Debate en el Congreso sobre el software libre
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Congreso de los Diputados. Miércoles, 14 de diciembre de 2005
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras)
Debatiremos acumuladamente los puntos 2 y 3 del orden del día, que tienen relación con la toma en consideración de proposiciones de ley, en primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la implantación del software libre en la Administración del Estado y, en segundo lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, de medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado.
(Rumores.)
Señorías, por favor, si desean ausentarse del hemiciclo háganlo con rapidez y en silencio.
Comenzaremos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tendrá la palabra el señor Herrera, si es posible que guarden ustedes silencio. (Rumores.) Insisto en que, si desean ausentarse del hemiciclo, lo hagan rápidamente.
Vamos a intentarlo, señor Herrera. Adelante
El señor HERRERA TORRES (IU):
Gracias, señora presidenta.
Esta no es una proposición de ley nueva, es una proposición de ley que busca simplemente la implantación del software libre en la Administración central del Estado. Nos tenemos que preguntar algo quizás básico, que muchos ya saben pero que algunos aún desconocen, simplemente qué es el software libre. No es sólo un modelo operativo de programas informáticos libres en cuanto a licencias de uso, distribución y modificación, es algo más, es la libertad de usar el programa con cualquier propósito, es la libertad de estudiar cómo funciona un programa y adaptarlo a cada una de las necesidades —por ello, por ejemplo, se plantea el libre acceso al código fuente—, pero por encima de todo eso es una exigencia en contra de una práctica monopolística que existe, que influye en empresas, en la economía e incluso en el normal desarrollo de la Administración. (Rumores.) ---
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras)
Disculpe, señor Herrera, no quería interrumpirle. Señorías, por favor, es imposible que pueda concentrarse en lo que está diciendo el compañero de ustedes que está en la tribuna tratando de hacer uso de la palabra. Les ruego silencio, por favor.
Adelante y disculpe, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES (IU):
Es sobre todo algo bien sencillo. Todos podemos tener pantallas delante de nosotros en el hemiciclo, pero sin software libre, sin un normal desarrollo de las nuevas tecnologías de forma democrática, las pantallas, señorías, sirven de bien poco.
De hecho, el software libre hace que una sociedad sea más democrática y más participativa. Lo hacemos mediante una ley porque entendemos que es el instrumento utilizado en diferentes Estados; una ley porque ya el Decreto-ley 2572/1973 —estoy hablando del año 1973— decía que el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la informática y del mantenimiento y arrendamiento de programas debe ser mediante aquellos que son libres de uso. Lo decía una ley en el año 1973. Lo hacemos por ley también porque existe legislación en el ámbito europeo y en el ámbito mundial. Entendemos que la ley es el mejor de los instrumentos para que finalmente se impulse el software libre.
¿Qué supone esto? Supone libre acceso del ciudadano a la información pública, perennidad de los datos públicos y seguridad del Estado y de los ciudadanos. Mientras que en el software propietario, el software que se utiliza aún normalmente por las administraciones del Estado, se deben pagar licencias y sus programas están sujetos a limitaciones técnicas, en el software libre nos encontramos con que esas limitaciones no existen, hay un mayor grado de fiabilidad y de operatividad y es mucho más seguro.
Además, el software libre no es algo exótico que solo practiquen unos cuantos expertos o tecnólogos, el software libre no es algo desconocido hoy en día, ya que diariamente multitud de empresas y organismos hacen un uso intensivo del mismo. Les podría poner ejemplos de multitud de empresas, pero también ejemplos de administraciones como las de Extremadura o Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, la de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Administraciones Públicas, universidades, diputaciones, etcétera.
¿Qué es lo que pide nuestro grupo parlamentario? Precisamente que se legisle para que exista responsabilidad de la Administración. ¿Cuál es la cuestión fundamental de esta ley? La cuestión fundamental de esta ley es que modifica la estrategia seguida desde el año 1996 en toda la Administración pública española. En aquel momento, en el año 1996, precisamente cuando el Partido Popular accedía al poder, se abandonaba la estrategia de los sistemas abiertos para poder tomar rápidamente el control y desmontar la herencia de un Gobierno que había avanzado en esta materia. Lo que se decidió es que fuesen los directores generales quienes determinasen en cada momento qué era lo que impulsaban. El resultado es que la dependencia actual es mayor, que se depende más que años atrás, y mucho más que otras administraciones, del software propietario de determinadas multinacionales mayoritariamente norteamericanas. El ritmo de gasto en TIC de la Administración se ha doblado desde el año 1996 y no todo obedece a prioridades políticas. Gran parte de ese gasto presupuestario obedece a que no ha habido una política a favor del software libre.
¿Qué supone esta ley? Cambiar eso. Hay que decirlo, esta ley supondría un paso adelante en esta materia. De hecho, desde el propio Ministerio de Administraciones Públicas se está reiterando que es la única forma de reconducir el asunto y de lograr una convergencia real con la Unión Europea. La pregunta es: ¿lo que vale para el Ministerio de Administraciones Públicas no vale para el conjunto de la Administración central del Estado?
¿Qué pedimos? Pedimos lo que dice Naciones Unidas, pedimos lo que hoy están diciendo diferentes directivas de la Unión Europea. ¿Qué es lo que solicitamos? Lo que dice la Convención Europea de Patentes, firmada por España. Desde Hispalinux —auténticos promotores de esta iniciativa— se dice: El software libre ofrece acceso al código fuente, reportando un alto grado de independencia tecnológica para el país, dejando el dinero dentro de sus fronteras y convirtiéndolo así en un motor de riqueza.
La conclusión es clarísima: hoy una compañía no puede decidir el futuro tecnológico de España ni de Europa ni de las diferentes comunidades autónomas. El software libre permite tener un tejido industrial propio y no dependiente. ¿Y quién debe liderar su implementación y su desarrollo? Nosotros lo decimos de forma muy clara, lo debe hacer el conjunto de las administraciones. Las experiencias existen —antes les ponía los casos—, experiencias también legales en Italia, en Bélgica y en Polonia.
El argumento de que el marco legal no es el apropiado para algunos países no ha valido. También es el caso de Perú o el caso de Brasil. Además, existen experiencias exitosas en Alemania y en Francia. Intel y Novel han aplaudido las iniciativas del Gobierno brasileño y hoy en Extremadura se ahorran 30 millones por la implantación del Linux en sus colegios, en la Junta de Andalucía se han ahorrado 150 millones con el Guadalinex y el Libro Blanco del software libre ha llegado a criticar incluso la división de software entre las comunidades autónomas.
Más allá de lo acertado o no de la crítica, lo cierto es que falta una acción decidida de la Administración central del Estado.
¿Por qué lo queremos hacer? Por economía. Imagínense ustedes, cuando queremos desarrollar el acceso a las nuevas tecnologías, el coste que supone un ordenador personal que tienen ustedes en casa —500 ó 1.000 euros para dotarlo de todo el software— comparado con el coste del sofware libre. Es una sangría a cambio de algo que tenemos gratis con las mismas o incluso superiores prestaciones. Hay razones de seguridad porque de todos es conocido que en el software propietario existen puertas traseras por las que colarse en los sistemas. De esta manera, Microsoft, por ejemplo, puede disponer de la puerta trasera de multitud de usuarios, también del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio del Interior o del de Defensa. ¿Por qué no ha de ser razonable que nos obliguemos a una ley —ya la mejoraremos— para dotarnos de software libre también por motivos de seguridad?
