Escolar.net

1. No es una intuición, son matemáticas. Si se suman los delegados teóricamente partidarios de unos y otros, es Carme Chacón, y no Alfredo Pérez Rubalcaba, quien llega hoy a Sevilla con más apoyos para liderar el PSOE.

2. Chacón va por delante en las cuatro federaciones determinantes, las más grandes: arrasa en Catalunya y gana holgadamente en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. Su teórica ventaja sobre Rubalcaba, según fuentes independientes, ronda hoy los 50 delegados. Desde el equipo de Chacón hablan incluso de una distancia más amplia por el “efecto ganador” que se está produciendo en las últimas horas (y que critican Rubalcaba y sus partidarios).

3. Andalucía es la clave y en estos días han pasado allí hechos relevantes. Alrededor del 60% de los delegados –los que votan, no sólo los líderes provinciales– se ha pronunciado por Chacón. En Granada, por ejemplo, los 31 delegados de la provincia llegaron a votar en una urna: quedaron 25 a favor de Chacón frente a 5 de Rubalcaba (hubo una abstención). En Sevilla, 33 de los 55 delegados participaron ayer en un acto en apoyo de la exministra de Defensa.

4. ¿Significa todo esto que Chacón es la segura ganadora? Quién afirme tal cosa miente. Los delegados del PSOE votarán en secreto: digan lo que digan en público, por muchas sumas que se hagan, nadie sabrá con certeza el resultado hasta el recuento. 50 delegados parece una ventaja muy amplia, pero es sólo un voto por provincia.

5. Se dice que “los militantes” elegirán al nuevo secretario general del PSOE. No es exactamente así. Los militantes de cada agrupación, en asamblea, escogieron a unos representantes que designaron a unos delegados que son quienes votarán. Sólo 956 hombres y mujeres decidirán este fin de semana el futuro de un partido con doscientos mil militantes y millones de votantes. En tiempos de Internet y del AVE, ¿por qué el PSOE mantiene un sistema de elección de sus líderes de los años del telégrafo y la diligencia?

La píldora del día después se vende sin receta médica en Francia, en Reino Unido, en Bélgica, en Luxemburgo… También en España. No será por mucho tiempo sin receta. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha encargado un informe que detalle “los efectos” de esta pastilla; es la excusa para ponerla en cuarentena. Si de verdad quiere saberlos, le basta con preguntar a la Agencia Española del Medicamento. Hace tiempo que dio su visto bueno a este anticonceptivo de emergencia que tanto preocupa a los obispos (y a la señora ministra de este Gobierno “como dios manda”).

Ana Mato también podría preguntar a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sospecho que no le gustaría la respuesta: en su informe 244 de junio de 2000 –revisado en octubre de 2005– recomendó el uso de estas pastillas cuyo “uso repetido no conlleva riesgos conocidos para la salud”. ¡Qué sabrá la ciencia y la OMS cuando doctores tiene la Iglesia!, se dirá la ministra (o Rouco Varela).

En una mentira más –como cuando José Ignacio Wert explica el “adoctrinamiento” de Educación para la Ciudadanía–, Ana Mato asegura que su cruzada contra estas píldoras, que tantos embarazos no deseados evitan, no es por “ideología, moral o ética”. “Esto es un tema de salud pública”, dice la ministra. Ya. Claro.

Mientras tanto, el ministro de Justicia ha decidido volver a esa España hipócrita donde el aborto era legal, pero sin que se notase. El regreso al pasado que propone Gallardón no evitará aborto alguno; será casi igual que antes. La diferencia fundamental es que habrá mayor inseguridad jurídica para los médicos, y las mujeres tendrán que mentir a un psicólogo para poder decidir sobre su propio cuerpo. O tener dinero para viajar a Londres, como en los tiempos de la “reserva espiritual de Occidente”.

La viñeta es de Manel Fontdevila.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía murió ayer. El funeral ha sido religioso: fueron los sectores católicos más reaccionarios quienes envenenaron a la opinión pública contra una materia que ni era adoctrinante ni atacaba a la familia ni a la libertad ni a los padres ni a sus hijos. El ejemplo más obsceno de esta campaña de propaganda, lo que resume cinco años de mentiras, es la manipulación informativa alrededor de un ensayo de la editorial Akal titulado también “Educación para la ciudadanía”. No era un manual para los alumnos: era un libro crítico contra la asignatura desde planteamientos de izquierda que escribieron Carlos Fernández Liria, Pedro Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, con ilustraciones de Miguel Brieva.

