdidas, en un lado, el de la mayoría, y los beneficios, en otro. La autorregulación y el equilibrio del mercado, en el que se funda la supuesta eficiencia del sistema, no es una abstracción conceptual legítima, sino un embaucamiento sofisticado.

(…) Durante las últimas dos décadas se ha impuesto la idea de que no hay alternativa al sistema económico capitalista. Quienes no asuman esa idea parecerán ignorantes que desconocen la realidad o delirantes que viven fuera de ella. Se permite pensar dentro del sistema, en reformarlo -aunque eso sí que es una fantasía-, pero no fuera de él o contra él. La primera y fundamental batalla que el sistema -quienes se benefician de él- ha ganado no se ha librado en elecciones o mercados, sino en las conciencias. Es su hegemonía ideológica lo que fortalece al sistema capitalista en las crisis, cuando corre peligro: la creencia, que ha logrado imponer de forma generalizada, en que no hay alternativa ni posible ni deseable, que está loco quien piense otra cosa.

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Nos visita Angela Merkel la próxima semana y la recibimos en posición de saludo y en perfecto estado de revista. Viaja la canciller a tomarnos la lección, y muy injusta tendría que ser para que Zapatero, que con los idiomas no podrá, pero reformando y firmando pactos sociales es una máquina, no consiga un sobresaliente y el diploma acreditativo de alumno destacado. Conociendo a la alemana, haría bien el presidente en no sacar la cubertería de plata en el almuerzo de celebración, no fuera a pensar la invitada que seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades y atando los perros con longaniza, presumiblemente de Fráncfort.

(…) Contra la tentación de contemplar a Merkel como la versión con falda del siempre bienvenido mister Marshall, bastaría con recordar su responsabilidad directa en la extensión de la crisis del euro, de la que Alemania por el momento no ha hecho otra cosa que beneficiarse. Demoró conscientemente el rescate a Grecia, contribuyó a desatar la tormenta sobre Irlanda y ha logrado imponer a sus socios una austeridad fiscal próxima al rigor mortis.

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Ante el nuevo comunicado de ETA, se les plantea un dilema al Estado y a la sociedad española. Por un lado, el país puede enrocarse y hacer oídos sordos a las noticias que proceden de ETA y su mundo, con el argumento de que el Estado solo debería reaccionar ante un anuncio de disolución con entrega de armas. Algunos piensan que el anuncio tendría que venir acompañado de un reconocimiento explícito de la derrota y de una muestra de arrepentimiento. La actitud coherente con esta tesis es sentarse a esperar a que llegue el momento ansiado mientras actúan las fuerzas de seguridad y los jueces.

Este planteamiento tiene a su favor la satisfacción moral que da tener una posición intransigente ante unos criminales que han asesinado a casi 850 personas. Lo que más puede reconfortar a alguien es no tener nada que ver con los terroristas, dejando que el Estado actúe y llegando al final con la conciencia clara de haber combatido el mal, tarde lo que tarde en llegar ese final.

Así llevamos más de 40 años, con breves paréntesis en los que se ha ensayado una estrategia diferente, consistente en sentarse con los terroristas y tratar de encontrar una salida. En el pasado, esos intentos de negociación (en las conversaciones de Argel en 1989, en el Pacto de Lizarra en 1998, en el proceso de paz en 2006) no han servido para acabar con el problema. Por eso se insiste en que esa vía ha fracasado, lo cual es una verdad innegable. Ahora bien, por la misma razón por la que decimos que esos intentos no han tenido éxito, no queda más remedio que concluir que la solución basada únicamente en la actuación de policías y jueces, seguida durante décadas, ha sido igualmente un fracaso, pues ETA no ha dejado de existir.

De hecho, no hay ningún país occidental que haya sufrido durante tanto tiempo una amenaza terrorista interna: ETA es la organización terrorista que más años lleva en activo en todo el mundo desarrollado. Otros países, como Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Grecia o Estados Unidos, fueron capaces en su momento de acabar con los grupos armados que se formaron en el interior de sus fronteras.

