Intenté levantarme, pero no me pude ni siquiera mover, porque resultaba que, echado boca arriba como había quedado, me encontré con que mis piernas y brazos estaban fuertemente sujetos al suelo a ambos lados; de la misma manera tenía atados mis cabellos, cuan largos y abundantes eran, y asimismo noté cómo varias ligeras ataduras cruzaban mi cuerpo desde las axilas hasta los muslos. Yo no podía mirar más que hacia arriba, y la luz del sol, que comenzaba a apretar, no me dejaba abrir los ojos”.
Este pasaje de Los viajes de Gulliver resulta evocador de la situación en la que se ha despertado José Luis Rodríguez Zapatero, atrapado en el dilema de ser pisoteado por el gigante de los mercados o acribillado por la multitud de diminutos seres que componen su electorado. El intento de levantarse sin romper ninguna de las ataduras es prácticamente imposible, porque mercado y votantes de izquierda representan intereses distintos y contradictorios, de modo que se traduce en movimientos compulsivos que transmiten la peor imagen posible de un gobernante: la de la confusión.
Se puede estar harto de Zapatero y de sus cejas y hasta se puede pensar que el país iría mejor gobernado por un ingenio de Apple con pantalla táctil, pero lo que estamos viviendo en estos días trasciende al Ejecutivo, a su política económica y a su presidente. Tiempo habrá de que los electores pongan a cada cual en su sitio; entre tanto sería bueno que no perdiéramos de vista que nos enfrentamos a un ataque organizado de especuladores, esos tiburones con los que íbamos a acabar en cuanto tuviéramos tiempo para refundar el capitalismo. No se trata, por tanto, de defender al Gobierno sino al Estado.
Hay que empezar por proclamar lo evidente; esto es, que España no es Grecia ni Portugal, que habremos perdido de vista el cogote de Francia y quizás ya ni siquiera seamos la octava potencia del mundo o la novena. Pese a ello, ni estamos en bancarrota ni amenazamos ruina, como algunos sectores interesados se han encargado de propalar a los cuatro vientos. El Gobierno ha cometido muchas torpezas y ha contribuido de manera importante a socavar la credibilidad del país, aunque no es el único culpable del clima actual.
Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?
Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en “nuestra cultura”. Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos (…) Pero las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una “mala cultura” o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo.
Antes roja que de Gallardón, se congratula Esperanza Aguirre en esa charla que difundió hace unos días la SER sobre la guerra de Caja Madrid. A pesar del llamativo insulto, de ese rotundo hijoputa, lo mejor de la conversación entre la presidenta de Madrid y su número dos, Ignacio González, está en otros pasajes. Aquí va un análisis de texto para leer entre líneas este interesante diálogo, una obra cumbre de ese liberalismo bien entendido, que empieza por uno mismo.
Esperanza Aguirre: “Yo creo que serán indubitativos porque no hemos nombrado más que a Carmen (se ríe), Javier López Madrid, Arturo y Mercedes”.
No me extraña que se ría. La Carmen de la que habla Esperanza Aguirre es Carmen Cafranga Cavestany. Es la socia de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, en la empresa Subastas Segre. Cafranga es amiga íntima de Ana Botella. En esta sociedad, que gestionan directamente Cavero y Cafranga, puso dinero otra amiga de Botella: Concha Tallada, la ex mujer del ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga. Las hermanas de Lourdes Cavero, cuñadas de Ignacio González, también invirtieron en una segunda ronda de accionistas de la sociedad.
Según publicó la Cadena SER hace un año, el gobierno de Aguirre ha adjudicado más de dos millones de euros en contratos y subvenciones a diversas empresas de Carmen Cafranga y a una fundación que preside. Más allá de estas sociedades y de sus excelentes relaciones personales, a Carmen no se le conoce otra formación financiera, excepto que fue jugadora profesional de bridge. Para ese mismo puesto en el consejo de Caja Madrid, Rato había propuesto al ex consejero delegado de Banesto, Federico Outon. Pero Aguirre ganó la batalla por la profesionalización de la caja y Carmen (risas) se quedó con el sillón.
En un para de días, el INE nos ha descrito dos apocalipsis sucesivos. El primero es la profecía de que el país se convertirá en un geriátrico de aquí al 2050, motivo por el cual el Gobierno ha tardado un par de minutos en anunciar la prolongación de la edad de jubilación hasta los 67 años, para que luego digan que no actúa con rapidez; el segundo armagedón han sido las cifras la Encuesta de Población Activa, que estima en 1.118.600 personas las víctimas del seísmo del desempleo en 2009, año que se cierra con un total de 4.326.500 parados. Por buscar algo positivo en el desastre al que nos enfrentamos podría afirmarse que el envejecimiento será tan intenso y los nacimientos tan menguantes que el problema del paro terminará por resolverse solo.