Este ensayo nunca fue un libro de texto: no respondía al temario, nunca se usó en los colegios ni fue homologado por el Ministerio de Educación. Tampoco lo pretendía. Sin embargo, con el título bastó para que los medios de la derecha cargasen contra la nueva asignatura usando este ensayo como munición: citando párrafos de esta obra –donde se criticaba a Aznar o a Jiménez Losantos– como si fuese un libro de texto homologado, como ejemplo del “adoctrinamiento” a la ciudadanía.

Los autores del libro mandaron cartas a los diarios denunciando esta evidente manipulación. Las cartas nunca fueron publicadas. Y aún hoy, cinco años después, hay periódicos y periodistas que citan ese libro de Akal como ejemplo de lo que enseñaban a los niños en los colegios del malvado Zapatero.

Que una manipulación tan burda pase por buena demuestra una cosa: que la Educación para la ciudadanía es una asignatura imprescindible en España.

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Actualización 10:15 . Las mentiras sobre el libro de Akal alcanzan al propio ministro de Educación. José Ignacio Wert acaba de explicar en la Cadena SER (minuto 7:10) sus motivos para considerar “adoctrinante” a esta polémica asignatura. Como ejemplo, como no, ha citado varios párrafos del ensayo de Akal como si fuese un libro de texto.

Contra su propia palabra, Nikolas Sarkozy subirá otra vez los impuestos en Francia, como Rajoy en España. ¿La diferencia entre ambos? Que ha pasado más de un mes desde que Rajoy incumplió su programa electoral y aún no lo ha explicado en el Congreso. Que Sarkozy contó sus planes este domingo en una entrevista en directo en televisión ante cuatro periodistas independientes mientras que a Rajoy el transparente hay que cazarlo en un inesperado micrófono abierto. Desde que ganó las elecciones, hace ya más de dos meses, el presidente sólo ha dado una pequeña entrevista de 25 minutos. No ha sido por falta de preguntas pendientes.

Ayer Rajoy habló por fin y fue sincero. Fue por error, en una confesión al primer ministro finlandés captada accidentalmente por una cámara que grababa el ‘mudo’ (las imágenes de recurso de la cumbre). “La reforma laboral me va a costar una huelga general”, dice nuestro presidente mientras sonríe. “Siempre es duro, pero ahora viene lo más duro”. “Es que nos han dejado una herencia muy complicada”.

Son apenas tres frases que dejan varias preguntas sin respuesta. Con la “herencia complicada” (de la que prometió no quejarse), ¿se refiere Rajoy a las comunidades autónomas, gobernadas mayoritariamente por su partido, que son las que no han cumplido con las previsiones de déficit? Con “ahora viene lo más duro” ¿se refiere Rajoy a después de que pasen las elecciones andaluzas, que es cuando conoceremos los muchos recortes pendientes (unos planes que la UE exige a España mientras Rajoy gana tiempo para Javier Arenas)? Y el detalle de esa reforma laboral que bien le vale una huelga y de la que nada se sabe ¿viene en el programa electoral del PP o es otra nueva sorpresa?

Cada día, los jueces españoles ordenan grabar conversaciones de sospechosos y acusados. Algunas sirven como prueba, otras se anulan por defectos de forma, otras son irrelevantes y acaban descartadas. Sólo hay un caso en la historia de España donde el magistrado que firma unas escuchas acaba juzgado. Garzón es, sin duda, un bicho raro.

Las escuchas de la Gürtel las pidió la Policía, las apoyó la Fiscalía, las ordenó Garzón y las dio por buenas el juez que siguió la investigación, Antonio Pedreira. De entre todos los policías, fiscales y magistrados que respaldaron la validez de esas escuchas, sólo una persona ha acabado en el banquillo. Garzón es el único imputado.

Cada semana, en cualquier juzgado, hay debates jurídicos sobre la competencia de un tribunal o de otro para llevar un caso. Cuando las denuncias contra el franquismo llegaron a la Audiencia Nacional, otros dos jueces de la sala que estudiaron a quién correspondía instruir apoyaron la tesis de Garzón. Si prevaricó en esta decisión, ¿no lo hicieron también quienes le respaldaron? Pues no: Garzón es el único acusado.

Cada mes, se celebran en España conferencias y cursos patrocinados por empresas donde jueces y fiscales participan cobrando por su trabajo. Sólo uno de estos cursos ha provocado que un juez español sea procesado por cohecho impropio. Garzón es, otra vez, el primer y único acusado por cobrar una de estas clases magistrales.

Cada año, desde que llegó a la Audiencia, Garzón era denunciado; sólo Manos Limpias sumaba 17 intentos. Todas las querellas habían sido desestimadas hasta que Garzón pisó terreno vedado. Desde entonces, todas las denuncias contra él han prosperado; todas hacen historia. ¿Es que acaso Garzón está gafado?

