may 25 2012

Los lamentos de Carlos Dívar

Carlos Dívar «lamenta el quebranto para el CGPJ, el Tribunal Supremo y la carrera judicial» que ha ocasionado la denuncia presentada contra él por sus lujosos viajes a Marbella con cargo al contribuyente. Pero no aclara a qué viene su llanto: si se arrepiente de su comportamiento o del de José Manuel Gómez Benítez, el vocal que lo denunció. Por sus obras, es fácil de interpretar: Dívar no tiene intención alguna de asumir su responsabilidad y en la reunión de ayer en el CGPJ quedó aún más claro cómo funciona la justicia en este país. Siete votos pidieron la dimisión de Gómez Benítez frente a cinco que se la reclamaron a Dívar. Siete a cinco, gana el corporativismo a la transparencia una vez más.

El archivo de la denuncia contra Dívar es lo que habría que lamentar. No está claro que la decisión de la fiscalía cierre para siempre la vía judicial –atentos a la acusación popular–, pero sin duda no acaba con el escándalo político, por mucho que el ministro Gallardón diga que Dívar «sale reforzado». El presidente del Supremo tiene muchas cosas que detallar. Dívar no ha explicado qué clase de compromiso oficial requiere 20 viajes de fin de semana caribeños a Puerto Banús. Tampoco ha aclarado qué persona le acompañaba en esas lujosas comidas y cenas para dos que pagó el dinero público; es un dato relevante: con el nombre del acompañante es fácil deducir si estamos ante un gasto personal o laboral.

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may 23 2012

Qué quiere decir no tener recursos, señor Wert

“¿Qué quiere decir no tener recursos?”, se pregunta el ministro de Educación. Yo se lo explico, señor Wert. En España hay un 22% de las familias que vive por debajo del umbral de la pobreza: una de cada cinco. Hay 11,5 millones de personas que ya están al borde de la exclusión social. El salario medio es de 22.511 euros brutos al año –poco más de esa “miseria” que se gastó Carlos Dívar de turismo en Puerto Banús– pero las medias son engañosas. En esta media entra también el sueldo de Rato, o el de Olivas, o el de usted. La realidad, señor Wert, es que el 60% de los trabajadores españoles no llega a mileurista, hay un 22% que no tiene trabajo y hay también 1.782.400 familias con todos sus miembros en el paro. El 60% de los españoles no llega a fin de mes.

Aunque le parezca increíble, señor Wert, hay más de 50.000 familias que pierden su casa cada año; será porque no saben administrar sus recursos, que diría usted. Hay un 50% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años que viven en casa de sus padres, la mayoría porque no tienen otra opción. Hay medio millón de jóvenes que se emanciparon y, por culpa de la crisis, han tenido que dar marcha atrás y regresar al hogar familiar. Y hay dos millones de niños en España, ¡dos millones, joder!, que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Así es la España de hoy, señor Wert. Y debajo de estas cifras, de estos números, de estas crudas estadísticas, hay gente que lo pasa aún peor. Por eso es tan obsceno escucharle frivolizar con la extrema necesidad de tantas familias, con el esfuerzo que supone para tantos españoles que los hijos puedan ir a la universidad. Ya se quitan “recursos” de otras cosas sin que usted se lo venga a explicar.


may 22 2012

Cinco frases que no se cree nadie

Las cinco de ayer, otro día más para olvidar:

“Carlos Dívar sale fortalecido”. “Vivimos en un Estado de Derecho y de garantías en el que se investigan los hechos y se verifican las denuncias. Así la Fiscalía, desde su autonomía, ha certificado que su conducta no supone ningún delito”.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia.

“Han ocurrido cosas difíciles de explicar y de entender en este momento”. “No he tenido más objetivo que servir con la mayor lealtad, dedicación y desinterés personal, pensando siempre que al hacerlo estaba también, de alguna forma, sirviendo a los intereses de la Comunitat Valenciana”.

José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana. El año pasado ganó 1,62 millones “sirviendo a la Comunitat Valenciana”.

“No está contemplada ninguna subida del IVA. Inicialmente había contemplada su reducción, sobre todo en el sector turístico, aunque no es posible en esta situación económica”. “No hay que obsesionarse por la prima de riesgo”.

José Manuel Soria, ministro de Industria.