A las razones de la economía y de la seguridad se suma el carácter plurilingüe del Estado; lo que esta claro es que el software libre no es una oportunidad, sino una obligación para un Estado que es plurilingüe y lo que esta proposición hace es que se implante el software necesario para la realidad plurilingüe de nuestro Estado. También por democracia. El Estado debe garantizar al ciudadano el procesamiento adecuado de sus datos velando por su integridad, confidencialidad y por su accesibilidad a lo largo del tiempo. Esos aspectos los garantiza el software libre, no el software propietario.
Por todos estos elementos creemos que la proposición debería ser aprobada, pero si estos argumentos no son lo suficientemente sólidos, quizás deberíamos ir a los antecedentes.
De hecho, no es la primera vez que se discute una proposición de ley de estas características. En el año 2002, en la legislatura pasada, Joan Puigcercós defendió una proposición de ley que finalmente fue rechazada por el Congreso de los Diputados. Los argumentos fueron variados. El Partido Popular dijo que no era oportuno porque no era lo más apropiado. Convergència i Unió se abstuvo con el argumento de que la proposición en sí invadía competencias autonómicas, pero esta proposición de ley no las invade. Cuando la gente de Hispalinux hace más de un año se dirigía a los miembros que firmamos aquella proposición de ley, tanto a Esquerra como a Iniciativa e Izquierda Verde, nos decían que iban a corregir estos elementos. Si se fijan, aquellos elementos que ustedes criticaron en 2002 ya no están, esta proposición no invade competencias.
Finalmente, la señora Pleguezuelos, portavoz socialista, decía que sería importante que esa proposición de ley fuese aprobada por el Grupo Popular porque abría un debate oportuno. La pregunta es, si a los argumentos de seguridad, economía y más democracia y de que la ley es el mejor instrumento porque lo utilizan en diferentes Estados de la Unión Europea, se suma el argumento del precedente, que el Grupo Socialista votó que sí, ¿cuál es el auténtico argumento hoy para que esta ley no pueda prosperar? Nuestro grupo parlamentario no lo encuentra. No solo no lo encuentra nuestro grupo parlamentario, desde Hispalinux, cuando nos trasladaron esta proposición, nos decían que había condiciones objetivas para que España, el Gobierno español se situase en el liderazgo en el ámbito europeo desarrollando una ley como ésta y consiguiendo por ley que lo que tengamos en la Administración central del Estado sea un software libre apropiado a nuestras necesidades, a nuestra realidad. La aprobación o no de esta proposición de ley es una de aquellas muestras en las que se ve si hay o no mayoría de izquierdas, es más, si hay o no voluntad de hacer políticas de acuerdo con lo que la mayoría de izquierdas exige.
Esta es una proposición de ley que apuesta por el principio de lo público también en la informática y, además, con los instrumentos adecuados. Como les decía, la ley se puede mejorar, podemos hacer disposiciones transitorias, pero la ley es el instrumento adecuado para que la Administración central del Estado se ponga a la altura de las circunstancias. Esta es una ley, y lo digo claro, para recuperar poder de los ciudadanos —cedido, prestado, otorgado a aquellos que detentan monopolios—, es una ley donde se ve claramente, en este caso en el terreno del software, dónde están los poderosos y con quién nos acabamos alineando, si con los que realmente tienen ese poder o con aquellos que aspiramos a que el poder esté en la ciudadanía; es una ley que nos sitúa a la altura de los Estados de todo el mundo —porque existen Estados en el ámbito europeo, pero también en el ámbito global, y se ha puesto el caso de Brasil— en los que se apuesta definitivamente por un uso libre de las tecnologías; en definitiva, es una ley que sirve para hacernos un poco más libres, para hacer que la democracia en su relación con las nuevas tecnologías tenga pilares mucho más sólidos.
La cuestión es si nos quedamos mirando cómo todos los países aprovechan el hecho de conocer los algoritmos y las fórmulas de cómo funciona nuestra civilización o nos adelantamos y nos ponemos a la cabeza para tratar de explotar este hecho y así mejorar nuestra competitividad, nuestra productividad y, lo que es más importante, nuestra democracia.
De aquí a bien poco va a tener lugar la III Conferencia internacional sobre software libre en Málaga, del 15 al 17 de febrero. La pregunta es: ¿Cómo quiere abordar el Congreso de los Diputados lo que es un reto de la sociedad civil, que lo ha asumido clarísimamente apostando por el software libre? Nosotros entendemos que lo debe de abordar como los mejores Estados de la Unión Europea y del mundo, desarrollando una ley. La ley se puede mejorar, la ley —que ahora sí es respetuosa plenamente con las competencias autonómicas— es una oportunidad.
No hagan de una oportunidad, señores diputados, señoras diputadas, una frustración, hagan que tengamos instrumentos para ser más libres también en el acceso a las nuevas tecnologías. Como les decía, más democracia no consiste solo en tener más pantallas —pantallas de ordenador en el hemiciclo o en cualquier otro sitio—, sino en acceder a nuevas tecnologías libres, accesibles para todo el mundo, que se desarrollen con altruismo, con libertad y que profundicen en nuestro modelo de sociedad democrática.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):
Gracias, señor Herrera.
Continuamos con el siguiente turno a favor de esta proposición de ley. En nombre Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES (ERC):
Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, presenta hoy el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana esta proposición de ley, como ya lo hizo en la pasada legislatura el diputado Joan Puigcercós y como también lo ha hecho el Grupo de Izquierda Verde, relativa a la implantación del software libre en la Administración del Estado. Lo hacemos porque creemos que es necesario aprovechar la oportunidad que nos ofrece el fenómeno del software libre y, más ampliamente, el conocimiento libre y todos los beneficios que esto reporte, especialmente su uso y fomento por las administraciones públicas. A nuestro entender, la Administración del Estado no puede mantenerse al margen, no debería mantener una actitud pasiva y no aprovechar las ventajas tecnológicas que nos ha puesto al alcance la implantación del software libre. No tener una posición activa en este sentido iría en detrimento del desarrollo tecnológico y de la democratización del acceso a las nuevas tecnologías.
Es necesario recordar hoy que las instituciones internacionales hace mucho tiempo que vienen recomendando el fomento y el uso del software libre por parte de las administraciones públicas. En este sentido, la ONU ya advertía en 2002, en su informe sobre la brecha digital, que sin una política clara sobre la adopción del software libre por parte de los Estados surgiría una eminente exclusión de amplios sectores sociales y económicos, incluso de países enteros.
Señoras y señores diputados, la implantación del software libre ha dejado de ser una reclamación simpática de unos cuantos expertos y ya son varios los organismos estatales que hacen un uso intensivo del mismo en su funcionamiento diario: la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid o la de Castilla-La Mancha. También el Govern de la Generalitat de Catalunya está trabajando en varias iniciativas en este sentido. Muchas otras administraciones públicas, como las universidades, diputaciones o ayuntamientos, trabajan ya en este sentido. El mismo Ministerio de Administraciones Públicas, como recordaba el señor Herrera, ha reiterado en varias ocasiones que esta es la única forma de reconstruir el asunto y hacer una convergencia real que necesitamos, tomando como base la experiencia propia en esta materia. Sería, pues, incomprensible, una verdadera lástima —créanme, señoras y señores diputados— que la Administración del Estado se quedara fuera de esta implantación.
También quiero señalarles que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentó en el Parlament de Catalunya una proposición en este sentido, proposición que los diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya votaron favorablemente. En la defensa que hizo la diputada Teresa Serra de este voto afirmativo explicaba lo que supondría desde el punto de vista económico y también del social la implantación del software libre en la Administración catalana. Y es que desde que fue fundado el proyecto GNU, que marcaba indiscutiblemente el inicio del movimiento de software libre, son múltiples las ventajas económicas, estratégicas y sociales que este tipo de software ha ido promocionando.