“Hemos tenido la inmensa suerte de darle un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta. ¡Eh!”.
Esperanza Aguirre comenta con su vicepresidente, Ignacio González, los nuevos nombramientos en Caja Madrid ante un micrófono inesperadamene abierto. Se refiere a un puesto en el consejo que ha perdido el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. La conversación íntegra es un ejemplo de lo bien avenidos que están en el PP, de lo apropiada que es la sanción a Cobo “por insultar” y también sobre qué entiende la liberal Esperanza por gestionar una caja con criterios estrictamente profesionales.
El PP se ha quitado la careta. Ha dudado una semana, pero al final se ha lanzado sin complejos a por los votos de la xenofobia. Contra el inmigrante se vive mejor, han concluido los estrategas conservadores, conscientes de que su electorado -especialmente el de Catalunya, donde más próximas están las elecciones- compra mejor la tesis del ultra Anglada (Plataforma per Catalunya) que otras más respetuosas con los derechos humanos y la Constitución española que los protege. Con las cosas de comer no se juega y los de Rajoy, al grito de aquí no cabemos todos, ya se han puesto manos a la obra para calentar la oreja a quienes temen que los de fuera les resten servicios sociales. El caso es más sangrante en Catalunya, donde muchos de esos ahora partidarios de la mano dura contra el extranjero eran foráneos en esa tierra hace poco más de una generación. Qué selectiva es la memoria.
Los de Rajoy han pasado en una semana de criticar al Ayuntamiento de Vic y su restricción de empadronamiento a inmigrantes a aplaudir la idea y empezar a darle forma para incluirla en su próximo programa electoral. Han tardado lo justo para darse cuenta de que al intentar atacar al nacionalismo catalán (en Vic gobierna CiU y en esto del padrón lo apoyaban PSC y ERC) estaban poniendo bombas en su propia ideología (el gobierno de Torrejón de Ardoz sólo tiene nacionalismo del que tolera el PP, el español).
Esta mañana Soraya Sáenz de Santamaría ha desempolvado el contrato de integración ofrecido por los populares durante la campaña electoral de 2008 y escondido desde entonces en un cajón. Ni siquiera en el último debate sobre la reforma de Ley de Extranjería, hace poco más de un mes, se atrevió el PP a sacarlo de nuevo a la palestra.
El partido de Rosa Díez, UPyD, aún no tiene siquiera el nombre del candidato que presentará a las elecciones autonómicas de Madrid, que están previstas para el año próximo. Pero la fuerza de estas nuevas siglas ya se nota en las encuestas, especialmente en Madrid, el lugar donde más rentable sale su discurso antinacionalista. (…) Una reciente encuesta interna que ha elaborado el Partido Socialista de Madrid asegura que si hoy se celebrasen unas elecciones, el PP perdería la mayoría absoluta en la Comunidad por el ascenso de UPyD.
Sonsoles, Alba y Laura tienen la última palabra en la sucesión de Zapatero. Se quieren ir.
Que los Zapatero-Espinosa son una familia unida es un hecho conocido. Por si quedaba alguna duda, así se lo dijo claramente el presidente del Gobierno a Javier Moreno en la entrevista de cuatro páginas que “El País” publicó el domingo. Hablando de la sucesión y de si Zapatero se volverá a presentar por tercera vez -el melón no se abrirá hasta julio, al final de la presidencia española de la UE- el presidente dijo que la decisión es de él y de sus compañeros, pero también de su familia. “Todo el mundo sabe que mi familia es muy importante en las decisiones”.
Una frase que va a resultar clave para el futuro y que traducida a la vida cotidiana, significa que Sonsoles Espinosa, segunda dama de este país, tendrá mucho que decir en la decisión de ZP. Y por supuesto, sus hijas.
José Montilla, president de la Generalitat, en una entrevista de Félix Monteira, hoy en Público.
Llama la atención el silencio de la Generalitat con lo que pasa en Vic.
¿Y qué pasa en Vic?
Que el Ayuntamiento no quiere empadronar a sin papeles para aplacar a una formación xenófoba.
Estamos hablando de una orden administrativa interna del Ayuntamiento, en estudio y que no está aún aprobada. Yo no especularé. Sí tengo claro que la ley es igual para todos y debe cumplirse también en Vic.
El alcalde de CiU, que tiene como socios a PSC y ERC, ha sido claro: restringirá el padrón.
No es esa mi información y no quiero especular. Se aplicarán las leyes vigentes. Están para eso, y los primeros que deben hacerlo son las administraciones. Los municipios tienen autonomía pero, como todos, si no aplican la ley, puede actuar la Justicia.