“Es evidente que esos datos provisionales, que como tales enviamos al Ministerio de Hacienda y que por la razón que fuera los envió a la Unión Europea, o algo hizo con ellos, mucha gente los dio por definitivos, pero nosotros hemos dicho desde el primer momento que eran provisionales”. “El déficit no se ha disparado”.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Que aflore déficit hasta ahora no reconocido es una circunstancia extraordinariamente positiva, porque lo primero que hay que hacer es llevar a la contabilidad pública todo lo pendiente”. “Es un ejercicio de transparencia”.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.


may 21 2012

Algún día todo esto nos saldrá muy caro

El caso Dívar muere antes de empezar. La fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia contra el presidente del Tribunal Supremo sin siquiera ir a juicio. La decisión es un absoluto despropósito, por mucho que se vista de legalidad. Según la Fiscalía, el presidente del Supremo no tiene por qué explicar en qué se gasta el dinero de todos: si él asegura que es un viaje oficial no hace falta decir más. Según la Fiscalía, algunos de estos gastos pueden ser “de carácter reservado” y el señor Dívar tiene derecho a no revelar los detalles, como si fuese un agente secreto en misión especial en Marbella. Según la Fiscalía, la semana caribeña es de lo más legal y el señor Dívar es inocente porque “no pretendió lucrarse”. Solo falta, para rematar, que la Fiscalía asegure como hizo el propio presidente del Supremo, que 18.000 euros es “una miseria” de la que no merece la pena hablar más.

Algún día todo esto saldrá caro: algún día pagaremos con altísimos intereses este constante deterioro institucional, esta permanente sensación de estafa que sufren muchos ciudadanos, esta aparente impunidad. Todo sale gratis: el presidente del Gobierno puede mentirnos a la cara y no pasa nada. El presidente de los jueces puede cargar gastos privados a la visa del trabajo y tampoco pasa nada. El cuarto mayor banco del país puede dejar un agujero de al menos 12.000 millones, un 20% más que el recorte en educación y sanidad, y tampoco pasa nada. El jefe del Estado puede matar elefantes, su yerno puede dedicarse al talonmano, pero nunca pasa nada. Hasta que pase.


may 21 2012

Los agujeros negros de Madrid, Valencia y Castilla y León

¿Qué tienen en común los gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia y Castilla y León? Al menos cinco cosas: los tres están en manos del PP desde hace más de quince años, los tres eran hasta hace nada ejemplos de buena gestión de la derecha, los tres alimentaron la trama corrupta Gürtel, los tres mangonearon en las principales cajas de ahorro con las que se forjó Bankia –el mayor desastre financiero de la historia de España– y los tres han ocultado un importante agujero en sus cuentas públicas que no hemos conocido hasta hace apenas dos días; un viernes por la tarde, a última hora, a ver si así nos olvidábamos de la gravedad de lo que está pasando en estas tres plazas donde ya no vale la excusa de la “herencia recibida”. ¿Qué herencia? ¿La de Joan Lerma? ¿La de Joaquín Leguina?

Que el déficit español del año 2011 haya pasado de repente del 8,5% al 8,9% no solo son 4.000 millones más –que ya es dinero–, nos saldrá muchísimo más caro. Es un tremendo boquete en la imagen de España que ha aparecido en el peor momento posible, cuando el país se juega una intervención de la troika que supondría la ruina para toda una generación, para los próximos diez años. Se suponía que las cuentas del año pasado estaban ya cerradas; la mayor parte de las autonomías las dieron por buenas en febrero. Presentar en mayo esta nueva e inesperada desviación en el déficit es, en el mejor de los casos, una enorme chapuza que no se puede ventilar como un ejercicio de “transparencia”, como repiten los portavoces populares.

El mismo viernes por la mañana el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, presumía desde Twitter de que su Gobierno estaba este trimestre “en déficit cero”. ¿Nadie le avisó del pufo que se iba a hacer público esa misma tarde? Peor aún es el papelón de su predecesor en el cargo, Antonio Beteta, hoy número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Beteta es, precisamente, el responsable de auditar las cuentas públicas de las autonomías. ¿Con qué autoridad podrá exigir al resto de las comunidades que sean rigurosas con el déficit? ¿Sigue siendo el hombre más adecuado para el puesto?