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En el PP se han dado cuenta que el código ético que rige sus usos y costumbres después de Gürtel estaba incompleto, y ha tenido que ser María Dolores de Cospedal, siempre en guardia, la que redactara in voce la adenda correspondiente. Ocurre eso mucho con los manuales, que te explican a actualizar el software del ordenador pero no te dicen cómo se enciende. El código ponía en guardia a los incautos dirigentes populares contra esos pervertidos capaces de pagarte al descuido la boda de la niña, pero no precisaba qué debía hacer Rajoy si un juez entrometido creía que aquello era un soborno e imputaba a la pobre víctima, privada injustamente de abonar a la feliz pareja la factura del salón de bodas.

Cospedal ha precisado que los imputados sí pueden ser candidatos, salvo que lo sean por violación y los indicios parezcan ser ciertos. Esta última matización tiene su importancia, porque en el PP siempre se ha defendido la presunción de inocencia y no se la ha dado con queso ni el Tribunal Supremo. Permite explicar además por qué el acosador de Nevenka Fernández, el ex alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, no dimitió hasta que fue condenado, y ni aún así le parecieron a Ana Botella que los indicios contra el acosador tuvieran fundamento.

Sirve además para justificar que el entonces presidente de la Xunta Manuel Fraga saliera en tromba en defensa del ex alcalde de Toques, Jesús Ares, condenado por abusar sexualmente de una joven de 16 años. Decía Fraga que aquello eran menudencias y que quienes pedían su cabeza mientras defendían el amor libre, el aborto o las parejas de hecho no pasaban de ser unos hipócritas.

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Con todas sus insuficiencias y su enorme caudal de hipocresía, el alto del fuego que ETA asegura haber iniciado hace meses y al que no pone fecha de caducidad debería ser una buena noticia para cualquiera, salvo que uno sea Mayor Oreja y esté capacitado para atisbar una negociación con los terroristas en la cola de una pescadería. Con la excepción del ex ministro y su teoría de la conspiración permanente, existe relativa unanimidad en que ha sido la presión externa, ejercida por la Policía y la cooperación internacional, y la interna, a cargo de sectores de la propia izquierda abertzale a los que la violencia ya no les seduce o, simplemente, no sirve a sus objetivos, lo que permite explicar la tregua que ETA se ha impuesto sin esperanza de contrapartidas.

A cuenta del fenómeno terrorista se mantiene un discurso salpicado de tópicos que, si alguna vez fueron verdad, dejaron de serlo, lo cual no impide que se repitan con cierta machaconería. Uno de ellos es que ETA aprovecha las treguas para rearmarse y fortalecerse, cuando debiera decirse que una cosa es que lo intente y otra muy distinta que lo consiga. Asociada a esta afirmación, comenzó a circular otro axioma según el cual, gracias a la negociación con la banda, el PSOE había dado alas a los terroristas o, peor aún, se había rendido a ellos.

Los datos contradicen ambas afirmaciones. En los seis años y medio que los socialistas llevan en el poder, con el llamado proceso de paz y la declaración de alto el fuego permanente de marzo de 2006 de por medio, ETA ha asesinado a 11 personas en España. Es un balance dramático, pero muy alejado de la cifra de 68 muertos con el que los terroristas sembraron la etapa del PP en el Gobierno, que, como se recordará, también tuvo su tregua, o su tregua-trampa si se prefiere usar la denominación acuñada por Mayor Oreja.

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De: Ficticio departamento de Estrategia del PP

A: Mariano Rajoy

Asunto: A La Moncloa en 2012

Te dijimos por este mismo conducto (el pasado 3 de marzo) que estos socialistas son listos y podrían darnos sorpresas. Mariano, el que se examinaba en el debate del estado de la nación eras tú, y no has aprobado. Haber ganado o perdido por poco, según qué encuesta lo diga, es una derrota en toda regla, porque se esperaba que salieras por la puerta grande como Aznar en 1995, con su “Váyase, señor González”. Según los datos, Zapatero fue más comunicativo, más convincente, más líder y más preocupado por el país, aunque resultara menos realista.

