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En su estrategia por deslegitimar y despreciar cualquier protesta, el PP ha hecho suyo un viejo concepto de los discursos políticos, el de la mayoría silenciosa. “Vamos a gobernar para los que quieren levantar España, para la mayoría silenciosa, y no para los que hacen algaradas”, dijo recientemente María Dolores de Cospedal. Su consigna se ha repetido después en tertulias, columnas y portadas de periódicos. Los que protestan, dicen algunos voceros, “son una minoría”, “son violentos”, “no representan a nadie “y “dan mala imagen al país”. La gran mayoría de los españoles votó al PP, ergo “el Gobierno tiene las manos libres” para hacer cualquier cosa, incluso romper con todas las promesas que hicieron durante la campaña electoral. Son las falacias habituales que transmiten sin cesar aquellos que reducen la democracia al simple acto de votar (y callar).

Tal vez De Cospedal no lo sepa, pero el inventor de esa idea de la “mayoría silenciosa” fue un político de infausto recuerdo: el expresidente estadounidense Richard Nixon. Fue en noviembre de 1969, durante un famoso discurso sobre la guerra de Vietnam, en el que pedía el apoyo a la “gran mayoría silenciosa” mientras criticaba a los manifestantes pacifistas. “Traicionaría mi juramento del cargo si permitiera que la política de esta nación estuviera dictada por una minoría mediante la organización de manifestaciones en la calle”, decía Nixon. Su trampa argumental era doble: ni eran minoritarias las protestas, ni era mayoritario el silencio a favor de Vietnam. Pero aunque así no lo fuera, es falaz despreciar a quienes se manifiestan –por minoritarios que sean– porque una democracia va mucho más allá que el simple voto: es gobernar para todos, es escuchar al que disiente. Y es aún más falaz interpretar cualquier silencio –sea la abstención electoral, sea la pasividad ante una movilización ciudadana– como un apoyo declarado para aquella minoría poderosa que tiene más voz que el resto.

Al menos Richard Nixon reconocía una cosa: el derecho a la manifestación. “Una de las fortalezas de nuestra sociedad libre es que cualquier americano tiene el derecho de llegar a esa conclusión y defender ese punto de vista”, admitía en aquel discurso Nixon, el mismísimo Richard Nixon, que queda como un moderado al lado de la derecha que nos gobierna, donde cualquier manifestación, cualquier protesta pacífica, es una “algarada” a la que no se responde con el diálogo, sino con la policía.

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Este artículo sale hoy a la calle en el número especial en PDF y en papel que han elaborado varios compañeros, extrabajadores de Público: la cooperativa MásPúblico. Enhorabuena por el primer número. Os ha quedado fenomenal.

Carlos Elordi

Leer prensa extranjera siempre ha sido un ejercicio sano para un periodista. Porque te enteras de lo que pasa y se piensa en otros países y de por donde apuntan unos y otros hacia el futuro del mundo. Pero de un tiempo a esta parte, además de sano, es imprescindible para saber qué ocurre y, sobre todo, qué puede ocurrir en España. Como en los tiempos del franquismo, cuando los únicos que contaban las protestas democráticas que aquí iban produciéndose eran diarios como Le Monde. Que justamente por eso la policía retiraba de nuestros quioscos.

En concreto, las informaciones y análisis del Financial Times, aunque también los del superconservador Wall Street Journal, entre otros, sobre la crisis económica y financiera española, llevan meses avanzando hipótesis, casi sin excepción de tinte muy negro, que luego se han ido verificando implacablemente y que nuestra prensa, por no hablar de nuestras televisiones, nunca habían apuntado. Por las razones que sean, que de eso algún día podríamos hablar.