Pero si malo es el agujero, peores son las excusas. Dice Percival Manglano que esto ha pasado “por mantener los gastos sociales”. No solo es injusto cargar el problema (después vendrá el tijeretazo) en la educación o la sanidad. También es falso: el agujero en las cuentas públicas tiene en España mucho más que ver con el desplome en los ingresos, no con el aumento del gasto. Y es aún más falso en Madrid, una de las comunidades con menor porcentaje de gasto social per cápita y donde Esperanza Aguirre mantiene varios regalos fiscales tan caros como insolidarios. Madrid, por ejemplo, bonifica al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones y es la única autonomía donde la enseñanza privada desgrava en el IRPF: este “gasto social” suma 90 millones anuales.

También es Madrid, junto con Baleares, la única autonomía que aún se niega a recuperar el impuesto de Patrimonio, que aprobó a finales de septiembre Zapatero. Este impuesto solo lo pagan aquellas personas con más de 700.000 euros en patrimonio, descontando de esta cuenta la vivienda habitual: solo afecta al 0,3% de los españoles, los que cuentan con mayores recursos. Se calcula que en Madrid, este impuesto supondría 630 millones de euros anuales que Esperanza Aguirre prefiere no ingresar. Por comparar, la última subida del Metro recaudará solo 120 millones de euros anuales. En Madrid no hay dinero para el transporte público, pero sí lo hay para perdonar impuestos a los más ricos. Cuestión de prioridades.


may 18 2012

Al borde de la intervención

Lo llaman rescate y no lo es. Que nuestra economía acabe intervenida por la Unión Europea, el BCE y el FMI no es un salvavidas: implica que la primera prioridad de los interventores será devolver las deudas a los acreedores, en vez de garantizar el futuro del país y el bienestar de sus ciudadanos. Alguno dirá que tal cosa ya es así, que los recortes no pueden ser más duros de lo que ya son. No es verdad. Como ya saben en Grecia, Irlanda o Portugal, toda crisis es susceptible de empeorar: a pesar de las dolorosas medidas que han salido adelante estos meses, notaríamos la diferencia con la intervención. A peor.

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may 12 2012

La mayoría silenciosa

En su estrategia por deslegitimar y despreciar cualquier protesta, el PP ha hecho suyo un viejo concepto de los discursos políticos, el de la mayoría silenciosa. “Vamos a gobernar para los que quieren levantar España, para la mayoría silenciosa, y no para los que hacen algaradas”, dijo recientemente María Dolores de Cospedal. Su consigna se ha repetido después en tertulias, columnas y portadas de periódicos. Los que protestan, dicen algunos voceros, “son una minoría”, “son violentos”, “no representan a nadie “y “dan mala imagen al país”. La gran mayoría de los españoles votó al PP, ergo “el Gobierno tiene las manos libres” para hacer cualquier cosa, incluso romper con todas las promesas que hicieron durante la campaña electoral. Son las falacias habituales que transmiten sin cesar aquellos que reducen la democracia al simple acto de votar (y callar).

Tal vez De Cospedal no lo sepa, pero el inventor de esa idea de la “mayoría silenciosa” fue un político de infausto recuerdo: el expresidente estadounidense Richard Nixon. Fue en noviembre de 1969, durante un famoso discurso sobre la guerra de Vietnam, en el que pedía el apoyo a la “gran mayoría silenciosa” mientras criticaba a los manifestantes pacifistas. “Traicionaría mi juramento del cargo si permitiera que la política de esta nación estuviera dictada por una minoría mediante la organización de manifestaciones en la calle”, decía Nixon. Su trampa argumental era doble: ni eran minoritarias las protestas, ni era mayoritario el silencio a favor de Vietnam. Pero aunque así no lo fuera, es falaz despreciar a quienes se manifiestan –por minoritarios que sean– porque una democracia va mucho más allá que el simple voto: es gobernar para todos, es escuchar al que disiente. Y es aún más falaz interpretar cualquier silencio –sea la abstención electoral, sea la pasividad ante una movilización ciudadana– como un apoyo declarado para aquella minoría poderosa que tiene más voz que el resto.

Al menos Richard Nixon reconocía una cosa: el derecho a la manifestación. “Una de las fortalezas de nuestra sociedad libre es que cualquier americano tiene el derecho de llegar a esa conclusión y defender ese punto de vista”, admitía en aquel discurso Nixon, el mismísimo Richard Nixon, que queda como un moderado al lado de la derecha que nos gobierna, donde cualquier manifestación, cualquier protesta pacífica, es una “algarada” a la que no se responde con el diálogo, sino con la policía.