Se pregunta María Dolores de Cospedal quién repara ahora “la honorabilidad de Camps y Costa”. Está en su mano: como secretaria general del PP, fue De Cospedal quien suspendió de militancia a Costa. Fue su partido quien presionó para que Camps presentase su dimisión y se autoinculpase para evitar el bochornoso espectáculo que hemos presenciado en el juzgado. Si realmente el PP cree que Francisco Camps es honorable, ejemplar y sin mácula, lo justo sería restaurarle en su puesto de presidente de la Generalitat Valenciana.

Dudo que tal cosa pase.

Lo que no tiene en su mano De Cospedal es borrarnos la memoria, y hacer como que nadie ha escuchado esas sonrojantes grabaciones donde Camps y su mujer agradecían los regalos a su “amiguito del alma” , el hombre de la Gürtel en Valencia. O donde Ricardo Costa pide a su particular rey mago 100 gramos de caviar por Navidades. O los 7,2 millones de euros en contratos hinchados y troceados para El Bigotes, pagados por todos los valencianos. O los otros 6,4 millones que la Gürtel apañó, a cuenta de la visita del Papa.

La responsabilidad política sigue siendo obvia, a pesar de lo que diga el jurado. ¿Y la penal? Parece difícil. La sentencia es recurrible pero, como Camps es aforado, irá directamente al Tribunal Supremo. Con cualquier otro imputado que no tuviese un escaño, se podría haber presentado un recurso de apelación. Con Camps no hay recurso de apelación posible, sino recurso de casación. Es decir, que el Supremo sólo puede entrar en cuestiones jurídicas y no en el fondo del asunto: si los regalos que recibió Camps eran en condición de su cargo y no porque El Bigotes sea un conocido filántropo, un mecenas honorable.

La injusticia más terrible no es que Camps haya sido declarado “no culpable” mientras el juez que destapó la Gürtel, Baltasar Garzón, probablemente vaya a ser condenado. La verdadera y flagrante injusticia es que el presidente que contrató 14 millones de euros con su “amiguito del alma”, que pagó 15 millones por una maqueta y un proyecto de un rascacielos jamás construido de Santiago Calatrava o que entregó otros dos millones a Urdangarin, sólo haya sido juzgado por una anécdota menor, por los 12.000 euros en trajes.

Camps también era el máximo responsable de un partido, el PP valenciano, que aún está pendiente de un juicio por presunta financiación ilegal. Camps sigue siendo el político que mintió cuando dijo que ese Bigotes al que después supimos quería “un huevo” era un señor al que no conocía de nada. Camps era el mismo presidente de la Generalitat Valenciana que confiaba de manera tan ciega en el Bigotes que incluso su número dos en el partido, Ric Costa, pedía al hombre de la Gürtel en Valencia que intercediese en su favor, que susurrase su nombre en el oído del jefe para lograr un ascenso.

Camps no es culpable –dice el jurado Popular, en proporción similar al veredicto de las urnas–, mientras que sus subalternos, Campos y Betoret, se autoinculparon; el propio Camps estuvo a punto de aceptar la condena, como le aconsejaba el PP, que ahora clama por su inocencia. ¿Volverán a nombrarle presidente de la Generalitat Valenciana (técnicamente es posible, nunca abandonó su escaño)? ¿Lo recuperará Mariano Rajoy como ministro? ¿Lo canonizarán en vida ante el más que evidente milagro? No lo pierdan de vista. La vergüenza nacional que provoca el circo de las tres pistas de la Gürtel aún no se ha terminado.

Imaginen que soy un inversor multimillonario. Imaginen que me planto con mi puro, mi chequera y mi sombrero de chistera en Francia, o en Alemania, o en cualquier otro país civilizado de esos que se supone queremos imitar. Imaginen que –como buen empresario “liberal”– busco apoyo y dinero público para montar mi negocio privado: una docena de casinos con sus hoteles y sus campos de golf; un Las Vegas en el arrabal de Europa; un paraíso fiscal.

Imaginen que pido al Gobierno que me regale suelo, que me ponga una estación de AVE, que me construya una línea de metro, que me muevan un vertedero, que me echen a un poblado chabolista y que me perdonen los impuestos. Imaginen que también exijo que me cambien la ley de Juego, la ley de Enjuiciamiento Civil, la ley de Extranjería, la ley Antitabaco, el Estatuto de los Trabajadores, la ley de Blanqueo de Capitales y la ley de Procedimiento Laboral. Imaginen que, además de todo esto, reclamo que se permita el juego a menores, la entrada a ludópatas en mis casinos y un aval del Estado para algunos de los préstamos que vaya a necesitar. Si mi negocio va bien, los beneficios son míos; si quiebra, los contribuyentes tendrían que pagar.