Entre estas numerosas ventajas quiero destacar en primer lugar la que representaría para el fomento de las lenguas oficiales del Estado minoritarias, como pueden ser el catalán, el euskera o el gallego. Con la implantación del software libre, al contrario de lo que sucede con el software de licencia propietaria, con el que las empresas propietarias tienen los derechos de traducción, la libertad de la que dispondría la Administración para la traducción o adaptación de cualquier software a todas las lenguas oficiales del Estado sería muy grande. En este sentido, quiero recordarles que el pasado año, concretamente el día 24 de noviembre, aprobamos en esta Cámara, en la Comisión de Industria, una proposición no de ley que presentaba el Grupo de Esquerra Republicana, y que se aprobó con el voto afirmativo de casi todos los grupos de la Cámara —el Partido Popular, como es habitual, se abstuvo—, relativa el fomento de los mecanismos que posibilitaran la adecuación, la adaptación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías a favor de la normalización y difusión de la lengua catalana, proposición no de ley que, como les recordaba, presentó nuestro grupo parlamentario.
La finalidad de utilizar aplicaciones propias o utilizar varias aplicaciones linguísticas, debido a que una vez que se genera un nuevo recurso lingüístico queda a disposición de todos, pudiendo ser utilizado en futuras aplicaciones, podría ayudar a conseguir los objetivos que nos marcábamos en esta proposición no de ley a la que hacía referencia, y, cómo no, ayudaría mucho al fomento de todas las lenguas oficiales del Estado, fomento que a mi entender debería contar con la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Creo que es de justicia agradecer hoy la labor que han llevado a cabo entidades como Soft Catalá o usuarios individuales para que se mantengan programarios libres traducidos al catalán.
Otra de las ventajas incuestionables que nos proporciona la implantación del software libre es la optimización de la inversión. Si la inversión del software propietario solo beneficia a la empresa productora del programa, debido a que gran parte de la inversión recae en el costo de la licencia, con la utilización del software libre la inversión que debería hacer la Administración es mínima ya que los programas son gratuitos o tienen un coste mínimo. No me negarán, señoras y señores diputados, que esta sería una buena manera de ahorrar recursos públicos a la Administración del Estado. Y es que el ritmo de gasto que se ha ocasionado en TIC por parte de la Administración se ha ido doblando cada dos años desde 1996. Aprobar esta ley supondría que en dos años se podría reducir casi un 40 por ciento de este gasto. El ahorro directo que se ha calculado a las arcas del Estado con la aplicación de esta ley está estimado en unos 3.000 millones de euros en los próximos dos años, algo que puede hacer cuadrar las cuentas del Estado y que puede significar, por ejemplo, la definitiva tecnificación de la educación o la sanidad, para dar algún ejemplo, y que estas tecnificaciones podían ser cada vez más eficaces.
Desde nuestro grupo parlamentario también creemos que la aplicación del software libre potenciaría el fomento de la innovación tecnológica. La disponibilidad de un código de fuentes de aplicación permitiría que cualquier técnico, cualquier empresa estatal pudiera introducir mejoras y no sería necesario encargar estas mejoras a empresas de otros países que trabajan con sistemas propietarios.
Qué duda cabe que esto contribuiría de forma decisiva a la formación de profesionales de nuevas tecnologías y al desarrollo total de nuestros propios planes estratégicos. Se calcula que el impulso tecnológico que se le da a la industria tecnológica local puede suponer una mejora de hasta un 80 por ciento de su competitividad, con lo que esto supone para el resto de sectores productivos. Se podría conseguir, además, un fuerte impulso que supondría tener una gran infraestructura tecnológica sin apenas costes para el sector privado, liberando Bang con licencia pública general todos esos desarrollos, pagados también, cómo no, con impuestos de todos los ciudadanos del Estado. Los beneficios que el software libre aporta a un Estado es algo que no puede compararse a lo que se consigue usando, revendiendo o más bien realquilando tecnología no propia, como lo hemos hecho en el Estado español los últimos 30 años.
En definitiva, señoras y señores diputados, que se ponga a disposición de los ciudadanos o empresas aquel software que ha sido pagado por todos incrementaría la competitividad de nuestro sector productivo y colateralmente haría más fuerte nuestro sector de las nuevas tecnologías de la información, mejorando la capacidad tecnológica y el estímulo de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Les recuerdo, señores diputados del Partido Socialista, que este es un compromiso que ha asumido el Gobierno socialista para esta legislatura. Han sido muchas veces las que hemos oído del ministro de Industria y del presidente del Gobierno que es condición sine qua non apostar por el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en esta legislatura.
También sería una buena noticia la independencia del proveedor. Sería una gran ventaja porque aprovechar esta ley con el software libre no está supeditado a las condiciones de mercado del proveedor. Los proveedores de software libre propietarios se ven obligados demasiadas veces a dejar de fabricar un producto por un cambio drástico de las condiciones de mercado o simplemente porque ya no pueden rentabilizar la inversión. Con la disponibilidad que ofrece la tenencia de código de fuente, el usuario, por el contrario, puede continuar introduciendo mejoras técnicas en el programa. Y es falso que el software libre, señoras y señores diputados, por su naturaleza sea más inestable, más bien al contrario. El software libre puede seguir siendo utilizado perfectamente después de haber desaparecido la empresa o el grupo de usuarios que lo han logrado en su origen, y cualquier institución, cualquier técnico o cualquier persona puede desarrollar, usar o incluso mejorar cualquier aplicación de software libre.
Señoras y señores diputados, esta ley garantiza también, como comentaba el señor Herrera, derechos civiles de los ciudadanos en varios aspectos, como la seguridad y la privacidad. Que los sistemas de almacenamiento o de recuperación de información sean públicos garantiza que cualquier persona pueda ver y entender cómo se almacenan los datos al no estar ligados a sistemas cerrados como los que nos ofrecen los software de licencia propietaria. Además, en el software con licencia propietaria nunca tendremos la seguridad de que los programas originales no introdujeran lo que se viene denominando puertas traseras que pongan en peligro la seguridad del sistema y la privacidad de los datos.
En resumen, señoras y señores diputados, nuestro grupo entiende que la tramitación de esta ley es una gran oportunidad, y lo es porque cuando un Estado tiene unas buenas infraestructuras públicas el sector privado es el primero en beneficiarse ya que aumenta su competitividad; porque cuando un Estado no está sujeto como cliente cautivo a los proveedores tiene una mayor capacidad de flexibilidad del gasto y puede focalizarlo en lo que este Gobierno entienda como prioritario en cada momento, y también lo es porque cuando el software es completamente transparente para el Estado y este tiene capacidad legal para usarlo, copiarlo, modificarlo o distribuirlo sin trabas, una eventual respuesta de seguridad nacional tiene muchas más posibilidades de ser efectiva que cuando el software es propiedad de una empresa privada, y con lo que les interesa a ustedes la seguridad nacional creo que este sería un buen argumento para votar a favor.
Esta proposición no de ley —también lo decía el señor Herrera— es además una gran oportunidad para que los partidos de izquierdas hagamos políticas de izquierdas. Estamos en una legislatura en la que manda un Gobierno socialista, un Gobierno de izquierdas, apoyado parlamentariamente por partidos de izquierdas, y en la que podemos encarar políticas como esta, es decir, políticas de izquierdas, de socialización o de democratización de las nuevas tecnologías. Es comprensible que el anterior Gobierno echara al traste todo lo que se había avanzado en temas de software libre, pero no lo es que ahora el Grupo Socialista no pueda tramitar una ley en beneficio del software libre.