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Este artículo sale hoy a la calle en el número especial en PDF y en papel que han elaborado varios compañeros, extrabajadores de Público: la cooperativa MásPúblico. Enhorabuena por el primer número. Os ha quedado fenomenal.


may 11 2012

Luz y taquígrafos para Bankia

Mariano Rajoy, seis meses atrás: «No pienso dar un solo euro público a la banca». Aunque lo grave no es solo esta promesa rota, otra más, sino el precio que va a pagar la sociedad por los abusos y la penosa administración de unos gestores que no solo han arruinado unas instituciones centenarias, sino que han dejado un gran boquete en el bolsillo de todos los ciudadanos. Las cifras marean. Entre el FROB, los créditos casi regalados del BCE y las ayudas directas que ya ha esbozado el Gobierno suman algo más de 80.000 millones de euros públicos, unos 1.700 euros por español. El agujero es tan grande que nos podría tragar. Por comparar, es ocho veces más que el recorte previsto en educación y sanidad.

Lo ocurrido con Bankia es de tal gravedad que el Gobierno debería dar dos pasos: abrir una comisión en el Parlamento donde se aclare la quiebra y ordenar a la fiscalía que investigue si, más allá de las responsabilidades políticas, hay también responsabilidad penal. El dato conocido estos días sobre las cuentas del 2011 –que el auditor externo Deloitte se negó a firmar por estar plagadas de irregularidades– no se puede ventilar sin más.

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may 11 2012

La sanidad es un derecho, no una limosna

La ministra Ana Mato quiere que esos ciudadanos sin papeles a los que se niega el derecho a la sanidad estén atendidos por las ONG. La propuesta es un insulto que ahonda aún más en la medida más injusta e inhumana de entre todos los recortes que ha tomado el Gobierno de Rajoy (y van). La propuesta es reveladora por el trasfondo que muestra: Ana Mato confunde el Estado del bienestar con la caridad.

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may 10 2012

Cuando hay pérdidas, todos somos bankeros

No lo llamen nacionalización. En realidad estamos socializando las pérdidas: pagando con carísimos intereses los excesos de unos gestores que han vivido muy por encima de nuestras posibilidades. La autopsia de Bankia detallará la factura, pero las primeras cifras que aparecen son mastodónticas, descomunales: más de 80.000 millones de euros públicos movilizados en el rescate; como toda la sanidad pública y todas las prestaciones por desempleo juntas. Si dividimos la cifra entre todos los españoles, tocamos a 1.700 euros por barba entre préstamos a fondo perdido, avales y bendiciones. Eso sin sumar imponderables: lo que Bankia encarece la prima de riesgo y la financiación de la deuda pública, lo que complica a todas las empresas el acceso al crédito, o lo que abarata ese activo del que tanto se habla ahora la “marca España”, ese país que hace no tanto presumía del mejor sistema financiero del mundo civilizado.

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may 09 2012

La moralidad de Carlos Dívar

Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo de un país aconfesional llamado España: “Solo en amar a Cristo y hacerle amar, en una vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera Justicia”. “En cualquier caso, los católicos obedeciendo al Papa nunca nos equivocamos”. “Sólo Dios, el Bien Supremo, es la base inamovible y la condición insustituible de la moralidad”.

Más allá de Dios, del amor a Cristo y del mismísimo Papa, algunas preguntas, hoy más pertinentes que nunca. ¿Qué clase de justicia es aquella que carga fines de semana en hoteles de lujo a cuenta del honrado contribuyente? ¿Qué moralidad permite al presidente del Supremo ejercer la “semana caribeña”: trabajar solo tres días y pasar los cuatro restantes a todo tren con el dinero público en Marbella? ¿En qué estaba pensando Zapatero cuando decidió nombrar a este integrista católico de hoy dudosa ejemplaridad al frente del máximo tribunal español? ¿Es normal que el principal responsable de los jueces españoles publique en la revista de una asociación filofranquista: la Hermandad del Valle de los Caídos? ¿Qué diríamos si un juez defendiera –por comparar– que solo en el amor a Mahoma y en la obediencia al imán de La Meca está la verdadera justicia?


may 08 2012

El agujero de Bankia en cinco cifras que se entienden

7.000 millones de euros. Es lo que el Gobierno calcula que tendrá que prestar a Bankia para empezar a hablar. No está claro si hará falta más dinero y ni siquiera que vayamos a cobrar. Tampoco es el primer cheque: el Estado ya había prestado antes otros 4.465 millones, hace dos años, como regalo de bodas por la fusión entre Bancaja y Caja Madrid. En total, son 11.465 millones: más que todo el hachazo en educación y sanidad (10.000 millones), casi seis veces más que los recortes en Ciencia e I+D (2.000 millones), tres veces lo que se ahorró con la bajada de sueldos de los funcionarios (4.000 millones) o más de siete veces lo que se recortó al congelar las pensiones (1.500 millones).