No se ve en ti alternativa. Las estrategias están para aplicarse, no para que se sepan, y la nuestra -no meternos en líos y cabalgar sobre la crisis- se ha visto demasiado. Zapatero lo utilizó en el debate y resultó muy eficaz. Más te vale hacerte el enfermo cuando tengas que enfrentarte a él, porque te gana: es habilidoso y te dio donde te duele: que no te importa España sino La Moncloa, y que solo esperas a que caiga él para ponerte tú. Se nos ha visto mucho.

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Los movimientos en Cuba siempre son lentos, sobre todos los políticos. Lo comprendía así el propio Obama cuando en octubre del año pasado pedía a Zapatero la mediación española en el deshielo de relaciones con la isla. “Decidle a las autoridades cubanas que comprendemos que no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero que, pasados unos años, cuando se mire hacia atrás, debe quedar claro que éste fue el momento en el que empezaron los cambios”. Y los cambios parecen haber empezado, quizás no tanto por convencimiento sino por necesidad, en medio de la mayor crisis a la que se ha enfrentado el régimen en toda su historia.

Es evidente que algo se mueve, y la excarcelación de los 52 presos políticos del Grupo de los 75 que aún permanecían en las cárceles cubanas desde la Primavera Negra de 2003, puede ser interpretada como un paso trascendental. Habrá a quien le parezca un paso insuficiente, que lo es, pero también es innegable que de algunos acontecimientos que están teniendo lugar en Cuba no se conocían precedentes. Es insólito, por ejemplo, que el Gobierno haya recurrido a la Iglesia católica para abordar la cuestión de los presos de conciencia, en la que el tantas veces ridiculizado Miguel Ángel Moratinos ha jugado un papel trascendental. Y no menos sorprendente ha sido la autorización a un grupo opositor, como son las Damas de Blanco, para que realice protestas públicas por las calles de La Habana.

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Por si el detalle les había pasado desapercibido, sepan que durante más de tres años se ha investigado en Alicante una presunta trama de corrupción que implica a empresarios y a cargos políticos del PP, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Sepan también que lo investigado no se reduce a la concesión de una planta de tratamiento de basuras sino que existe constancia de otras supuestas actividades delictivas como es el blanqueo y evasión de capitales a paraísos fiscales y la financiación irregular de partidos políticos. Añadan a ambos hechos que a lo largo de este tiempo los investigadores han reunido gran cantidad de pruebas, algunas de ellas obtenidas en las intervenciones telefónicas de los imputados. Conocidas estas nimiedades, vayamos a lo importante: hay otra conspiración en marcha contra el PP.

Existen datos irrefutables que vuelven a avalar esta conjura: el primero es que la Policía detuvo a varios dirigentes populares, algo que como se conoce sobradamente, está expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico. Las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden detener a cualquiera salvo a la dirigencia del PP, y menos aún pillarla en pijama como ocurrió con Ripoll, que es hombre que no madruga. De ahí que, como apuntó Pío García Escudero, lo suyo fuera un secuestro en salto de cama. El segundo es el despliegue. No es argumento bastante que se envíen 80 policías para practicar 19 registros y 11 detenciones, cuando podían hacerlo perfectamente un par de agentes en una moto y dándose prisa. El tercero y último es la publicidad: está expresamente prohibido dar cuenta de las operaciones que afectan al PP, que sólo debe salir en el telediario cuando pide al Gobierno reformas estructurales.

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Enric Juliana

Pitis es una estación de metro que conduce a la Nada. Arriba no hay ni un alma. Unas calles apenas esbozadas, unas farolas sin luz, unos semáforos sin párpados y diez o doce bancos de madera mal envueltos por unos plásticos negros que están cediendo al hastío. El plástico transmite una gran tristeza cuando ya no sirve para nada. En Pitis, noroeste de Madrid, estación término de la línea 7 del metro y extraño punto de engarce con los ferrocarriles de cercanías, sólo hay una persona atenta al más solitario de los transbordos. Una chica de gesto vivaz espera en la taquilla de Renfe la avalancha de pasajeros que nunca llegará. Aparentemente ajena al vacío existencial, muy profesional, muy en su sitio, fiel al reglamento como un agente de aduanas del imperio austro-húngaro en el puesto más olvidado de Galitzia y Lodomeria, la muchacha indica con sonriente presteza cuál es la escalera que conduce a la Nada.