Podríamos entender que en la tramitación parlamentaria de esta ley incorporaran todas las condiciones que la portavoz socialista nos explicará después a la hora de defender su voto afirmativo; podríamos intentar pactar una ley incorporando todas las enmiendas que el Grupo Socialista entendiera, pero lo que no puedo entender es que hoy no se lleve a trámite o no se vote favorablemente la tramitación de una ley que pueda impulsar el software libre. Como comentaba el señor Herrera, Hispalinux, una de las asociaciones que más ha trabajado en beneficio del software libre, una asociación de izquierdas que entendía que este cambio de Gobierno podía beneficiar políticas de izquierdas y que tenía una gran aspiración en este sentido con el Gobierno socialista, no va a entender que el Grupo Socialista no pueda considerar una ley como esta. Señoras y señores diputados, no entendemos que hoy no podamos tramitar esta ley. Hubiéramos ofrecido cualquier pacto al Grupo Socialista para que en la tramitación parlamentaria pudiéramos empezar a trabajar desde la Administración del Estado, como muchos Estados en el ámbito mundial han promovido o como también muchas administraciones autonómicas, ayuntamientos y diputaciones lo han hecho, y entendemos que con esto se pierde una gran oportunidad.
Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señores diputados.
Salut y software libre.
La señora (Chacón i Piqueras):
Gracias, señor Ramón.
¿Algún grupo parlamentario, señorías, desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones del resto de grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Mixto, con el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS (CHA):
Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros vamos a votar a favor de estas proposiciones fundamentalmente porque cuando el señor Zapatero tomó posesión de la Presidencia del Gobierno le recordamos que íbamos a apoyar el software libre. Lo hicimos exactamente el 16 de abril de 2004, y cuando ahora vemos que Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya- Els Verds sacan esto adelante, lo apoyaremos rotundamente. En aquel momento nos quedamos asombrados de la reacción positiva de cientos de jóvenes que se apuntaban al software libre porque los otros software son excesivamente caros, y por eso lo vamos a apoyar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):
Gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (BNG):
Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar las dos proposiciones de ley que se presentan hoy, y lo quiere hacer recordando que en el principio de la informática y de la programación, allá por los años sesenta, los programas eran libres y cualquier persona tenía acceso al código fuente. Sin embargo, en los últimos 20 años las empresas de software cerraron esta posibilidad. Se valieron, señorías, de todas las herramientas a su alcance, copyright, patentes, etcétera, para proteger la propiedad intelectual de sus programas informáticos, con el único fin de impedir que un posible competidor hiciese un producto semejante; también recurrieron a las licencias que limitan normalmente las condiciones de uso del programa a un solo ordenador.
En el contexto actual de concentración del poder económico y empresarial, las empresas de software actúan como monopolios de hecho, alcanzando cotas de uso de sus programas de un 95 por ciento de los ordenadores de todo el mundo. Lo están haciendo imponiendo estándares no consensuados por la industria del software, fruto de una táctica empresarial basada en la publicidad agresiva, en la revolución incesante de nuevas versiones, etcétera, una espiral sin fin impuesta por la dinámica de lo que es una de las características del capitalismo, que es el negocio a cualquier precio. Frente a esto, la antítesis, como ya dijeron los dos proponentes, es el software libre, que tiene un marcado carácter social de cooperación, de transparencia, permite la copia, distribución, instalación y modificación de programas.
Pero tiene otras ventajas que para el Bloque Nacionalista Galego son sustanciales y que conviene remarcar. En primer lugar, el software libre es gratis o de bajo coste, ya que no tiene coste por licencia. Este aspecto es de vital importancia para las economías de países empobrecidos o en vías de desarrollo; desde luego está claro que ahorrarían los costes de licencias y programas que hoy van a engordar las empresas transnacionales, dineros que podrían ser invertidos en empresas de software local. Pero es interesante también —y este es el caso que nos ocupa— para las administraciones públicas, incluso de países desarrollados, que deberían impulsar el ahorro y el consumo razonable de tecnologías.
Este es uno de los motivos fundamentales de nuestro apoyo a estas iniciativas. Por lo demás, el acceso al código fuente de los programas favorece el intercambio de información y, por extensión, la innovación tecnológica en el ámbito local, que podrían desarrollar software libre, contribuyendo a la formación de profesionales en el campo de nuevas tecnologías y al desarrollo de planes estratégicos propios. Y como ya se señala en los artículos 2 y 3 de las proposiciones de ley, el software libre presenta claras ventajas para las lenguas llamadas minoritarias, en particular en el caso del gallego, del catalán y del euskera, lenguas claramente discriminadas, unas más que otras, por el software propietario, ya que cualquier particular, institución o empresa, al tener acceso al código fuente, puede traducirlo.
Por último —ya fue remarcado pero es especialmente importante para nosotros—, hay que tener en cuenta la seguridad y la privacidad, ya que al estar revisado el código por miles de programadores resulta casi imposible que alguien escriba, desde luego el código espía, con el fin de obtener datos personales o tener acceso remoto a nuestro sistema. No podemos olvidar que con el software propietario no sabemos exactamente lo que hace nuestro ordenador cuando procesa un programa bajo licencia, ya que es sabido que algunas empresas de software propietario colaboran con agencias gubernamentales para obtener datos privados de transacciones informáticas de los usuarios en el ámbito planetario.
Resumiendo, las proposiciones de ley significan una opción por el ahorro, la autonomía, la independencia, el pluralismo, el desarrollo tecnológico original y, en definitiva, por una concepción de la democracia merecedora de tal nombre.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):
Muchas gracias, señor Rodríguez.
Continuamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA (PNV):
Señora presidenta, señorías, mi grupo se va a posicionar en contra de la toma en consideración de estas proposiciones de ley, y lo va a hacer sobre la base de una serie de consideraciones que paso a exponerles brevemente. Permítanme hacerlo, para mayor claridad de nuestro posicionamiento, dándoles a entender lo que no significa nuestro voto negativo. En primer lugar, para nosotros no cuenta la opinión y actitud que tenemos sobre el software libre. Entendemos que hoy ante todo y sobre todo ese es un debate entre especialistas —no de este entorno, sino otro tipo de especialistas— y también un debate entre estrategias comerciales. En la misma medida en que es un debate entre especialistas, entendemos que este no es un debate cerrado o resuelto, por mucho que a algunos legítimamente les pueda parecer que sí. Asimismo entendemos que hoy este tema es también objeto de muchos equívocos. Por ejemplo, software libre no es software gratuito; software libre no es equivalente a códigos de fuente abierta; software libre ni de lejos se parece en algo a estándares abiertos de interoperabilidad.
Pues bien, a mi entender, las proposiciones que ustedes presentan están llenas de una mezcla de todas estas confusiones. A nuestro juicio, no es este el foro ni este el instrumento para aclarar este debate, que es relativamente complicado.
Como decía, este es también un debate entre estrategias comerciales, y a esta cuestión me referiré posteriormente cuando diga por qué definimos en los términos positivos en los que lo hacemos nuestro voto negativo. Por tanto, que nadie confunda nuestro voto no ya con una opinión contraria al software libre, ni siquiera neutra, distante, aséptica y alejada de todo compromiso para el desarrollo del mismo, y mucho menos con una actitud distante o contraria hacia los códigos de fuente abierta o sobre la conveniencia de que todos los formatos interface y protocolos de interoperabilidad de la Administración con entidades privadas y con los ciudadanos se realicen con estándares de derechos libres de patentes y pago de royalties, y he leído el artículo 4 de su proposición de ley y tengo que decir que si lo descontextualizamos es perfecto, no hay nada que objetar al mismo.