Parece que quiere huir del tema
Si el tema se plantea, lo hablaremos. El modelo catalán de convivencia es muy sólido y Vic es una ciudad que ha hecho una política de integración ejemplar. Yo lo que no quiero es especular sobre una norma de Vic que el municipio todavía ni ha aplicado.
Se ha hecho esperar pero, finalmente, el debate sobre la inmigración ha irrumpido en plena crisis a cuenta de la decisión del Ayuntamiento de Vic de exigir a los foráneos los mismos requisitos para el empadronamiento en el municipio que para la entrada en el país. Se trata de una forma elegante de dar a los extranjeros indocumentados con la puerta en las narices, ya que la inclusión en el censo es clave no sólo para conseguir ulteriormente el permiso de residencia o de trabajo sino también para acceder a la sanidad, la educación y otros servicios sociales. En Vic hay muchos inmigrantes –un cuarto de la población es extranjera- y un partido de ultraderecha que amenaza con mandar a la oposición a la coalición gobernante de CiU, PSC y Esquerra. Para evitarlo, el insólito tripartito se ha aprestado a copiar sus métodos para enseñar al tal Anglada, que así se llama su rival, que de xenofobia saben lo suficiente como para no admitir lecciones.
Como es bien conocido, este país no es racista ni xenófobo y se conmueve mucho con las hambrunas de Etiopía y con las desgracias de esos negros de Haití a los que se les ha caído la chabola encima, sencillamente, se les ha tragado la tierra. De hecho, hasta nos parece bien que alguno haya venido a cuidarnos a la abuela por un sueldo módico, que no estamos para dispendios, siempre y cuando cotice a la Seguridad Social, no nos colapse las Urgencias y no se quede para su hijo las becas comedor del nuestro, que habrá nacido aquí pero por su cara bien podría haberlo hecho en Quito. Los de fuera nos caen bien si son pocos y no nos ponen la radio a lo que da con la última de Carlos Vives.
Un suponer: imaginemos que en España todos los empresarios pagasen a Hacienda. Imaginemos que todos los trabajadores cotizasen en la Seguridad Social, con sus papeles y sus contratos en regla. Imaginemos que el notario dejase de ausentarse en cada firma de una compraventa de una casa porque ya no se moviesen los fajos de billetes de 500, y que el fontanero nos entregase una factura con su IVA, su base imponible, su NIF y su canesú. Imaginemos, en resumen, que España dejase de ser, también en esto, la excepción en Europa; que la ingente economía sumergida que se mueve en las sombras del dinero negro saliese a la luz; que Hacienda fuésemos todos y no sólo los tontos asalariados. Sería bonito. Si la cara B de nuestra economía a niveles adelgazase hasta niveles algo más presentables para un país que aspiró a entrar en el G8, el déficit público prácticamente desaparecería, incluso en años tan malos como el que acabamos de pasar.
Mariano Rajoy ha comenzado el año moviéndose, enseñando un poco algunas cartas sobre qué haría él para combatir la crisis económica: crear una nueva modalidad de contrato con despido más barato (“o no”, se rectificó a sí mismo después) y congelar el sueldo a los funcionarios. Son dos propuestas delicadas, de efecto electoral difícil de calcular. Le pueden restar votos al PP entre los empleados del sector público y entre los asalariados más ideologizados y pueden dárselos en sectores centristas tibios, de esos que votan o se abstienen o cambian de voto entre socialistas y populares en función de muy diversos factores.
Ocupación, según la Real Academia Española, quinta acepción: “Modo natural y originario de adquirir la propiedad de ciertas cosas que carecen de dueño”. Okupación no aparece en el diccionario de la RAE, que siempre se toma su tiempo para según qué palabras y hay veces que innova y es peor, como con las horrorosas cederrón o güisqui. Ocupación militar, según la Academia: “Permanencia en un territorio de ejércitos de otro estado que, sin anexionarse aquel, interviene en su vida pública y la dirige”. Mezclando las tres definiciones, propongo una acepción más, tan necesaria estos últimos años. La ocupación ladrillera, la acción de aquellos que se apropian de las cosas que sí tienen dueño, interviniendo o dirigiendo la vida pública por medio de armas mucho más efectivas que las militares (los maletines) para anexionarse el Estado de derecho por el arco del triunfo. Son los okupas del ladrillo feroz.