12.992 millones de euros. Es lo que se supone que valía Bankia según su propia contabilidad, su valor en libros hace algo menos de un año. Para la salida a bolsa, el 20 de julio de 2011, se ofreció un descuento del 60% sobre esta cantidad para motivar a inversores a entrar en este pastel. Ni aún así: desde que cotiza, el valor de Bankia (el de la bolsa, no el de los libros) se ha reducido un 38% más.

4.600 millones de euros. Es lo que vale Bankia, según su capitalización bursátil de ayer. Es decir: los mercados valoran a esta entidad financiera en un tercio de lo que el Estado tendrá que poner para reflotarla a ella y a su matriz, el BFA, que es una especie de banco malo donde el genio financiero de Rodrigo Rato –aconsejado por MAFO– dejó toda la basura del ladrillo para ver si así podía aguantar. En ese almacén nuclear se guardan 30.000 millones en activos tóxicos, un 3% del PIB nacional o todo el recorte del gasto público de este año. Dentro de esa cifra hay también 5.000 millones en suelo, un patrimonio que se ha devaluado aún más. Es obvio que el dinero público prestado difícilmente va a regresar.

2,34 millones de euros. Es lo que cobró Rodrigo Rato el año pasado (más el variable) por su excelente gestión. Equivale a 260 salarios mínimos interprofesionales. Es decir, un trabajador que cobre el SMI tardaría dos siglos y seis décadas en ganar lo que Rato se levantó en 2011.

1,2 millones de euros. Es la indemnización máxima a la que tiene derecho Rodrigo Rato por su amable dimisión. En realidad, poco dinero: su sustituto como presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se llevó 68,7 millones de euros tras jubilarse con 55 años del BBVA. Para que un empleado con el SMI pudiese cobrar una cantidad así, necesitaría 7.600 años de trabajo.

Actualización, 12:31. Por si fuera poco, el Estado también ha comprometido 27.500 millones más en avales de Bankia.


may 04 2012

Iguales ante la ley

El escándalo no está en que Iñaki Urdangarin intente llegar a un pacto con la fiscalía para evitar el juicio y eludir la prisión. Tal posibilidad está en la ley, esos acuerdos son cotidianos en todos los juzgados y la justicia para el duque de Palma no debería ser más laxa pero tampoco más dura que la de cualquier otro procesado. Lo realmente criticable son otros tres aspectos que conviene destacar.

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may 03 2012

El plan para subir el IVA puede poner en riesgo las pensiones

Un detalle que no se ha explicado mucho: la idea del Gobierno de subir el IVA y bajar las cotizaciones sociales, a falta de conocer los detalles, puede poner en riesgo la caja de la Seguridad Social, nuestro sistema de pensiones.

Sobre el papel, el plan tiene sus cosas buenas. El IVA es un impuesto que no es progresivo y retrae el consumo –más aún en un momento de crisis–. Pero, por el otro lado, el IVA es muy eficiente a la hora de recaudar, sigue siendo bajo en España si se compara con el resto de Europa y permite poco fraude fiscal. Además, si al mismo tiempo se bajan las cotizaciones sociales, mejora la competitividad de toda la economía.

Si el Gobierno sube el IVA y baja las cotizaciones sociales, las exportaciones aumentarán. Producir en España sería más barato porque los costes laborales de las empresas bajarían. Además, como el IVA solo se paga si el producto se vende en España, la combinación de ambas medidas actuaría como una barrera frente a las importaciones. En términos relativos, los productos y servicios españoles serían más baratos, más competitivos, tanto dentro como fuera del país. Esto para una economía como la nuestra, con serios problemas en la balanza de pagos por la dependencia energética, es algo muy bueno.