Grandes líderes de opinión en este tema, como el grupo Gardner, han dicho que una de las grandes tendencias que hoy en día se dan en este mundo es que vamos hacia software de código de fuente abierta. Si ustedes han leído el informe —o algún resumen del mismo— que el Grupo Gardner publicó en el año 2005 habrán visto que esta es una de las cinco grandes tendencias. El informe dice: Los software de código de fuente abierta constituyen un catalizador que reestructurará la industria dando origen a software de mejor calidad a coste inferior; no quebrará las estrategias de los gigantes de la industria —y cita a IBM y Microsoft—, pero revolucionarán los mercados de los software transfiriendo los flujos de ingresos de las licencias hacia los servicios y los soportes. Por tanto, de gratuidad, nada de nada.
Por otra parte, nosotros tampoco valoramos si esta proposición de ley es más o menos constitucional o inconstitucional o si está de acuerdo o no con las grandes directrices europeas de mercado libre. Se podría entrar en ese tema, pero en el fondo es la misma discusión o una discusión análoga a la que yo señalaba sobre los aspectos técnicos del software libre. Hay razones para opinar que algunos de los artículos de este proyecto de ley serían inconstitucionales, pero no seré yo quien diga que lo son, que también tienen otro tipo de aplicaciones.
No entramos, pues, ni en el debate técnico sobre el software libre ni en el debate técnico sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿Cuáles son, entonces, las razones de fondo por las que mi grupo se opone a la toma en consideración de esta proposición de ley, porque prácticamente es una única la que debatimos, aunque presentada por dos grupos?
Básicamente, a modo de resumen y en aras de la necesaria brevedad, una razón: nuestra profunda disconformidad con lo que entendemos que constituye la columna vertebral de esta proposición de ley, que es la concepción de la sociedad, de cómo se estructura, de cómo funciona, de cómo se desarrolla y del papel de la Administración en esa sociedad, de cómo la Administración debe intervenir en una sociedad en orden a su estructuración, en orden a su funcionamiento y en orden a su desarrollo. Porque el software es todo un mundo, no es solo un mercado, y la Administración debe tener unos criterios de intervención en ese mundo.
Vamos a imaginar que todo el mundo esté de acuerdo con todas las argumentaciones esgrimidas por ustedes en la exposición de motivos, incluso con las razones que hoy nos han expuesto unos y otros para demandar el voto a favor de esta proposición de ley; que, efectivamente, todo lo que ustedes han dicho es verdad. Les diré, de paso, que no todo el mundo coincide en esto y que mi grupo, puestos a discutir —que no es objeto de discusión aquí y ahora—, como mínimo, tendría muchísimos matices que hacer. Pero vamos a suponer que estamos todos de acuerdo. ¿Y de ahí que se concluye? Porque podría concluirse que dejen ustedes estar las cosas como están, que están bien, porque ya van avanzando en la buena dirección.
Sin embargo, ¿por qué ustedes concluyen lo que concluyen? ¿Y qué es lo que concluyen? Un análisis de su propuesta nos llevaría a hablar de varios detalles, pero lo voy a centrar en el artículo 8, que dice: El software, documentación o conocimiento cuya creación ha sido sufragada total o parcialmente con dinero público será patrimonio del Estado, y como tal…sigue. ¿Qué significa esto? ¿Quién de los que aquí está ha adquirido un conocimiento sin que, de alguna forma, ese conocimiento haya sido sufragado parcialmente por el Estado? ¿Qué pasa, que ese conocimiento, y el de todas las empresas, es patrimonio del Estado? Eso es lo que ustedes afirman en el artículo 8, esa es la concepción de la sociedad que mi grupo no comparte.
Cabría hablar de más artículos, insisto, pero por falta de tiempo no lo haré. La pasada semana comentaba yo esta proposición de ley con un responsable de los temas y planteamientos informáticos en una institución importante del País Vasco; un responsable que además en el día a día está trabajando para la introducción progresiva del software libre en determinadas áreas y funciones de esa institución, un comprometido por el software libre. ¿Sabe cuál fue su reacción cuando le leí su texto? Pues se llevó las manos a la cabeza, no por la exposición de motivos, sino por los artículos. Y ahí decidí mi voto contrario. Nada ganaríamos con la entrada en vigor de este proyecto de ley a favor del software libre.
El resultado sería, como también me manifestaban unos empresarios, que entrarían ustedes algo así como un elefante en una cacharrería, y un elefante en una cacharrería no produce ningún nuevo mundo, lo que hace es destruir todos los cacharros que están ahí.
De forma que mi voto, el voto de mi grupo, contrario a la toma en consideración de esta proposición de ley, significa ese llevarse las manos a la cabeza porque muy buenas intenciones, pero muy mal camino para llegar a ningún sitio.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):
A usted, señor Beloki, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y tiene para ello la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA (CIU):
Señora presidenta, señoras y señores diputados, el señor Herrera recordaba que hace dos años nuestro grupo se abstuvo ante una proposición de ley muy parecida. No se ha dicho el motivo por el cual nos abstuvimos, que en aquel momento era curioso que una proposición de ley, defendida muy bien por el señor Puigcercós, atentaba claramente contra las competencias y ayudábamos a construir una ley que ordenaba cómo debía gestionar la Generalitat sus contratos, etcétera.
Esto está arreglado, pero el fondo de nuestra intervención hace dos años se mantiene en un doble sentido. Primero, no vamos a apoyar esta ley y, segundo, apoyamos el software libre sin fanatismo. Cuando digo sin fanatismo es porque el Grupo de Convergència i Unió defiende dos cosas: la libre competencia, fomentar la competitividad y la competencia, por tanto el software libre se ha de potenciar y está muy bien que se potencie. En dos años, señor Herrera, señor Ramón, han pasado muchas cosas en la sociedad de la información, en el mundo de la informática, en el mundo del software.
Ustedes hablaban de los antecedentes, que son muy parecidos a los de hace dos años. Decían: el 70 por ciento de internet está hecho en software libre. Microsoft era donde íbamos todos o ibais, y se decía que no puede ser que todo dependa de Microsoft. Microsoft está preocupadísimo porque el Google está creando grandes problemas. Las cosas han cambiado de septiembre del 2002 a diciembre de 2005, han pasado cosas y positivas. El software libre ha crecido, es más competitivo.
¿Qué quiere decir más competitivo? Más eficaz. El software libre, lo decía antes el señor Beloki, era para expertos, pero no ahora; yo personalmente no lo soy aunque he intentado documentarme. La utilización del software libre era para expertos y se necesitaba un buen informático al lado permanentemente. Esto cada vez ocurre menos y está muy bien, y la filosofía del titular de la proposición de ley de que hay que poner medidas de impulso para el software libre o el software alternativo es muy positivo y estamos al cien por cien de acuerdo; lo estaba el señor Jané hace dos años y hoy el señor Vilajoana. El Gobierno central, la Administración General del Estado, y los autonómicos están haciendo esfuerzos para potenciar el software libre, es decir para potenciar un mundo más competitivo en el terreno de los programas informáticos. Bienvenido sea.