A cambio de que me reescriban las leyes, me regalen el suelo, me avalen los préstamos, me permitan explotar a mis empleados y me perdonen los impuestos, yo prometo dar trabajo a los nativos. Ya saben, empleo de calidad: camareros mal pagados, crupieres, estafadores, matones, sirvientas para hacer las camas y prostitutas para deshacerlas.

La pregunta: ¿cuánto tardaría el Gobierno de ese país civilizado en mandarme a pasear? Pues la oferta no es hipotética. Este capitalista de casino existe y la Comunidad de Madrid está dispuesta a jugar.

El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol Balcells, concedió ayer una entrevista en TV3 para traernos su palabra, obra y oración. De entre las muchas perlas que monseñor nos dejó, hay cuatro falacias que me han llamado especialmente la atención. Mis comentarios van detrás de sus entrecomillados.

“Una mujer no puede oficiar misa porque cada uno tenemos nuestra función. Yo tampoco puedo hacer algunas funciones que hacen las mujeres. No puedo traer hijos al mundo”. El arzobispo confunde los genes con una creación cultural: lo biológico con una profesión. Para que las mujeres puedan oficiar misa católica, bastaría con que cambiase el criterio del empleador. Pero por mucho que el Vaticano se empeñe, es difícil que nuestro arzobispo dé a luz (o la vea).

“Su comportamiento [el de los homosexuales] no es adecuado ni para ellos ni para la sociedad”. El voto de castidad es mucho menos adecuado tanto para el clero como para el resto de la sociedad. Y no conozco a ningún gay que pretenda imponer su elección sexual a los demás.

“A las mujeres de mi iglesia siempre les digo lo mismo: a quien tienes que cuidar más es a tu marido, él es el hijo más pequeño de la casa, ya sabéis por qué lo digo”. ¿Considera monseñor que un varón es una especie de débil mental? ¿Da esos mismos consejos a los hombres de su iglesia?

“La iglesia puede hablar, pero después no obligamos a nada porque no tenemos Mossos d’Esquadra ni prisiones”. En la historia del hombre, esto es una reciente y agradable novedad. En España, hace apenas 35 años que tal cosa es verdad. La pérdida de ese poder del Vaticano sobre los demás no fue por propia voluntad.

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Más coherencia eclesiástica: la Iglesia cuestiona que la vicepresidenta Saénz de Santamaría, casada por lo civil, sea la persona ideal para dar el pregón de Semana Santa de Valladolid. Es la misma Iglesia que casó a una mujer divorciada en la Catedral de la Almudena.

1. Ser grande, gordo y excéntrico no es delito. La bondad o maldad de Megaupload es un debate donde poco importa que su fundador llevase vida de estrella del rock.

2. Es cínico defender a Megaupload como si fuese un inocente servicio de almacenaje de archivos en la nube. La mayoría de los que pagaban por sus cuentas premium no lo hacía para guardar sus ficheros –hay otros servicios similares que son gratis–, sino para ver películas y descargar archivos pirateados.

3. Esta empresa no sólo cobraba por acceder sin restricciones a su almacén, sino que pagaba cifras significativas a los uploaders: los usuarios más activos, que subían a sus servidores las películas o series más deseadas. Era la recompensa para el que se mete en el cine con una cámara de vídeo para subir un estreno a Internet. Si la piratería exige ánimo de lucro, aquí lo había; otra cosa es el P2P.

4. Si el FBI ha podido actuar contra Megaupload con la legislación vigente, ¿para qué hace falta aprobar leyes extraordinarias y lesivas para otros derechos fundamentales, como la estadounidense SOPA o nuestra ley Sinde?

5. Pensar que el cierre de Megaupload acabará con la piratería digital es tan ingenuo o tan falaz como lo que hizo George W. Bush al declarar el fin de la Guerra de Irak encima de un portaaviones a los dos meses de comenzar la invasión. Ya cerró Napster y dio igual.

6. El gran número de abonados de Megaupload demuestra que es falso que en Internet triunfe el “todo gratis”. Además de lo que ya cuesta un ADSL, la gente está dispuesta a pagar por los contenidos si el precio es razonable. Ya pasa con la música, con aplicaciones como Spotify. O con los videojuegos, con plataformas como Steam. ¿A qué espera el cine para ofrecer un servicio similar?

7. Perseguir los presuntos delitos de Megaupload es compatible con devolver los archivos privados a los usuarios legales de esta web. También los hay.

8. Mi enhorabuena al FBI por la operación. ¿Para cuándo otra contra los paraísos fiscales o la megaconspiración financiera?