Los contras: además de lo ya dicho –que el IVA retraerá el consumo y afectará más duramente a las clases medias y bajas–, hay otro más. La cotización social no es un impuesto al uso: es parte del sueldo de los trabajadores. Ese dinero que paga la empresa lo recibe indirectamente el empleado; es un salario diferido que el trabajador cobra más tarde, ya que con ese dinero se pagan las pensiones, el FOGASA, el seguro de desempleo o los accidentes laborales. Si bajas las cotizaciones, estás bajando el sueldo de todos los trabajadores, aunque no lo noten inmediatamente en su nómina mensual.

Además, rebajar las cotizaciones sociales supone poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. En España el sistema de pensiones es de reparto y de contribución definida. Es decir: las cotizaciones son derechos a pensiones futuras. Si las bajas, solo te quedan dos opciones: o bajas también las pensiones o sustituyes ese dinero que dejas de ingresar por un impuesto. Y si derivas parte de lo que recaude la subida del IVA hacia la Seguridad Social, rompes el modelo de contribución definida: habrá personas que paguen IVA, pero no tengan derecho a una pensión.

¿Hay forma de bajar las cotizaciones sin tocar las contribuciones comunes (las que sirven para pagar las pensiones)? Sí. Se puede recortar la parte que sirve para pagar los accidentes laborales, unos fondos que gestionan las mutuas patronales de forma tan sospechosa como poco eficaz. Sin embargo, si solo se rebaja esa partida, la medida no ayudará gran cosa para mejorar la competitividad. Sea cual sea el modelo elegido, estaría fenomenal que el Gobierno aclarase estos detalles importantes y nos explicase exactamente cuál es su plan y cómo y quiénes lo vamos a pagar. Que diese algo de información, para variar.


may 01 2012

¿También prescriben las responsabilidades políticas?

Un nuevo informe de la Agencia Tributaria denuncia lo que ya suponíamos: que el PP de Madrid se financió ilegalmente a través de Fundescam, una opaca fundación del partido que recaudó cientos de miles euros entre empresarios afines a la derecha (Gerardo Díaz Ferrán, Arturo Fernández o Antonio Basagoiti, entre otros) con los que después pagó facturas de la campaña de Esperanza Aguirre. Hay varios elementos malolientes en el caso: presunta financiación ilegal, manipulación de documentos e incluso un posible cohecho porque los generosos donantes de Fundescam después lograron millonarios contratos con el Gobierno de Aguirre. Es un escándalo pero no habrá juicio ni menos aún condena alguna: ni la Audiencia Nacional ni la Fiscalía Anticorrupción pueden actuar porque estos presuntos delitos ya han prescrito.

¿Prescriben también las responsabilidades políticas? ¿Asumirá alguien en el PP de Madrid o en el Gobierno autonómico su responsabilidad por este escándalo? Es obvio que no. Esto fue lo que contestó Esperanza Aguirre cuando le preguntaron por el caso Fundescam, hace tres años, a cuenta de unas declaraciones de Tomás Gómez acusando al PP de financiarse ilegalmente. El PP de Madrid se querelló penalmente contra el líder del PSOE en Madrid por aquella acusación pero su denuncia quedó en nada: el juez ni siquiera la aceptó a trámite.

¿Dijo la verdad Esperanza Aguirre sobre la financiación del PP de Madrid? Les dejo con las pruebas que desvelé hace tres años junto a la periodista Alicia Gutiérrez en Público, unos documentos que están hoy en los tribunales. Juzquen ustedes mismos.

1. Las facturas de las donaciones que recogió Fundescam poco antes de las elecciones autonómicas de 2003. Aquí van solo dos de ellas, el resto son calcadas con el único cambio de la firma y nombre del donante. El listado completo de estos filántropos que pagaron a Fundescam está aquí.

2. El documento Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls. Lo creó el imputado de la Gürtel Pablo Crespo y apareció en un pen drive que el contable de Correa intentó ocultar cuando fue detenido. Crespo había enviado este comprometedor listado al PP a principios de 2005, después de demandar al PP por varias facturas que estaban sin cobrar a través de una de las empresas de la Gürtel, Special Events (como señala el pie de la página). En el documento aparecen las facturas manipuladas y el “concepto real” por el que se habían cobrado esos montantes: queda claro que la Gürtel facturó a Fundescam parte de los gastos de las campañas electorales del PP.

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3. Tomo 60, páginas 136, 137 y 138 del sumario de la Gürtel donde se menciona la doble contabilidad de Fundescam.

4. Los curiosos ingresos de Fundescam, una montaña rusa a ritmo electoral. Fundescam apenas tenía “donaciones” hasta que llegaban las elecciones.

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