En cualquier caso, el criterio que ha de tener la Administración como el que aplica el ciudadano es elegir en función de la eficacia, y esto no es malo. La Administración ha de tener claro que ha de escoger y tomar decisiones cuando toque —la Administración lo hace cada vez más— y donde es fácil. En este mismo Congreso estamos en un plan de modernización en el que partes de este proceso se van a hacer por software libre y partes no. Me parece bien que todos conjuntamente tomemos esta decisión, porque el criterio ha de ser la eficacia, la capacidad, la respuesta y dar soluciones al usuario final y el servicio por el cual está planteado el tema.
Esto es un poco el criterio que tiene el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, es decir libertad de elegir por parte del usuario. Hay otra cosa importante que se ha dicho aquí, que la Administración ha de introducir los sistemas para que el ciudadano o ciudadana se pueda comunicar con la Administración en el sistema que él elija. Por tanto, le ha de dar respuesta en sistemas en los que el ciudadano se pueda comunicar; los sistemas más eficaces, más útiles, con más capacidad.
Segunda cuestión. Hay un tema de coherencia ¿Qué ocurriría si aprobamos esta ley? Que sería una gran dificultad a la hora de implementarla, y haríamos los típicos brindis al sol —a veces hacemos—, con lo que nos quedamos muy tranquilos, todos somos muy progres, pero finalmente no se lleva a cabo. Voy a poner un ejemplo de nuestra casa, Cataluña, donde como decía el señor diputado se aprobó una proposición de ley de estas características.
¿Qué ocurre de verdad? Que cuando hay una convocatoria para plazas de la Administración de la Generalitat de Cataluña lo que se pone como elemento mínimo para acceder es: dominio de Microsoft, Office XP, porque este es el sistema operativo.
A los que ahora convocamos, el día 8 de noviembre de 2005, se les pide como elemento de base dominar esto, pero no dominar su utilización, sino que, como se presenta mucha gente y no hay ordenadores para todos en la fase previa, deben dominar de memoria este sistema, sabiendo de memoria la barra, cómo funciona… Estoy hablando de noviembre de 2005. Es muy complicado todo esto. Vamos a hacerlo progresivamente.
Más cosas. El Ministerio de Industria de este Gobierno socialista ha puesto en marcha un plan de convergencia con Europa en la sociedad de la información, plan que yo diría que está correcto. ¿En qué sentido? Tiene muchas medidas, en muchos sectores, en sectores muy amplios, marcando objetivos temporales y controles de estos objetivos, conseguidos o no. El software libre está en este programa, es allí donde hemos de hablar de software libre, y hemos de ver cómo evolucionamos, cómo avanzamos, no podemos hacer leyes a medida para hacer cosas concretas que, repito, a la larga no funcionan, no son operativas y no se aplican.
Por todo esto, repito, nosotros somos partidarios de potenciar la competitividad, de que la innovación en el sector de la informática y en el sector del software sea potente; es necesario invertir, creemos en los creadores que hay en nuestro país que son capaces de innovar en estas técnicas, se les ha de apoyar, y este apoyo ha de dar lugar a programas más eficaces, más potentes, que sean capaces de competir y a que tengamos en general unos sistemas más operativos y mejores.
Un apunte. Hay un aspecto que no puedo dejar de comentar, que es el tema lingüístico. Se decía en los antecedentes —lo decía el señor Puigcercós hace dos años; he leído su intervención— que era cierto que la Generalitat de Cataluña luchó mucho para que el catalán estuviera presente en los programas informáticos, y en aquella época costaba mucho dinero porque había que rehacer todo el programa. Incluso Microsoft, en la línea del software libre, cambió, y en estos momentos —yo diría que esto es muy positivo—, cuando se lanza al mercado, no de software libre, un nuevo sistema operativo, sale prácticamente en todas las lenguas porque han cambiado el sistema operativo y es mucho más fácil lanzar un producto de Microsoft o de cualquier elemento a un coste muy bajo; y ahora se encuentra el sistema operativo en catalán prácticamente al mismo tiempo que en inglés o que en otras lenguas.
Esto también ha cambiado en estos años positivamente. En cualquier caso es evidente que cualquier aportación que mejore el carácter plurilingüe del Estado español, también en el sistema informático, es una gran aportación y nos parece muy positiva. Ha de haber otros sitios en los que hay que potenciar estos factores que se quiere potenciar, porque ahí no llegaríamos a ninguna parte.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras):
A usted, señor Vilajoana, muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene para ello la palabra el señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO (PP):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información a lo largo de los últimos años se ha podido mejorar mucho la productividad y la competitividad de nuestra economía, la estructura empresarial y la Administración, generando niveles de bienestar antes nunca conocidos. Por todos estos motivos las iniciativas que hoy debatimos en este Pleno de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida nos parecen un auténtico disparate.
Por este motivo sin duda obligan a la Administración a contratar únicamente software libre en sistemas operativos y en sistemas aplicativos, es decir, cercenan en las cuatro líneas de esta iniciativa política y de un plumazo la libertad y la neutralidad a la hora de elegir entre los distintos modelos de software, apostando de nuevo por un sistema planificador, regulador, limitador, discriminador y encorsetante, que sin duda es lugar común en su forma de entender la sociedad.
No, señorías, los gobiernos y los parlamentos no deben regular para crear alternativas que ya existen en este momento y que cualquiera puede usar. Los gobiernos y los parlamentos no están para coartar la libertad y hacer dirigismo tecnológico; los gobiernos y los parlamentos deben fomentar la competencia de todos los tipos de software estimulando la innovación y evitando intervenir con requisitos de adquisición que discriminen y que limiten la libertad.
Solo mentes intensamente permeables al dogmatismo pueden presentar una iniciativa que excluye ciertos modelos de software en los procesos de contratación pública sin atender a los criterios puramente objetivos y sin importarles las consecuencias negativas de esta medida en contribuyentes, en empresas locales que muchas veces viven precisamente de venderles software a Administración, a la propia Administración a la que obligan a que asuma unos riesgos innecesarios por ley, presuponiendo de una forma absolutamente injustificada que de esta manera descriptiva estén acertando en su elección y generando unos costes de migración y formación enormemente altos.
Tendría consecuencias también en la innovación, consecuencias en las inversiones o en los costes de migración también para las empresas porque el 80 por ciento de las mismas tienen hoy en día un sistema operativo patentado que necesita conectarse con la Administración, y los desarrollos y el mantenimiento, como ustedes saben, del software libre también precisan de muchas personas y de muchos esfuerzos.
Señorías, estas iniciativas de ley no existen en ningún país de Europa, ni en el Reino Unido, ni en Dinamarca, ni en Suecia, ni en Finlandia, ni en Italia, y en los únicos países donde se han presentado, en Francia y en Bélgica, han sido rechazadas por su dudosa constitucionalidad. Si, señorías, estas iniciativas no se ajustan, ni al ordenamiento jurídico español ni al de la Unión Europea y vulneran los principios de la contratación pública, la libre circulación de mercancías, la propiedad privada, la libre prestación de servicios, la libertad de empresa, el principio de igualdad y no de discriminación, la creación científica y técnica y la prohibición de la arbitrariedad en los poderes públicos y la protección de la propiedad intelectual.
No pueden ustedes, señorías, prohibir con una solución informática, con una solución de software porque sí, porque a ustedes no les guste. No pueden ustedes obligar, que es lo que hace esta iniciativa, a usar el que ustedes digan porque no pueden cercenar el libre impulso de la demanda para meter un único sistema, con calzador, por ley.
