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La embajada de EEUU presiona al Gobierno y a la oposición para que mantengan la reforma prevista por el Ministerio de Cultura contra las descargas de Internet. Según un importante dirigente político, que también es diputado, desde la embajada se ha estado llamando durante las últimas horas a los dos principales partidos españoles para exigirles dureza contra “la piratería” en Internet. El tema también se trató en la última reunión entre Obama y Zapatero, donde el presidente estadounidense pidió que España tomase medidas contra el intercambio de ficheros P2P.

Lo primero una disculpa o, al menos, una explicación. Leo en algunos medios, en algunas webs, incluso en la nota de prensa que difundió el Ministerio de Cultura, que los bloggers y periodistas que acudimos a la reunión con Ángeles González-Sinde lo hicimos en calidad de “representantes de Internet”. Algunos, con razón, se preguntan que quién nos ha votado; yo también me lo preguntaría. Por eso quiero aclarar que no acudí a Cultura en representación de nadie más que de mí mismo, y que, cuando el miércoles acepté la invitación, no imaginé que la reunión se iba a convertir en una noticia tan comentada. Tampoco pretendía convertir la cita en una mesa de negociación ni fui a transmitir a González-Sinde el estado de ánimo de Internet -que se explica bastante bien sin necesidad de intermediarios-. Si fui a ver a la ministra González-Sinde fue para enterarme de los detalles de esa reforma que tanto preocupa en Internet, para poder contarlo después.

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El enfado en el PSOE y en el grupo parlamentario socialista con la ministra de Cultura y su equipo de asesores jurídicos es mayúsculo. “Nos hemos cargado toda la ley de la Economía Sostenible con un puto párrafo”, asegura un importante diputado: “Cultura no nos informó del alcance de la reforma”.

Según su versión, la polémica enmienda contra la piratería, que hubiese permitido cerrar una página web sin necesidad de orden judicial, entró en la superley a última hora. No ha durado muchas más: cinco días después de nacer, el anexo contra la piratería ya se ha quedado huérfano. “Es sólo un anteproyecto, el texto tiene que cambiar y es normal que lo haga”, decían desde Ferraz, a última hora, intentando disculpar así el error de Ángeles González Sinde. Más claro incluso fue Zapatero, que también está muy disgustado por cómo se ha gestionado esta reforma: “Si hay que aclarar algo en la redacción de la ley, se hará”. Para la ministra, que ya llegó a Cultura marcada por el estigma de su declarada hostilidad contra Internet, el tropiezo es doble: cae otra vez en la piedra que más daño hace a su imagen, la de la Red.

Tanto en el PSOE como en el Gobierno dan ya por hecho que la ley cambiará, que no será una comisión de “independientes” nombrados por Cultura quienes decidan el cierre de una web. Sin embargo, aún no tienen claro el cómo de esa rectificación, aunque es probable que la respuesta salga del trámite parlamentario. El PSOE no tiene fuerza suficiente en el Congreso para pasar esta reforma, y el pacto es la excusa perfecta para modificar la polémica propuesta sin que la ministra quede completamente desautorizada. Conviene recordar un detalle: Sinde es guionista, no una política profesional. Podría protagonizar una fuga de cine.

1- Cuentan desde el PSOE y desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso que no sabían de la reforma de Ángeles González Sinde. El malestar con la ministra, y especialmente con sus asesores jurídicos, es notable. “Nos hemos cargado toda la Ley de la Economía Sostenible con un puto párrafo”, dice un importante diputado socialista. “Cultura no nos informó del alcance de esta reforma”.

2- Hace unas horas, hubo una reunión en Moncloa con la ministra de Cultura, altos representantes del partido y del grupo socialista para intentar reconducir la situación sin poner tampoco a los pies de los caballos a González Sinde. Aún no está pactada cuál será la solución, pero barajan una modificiación para que la decisión de cerrar una página la tome un juez, y no la administración.

3- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya ha cambiado el argumento al asegurar que el cierre de páginas web deberá contar con autorización judicial.

4- Dentro de poco hablará Zapatero, que tiene prevista rueda de prensa. Será casi inevitable que responda sobre la polémica.

Actualización 19:30

Habla Zapatero, y anuncia que el texto de la ley no es intocable, aunque no es tampoco tan claro como debería: “No se va a cerrar nada en la web ni ningún blog” (…) “Si hay que aclarar algo en la redacción de la Ley, se hará” (…) “ha de prevalecer la libertad de expresión”.

La reunión en el Ministerio ha servido para algo. Al menos hemos descubierto la letra pequeña de la reforma que planea Cultura, el procedimiento que se seguirá en caso de que una página incumpla la Ley de Propiedad Intelectual y se apruebe esta reforma. Según Guillermo Corral, director general de política e industrias culturales, y que es quien más explicaciones nos ha dado –la ministra salió de la sala a la media hora– el mecanismo será el siguiente.