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Es una pena que la discrepancia entre Almudena Grandes y Joaquín Leguina a propósito de un artículo de este último (Enterrar a los muertos, EL PAÍS, 24-5-2010) no haya provocado un debate articulado sino solo un agrio intercambio de acusaciones; también es una pena que la discrepancia radique en un punto sobre el que no hay discrepancia posible, porque hace tiempo que fue zanjado por los historiadores: es imposible equiparar el terror del bando franquista con el terror del bando republicano durante la Guerra Civil, al modo en que lo hace Leguina, porque el segundo duró el tiempo que el Gobierno legítimo tardó en tomar el control de su zona y se practicó sin su aprobación (o al menos sin su aprobación explícita), mientras que el primero duró toda la guerra y fue organizado por las autoridades como parte de una guerra de exterminio; dicho de otro modo: equiparar la España leal con la España rebelde porque en ambas se cometieron crímenes es una aberración similar a equiparar el Estado democrático con ETA porque el Estado democrático creó los GAL.

No obstante, hay en el texto de Leguina una analogía aún más inquietante. “¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez?”, escribe Leguina, sin duda interpelando a quienes postulan que la nuestra fue una guerra de buenos contra malos. “La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra… Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva revolucionaria”. La afirmación no es inquietante por lo que dice, sino por lo que presupone: no solo que en los dos bandos se cometieron atrocidades (cosa obviamente cierta), ni que una parte de los republicanos no creía en la democracia (cosa asimismo cierta), sino que los dos bandos contribuyeron por igual a la destrucción de la democracia y que por tanto comparten por igual la responsabilidad política de la guerra. Si esa es la puñetera verdad que Leguina nos pide que aceptemos, yo puedo decirle por qué no la aceptamos: porque es una puñetera mentira. Y además una mentira peligrosa, dado que atañe a un problema esencial de nuestra relación con el pasado reciente y, en esa medida, también al presente.

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Es una mala costumbre de los gobernadores del Banco de España preocuparse de aquello que no les concierne, al tiempo que abandonan sus cometidos. El actual gobernador se ha pasado dos años pontificando acerca del mercado de trabajo, exigiendo la reforma del sistema de pensiones, abogando por la reducción de los salarios –desde luego, no el suyo que, amparándose en la tradición, se resistía a hacer público– y reclamando la reducción del déficit público, pero se ha olvidado de sanear el sistema financiero.

Del mismo modo que se negó la crisis, se han ocultado también los problemas de nuestras entidades financieras; no obstante, la prueba de su existencia es que el crédito durante todo esto tiempo no ha llegado adecuadamente a las empresas y a los particulares. El Gobierno cambió la normativa concursal con el fin de que promotoras y constructoras no tuvieran que reconocer pérdidas potenciales y el Banco de España ha permitido a las entidades financieras mantener en el balance sin provisionar determinados activos contabilizados a un valor muy inferior al real. Se dio lugar así a que surgieran empresas y bancos zombis, entidades con graves dificultades económicas que sólo mantienen una apariencia de normalidad, pero que no pueden funcionar correctamente y que han estrangulado a la economía.

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El problema del déficit español no viene del gasto, que no es excesivo, sino del ingreso, que es raquítico. Tras seis años de Gobierno de izquierdas, el capital paga el tipo más bajo de toda la OCDE y el fraude fiscal es enorme.

(…) Los países que han sido capaces de combinar crecimiento e igualdad, por ejemplo los países escandinavos, recaudan entre 7 y 9 puntos porcentuales del PIB más que España, aunque la distribución de la carga fiscal grave, en términos relativos, más al factor trabajo y al consumo que al capital (solo así se preservan los necesarios niveles de inversión). De esta manera, según datos de la OCDE para 2005, la tasa efectiva media sobre la renta de trabajo y consumo en Suecia es del 58% mientras que la tasa efectiva media sobre las rentas del capital es del 32%. En las economías continentales las cifras son algo más equilibradas: por ejemplo, la tasa sobre las rentas de trabajo y consumo en Francia es del 49%, mientras que la tasa sobre las rentas de capital es del 30%. Por último, en EE UU, los mismos indicadores son, respectivamente, el 27% y el 29%.