¿Explíquenme, señorías, por qué quieren ustedes con esta regulación distorsionar lo que debían ser únicamente decisiones tecnológicas y de mercado en beneficio de los ciudadanos? ¿Explíquenme, señorías, por qué tiene que intervenir los poderes públicos para imponer por ley unas opciones sobre otras? ¿Explíquenme por qué tienen que intervenir los poderes públicos en un sector dinámico y competitivo que da empleo a cerca de 200.000 personas en nuestro país de alta cualificación, cuando no lo hace ningún país de la Unión Europea? ¿Por qué quieren ustedes hacer sin duda un daño irreversible al sector de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro país? ¿Por qué quieren ustedes prohibir el software comercial? Si el software libre es tan bueno, ¿por qué no dejan que compita sin más, sin prohibir, como hace esta ley, las otras alternativas? ¿Saben ustedes que España podría perder ventajas competitivas y comparativas frente a otros países? ¿Saben ustedes que su ley puede perjudicar a empresas españolas de software comercial y beneficiar a empresas extranjeras de software libre?
Señorías, mi grupo no acierta a entender el porqué de este impulso a una preferencia de naturaleza legal o jurídica como es la licencia a favor de un determinado tipo de software en detrimento de otros. No entiendo que intenten forzar normas de contratación basadas en una discriminación absolutamente positiva, sin atender a los principios que sí deberían atender, como son el valor añadido, el coste total de la propiedad, el conjunto de las prestaciones, el rendimiento, la seguridad, la flexibilidad, la funcionalidad, la fiabilidad, la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad o el servicio posventa. No entiendo, señorías, cómo no les importan todas estas cosas a ustedes.
El mercado del software y las tecnologías de la información es suficientemente dinámico sin su concurso y no se justifica una intervención pública en él. En España, señorías, hay distintas opciones desarrolladas, desde comunidades autónomas en que han apostado por la discriminación legal, como Andalucía, a territorios que se han posicionado a favor del software libre, como Extremadura, el Ayuntamiento de Barcelona, el Principado de Asturias, el País Vasco, a comunidades autónomas que también se han posicionado a favor del software libre pero sin discriminar otros desarrollos como Castilla-La Mancha, Valencia o la Comunidad de Madrid, buscando soluciones impulsadas por la demanda y no impuestas con calzador.
Señorías, en algunas ocasiones en política se percibe nítidamente de forma meridiana las opciones ideológicas: quienes defienden la libertad (la libertad de elección en este caso), la objetividad, la neutralidad en definitiva, la posibilidad de optar por lo mejor en función de las características técnicas; y quienes prefieren discriminar, condicionar, limitar, obligar, restringir, excluir e imponer para acabar con la libertad. La libertad, señorías, no necesita restricciones. Al Grupo Parlamentario Popular siempre le van a encontrar con la libertad.
Señorías, abogamos por la libertad de elección de los gobiernos, de las empresas y también de los ciudadanos para poder elegir el software que mejor se adapte a sus necesidades y a sus gustos en cuanto al modelo, la licencia o la infraestructura tecnológica, ya sea patentado, ya sea híbrido o de código abierto que garantice, eso sí, los mejores resultados; creemos por tanto en la responsabilidad de las administraciones a quienes los ciudadanos pedirán cuentas en cualquier caso de su decisión.
Abogamos por la neutralidad en la contratación pública —se ha dicho ya en esta tribuna— y por la elección caso por caso, iniciativa por iniciativa sobre la base de las necesidades y la problemática que se pretende resolver y por la oferta más ventajosa con independencia de cuál sea el modelo de desarrollo. Abogamos por que los modelos de software puedan competir y desarrollarse libremente, sin las trabas que suponen las opciones o las preferencias de las administraciones, porque tan lícitos son los unos como los otros, por eso no se debe obligar, no se debe prejuzgar y no se debe discriminar de antemano.
Abogamos por la elección basada en los méritos propios de las tecnologías frente a la competencia basada en las preferencias categóricas y en los principios de precio (licencia de software comercial de sus costes de desarrollo y mantenimiento de las cuentas abiertas del software libre), eficacia y calidad que defiende la Ley de contratación. Abogamos, en definitiva, por la libre elección porque potencia la innovación, porque potencia la competencia y porque todos los modelos crean en sí mismo un ecosistema de software en desarrollo que genera beneficios y que añade valor a la sociedad.
Abogamos por un compromiso permanente de la industria del software, eso sí, en la I+D+i. Abogamos por un gobierno que fomente y garantice la compatibilidad y la interoperatividad de los software y de las plataformas de forma segura a través de pasarelas de software interoperable a la que se ha dado en llamar middelware y que promueva estándares neutros y abiertos sobre la base de la normalización internacional que garantice la igualdad de oportunidades y permita cultivar este importante desarrollo tecnológico.
Señorías, las políticas de carácter intervencionista que pretenden poner puertas al campo no han funcionado en ningún país desarrollado ni en ningún lugar democrático del mundo, y nosotros tampoco vamos a apoyarlas. La imposición de un determinado tipo de software limita la capacidad de los responsables de las tecnologías de información de la Administración para adaptar los sistemas a las necesidades, que son cambiantes en los entornos, y termina por ser altamente ineficaz y contraproducente.
El objetivo final de las administraciones tiene que ser conseguir las mejores soluciones y el mayor valor para los ciudadanos al gestionar los fondos públicos. Por eso, señorías, ni la Administración puede condicionarlos ni tampoco se les puede obligar a ello. Las administraciones y los ciudadanos deben tener la libre capacidad de elegir también en esta materia.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):
A usted, señor Echániz, muchísimas gracias.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA (PSOE):
Gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy la toma en consideración de dos proposiciones de ley de implantación del software libre en la Administración del Estado, por cierto dos redactados idénticos. Lo primero que quiero manifestar es que el Grupo Socialista está a favor del software libre; está a favor de las políticas de promoción del software libre porque creemos que el software libre tiene ventajas técnicas, sociales y de ciudadanía para nuestra sociedad.
La utilización del software libre, el código abierto, frente al software de licencia tiene ventajas en la sociedad en diversos ámbitos: en la inversión, en la innovación tecnológica, en la independencia, en la seguridad, en la privacidad y en el fomento de las lenguas propias, y existen diversas iniciativas públicas de soporte al software libre.
Una de sus garantías es la adaptabilidad a las necesidades de los usuarios. Las cosas no deberían seguir siendo como han sido; de hecho, ha habido un monopolio de una única empresa en materia de sistemas operativos y debemos seguir evolucionando, aunque hemos evolucionado a una situación más flexible, con mayor peso del software libre, y esta evolución debe promoverse.
Una cosa es que la Administración pública esté dispuesta a dedicar recursos y esfuerzos para desarrollar el software libre y otra establecer ex lege en el artículo 6 la obligatoriedad de que a priori las administraciones públicas forzosamente utilicen software libre sin examinar otras soluciones y adquiriendo una opción que técnicamente más convenga a la Administración.
Nosotros somos coherentes y proponemos el software libre, pero lo proponemos desde la libertad, y queremos expresar cuatro principios básicos de nuestras políticas en este aspecto. Hay que buscar soluciones y términos de eficiencia técnica y económica teniendo en cuenta siempre el software libre como una fuente de soluciones.
Somos defensores de la libertad personal y queremos que la ciudadanía pueda interactuar con la Administración sin tener que pagar una licencia concreta. En el ámbito de la enseñanza y la formación la Administración debe enseñar conceptos y no programas concretos. Pensamos que los monopolios no son buenos ni para la industria del soft ni para el desarrollo de la sociedad de la información. El Gobierno ha puesto en marcha políticas en este sentido.