Si existe una denuncia y la comisión considera que merece ser bloqueada, hablará con los servidores donde se aloje esa web para que la descuelgue de la red. ¿Y si la página está en un servidor de fuera de España? Según Corral, la solución consistirá en obligar a los operadores españoles, a Telefónica a Vodafone o a Ono, a que bloqueen desde sus máquinas el acceso a esa web.

No sé a vosotros, pero a mí me recuerda a la Gran Muralla China. De aprobarse la ley, no sólo existirá el mecanismo para cerrar páginas españoles sino también bloquear todo tipo de servicios digitales que, según ese comité, vulneren la propiedad intelectual. El Internet en España no será el mismo que en Francia, o en Estados Unidos, y tal cosa no la decidirá un juez, sino una comisión nombrada por el Gobierno. Es lo mismo que pasa en China o en Cuba.

(Actualizaré más tarde)

Dice Mauro Entrialgo, con razón, que en la vida hay dos tipos de premios: el premio famoso que se da a una persona anónima para darla a conocer y el que se entrega a una persona famosa para intentar dar lustre al premio. Hay premios que engrandecen al premiado y premiados que visten el galardón. Por eso Obama, el que ha triplicado las tropas en Afganistán, ganó el Nobel de la Paz a la semana de llegar. Por eso algunos galardonados deberían pensárselo algo mejor antes de aceptar según qué medallas envenenadas.

Ayer la FAES premió al rey, que se supone representa a todos los españoles. Y el rey aceptó el premio. Al jefe del Estado español se le piden pocas cosas, pero una de ellas, una de las fundamentales, es la neutralidad. No es la primera vez que José María Aznar usa al monarca en su propio beneficio –ya pasó cuando convirtió la boda de su hija en un asunto de Estado, con la presencia del señor que sale en los euros–. Pero ésta es la primera vez que el rey acepta un premio de un partido político español.

Es posible que su decisión no fuese fácil, también hubiese sido polémica si se negase a recogerlo –más aún después de la histórica fría relación que mantuvo con Aznar durante su etapa en La Moncloa–. Pero el de ayer no fue siquiera un premio del Partido Popular, que ya estaría mal: fue un premio del aznarismo, de un sector del viejo PP. Aznar, cómo no, aprovechó el momento para reivindicar una transición en la que no creía, para validar su discurso con el sello real. Y sólo se me ocurre una razón para explicar por qué lo hizo el rey: le debe mucho al del bigote enfadado. Imaginar a Aznar como presidente de la República siempre ha sido uno de los mejores argumentos monárquicos.

Con todos ustedes: Pat Condell.

Gracias, Rebeca

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

El lunes 1 de diciembre del año 2014 se acaba la música. No está claro si será por la mañana o por la tarde porque Luis Eduardo Aute no ha sido tan preciso. Pero de la fecha el artista y profeta no tiene duda: “En cinco años esto desaparece, no habrá ni canciones ni música”. Cinco años, ni cuatro ni seis. Cinco años y ni un día más, salvo que se cumpla el condicional que añade el mismo Aute: “Salvo que el Gobierno haga algo”. Pues no será por falta de acción gubernamental. ¿Algo? No. Todo lo que le pidan, que mandan más 200 artistas que millones de internautas.

Por eso hoy descubrimos que la Ley de Economía Sostenible, además de lavar más blanco y pasear al perro, también sirve para sostener una industria obsoleta: la del CD. Ya no es sólo el canon. Como los jueces españoles tienen la mala costumbre de respetar la legalidad y, sentencia tras sentencia, están dando la razón a las webs de enlaces P2P, la nueva macroley anulará este penoso trámite –también conocido como juicio justo– para que sea directamente el Ministerio de Cultura quien decida qué paginas hay que cerrar en caso de piratería. El precedente es aterrador. Acaba con la presunción de inocencia y deja abierta la peligrosa puerta de la censura. Si la piratería es excusa para cerrar una web sin juicio, qué no se hará en el nombre de otros demonios, como el terrorismo.

Pero el gran fallo está en la premisa que justifica el estado de excepción digital. La música está más viva que nunca. Lo que se muere es el disco, el CD: un negocio caduco e insostenible. Los ingresos de conciertos, según la SGAE, se han multiplicado casi tanto como los musicales. Se extingue el negocio de la música enlatada, pero florece el de la música fresca. Y eso es algo que no va a cambiar, por mucho que se retuerza la ley para intentar detener el tiempo.

A los efectos de la presente Ley, se entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades..

Artículo 2 del anteproyecto de ley de economía sostenible. La parte en la que la competitividad de nuestra economía pasa por mantener de forma artificial modelos de negocio obsoletos va en la página 92, en una reforma de lo más sostenible de la Ley de Propiedad Intelectual y de la LSSI. Está redactado en abogadés, así que si quieren entender algo, mejor lean lo que escribe Ramón Muñoz en El País, Miguel Ángel Criado en Público o Vanesa Rodríguez en RTVE.es.

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El 1 de diciembre de 2014 se acaba la música. ¿Por la mañana o por la tarde? Habrá que preguntar al oráculo Luis Eduardo Aute, autor de tan exacta profecía: “En cinco años esto desaparece. No habrá ni canciones ni música”.