Tras el estallido del asunto Bankia, el pesimismo sobre el futuro español se ha reforzado en los citados diarios. Se dice sin ambages que el gobierno español ha fracasado en su reforma del sistema financiero y se duda de que los nuevos intentos vayan a tener mejor éxito. El Financial Times también ha dicho que en cualquier otro país la manera en que se hizo la salida a bolsa de Bankia, prácticamente engañando a los accionistas, habría sido objeto de una investigación judicial o de las autoridades monetarias. Pero que en España eso no se estila.

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Mariano Rajoy, seis meses atrás: «No pienso dar un solo euro público a la banca». Aunque lo grave no es solo esta promesa rota, otra más, sino el precio que va a pagar la sociedad por los abusos y la penosa administración de unos gestores que no solo han arruinado unas instituciones centenarias, sino que han dejado un gran boquete en el bolsillo de todos los ciudadanos. Las cifras marean. Entre el FROB, los créditos casi regalados del BCE y las ayudas directas que ya ha esbozado el Gobierno suman algo más de 80.000 millones de euros públicos, unos 1.700 euros por español. El agujero es tan grande que nos podría tragar. Por comparar, es ocho veces más que el recorte previsto en educación y sanidad.

Lo ocurrido con Bankia es de tal gravedad que el Gobierno debería dar dos pasos: abrir una comisión en el Parlamento donde se aclare la quiebra y ordenar a la fiscalía que investigue si, más allá de las responsabilidades políticas, hay también responsabilidad penal. El dato conocido estos días sobre las cuentas del 2011 –que el auditor externo Deloitte se negó a firmar por estar plagadas de irregularidades– no se puede ventilar sin más.

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La ministra Ana Mato quiere que esos ciudadanos sin papeles a los que se niega el derecho a la sanidad estén atendidos por las ONG. La propuesta es un insulto que ahonda aún más en la medida más injusta e inhumana de entre todos los recortes que ha tomado el Gobierno de Rajoy (y van). La propuesta es reveladora por el trasfondo que muestra: Ana Mato confunde el Estado del bienestar con la caridad.

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No lo llamen nacionalización. En realidad estamos socializando las pérdidas: pagando con carísimos intereses los excesos de unos gestores que han vivido muy por encima de nuestras posibilidades. La autopsia de Bankia detallará la factura, pero las primeras cifras que aparecen son mastodónticas, descomunales: más de 80.000 millones de euros públicos movilizados en el rescate; como toda la sanidad pública y todas las prestaciones por desempleo juntas. Si dividimos la cifra entre todos los españoles, tocamos a 1.700 euros por barba entre préstamos a fondo perdido, avales y bendiciones. Eso sin sumar imponderables: lo que Bankia encarece la prima de riesgo y la financiación de la deuda pública, lo que complica a todas las empresas el acceso al crédito, o lo que abarata ese activo del que tanto se habla ahora la “marca España”, ese país que hace no tanto presumía del mejor sistema financiero del mundo civilizado.

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Os he contado poco estos días pero no hemos estado parados. El proyecto de eldiario.es sigue en marcha. Ya tenemos una preciosa redacción en el centro de Madrid, hemos incorporado a algunas personas más y estamos trabajando a todo tren para cumplir con vuestras expectativas, que sabemos que son altas. El lanzamiento definitivo lo hemos dejado para septiembre pero hasta entonces no vamos a estar callados. Hoy nos estrenamos con Zona Crítica, un blog de urgencia para una situación de emergencia informativa. Un primer refugio donde la redacción y los colaboradores de eldiario.es empezaremos a publicar análisis, información y opinión sobre la crisis política, económica y ética de España y la eurozona.

Además de los nombres que ya avanzamos, tenemos unos cuantos fichajes más: Andrés Gil, Javier Gallego ‘Crudo’, Natalia Chientaroli, Susana Hidalgo, June Fernández, Antonio Orejudo, Salomé García, Borja Ventura, Fernando Vicente, Gonzalo Cortizo, Pau LLop, Amador Fernández Savater, Jorge Galindo o Stéphane M. Grueso.

Nos vemos en Zona Crítica.

Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo de un país aconfesional llamado España: “Solo en amar a Cristo y hacerle amar, en una vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera Justicia”. “En cualquier caso, los católicos obedeciendo al Papa nunca nos equivocamos”. “Sólo Dios, el Bien Supremo, es la base inamovible y la condición insustituible de la moralidad”.

Más allá de Dios, del amor a Cristo y del mismísimo Papa, algunas preguntas, hoy más pertinentes que nunca. ¿Qué clase de justicia es aquella que carga fines de semana en hoteles de lujo a cuenta del honrado contribuyente? ¿Qué moralidad permite al presidente del Supremo ejercer la “semana caribeña”: trabajar solo tres días y pasar los cuatro restantes a todo tren con el dinero público en Marbella? ¿En qué estaba pensando Zapatero cuando decidió nombrar a este integrista católico de hoy dudosa ejemplaridad al frente del máximo tribunal español? ¿Es normal que el principal responsable de los jueces españoles publique en la revista de una asociación filofranquista: la Hermandad del Valle de los Caídos? ¿Qué diríamos si un juez defendiera –por comparar– que solo en el amor a Mahoma y en la obediencia al imán de La Meca está la verdadera justicia?

7.000 millones de euros. Es lo que el Gobierno calcula que tendrá que prestar a Bankia para empezar a hablar. No está claro si hará falta más dinero y ni siquiera que vayamos a cobrar. Tampoco es el primer cheque: el Estado ya había prestado antes otros 4.465 millones, hace dos años, como regalo de bodas por la fusión entre Bancaja y Caja Madrid. En total, son 11.465 millones: más que todo el hachazo en educación y sanidad (10.000 millones), casi seis veces más que los recortes en Ciencia e I+D (2.000 millones), tres veces lo que se ahorró con la bajada de sueldos de los funcionarios (4.000 millones) o más de siete veces lo que se recortó al congelar las pensiones (1.500 millones).

12.992 millones de euros. Es lo que se supone que valía Bankia según su propia contabilidad, su valor en libros hace algo menos de un año. Para la salida a bolsa, el 20 de julio de 2011, se ofreció un descuento del 60% sobre esta cantidad para motivar a inversores a entrar en este pastel. Ni aún así: desde que cotiza, el valor de Bankia (el de la bolsa, no el de los libros) se ha reducido un 38% más.

4.600 millones de euros. Es lo que vale Bankia, según su capitalización bursátil de ayer. Es decir: los mercados valoran a esta entidad financiera en un tercio de lo que el Estado tendrá que poner para reflotarla a ella y a su matriz, el BFA, que es una especie de banco malo donde el genio financiero de Rodrigo Rato –aconsejado por MAFO– dejó toda la basura del ladrillo para ver si así podía aguantar. En ese almacén nuclear se guardan 30.000 millones en activos tóxicos, un 3% del PIB nacional o todo el recorte del gasto público de este año. Dentro de esa cifra hay también 5.000 millones en suelo, un patrimonio que se ha devaluado aún más. Es obvio que el dinero público prestado difícilmente va a regresar.

2,34 millones de euros. Es lo que cobró Rodrigo Rato el año pasado (más el variable) por su excelente gestión. Equivale a 260 salarios mínimos interprofesionales. Es decir, un trabajador que cobre el SMI tardaría dos siglos y seis décadas en ganar lo que Rato se levantó en 2011.

1,2 millones de euros. Es la indemnización máxima a la que tiene derecho Rodrigo Rato por su amable dimisión. En realidad, poco dinero: su sustituto como presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se llevó 68,7 millones de euros tras jubilarse con 55 años del BBVA. Para que un empleado con el SMI pudiese cobrar una cantidad así, necesitaría 7.600 años de trabajo.

Actualización, 12:31. Por si fuera poco, el Estado también ha comprometido 27.500 millones más en avales de Bankia.

Mariano Rajoy, 8 de noviembre 2011.