¿Y España? El Gobierno grava el trabajo y el consumo al 37%, por encima de Estados Unidos y al mismo nivel que Reino Unido, y el capital al 17%(!), el valor más bajo de toda la OCDE. Si a esto sumamos unos niveles de fraude fiscal que las distintas estimaciones sitúan, como mínimo, entre el 4% y el 8% del PIB, resulta fácil comprender por qué el Estado tiene que recurrir al déficit para financiar la respuesta a la crisis. Lo que resulta menos comprensible es que después de seis años de Gobierno de izquierdas sigamos con una estructura fiscal tan excepcional en comparación a los países de nuestro entorno.

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Los más conspicuos representantes de la derecha en pleno y de la izquierda hija de la Transición trabajan, mano a mano y con un fervor digno de mejor causa, en la defensa numantina de una obra que nadie ha atacado. Viejas glorias o mamporreros, que de todo hay, son libres de emplear su tiempo de ocio como estimen oportuno, pero a lo que no tienen derecho es a mentir, a manipular y a demonizar a todo aquel que no acepte su versión de la historia.

Mienten y manipulan quienes aseguran que está en marcha una operación de “desguace de la Transición”. Se puede sostener que los dirigentes del país tomaron hace tres décadas decisiones muy responsables y estar incluso agradecido por la forma en que desmontaron buena parte de las estructuras franquistas, pero ese reconocimiento es perfectamente compatible con la idea de que ha llegado la hora de una profundización democrática. ¿O acaso dentro de cien años va a seguir siendo obligatorio defender la monarquía del Borbón, la Ley D’Hondt y la excelencia monumental del Valle de los Caídos, so pena de expulsión de la comunidad de patriotas?

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Puestos a engañar y falsificar las cuentas, es mucho mejor ser un gran banco que un pequeño país. Una entidad financiera en quiebra por sus desatinos gerenciales y los excesos de sus directivos recibirá ayuda urgente de los Gobiernos, ya sea en forma de préstamos oficiales a bajo interés o inyecciones de capital, mientras los ejecutivos que la condujeron a la ruina comandan el reflotamiento y mantienen intactos sus bonus. Sin embargo, si el que flirtea con la bancarrota es un país, esos mismos Gobiernos se demorarán en el rescate, impondrán condiciones durísimas a su población y fijarán para sus créditos tipos de mercado, porque uno ayuda mejor cuando además hace negocio.

Grecia ha mentido y ha maquillado su déficit, cierto, pero el castigo al que se ha sometido al país por parte de sus socios comunitarios ha rozado el sadismo. ¿Puede entenderse que desde que se decidió socorrer a Atenas hayan transcurrido dos meses y medio sin que se concrete la ayuda? ¿Qué sentido tenía abandonar a los griegos a su suerte, además de permitirles sentir muy cerca las mandíbulas de los tiburones financieros? ¿Se pretendía que otros países como Portugal o España vieran las orejas al lobo?

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Al bisabuelo español de mi hija

La primera persona que va a ser juzgada por los crímenes del franquismo es precisamente la única que ha pretendido investigarlos. Esta paradoja cuestiona la naturaleza de nuestro Estado de derecho y nuestra democracia. La transición nació fruto del siguiente pacto: Estado de derecho sí, pero vamos a hacer un aparte con este genocidio y estos crímenes de lesa humanidad para que sea posible avanzar. Y así se desarrolla nuestra democracia, manteniendo en los aparatos del Estado a quienes habían administrado la dictadura.

Mi generación (nacidos en 1975) siempre pensó que era cuestión de tiempo, que cuando la democracia estuviera asentada llegaría el momento de las víctimas. Lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. Este auto del juez Luciano Varela es el equivalente a la peor de las leyes de punto final. Peor, porque en este país ya nadie pedía sentar en el banquillo a los responsables. Lo único que se pedía era dar amparo a víctimas y familiares.

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En los comedores escolares de los centros públicos de Galicia están a punto de escribir a Obama para pedirle ayuda alimentaria. En algunos ya sólo se sirve como almuerzo un bocata bilingüe de jamón y queso. Estos comedores son vitales desde que se hizo la llamada “concentración”, terrible eufemismo de los gerifaltes, con alumnos que viajan en autobús recorriendo distancias transmontanas que equivalen a una condena en años de curvas y que debería ser compensada con una nutrición olímpica. Hace meses que no llegan los fondos para pagar a los proveedores.