También ha habido un cambio de política en este campo concreto, el del software libre. Una de las primeras decisiones que tuvo que tomar este Gobierno fue nuestra postura en la reunión del Consejo de la Competitividad Europeo. En ese caso el ministro Montilla representaba al Estado español, que votó en contra de la propuesta de directiva sobre patentabilidad del software. También desde el Gobierno hemos desarrollado, en el Consejo Superior de Administración Electrónica, todo un protocolo para el uso del software libre en la Administración, una serie de criterios para que lo utilicen todas las administraciones públicas y que sean comunes, como el hecho de que los servicios electrónicos puestos por la Administración a disposición del ciudadano sean accesibles a todos los navegadores, que se pueda entrar a los documentos desde diferentes programas o que los programas de la Administración funcionen en diferentes plataformas, con lo cual el ciudadano no debe verse obligado a adquirir un determinado tipo de software para acceder a ello.
Estamos defendiendo la libertad de opción. Otra cuestión que contiene estas recomendaciones es que en este desarrollo de la Administración debemos exigir y garantizar en el contrato que el código fuente sea propiedad del Estado y que este se pueda publicar en internet. La Administración valorará, dependiendo del programa, si lo publica o no y si lo puede hacer accesible para todo el mundo. Estos son avances en este sentido. Tener criterios claros, compartidos resulta básico para el desarrollo, porque desde la Administración pública hemos de garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestros programas. Son políticas de compromiso con el desarrollo del software libre, pero aquí no estamos valorando este tipo de promoción; lo que estamos valorando son unas proposiciones de ley concretas, con unos redactados concretos, con las que, una vez examinadas, el Grupo Socialista no está de acuerdo por varias razones; entre otras, porque consideramos que en general existe una falta de coherencia entre los fines perseguidos y el contenido en sí del articulado.
En la declaración de principios de la ley estaríamos de acuerdo, no tanto en el articulado. Si analizamos algunos puntos de la ley —no examinaré todo en detalle— veremos que uno de ellos restringe la libertad de opción de la Administración.
Debemos ser libres y nuestra postura es la llamada neutralidad tecnológica y la eficacia. Debemos elegir el mejor programa, y evidentemente sería positivo valorar programas de software libre, pero no decidir a priori que utilizaremos un programa de software libre si no es la mejor solución técnica en ese momento para la Administración.
El contenido de esta proposición puede vulnerar incluso principios generales del derecho comunitario, como la libre competencia o de contratación pública, que indican claramente el principio de igualdad y objetividad en los contratos públicos. Además hay otro artículo delicado de esta ley que tiene dos consecuencias: la primera, que la ley, tal como está redactada, indica que cualquier soft encargado y pagado, costeado por el Estado, debe ser puesto libremente a disposición de todos los ciudadanos, y esto puede influir negativamente en desarrollos realizados por ejemplo en cuestiones estratégicas como la defensa o la seguridad, en las que evidentemente lo prioritario es la seguridad y la privacidad de los datos, no ponerlos a la visión pública de todos los ciudadanos.
Otro aspecto de este mismo artículo es que el software que hubiera tenido alguna parte de su costo sufragado por la Administración también sería patrimonio público, lo que llevaría a que las empresas de I+D+i, a las que apoya el Gobierno, en tecnologías del software tuvieran que hacer público todo su desarrollo, su conocimiento y su investigación, lo cual afectaría negativamente al fomento del I+D y al desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país.
Quería detenerme en el tema de las lenguas porque resulta clave fomentar la existencia de tecnologías y aplicaciones en las diferentes lenguas del Estado. Como catalana podría decir que tengo una relativa suerte por disponer de algunos programas en catalán, porque ha habido muchas iniciativas planteadas desde plataformas ciudadanas, como Softcatalà, que se han dedicado a traducir programas y promocionarlos entre la ciudadanía, y hoy no quería dejar pasar la oportunidad de reconocer y felicitar su papel en Cataluña. No tienen la misma suerte los programas en gallego y en euskera, de los que hay una presencia mucho menor. Por esta razón creo que relacionamos casi automáticamente el catalán con el software libre, cuando sabemos que son dos cosas diferentes.
Lo que se ha hecho ha sido consecuencia de las ventajas del código abierto, que ha permitido que haya programarios en catalán. Lo que deberíamos promover en otra ley es que todos los programarios estuvieran disponibles en todas las lenguas del Estado, independientemente de si son con licencia o no. Me gustaría que todos los ciudadanos del Estado pudieran acceder a programarios en todas las lenguas y que, si deciden comprar programario con licencia, también lo tengan disponible en todas las lenguas.
No hemos de decidir nosotros que unos sí lo tengan en todas las lenguas del Estado y otros no. Repito que existe una falta de oferta en las lenguas del Estado que constituye una de las barreras para el desarrollo de la sociedad de la información y debemos promover esta oferta, pero desde aquí no podemos decidir en qué software sí y en qué software no; y lo debemos hacer teniendo en cuenta que todas las lenguas —el castellano, el catalán, el euskera y el gallego— son patrimonio de España y el Estado debe promocionarlas.
Cuando leemos el artículo 3 de la proposición de ley, vemos que no están hablando de esta promoción, sino que implicaría que cualquier propuesta de aplicación y cualquier proyecto que una comunidad autónoma desarrollara con el soporte del Estado automáticamente tendría que estar traducida por esa comunidad autónoma a todas las lenguas del Estado. ¿Queremos decidir desde Madrid y desde el Congreso qué políticas deben hacer Extremadura, Cataluña o Castilla? ¿Tenemos que decidir aquí que la Junta de Extremadura debe pagar la traducción al catalán de los programas? Yo creo que no; creo más bien que deberíamos fomentar que el software fuera libre, público y que el Estado lo tradujera a otras lenguas en colaboración con las comunidades autónomas, pero no decidir desde aquí qué deben hacer las comunidades autónomas en su política de software.
Esta no es la línea de la España plural; la España plural es precisamente respetar la autonomía política y no entrar en competencias autonómicas. Por eso me ha extrañado el contenido de este artículo y sus consecuencias en una propuesta realizada por los grupos de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida.
En resumen, la imposición del uso, mediante una ley estatal, marcando qué tipo de software se tiene que utilizar, para nosotros no es la manera adecuada de promocionar el software libre. Queremos anunciar que debe haber un compromiso mayor con el software libre, y por eso este grupo presentará en los próximos días una proposición no de ley; por cierto, había ofrecido a los grupos proponentes redactarla conjuntamente para entre todos dar un impulso a este aspecto. Nuestra propuesta será clara y tendrá los siguientes compromisos instará al Gobierno a mantener un compromiso público con el software libre. Será una apuesta por la neutralidad tecnológica, una Administración pública que garantice la libertad de la ciudadanía para elegir, un Gobierno que promocione la industria y la existencia de estándares, que todo concurso público o compra de aplicaciones baraje la posibilidad de una opción de software libre pero que no la compre a priori y, finalmente, que todos las lenguas del Estado puedan estar reflejadas en los diferentes programas.
En definitiva, es una opción de libertad. No debemos confundir la libertad con la imposición; eso es no ser de izquierdas. Una política que considera que el acceso al software es una cuestión de ciudadanía y de la sociedad de la información quiere decir más democracia, más libertad y más oportunidades.
Gracias.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras):
Muchas gracias, señora Muñoz.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE:
Señorías, vamos a votar.
Tomen asiento, por favor.
Votación, en primer lugar, de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para la implantación del software libre en la Administración del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 305; a favor, 15; en contra, 290.
El señor PRESIDENTE:
Queda rechazada.
Segunda votación, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 303; a favor, 16; en contra, 287.
El señor PRESIDENTE:
Queda rechazada.