Un ejemplo basado en hechos tan reales que están a la espera de juicio: supongamos que uno de estos individuos es el arquitecto responsable de redactar el plan urbanístico de una localidad. Supongamos que ese consultor es el técnico que al final pinta la línea entre lo urbanizable y lo que no lo es, entre lo que vale un potosí y lo que no vale nada. Supongamos que ese mismo señor descubre que un importante banco busca una enorme parcela en las afueras de Madrid para construir una gran ciudad financiera donde centralizar todas sus sedes y empleados. Supongamos que aprovecha la coincidencia y ofrece su regla y su cartabón, y con ellos decide dónde caerá el gordo de una enorme zona urbanizable de más de un millón de metros cuadrados a sólo 14 kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid en uno de los municipios más caros de España: la mayor recalificación que vieron los tiempos. Supongamos que, antes de enseñar sus planes, hace correr por el municipio -él, personalmente- que justo esos terrenos seguirán siendo rústicos, que en ellos se levantará un cementerio y se plantarán arbolitos para que respiremos mejor. Supongamos que, mientras tanto, varios testaferros metidos en el ajo van comprando todas las parcelas que pueden a los dueños actuales, que venden a la décima parte del precio porque piensan que sus fincas sólo servirán para criar pinos… o malvas. ¿Ven ya dónde está la bolita?
Pues la bola en cuestión, el pelotazo más bien, presuntamente sucedió en 1997 en Boadilla del Monte , esa ciudad madrileña famosa por ser hoy el epicentro del escándalo Gürtel. El banco se llama Santander y el okupa de postín que protagonizó la operación es el arquitecto Leopoldo Arnáiz.
Esta mañana han desalojado el Patio Maravillas. La casa okupada pertenece a Leopoldo Arnáiz, un arquitecto y consultor urbanístico imputado en varios casos de corrupción. Está procesado por tráfico de influencias y negociación prohibida por su relación con los ayuntamientos de Alcorcón y Boadilla cuando gobernaba en ellos el PP. Testificó en la investigación del Tamayazo. Ha sido el redactor de los planes parciales de Boadilla, que ahora están bajo lupa dentro de la investigación de la Gürtel. Es también sobrino de Rafael Arnáiz, santificado por el Vaticano el año pasado.
La Gaceta de los Negocios publicó el lunes una inocentada sobre la ministra de Igualdad: Aído suprime los servicios sexistas. Los días que no son 28 de diciembre, también suele ser difícil distinguir entre realidad y ficción en el diario del Grupo Intereconomía. Tal vez por eso Esperanza Aguirre dio por buena la inocentada. “No es lo mismo el ministro de Fomento que la señora ministra de Igualdad que ahora se va a dedicar a juntar los cuartos de baños de señoras y caballeros que antes separó con un enorme coste para todos los hosteleros, restaurantes,…”, aseguró ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que no tengo tan claro es el origen del tropezón. Si fue la inocencia de Esperanza, o la falta de ella.
Dentro de unas horas, Juan Carlos de Borbón aparecerá en casi todos los canales de televisión españoles para su clásico mensaje navideño. Pero este año, su discurso no será tan clásico. Según contó hace unos días el presidente de RTVE, Alberto Oliart, habrá algunas novedades. A petición de la Casa Real, el decorado ya no será el despacho de todos los años, la imagen “variará”. No se sabe a qué obedece este cambio y si detrás de la modificación en la forma se esconde una revolución en el fondo. ¿Y si el rey aprovecha su tradicional mensaje navideño para anunciar que abdica a favor de su hijo, Felipe?
La hipótesis es bastante improbable, según todas las fuentes consultadas. Nadie cree que el rey escoja este formato televisivo para comunicar una decisión tan trascendente. Para los diarios de papel sería un drama, pues el 25 sólo salen en Cataluña. Sin embargo, hace tiempo que se especula con la posibilidad de que, en un plazo más corto que largo, Juan Carlos I abdique y pase el trono a Felipe, a Felipe VI. Dentro de pocos días, el 5 de enero, el rey cumplirá 72 años. Unas semanas después, el 30 de enero, Felipe cumplirá 42. La cesión del trono de forma voluntaria no es algo común en Europa: en los últimos 30 años, sólo se ha dado dos vivas a un nuevo rey sin que el anterior monarca hubiese muerto. Pero las circunstancias en España no son las mismas que en otras monarquías.
A pesar de que la imagen de la corona sigue siendo buena, sus cifras de apoyo han ido descendiendo lenta pero inexorablemente en los últimos años. Desde la boda real de Felipe con Letizia, se ha roto el tabú primero de España, ese pacto de silencio que se selló en la transición -y especialmente tras el 23 F- entre los principales grupos editores y la corona. La monarquía ya no está tan protegida como antes. Hoy parece imposible imaginar que Felipe no se convierta en Felipe VI, pero tampoco es una operación exenta de riesgos y en la Casa Real son conscientes de ello. En España todavía son muchos los que dicen ser “juancarlistas” en lugar de monárquicos. En los últimos dos siglos la corona es de cristal, y ya se ha caído varias veces al suelo; desde Carlos III, ningún rey consigue que su nieto siga sentado en el trono sin alguna interrupción de por medio.
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