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Tras años de insultos y descalificaciones constantes a la Justicia por parte de la derecha mediática y sus líderes, ahora se exige silencio a la ciudadanía y se califica de radicales antisistema a los que se reúnen en un acto para manifestar su
desagrado porque un magistrado pueda ser apartado de la carrera judicial por intentar investigar crímenes contra la Humanidad.
Recuerdo cómo se comportaron durante la instrucción del sumario del 11-M estas personas que acusan de antidemócratas a los demás. El juez fue acusado de destruir pruebas, de falsificar documentos e, incluso, de deficiente mental y minusválido incapaz de llevar adelante el proceso, mientras que los líderes del PP pedían el archivo de la causa, que habría puesto en la calle a los terroristas que fueron condenados a miles de años por perpetrar el mayor atentado de nuestra historia. El juez pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial: le fue denegado.

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Checa, akelarre, guerracivilistas. Y vuelta a empezar: checa, akelarre, guerraciv… Tres días llevan así los amanuenses de la diestra, amancebados con su rentable pesadilla favorita, la de la España partida en dos porque el rojerío mamón no saluda al campeón. Desde El Mundo, Salvador Sostres traduce el exabrupto: “El gran drama de la izquierda es que no sabe perder”. Por si no se ha entendido, en el mismo periódico el camaleón Raúl del Pozo advierte a los revoltosos que como sigan resistiéndose a morder el polvo de las cunetas, el segundo castigo puede ser peor: “Ya no hay peligro de una derecha centuriona o levítica, pero mejor no encabronen a sus cachorros, que pueden acabar dando con la maza a los maceros. No saquen a la calle trapos rojos, que cuando la derecha embiste hay que coger el olivo”. El que avisa no es traidor, ¿no?

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El intensísimo debate acerca de si Garzón prevaricó en su malograda instrucción sobre los crímenes del franquismo ha dado paso a la consabida disputa entre izquierda y derecha acerca de la conveniencia o no de mirar a los ojos al pasado y reparar definitivamente a las víctimas de la dictadura, algo que para unos es una cuestión de justicia y para otros constituye un vano intento de cambiar la historia, socavar los pilares de la democracia que la Transición puso en pie y alentar el espíritu guerracivilista de las dos Españas.
Vaya por delante el modesto juicio de que las dos Españas dejaron de existir hace ya bastante tiempo salvo en la imaginación de algunos, y que lo que hay es una única España bastante cabreada, por cierto, aunque su enojo vaya por barrios según el tema del que se trate. Si en algo llevaba razón Alfonso Guerra es que a este país no lo reconoce ni la madre lo que parió, y hay que concederle el mérito de su profecía. Obviamente, esta España no se parece en nada a la del 36, ni siquiera a la del 77.

(…) Mirar al pasado es, en cualquier caso, un buen ejercicio para aprender de los errores cometidos, que los hubo y en cantidades nada despreciables, y una forma de desterrar algunos mitos tan falsos como persistentes. Uno de ellos tiene que ver con la Transición, un periodo del que sólo hemos escuchado alabanzas, fundamentalmente porque todas las retrospectivas que se han ofrecido incorporan el testimonio de sus protagonistas hablando de sí mismos y de lo bien que lo hicieron. Lo que suele soslayarse es que el tránsito de la dictadura a la democracia fue un proceso vigilado por los jerarcas del franquismo y, sobre todo, por el Ejército, a cuyos mandos hubo que engañar para legalizar al descuido el Partido Comunista. Fue en esas circunstancias como se alumbró una ley, la de Amnistía, que durante años se presentó como el acto de reconciliación nacional por excelencia, cuando lo cierto es que las únicas renuncias recayeron en las víctimas de la dictadura, a las que se permitió salir de la cárcel a cambio de que abdicaran de su derecho a exigir justicia.