Hoy, el mismo Mariano Rajoy: “Si fuera necesario para salvar el sistema financiero español, no renunciaría a inyectar dinero público”.

El viernes, mucho más.

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Relacionada: La responsabilidad del rescate a la banca

Hoy a las 19:30 presentaremos en Madrid el ensayo colectivo Actúa, 12 llamadas a la acción frente a la crisis económica, política y social. Será en el Centro Cultural Círculo de Lectores, en la calle O’Donnel, 10. La entrada es libre hasta completar aforo. Estáis invitados.

1. Subida de impuestos para los millonarios: el tipo máximo del IRPF será del 75% para las rentas por encima del millón de euros al año.

2. Rebajar la edad de jubilación desde los 62 a los 60 años (para los trabajadores con 41,5 años cotizados).

3. Subir el salario mínimo por encima de la inflación. Ahora es de 1.200 euros al mes.

4. Derogar la subida del IVA que preparaba Sarkozy.

5. Que las rentas del capital paguen lo mismo que las rentas del trabajo.

6. Legalizar el derecho al matrimonio y la adopción de los homosexuales.

7. Que las empresas que se lleven sus fábricas fuera de Francia tengan que devolver las ayudas públicas recibidas.

8. Pedir a la UE una reforma de los estatutos del BCE para que el crecimiento y el empleo sean también un mandato prioritario en la política monetaria y que el banco central pueda prestar directamente a los estados. Poner en marcha los eurobonos. Apoyar la creación de una tasa a las transacciones financieras.

9. Crear un banco público de inversión para el desarrollo de las pequeñas empresas.

10. Reducir la producción de electricidad a través de energía nuclear del 75% al 50% para el año 2025, cerrando las centrales más anticuadas, y potenciar las energías renovables.

11. Cambiar la ley Hadopi contra las descargas en Internet. Buscar un modelo que concilie los derechos de los creadores y el acceso a Internet fácil y seguro.

12. Reformar la Constitución para incluir en ella los principios de laicidad y la separación entre Iglesia y Estado.

13. Rebajar un 30% el sueldo al presidente de la República y a sus ministros.

14. Que los responsables de la televisión y la radio públicas dependan de una autoridad independiente del Gobierno.

15. Subir el sueldo a los médicos de la sanidad pública.

16. Construir 2,5 millones de viviendas de protección oficial para estudiantes y rentas bajas durante los próximos cinco años.

17. Rebajar los sueldos de los directivos de las empresas públicas.

18. Limitar la acumulación de cargos públicos.

19. Derecho a voto en las municipales para los extranjeros que vivan en Francia desde hace más de cinco años.

20. Contratar a 60.000 nuevos profesores.

21. Regular la eutanasia.

22. Subida del 15% en el impuesto a la banca.

23. Prohibir las stock-options, excepto para empresas recién nacidas.

24 Prohibir a los bancos tener sucursales en paraísos fiscales.

25. Obligar a que la banca de inversión –la especulativa– y la de ahorro –la de las libretas y créditos– estén separadas.

26. Multas para los partidos políticos que no respeten la paridad entre mujeres y hombres.

27. Los políticos condenados por corrupción quedarán inhabilitados por diez años.

28. Aumentar las ayudas para las familias con hijos en edad escolar.

29. Subir el impuesto de sucesión y el de patrimonio.

30. Retirada de las tropas en Afganistán.

Más detalles (en francés) en el programa electoral completo del nuevo presidente de la República Francesa.

El escándalo no está en que Iñaki Urdangarin intente llegar a un pacto con la fiscalía para evitar el juicio y eludir la prisión. Tal posibilidad está en la ley, esos acuerdos son cotidianos en todos los juzgados y la justicia para el duque de Palma no debería ser más laxa pero tampoco más dura que la de cualquier otro procesado. Lo realmente criticable son otros tres aspectos que conviene destacar.

Más en mi artículo semanal para El Periódico