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Los 50.000 folios del sumario de la trama Gürtel sobre los que esta semana se levantó el secreto no representaban, según el PP, nada nuevo bajo el sol. Todo lo relatado, se conocía; de la Policía y sus informes, decía Esperanza Aguirre, había que desconfiar porque está a las órdenes del Gobierno; Luis Bárcenas, opinaba Javier Arenas, era un tipo estupendo que había hecho un trabajo encomiable al frente de las finanzas del PP; y así. Coherentemente y como resultado de todo lo anterior, Bárcenas y Jesús Merino, los parlamentarios imputados por el Tribunal Supremo, se veían obligados el jueves a pedir su baja como militantes, que es la innovadora fórmula que ha encontrado Rajoy para salvar los muebles en estos tiempos de mudanza y, de paso, poder salir de debajo de las piedras antes de que, con sus ausencias, el electorado se olvide de que es el líder de la oposición.

Uno entiende que para Rajoy no han sido los mejores días para dejar de fumar. A la semana de Matas, cuyo mérito al conseguir tres millones de euros para su fianza de unos bancos que no prestan ni en defensa propia es reseñable, le seguía la de L.B., o sea la de Bárcenas sin “ningún género de dudas”, y para colmo culminaba este jueves con el acto de glorificación de Aznar en Sevilla frente a la torre del Oro, que ya es casualidad. ¿Qué debió de pensar el gallego al escuchar la lección de ética de su antecesor y su llamada a “no tolerar nunca ni minimizar la corrupción”?

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A la vista de lo acontecido con Jaume Matas y ese súbito enriquecimiento suyo, quizás vaya siendo hora de que los partidos sean considerados responsables civiles subsidiarios de los desfalcos de sus dirigentes. Si fuera la misma organización que les ha sentado en el Gobierno o les ha puesto al frente de una comunidad autónoma o un ayuntamiento la que tuviera que hacer frente a la factura de sus pillajes, es indudable que mejoraría mucho la selección de personal y acabaríamos con la corrupción en un periquete. Mientras eso no ocurra, seguiremos lamentando la naturaleza depredadora de algunos políticos, y poniendo la pasta a escote para que no decaiga el consumo de rolex ni el de trajes con ceñidor trasero. ¡Quién lo iba a decir con la buena gente que parecían!

Lo de Matas exigiría, no obstante, una explicación del PP más allá de que Rajoy le desee suerte y le anime a demostrar su inocencia si es que puede. Este señor no apareció de la nada en nuestras vidas, ni se coló por la puerta de servicio en el Consejo de Ministros, ni estuvo al frente del Gobierno de Baleares porque acertara una primitiva. Si estuvo en todos esos sitios fue porque alguien le puso allí y le dio la combinación de la caja fuerte. Aceptamos la presunción de inocencia y hasta pulpo como animal de compañía pero, retirado Aznar del mundanal ruido, es al presidente del PP a quien le toca retratarse y pedir disculpas por haber confiado la administración de los asuntos públicos a un presunto bandido.

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¿Qué pasa en España? Los observadores extranjeros y quienes vivimos fuera de ella nos frotamos a diario los ojos como para despertar de un mal sueño. Las noticias en verdad asombrosas divulgadas por los medios informativos dignos de confianza y la escasa respuesta cívica que suscitan inquietan no sólo al lector medio sino también a los conocedores de los altibajos históricos de nuestra casi siempre mal gobernada Península.

Tras los escándalos que sacuden las comunidades autónomas regidas por el PP en las que el estupor se entrevera con el sainete, las burlas a la opinión pública se han agravado aún. Muchos ciudadanos hemos memorizado los sabrosos diálogos de Francisco Camps con su “amigo del alma” -diálogos que deberían figurar en las pruebas oficiales de lectura de los institutos de Enseñanza Media-, pero he aquí que meses después descubrimos consternados que la situación económica del presidente de la Comunidad Valenciana, a primera vista boyante, es de lo más precaria: una cuenta corriente de menos de 3.000 euros, un piso modesto, un carcamal de automóvil de 15 años de antigüedad. ¡Como para abrir una suscripción nacional de ayuda al infeliz, conforme sugirió un lector de este diario!

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Ajena a la gravísima crisis por la que atraviesa la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española celebraba esta semana su “jornada por la vida”, colofón a su campaña contra el aborto, en la que el cachorro de lince ha dejado sitio nuevamente al bebé sonrosado. Sin la presencia de ningún prelado, anunciaba el director de comunicación de los obispos, Isidro Catela, los resultados del “es un tú en ti” y presentaba su nueva idea- fuerza, “dar la cara por la vida”, cuando un periodista le preguntó si dar la cara por la vida también implicaba hacerlo por los niños que habían sufrido abusos sexuales de religiosos en España. Catela enmudeció primero y luego continuó con la consigna: “Dar la cara por la vida es una iniciativa que ya hemos puesto en marcha para el día 25”. Ante todo, transparencia.

Comenzaba esta semana negra para la Curia con la pastoral de Benedicto XVI a los católicos de Irlanda, en la que se reconocía “escandalizado y herido” por los actos “pecaminosos y criminales” de abusos a niños cometidos por sacerdotes y religiosos de aquel país, que habían causado “un daño enorme a la Iglesia y a la percepción pública del sacerdocio y de la vida religiosa”. Y terminaba con las revelaciones de que el Papa también fue informado de abusos semejantes en su etapa de prefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe y había mantenido la misma respuesta “inadecuada” que reprochaba a las autoridades eclesiásticas irlandesas. Es decir, que había mirado para otro lado, y ante la disyuntiva de denunciar los abusos a 200 niños e interrumpir el proceso al sacerdote pederasta había optado por lo segundo, en atención a su grave enfermedad.

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Netanyahu lo quiere todo, la paz, los territorios y la democracia. Pero es bien conocido el axioma: sólo cabe escoger dos de los tres términos. Tres son las combinaciones a que da lugar la elección. Si escoge la paz y la democracia, como desearían todos los amigos de Israel, optará por la entrega de los territorios, con los intercambios que haga falta para las colonias de mayor peso demográfico; y surgirá con ayuda de todos una Palestina al lado con unas fronteras seguras reconocidas por sus vecinos. Si escoge la paz y los territorios, deberá desposeer de derechos ciudadanos a los árabes que residan entre el Jordán y el Mediterráneo, para evitar que traduzcan su próxima mayoría demográfica en una mayoría política y así se convierta Israel en un estado binacional israelí-palestino, que termine con el sueño sionista. Si escoge los territorios y la democracia, posponiendo la paz, que es lo que está haciendo ahora, deberá seguir acrecentando su control militar sobre Cisjordania y cargando con el peso creciente del desprestigio internacional.

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La crisis económica actual y la pérdida de autoridad de la política ante los poderes financieros han acentuado el descrédito de los partidos tradicionales. (…) . Así surgen líderes que adquieren un peso decisivo no por lo que significan en rigor, sino por el oportunismo de sus movimientos en el teatro oficial. La historia de España cuenta con el caso destacado de Alejandro Lerroux, que pasó del discurso obrerista más radical y la Conjunción Republicano-Socialista, a pactar con la derecha más rancia, y se olvidó de que había sido ministro de Estado con Manuel Azaña para presidir los gobiernos reaccionarios del Bienio Negro. Se hizo famosa la conversación de dos monjas en la cola de una mesa electoral, muy sorprendidas ante las vueltas de los acontecimientos terrenales. ¡Qué barbaridad -decían-, hemos salido dos veces del convento, una para votar contra Lerroux y otra para votar a favor de Lerroux!

En el paisaje de la política actual, sólo Rosa Díez puede igualarse con Lerroux en sus dotes para el manejo de la farsa. Es sorprendente que haya conseguido encarnar una parte significativa del deseo de regeneración democrática y de frescura electoral. Ni los argumentos superficiales ni las razones profundas justifican su representación de este papel. Si frescura electoral supone un cambio de rostros, ella es esclava de su pasado, después de haber militado durante mucho tiempo en el PSOE, haber ocupado durante siete años la Consejería de Turismo del Gobierno vasco bajo la presidencia del PNV, haber promovido una demanda cívica contra una viñeta del humorista Antonio Mingote -que se había reído de su lema más famoso para la promoción de los viajes a Euskadi, Ven y cuéntalo- y haber sido por dos veces eurodiputada socialista en las legislaturas de 1999 y 2004.

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